MÉXICO,
D.F. (apro).- En México, uno de los países más desiguales del mundo y de los
que menos recauda impuestos a los millonarios, el 1% de los más ricos
–alrededor de 120 mil personas– acapara 43% de todas las riquezas de la 14ª
economía del globo y sus 53.3 millones de pobres, según un informe que publicó
hoy la organización Oxfam, al lanzar una campaña contra la desigualdad.
Según
el economista Gerardo Esquivel, quien redactó el informe, si bien entre 2005 y
2014 la economía mexicana se estancó en mediocres niveles de crecimiento, la
suma de las fortunas de los cuatro multimillonarios más ricos de México, por su
parte, se disparó a un ritmo de 5% anual.
Así,
en 2002 las fortunas del magnate de telecomunicaciones Carlos Slim, de los
empresarios mineros Germán Larrea y Arturo Bailleres y del dueño de TV Azteca y
Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, representaban el equivalente de 2% del
PIB nacional. Dos años después, en 2014 incrementaron de manera vertiginosa
para alcanzar 9% del PIB.
Con
el puro rendimiento anual de sus fortunas, es decir, el dinero que se genera
cada año a partir de la fortuna ya existente, los cuatro magnates podrían
contratar hasta 3 millones de personas remuneradas con un salario mínimo.
De
acuerdo con el autor del informe, el economista Gerardo Esquivel, el 10% más
adinerado concentra 64.4% de las riquezas totales del país, una cifra en
incremento de casi 8 puntos desde 1992.
En
entrevista con Apro, señaló que 10% de la población más rica de México está
conformada por burócratas u oficinistas bien remunerados, entre otros, quienes
tienen un ingreso por persona de 20 mil pesos mensuales en promedio –entre 15
mil y 40 mil pesos– y suelen considerarse como “clase media”.
Esta
nueva cifra rompe con las estimaciones oficiales proporcionadas en la encuesta
de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la
cual el primer decil “sólo” concentraba 43% de las riquezas en 2012.
Pero
Esquivel aseveró que la encuesta de hogares del INEGI tiene fallas
metodológicas, ya que los encuestadores nunca entrevistan a la pequeña elite
económica del país, ni se acercan a los lugares exclusivos donde viven los
magnates. En cambio, el economista realizó estimaciones a partir de varios
factores pero deploró que los datos fiscales estén protegidos en México.
A
diferencia de los ingresos, los cuales son flujos de dinero que transitan entre
las personas, las riquezas de un país representan la suma del valor de todos
los activos de la economía, precisó Esquivel.
AMOS DE LA POLÍTICA
Así,
según Oxfam, la dinámica de la desigualdad en el país se encuentra en un
círculo vicioso, ya que los más ricos del país, al concentrar riqueza y poder,
fomentan políticas públicas y fiscales que les benefician y, a su vez, agravan
la desigualdad.
Según
Esquivel, no es casualidad que los sectores de telecomunicaciones, minería y
televisivo, de los que estos magnates sacan beneficios millonarios cada año,
sean “sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector
público”, subrayó el informe.
Y
precisó: “En su calidad de empresarios multimillonarios (…) es de su total
interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que se
encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar
políticamente al Estado mexicano”.
De
hecho, Esquivel recordó que al imponer precios muy elevadas a sus clientes,
Telmex, y posteriormente América Móvil, costaron a los mexicanos 129 mil
millones de dólares entre 2005 y 2009, lo que representa 1.8% del PIB por año.
También
resaltó que el sector minero se beneficia de privilegios fiscales por lo que la
frenética extracción de recursos naturales de la nación “ha beneficiado sólo a
unos cuantos”.
Pero
los multimillonarios no son los únicos en verse beneficiados por las políticas
del gobierno. Las propias políticas fiscales de México suelen alimentar la
desigualdad, ya que el sistema tributario saca la mayor parte de sus ingresos
–54%– a partir del impuesto sobre los bienes y servicios que consumen todos los
ciudadanos.
En
cambio, el sistema protege a los más adinerados, al recaudar sólo 32% de la
tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 30% a los dividendos de las
empresas –sin recaudar nada a los dividendos que reciben los directivos de las
mismas–, e incluso permite múltiples formas de evadir el impuesto a quienes
ingresan dinero a través de su capital.
De
acuerdo con Jesús Cantú, director de Oxfam en México y articulista de Proceso,
el sistema de redistribución en México está fallido, ya que sólo se
redistribuye 1.1% de los ingresos.
