Los
papeles de la negociación, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran que
la empresaria ofreció pagar reformas a los vecinos
La
acusación de extorsión de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más poderosa
de México, se diluye. Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS
demuestran que había una negociación previa entre los vecinos —entre los cuales
se encuentra Adriana Pérez Romo, la esposa de uno de los comunicadores más
influyentes del país, Joaquín López Dóriga— y la inmobiiaria Abilia, propiedad
de la heredera. El conflicto inmobiliario lleva al menos 10 meses y las dos
partes mantuvieron varios encuentros para llegar a un acuerdo para que la
compañía de la empresaria realizara reformas en el edificio de los vecinos
afectados por la construcción del complejo en uno de los barrios más exclusivos
de la capital mexicana.
La
bomba explotó después de la publicación el pasado 21 de agosto de un vídeo de
seis minutos filtrado al periódico Reforma que muestra el último de esos
encuentros. La grabación entera, de 45 minutos, no ha sido difundida. Los
abogados de Aramburuzabala, la sexta persona más rica de México y una hábil
empresaria que ha multiplicado la fortuna heredada de su padre, afirman que las
imágenes reflejan un intento de extorsión por cinco millones de dólares a
cambio de que los vecinos retirasen las demandas que impiden la construcción
del complejo inmobiliario.
La
empresaria, por su parte, ha alegado que la esposa de López Dóriga, que no
aparece en las imágenes, amenazó con usar las influencias de su esposo para
evitar la construcción del complejo. “No hay negociación posible con un
extorsionador”, afirmó al semanario Proceso. El periodista, salvo dos mensajes colgados
en su perfil en Twitter, ha guardado silencio.
Sobre
el supuesto intento de extorsión, la firma del abogado Mario Alberto Becerra
Pocoroba, representante de los vecinos, argumenta que fue la inmobiliaria, y no
ellos, quien se acercó para iniciar la “negociación” para evitar que los
recursos legales siguieran adelante. La primera de estas reuniones se realizó
el 11 de mayo de 2015. Dos representantes de la empresa de Aramburuzabala,
Carlos Padilla y Guillermo Buitano Tirado, ofrecieron entonces a diez de los
vecinos y al administrador un acuerdo de “conciliación” que consistía en el
cambio de cristales de su fachada y otras reformas para mitigar la pérdida de
valor de las propiedades de los afectados según demuestran documentos internos
a los que ha tenido acceso este diario.
Más
allá de los focos mediáticos, el caso refleja el inexpugnable laberinto de las
leyes mexicanas. En este caso, las del uso de suelo del Distrito Federal. La
inmobiliaria Abilia, propiedad de Aramburuzabala, lleva al menos diez años
metida en litigios y acuerdos para sacar adelante la construcción del complejo
situado en Rubén Darío 225, en el exclusivo barrio de Polanco de la capital
mexicana. La inversión, de 2.218 millones de pesos (unos 130,8 millones de
dólares), ha sido detenida por las autoridades en cinco ocasiones desde que el
grupo legal que representa a los vecinos, once propietarios de pisos en el
edificio contiguo, presentara quejas administrativas ante ocho distintas
instituciones oficiales entre diciembre de 2014 y enero de este año.
La
pregunta evidente: si la ley está de su lado, ¿por qué es necesario negociar?
“Las negociaciones en este tipo de casos son habituales”, asegura una fuente
cercana al proceso. El argumento, con palabras casi idénticas, ha sido esgrimido
por los representantes legales de la heredera. “Si los permisos son ilícitos,
¿por qué él [el abogado de los vecinos] podía recibir cinco millones de
dólares?”, afirmaron hace unos días.
La
vaguedad de las leyes de uso de suelo del DF desembocan en un vía crucis para
los inversores y un laberinto legal para los vecinos afectados. En el caso del
barrio de Polanco, por ejemplo, las normas datan de 1992 y no han sido
actualizadas pese al estallido inmobiliario de los últimos años. La conclusión:
las leyes de uso de suelo en la capital de México son tan vagas que consiguen
que, al mismo tiempo, todos tengan la razón y no la tenga nadie.
(DOSSIER
POLITICO/ Tomado de: Veronica Calderón / El País/ 2015-09-06)
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