El Agente de Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota, exhibió nula capacidad para integrar la averiguación previa. El presunto responsable tuvo trato preferencial. Además, la fuga de información permitió que el 26 de octubre huyera cuando supo que se había librado una orden de aprehensión en su contra y una orden de cateo
En el caso de la fuga y posterior captura del prominente
empresario del ramo agrícola de la comunidad de “El Pescadero”, Eduardo
Anselmo Cota Salgado “El Guayo”, resaltan cuatro hechos:
1.- El Agente de Ministerio Público del Fuero Común,
Obed Baruch Cota, exhibió nula capacidad para integrar la averiguación
previa y deslindar responsabilidades sobre el atroz crimen del joven
Hugo Gilberto Avilés Espinoza.
2.- El presunto responsable tuvo un trato preferencial
porque –a diferencia de otros homicidas– no fue arraigado en el Centro
de Ejecución y Medidas Cautelares de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), tal y como lo pidió el 4 de octubre al solicitar un
amparo al Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva Anda.
3.- La fuga de información permitió que el 26 de octubre
huyera de la residencia donde estaba viviendo temporalmente, cuando
supo que se había librado una orden de aprehensión en su contra y una
orden de cateo para detenerlo y presentarlo ante el Juez de Primera
Instancia del Ramo Penal, Eulogio Verdugo Perpuly.
4.- El hartazgo social por la evidente corrupción de “servidores públicos” que no permite una verdadera impartición de justicia.
Todo lo anterior detonó en el bloqueo y la toma de la
carretera federal de La Paz a Cabo San Lucas a la altura del kilometro
61 por parte de los pobladores de “El Pescadero”, y quienes molestos e
irritados, exigían justicia y la detención inmediata del empresario
agrícola y sobrino del ex gobernador Félix Agramont Cota.
Durante una entrevista con ZETA, el
padre de la víctima, Hugo Gumersindo Avilés, consideró como una
verdadera “burla” la fuga de “El Guayo”, porque “estando ubicado en un
domicilio y vigilado las 24 horas del día en la parte frontal y trasera
de la casa por agentes de la Policía Ministerial del Estado,
sospechosamente, y como por arte de magia, desapareció”.
“Cuando llegó el Grupo de Aprehensiones de la PGJE, y
trató de detenerlo –explicó– ya no estaba y fue entonces que todos los
pobladores, decidimos cerrar la carretera y no retirarnos hasta que sea
capturado el responsable del crimen de mi hijo”, comentó.
El padre del joven asesinado de un balazo en el corazón
la noche del 30 de septiembre, supo –por versión de un agente
ministerial– que el empresario Eduardo Anselmo Cota Salgado, “había
pagado cuatro millones de pesos para que sus vigilantes permitieran su
huida”, según relevó a este semanario, y agregó: “todo es porque existen
malos elementos que con una verdadera falta de profesionalismo y ética,
se arreglan con los delincuentes y los dejan ir”.
Fue más allá. El padre de familia, puso el ejemplo del
Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota, quien
–según explicó– “dejaba ir a los rateros y delincuentes a cambio de
dinero. Los pobladores de El Pescadero y Todos Santos, lo sabíamos y ahí
lo tenían trabajando, a pesar de que había muchas quejas por su
actuación en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
El bloqueo de la carretera que duró dos días –del 26 al
28 de octubre– generó un verdadero caos vial, y una molestia
generalizada de los automovilistas que “detenidos a medio camino”,
tenían que regresarse y salirse de esa zona, para retomar la segunda
opción carretera que va rumbo a Los Cabos. De hecho, en el bloqueo, hubo
varios connatos de violencia entre automovilistas y los inconformes.
Pero la presión de los pobladores finalmente hizo efecto
y el empresario determinó entregarse “voluntariamente”, después de que
agentes de la Policía Ministerial del Estado, comenzaron a presionar a
su familia, deteniendo inclusive a una de sus hijas de nombre Korina
Michell Cota Collins, quien contactó a ZETA y expuso
que “había sido detenida de manera ilegal para que cantara dónde estaba
escondido su papá cuando ella no tenía nada que ver en el caso”.
Ya detenido “El Guayo”, los pobladores abrieron la
carretera federal, y en un desafortunado manejo de medios y de crisis
por parte de la dirección de comunicación social del gobierno del
estado, el secretario general de gobierno, Armando Martínez Vega,
anunció el empresario agrícola se había entregado voluntariamente,
después de haber “negociado” con su familia.
Durante una entrevista, el segundo hombre de importancia
en el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor, se desligó del
“desafortunado comentario” y aclaró que no habían negociado nada.
–Llama la atención el término que utilizaron de
que se “negoció su entrega”. Cuando se habla de negociar está claro que
algo se da y algo se recibe. ¿Qué le prometieron?
“Sobre esto me gustaría comentarte que cuando se libra
la orden de aprehensión y no aparece esta persona, nosotros nos dimos a
la tardea de buscarla y hasta solicitamos el apoyo del Ejército y la
Marina, porque la Ley es la Ley, y debe de aplicarse. Fue tanta la
presión que los familiares y el abogado del acusado, me buscaron
directamente a mí y les hice ver lo delicado del asunto y los exhortamos
a que se entregara. No hay ninguna negociación. La Ley no se puede
negociar, es un término desafortunado. Se fueron y más tarde me llamaron
y me dieron una dirección para que fuera y fui acompañado del
procurador y ahí se entregó.
El presunto responsable del crimen del joven Hugo Avilés
Espinoza fue internado en el Centro de Reinserción Social de La Paz y
puesto a disposición del Juez Primero Penal de Primera Instancia, y
quien al cierre de esta edición, dictó el auto de formal prisión.
En tanto, el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal,
dio a conocer que “habían iniciado una investigación para deslindar
responsabilidades administrativas y penales en contra de los
responsables de la fuga del empresario Eduardo Anselmo Cota Salgado”.
Extraoficialmente, aparecen sujetos a investigación el Agente del
Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota y cuatro agentes de
la Policía Ministerial del Estado.