También
estimó que la política social del país, por su parte, no funciona, ya que “es
como la ambulancia que va por los heridos de la pobreza, lo único que hacemos
es mitigarla pero perpetuándola”.
Además,
el sistema tributario otorga deducciones sobre ciertos gastos específicos de
los ciudadanos. Pero de nuevo, los más beneficiados resultan pertenecer al 10%
más adinerado de la población.
El
Estado mexicano deduce de los impuestos el precio de las colegiaturas que pagan
los padres para enviar sus hijos a escuelas privadas, así como el transporte
escolar; también deduce los intereses de los créditos hipotecarios o los
honorarios médicos. Todos estos servicios los utiliza en más de 88% el decil
más rico de México.
En
cambio, el informe subrayó que “48% de las escuelas públicas carece de acceso a
drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o
sanitario, 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica; en 61.2% de ellas los
alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva, y 80% de los
estudiantes no tiene Internet”.
Y
señaló: “El que las personas de mayores ingresos obtengan deducciones fiscales
por enviar a sus hijos a escuelas privadas y que al mismo tiempo las escuelas
públicas carezcan de lo más elemental, no es más que un reflejo de la captura
del diseño de políticas públicas por parte de una minoría en perjuicio de la
gran mayoría de la población”.
El
mismo mercado financiero y bancario favorece la reproducción del capital en las
manos de unos cuantos privilegiados, ya que los más pobres, a diferencia de los
ricos, no tienen acceso al crédito.
La
política monetaria, basada en la contención de la inflación, llevó a la
congelación del salario mínimo desde 1996, lo cual a su vez disparó la
desigualdad ya que, al equivaler a una cuarta parte de lo que era hace 30 años,
se convirtió en un salario de pobreza –“ni cerca de ser suficiente para
adquirir una canasta básica”–, a beneficio del empleador.
De
acuerdo con el informe, un trabajador con un salario mínimo está considerado
como “pobre” en México, y si además tiene que mantener a uno o más familiares,
se convierte en persona en pobreza extrema. Sin embargo, la Constitución
mexicana estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno.
“AUTÉNTICO ESTADO SOCIAL”
Desde
hace unos años, los organismos internacionales más ortodoxos en materia de
promoción del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco
Mundial iniciaron un cambio de paradigma al observar que el crecimiento
económico, al beneficiar a los más ricos, no “chorreaba” de manera mecánica
hacia los más pobres.
Cantú
destacó que las reformas estructurales que emprendió la administración de
Enrique Peña Nieto partieron de esta misma base teórica equivocada, según la
cual cuando existe crecimiento económico, éste termina repartiéndose en toda la
sociedad.
En
cambio, y a raíz de nuevos estudios como los del recién nombrado premio Nobel
de Economía, Tomás Piketty, estas instituciones aceptaron que las desigualdades
y la mala redistribución de las riquezas conllevaban nefastas consecuencias
sobre la propia economía y el crecimiento.
De
acuerdo con la OCDE, el aumento de las desigualdades en México entre 1985 y
2005 redujo el crecimiento en un monto acumulado de 10%.
Es
más: el incremento del PIB en México no ha reducido las tasas de pobreza desde
hace 20 años. Pero como la población aumentó, la cifra de pobres creció en
paralelo para alcanzar en la actualidad a 53.3 millones de mexicanos.
“El
cambio de paradigma se está haciendo en muchas partes del mundo, pero en el
caso de México creo que no. Para nada”, deploró Esquivel.
Para
luchar de manera eficaz contra la desigualdad, Oxfam urgió a la creación de un
“auténtico Estado social”, el cual superaría al Estado de bienestar, ya que
basaría su política en garantizar los derechos de los ciudadanos.
Asimismo,
planteó la necesidad de implementar una política fiscal más progresiva, la cual
adaptaría las tasas de recaudación según la riqueza de los tributarios, pero
también de transparentar y dirigir mejor el gasto público, así como luchar de
manera efectiva contra la corrupción, a través por ejemplo de la obligación de
todos los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Oxfam
publicó una petición en línea, que presentará en septiembre a la nueva
legislatura, con la intención de revertir la desigualdad a través de la
iniciativa ciudadana.
“No
hay otra vía que la exigencia ciudadana”, asumió Cantú, al subrayar que
mediante este método, “hemos podido avanzar en la construcción de un país menos
autoritario”.
(PROCESO/ MATHIEU TOURLIERE/ 24 DE JUNIO
DE 2015)
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