El
imperio inmobiliario de la familia Medina en San Antonio, Texas, se maneja
desde la casa de Alejandro Medina, hermano del gobernador Rodrigo Medina, en la
calle Twilight Ridge, de una oficina en un pequeño edificio de tres pisos en la
calle Oasis, de una oficina en la calle East Sonterra de Humberto Medina
Ainslie, junto a una licorería y una oficina de Federal Express, y de una
modesta casa en West Avenue, al lado de un taller mecánico. Desde ahí, en 8
años, los Medina han realizado operaciones en bienes raíces por un valor
estimado en mil millones de pesos.
Sus
negocios en Estados Unidos eran casi desconocidos en México, hasta que fueron
utilizados como arma electoral en la contienda por la Gubernatura de Nuevo
León. Pero en Texas, la familia Medina es sujeta hace tiempo de una
investigación del FBI y la DEA, que abarca tres países en dos continentes.
Detonó
cuando apareció el nombre del abogado Álvaro Briceño, como represente legal en
varias de las empresas de los Medina.
Briceño
está vinculado con la investigación sobre Javier Villarreal, acusado de lavado
de dinero en Texas, cuando fue tesorero en el Gobierno de Humberto Moreira en
Coahuila, porque encontraron que varios depósitos del inculpado pararon en sus
cuentas.
Los
investigadores empezaron a analizar las operaciones financieras de los Medina,
cuyo negocio empezó a florecer en 2007, cuando Rodrigo Medina fue nombrado
secretario general de Gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad
González Parás.
El
negocio creció exponencialmente en 2009, después de que Medina asumió la
Gubernatura. Lo que encontraron los investigadores fue que la primera operación
de los Medina en San Antonio fue la compra de un terreno en 2006, apalancado
con un crédito de 5 millones de dólares.
Hasta
ahí todo era normal. Sin embargo, lo que empezaron a notar fue un patrón en la
expansión inmobiliaria de los Medina que compraban terrenos en aquella ciudad
texana back-to-back, que son préstamos paralelos –o depósitos de seguridad–, en
donde no se necesita dar bienes en garantía adicionales a los que ya se tengan
invertidos en la institución a la cual se acude.
Normalmente
el banco receptor del depósito no es el mismo que otorga el préstamo, por lo
que es difícil que lo detecten las autoridades.
Es
usual que se establezca un holding operativo para este tipo de operaciones, que
se busca en países con baja tributación, como las Islas Caimán.
La
forma como fueron armadas las operaciones financieras y la utilización del
mismo crédito para ir adquiriendo más propiedades, es un método que suelen ver
los investigadores en el lavado de dinero.
De
acuerdo con personas que conocen las investigaciones, el FBI y la DEA no tienen
pruebas de una actividad ilícita de Alejandro Medina, hermano del gobernador, y
de su padre Humberto Medina Ainsle, cuyos nombres aparecen en todas las
propiedades, peso sospechan de actividades ilícitas.
Aldo
Facsi, exsubprocurador en el gobierno de González Parás y expresidente del PRI
en Monterrey, el primero en revelar con documentos las operaciones de bienes
raíces de los Medina, asegura que a través de operaciones back-to-back
vendieron terrenos entre 10 y 100 dólares, que luego revendieron como
propiedades entre 300 mil y 400 mil dólares, al maximizar el valor catastral de
los fraccionamientos, de 15 millones de dólares, a un valor comercial estimado
en 40 millones.
El rompecabezas total de las operaciones aún
no está del todo claro, pero de acuerdo con los documentos, de las 12 compañías
inmobiliarias que crearon los Medina entre 2005 y 2013, cinco adquirieron más
de 100 propiedades entre 2008 y 2012, para desarrollar dos fraccionamientos
Sundance Ranch y Clearwater Ranch.
Las
empresas están incorporadas en dos empresas en las Islas Caimán, Northlake
Holdings y Mesa Investments, bajo los nombres de Alejandro Medina y Medina
Ainslie, respectivamente.
Facsi dijo a la prensa en mayo pasado que las
empresas de los Medina formaban parte de una estructura de lavado de dinero que
incluía tres constructoras locales y una franquicia, que lavaban el dinero producto
de las presuntas extorsiones a proveedores.
Empresarios
y revelaciones en la prensa han identificado a Medina Ainslie, padre del
gobernador, como la persona que exigía comisiones a los empresarios que hacían
obra pública o proveían servicios al Gobierno estatal.
La
franquicia es de comida rápida –ensaladas es su especialidad– y es propiedad de
un amigo de la infancia del gobernador, con quien su padre veía los negocios
oscuros durante la administración de su hijo.
La
franquicia creció casi al doble durante el sexenio de Medina, y parte de la
investigación busca determinar con precisión de dónde vinieron sus ingresos y a
dónde fueron los egresos.
Las
constructoras, de acuerdo con Facsi, fueron beneficiadas con obra pública en el
gobierno de Medina.
Las
operaciones financieras de la familia del gobernador han dibujado dos pistas de
dinero.
Una
conduce a las instituciones bancarias en San Antonio, la sede del imperio
inmobiliario, y la otra a Andorra, un principado en los Pirineos y paraíso
fiscal entre España y Francia.
No
se ha establecido todavía un patrón de cobros y pagos, que tendría que ser un
trabajo respaldado por las autoridades mexicanas.
Tampoco
se tienen noticias si el FBI y la DEA ya pidieron la cooperación de la
Secretaría de Hacienda y de la PGR. En todo caso, no tardarán mucho en hacerlo.
(ZOCALO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24 DE JUNIO 2015)
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