XALAPA,
Ver. (apro).- Con la ayuda del magnate Carlos Slim, el gobierno de Javier
Duarte de Ochoa pretende rescatar el fallido proyecto del Túnel Sumergido de
Coatzacoalcos, cuya obra se encuentra parada desde hace dos años.
Al
comparecer ante el Congreso local, el titular de la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (Siop), Tomás Ruiz, detalló que el propietario
de Grupo Carso está dispuesto a invertir 500 millones de pesos aproximadamente
siempre y cuando se amplíe la concesión de 30 a 45 años.
Como
ello depende de los legisladores, el exdirigente del Panal que regresó al
servicio público en marzo pasado trató de vender la idea de que es una
inmejorable oportunidad para rescatar el proyecto del Túnel, cuya construcción
inició en 2004 con un presupuesto de 2 mil 065 millones de pesos y que ahora
requiere de una inversión de 5 mil 134 millones 800 mil pesos.
La
obra se encuentra parada desde agosto de 2013. La Concesionaria Túnel de
Coatzacoalcos S.A. (Cotuco), la española FCC Construcción y el gobierno de
Duarte argumentaron “quedarse sin recursos” para concluirla.
Durante
la comparecencia, diputados de la oposición recordaron que aún se están
desahogando presuntos desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF). Incluso hicieron notar que el Órgano de Fiscalización
(Orfis) promovió denuncias en contra de servidores públicos y directivos de las
propias constructoras por una serie de irregularidades.
“La
obra la recibimos quebrada, le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que
tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva…de aceptar la inyección
de capital no costará un peso más a los
veracruzanos, cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”, justificó
Ruiz.
Además,
aseguró que si el Legislativo aprueba la participación de Carso, en un mes se
reanudaría la obra que conectará la congregación de Villa Allende con la zona
portuaria de Coatzacoalcos en el lapso de un año.
Los
diputados del PT y del MC, Fidel Robles y Cuauhtémoc Pola, y los panistas
refirieron que en mayo pasado el entonces titular de la Siop, el expanista
Gerardo Buganza, actual secretario de Gobierno, hizo las mismas promesas e
incluso llamó “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores
de la obra por un presunto desfalco de 2 mil millones de pesos.
“Hay
un desfalco de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior
comparecencia, nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo
falsas promesas. ¿A quién le creemos señor secretario a usted o a él?”,
reprochó el panista, Julen Rementería.
Es
más, puso dos audios en los que Buganza se comprometía a rescindir el contrato
a Cotuco y a FCC y que emprendería querellas por las vías civil y penal para
recuperar “los recursos necesarios” para concluir la colosal obra.
Fidel
Robles, del PT, comentó que la intervención de Carso se utilizaría como una
certificación simulada para avalar la impunidad: “El señor Slim sacará mil
millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para
avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”.
Durante
las tres horas que duró la accidentada comparecencia de Tomás Ruiz, , algunos
legisladores sacaron cartulinas con diversas leyendas: “Fue el túnel de la
Fidelidad (sic), de la Prosperidad (sic), es el túnel de la impunidad)”, “Túnel
Sumergido de Coatzacoalcos, primer lugar a la corrupción” y “nuestro elefante
blanco de los 5 mil millones”.
Pese
a las críticas, el secretario de Infraestructura sonrió y hasta se burló de las
críticas hacia los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Ya
en serio, explicó que, con el nuevo “acuerdo de entendimiento”, el reajuste en
la Tasa Interna de Retorno (el rendimiento del peaje de dicho túnel de 30 a 45
años) y la terminación de juicios entre ambas partes (gobierno y empresas) las
arcas públicas podrán ahorrarse mil 100 millones de pesos.
El
semanario Proceso dio cuenta en su edición número 1886 que la obra ha estado
plagada de irregularidades: Desvío de recursos, fallas estructurales,
hundimientos y soportes mal hechos, así como materiales de precaria calidad.
Incluso
la auditoría 09-A-30000-04-0548 del 2009 de la ASF reportó un “dictamen
negativo” al pliego de observaciones, pues acotó que el gobierno de Veracruz
incumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación,
programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago.
En
la revisión de la auditoría 2010, las observaciones e inconsistencias también
fueron considerables, pues en ambas hay irregularidades que se aproximan a los
400 millones de pesos.
La
ASF observó que en la construcción del Túnel Sumergido se incumplió con los
parámetros mínimos de calidad en sus materiales y procedimientos constructivos,
como estabilidad, seguridad estructural y vida útil de la obra.
(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA/ 18 DE JUNIO DE
2015)
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