El ex secretario General de Gobierno de Baja California, Guillermo Trejo Dozal, obtuvo su libertad la madrugada del viernes 19 de junio, luego de que un juez federal le concediera el amparo 10/2015 al ser acusado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de violar Ley General de Instituciones Mutualistas cuando participaba en la empresa Latino y Servicios de Salud.
El
ex funcionario estatal, salió del Cereso de Mexicali luego de pagar una multa
como medida cautelar.
Emocionado
por su libertad, Trejo Dozal dijo que su detención fue injusta, por lo que
agradeció las muestras de apoyo que recibió mientras estuvo recluido en
prisión.
“Me
siento muy bien gracias a Dios, me siento fuerte, espiritual y con el corazón
tranquilo; en paz. Fue una experiencia muy dura pero gracias a Dios con el
apoyo de tanta gente, sobre todo mi familia me ha fortalecido y yo espero
seguir luchando y cada vez ser más fuerte con eso”.
Explicó
que se va a tomar unos días de descanso para luego platicar con los medios de
comunicación sobre su postura en torno a su detención.
“Fueron
miles la gente que nos apoyaron y eso lo traigo aquí en mi corazón y traigo el
compromiso nuevamente redoblado, salí más fuerte y sin rencores, con el corazón
limpio y a seguir luchando por Baja California” afirmó el ex titular de la
oficina general de Gobierno.
Trejo
Dozal fue recibido por amigos y familiares. De apariencia delgada, vestía apenas un pans negro, camiseta polo
blanca y unos tenis del mismo color. Cargaba dos bolsas con sus pertenencias.
Luego de hablar con los medios de comunicación por espacio de dos minutos subió
a un vehículo rumbo a su domicilio en donde lo esperaba su familia, según
expresó.
El
equipo de Trejo Dozal promovió el amparo indirecto para revocar la resolución
del 22 de abril del 2015 en el toca penal 83/2015 impuesto por el Magistrado
del Décimo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, que había confirmado la
sentencia del 6 de abril del Juez Sexto de Distrito por el que originalmente se
le había negado el beneficio de libertad condicional bajo caución, solicitada
por Trejo bajo la causa penal 21/2014.
La
investigación inició desde el 6 de junio del 2013, cuando el Director General de Delitos Financieros y
Diversos de la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría
Fiscal de la Federación de la SHCP solicitó la orden de aprehensión en contra
Trejo Dozal y varios de sus colaboradores por incumplir con la Ley General de
Instituciones Mutualistas debido a que en 2008 realizaron operaciones de
seguros médicos a diversos clientes sin contar con la autorización de la
dependencia federal.
El
1 de enero del 2014 fue liberada la orden de captura hacia el ex funcionario, y
el 29 de enero del mismo año se ejerció la acción penal por ser secretario del
Consejo de Administración de la empresa
al violar el artículo 141, fracción I, de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en concordancia con los
artículos 7, fracción III (delito continuado), 8 (hipótesis de acción dolosa),
9, párrafo primero (hipótesis dolo directo), y 13, fracción II (autoría
material) del Código Penal Federal, en relación con el artículo 194, fracción
XI de la Ley Adjetiva Federal.
Seguidos
los trámites procesales, el 24 de marzo de 2015, el Juez de Distrito dictó auto
de formal prisión, previamente Tejo Dozal había renunciado al cargo como
segundo de abordo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid el 7 de abril del
2014 y en su lugar fue nombrado Francisco Rueda Gómez.
En
ese entonces, el ex funcionario estatal afirmó que la empresa Latinos Servicios
de Salud S. C. y/0 Latino Health Care nunca vendió seguros, además de que
habían realizado una consulta legal con un perito de la Comisión Nacional de
Seguros y Fiananzas el cual determinó que era factible presentar el servicio
de consultas a bajo costo y que no tenía
relación alguna con la venta de seguros.
El
oftalmólogo de profesión indicó que dejó de pertenecer a la sociedad mercantil
desde 2011 además de que derivado de la prestación del servicio nunca existió
una denuncia de algún ciudadano afectado ya que la queja fue de parte de la
Procuraduría Fiscal de la Federación, perteneciente al SAT del Gobierno
Federal.
Posteriormente,
el ex funcionario se refugió en San Diego pero con visa de turista por lo que
al vencerse el 18 de marzo del 2015 tuvo que regresar a México y solicitar de
nuevo el trámite, momento en que fue
detenido por personal de Aduanas y Protección a la Frontera de Estados Unidos
cuando intentaba cruzar la garita Mexicali-Calexico.
Fueron
elementos de la Procuraduría General de la República provenientes de la ciudad
de México quienes arribaron a Mexicali específicamente para detener a Trejo
Dozal toda vez que las autoridades norteamericanas lo pusieron disposición del Instituto
Nacional de Migración.
Fue
al filo de la medianoche que finalmente fue trasladado a las oficinas de la
delegación de la PGR en Baja California, y
fue recluido la madrugada del 19 de marzo en el Cereso de Mexicali.
La
PGR lo presentó como uno de los más peligrosos criminales, incluso hizo circular
un video y su fotografía en un boletín de prensa, así como en redes sociales.
En
su defensa presentada en la oficialía de partes del Juzgado Sexto de Distrito,
solicitó que le fuera concedido el derecho a la libertad provisional bajo
caución, argumentando que si bien se decretó en su contra auto de formal
prisión por su responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo
141, fracción I, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros, tal precepto fue derogado a partir del cuatro de abril del año del
2015, fecha en que entró en vigor la Ley de Instituciones de Seguros de
Fianzas, en la cual si bien en su numeral 495 se prevé como delito la misma
conducta que le es atribuida, no se encuentra señalado como grave en términos
del dispositivo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Finalmente
bajo la sentencia de Amparo 10/2015 el Magistrado del Décimo Tribunal Unitario
del Decimoquinto Circuito revocó la negativa del Juez Sexto de Distrito en el
Estado por lo que recibió el beneficio de continuar el proceso en libertad.
En
la resolución el Magistrado resolvió lo siguiente:
“En
el caso concreto se estima que si el legislador al abrogar la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y crear la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, no reformó el artículo 194 del Código
Federal de Procedimientos Penales, para efecto de seguir señalando como delito grave la conducta en estudio; de
ahí que debe entenderse que la intención del legislador es considerar el delito
respectivo como no grave (…)
prácticamente un tecnicismo.
El
ex funcionario fue detenido a pocos días de iniciar el proceso electoral del 7
de junio, y liberado a solo 11 días de
concluir el mismo.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz/ 19 de Junio del 2015 a las 05:05:48)
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