Marco Appel
Lo que la gente comenta a diario en casi todos los puntos del país tiene
ahora un sustento académico: México es un Estado fallido incapaz de controlar
grandes extensiones de su territorio donde el crimen organizado se ha propuesto
convertirse en el motor económico con todo y control político.
El informe de un
experto en criminalidad y seguridad pública así lo indica y alerta: los cárteles
del narcotráfico evolucionan hacia una nueva fase en la que podrán imponerse
como un “Estado sustituto”.
BRUSELAS (Proceso).- Contra lo que sostiene públicamente el gobierno de
Felipe Calderón –que le está ganando la guerra al crimen organizado–, los
cárteles mexicanos de la droga han alcanzado tal poderío que se han convertido
en grupos de “insurgencia criminal” que libran sangrientas batallas contra el
Estado por el control de la economía ilícita y por el dominio político del país…
es decir, por convertirse en el sustituto de las instituciones
estatales.
Ante la fragilidad del gobierno calderonista, los cárteles del
narcotráfico le han arrebatado funciones al Estado, con lo que han conseguido
establecer “soberanías paralelas” o “enclaves criminales” en grandes áreas de
México que son conocidas en el argot académico como “zonas sin ley”, “espacios
sin gobierno” o “zonas de impunidad”.
En esas “comunidades o regiones
fracasadas” de México las bandas criminales han impuesto “arreglos políticos de
tipo neofeudal”, como el cobro de impuestos o el aprovisionamiento de bienes
sociales con fines utilitarios.
Además han adoptado una dinámica de poder
similar a la de las guerrillas y se han expandido, por lo que plantean un grave
problema de seguridad nacional también en países de Centroamérica.
Tal es el
diagnóstico que presenta John P. Sullivan en un reporte fechado el pasado marzo
y llamado De las guerras contra las drogas a la insurgencia criminal: los
cárteles mexicanos, enclaves e insurgencia criminal en México y Centroamérica y
sus implicaciones para la seguridad global.
El pasado 15 de abril, en la
Sexta Cumbre de las Américas, en Colombia, Felipe Calderón confesó en privado a
su par peruano, Ollanta Humala, algo similar a lo que plantea el reporte de
Sullivan: que las organizaciones del narcotráfico han desplazado al Estado
mexicano en partes de su territorio.
Humala dijo en conferencia de prensa:
“El tráfico ilícito de drogas y otras economías ilegales se están produciendo y
en algunos casos algunos jefes de Estado han señalado que el narcotráfico está
entrando ya a reemplazar en determinados sitios las funciones del Estado, como
es el caso, y como lo ha señalado el presidente de México, del tema de la
recaudación de impuestos”.
El mandatario peruano detalló que los narcos
cobran “un impuesto de guerra en diferentes partes de América Latina a los
dueños de pequeños y medianos negocios, pero incluso a quienes se acaban de
comprar un auto, como ocurre en algunas partes del norte de México”.
Hasta
finales del mes pasado la Presidencia de México no había desmentido lo dicho por
Humala.
Sin control
Sullivan –teniente de la policía de Los Ángeles, California, e investigador
adjunto de la Fundación Científica Vortex– es un veterano experto en seguridad
pública, terrorismo y criminalidad.
Fue director del Centro Nacional de
Alerta Temprana contra el Terrorismo y pertenece a los consejos consultivos de
las publicaciones de referencia Small Wars Jour-nal (enfocada en
contrainsurgencia) y Journal of Strategic Security (dedicada al
contraterrorismo). También es directivo de la Asociación de Investigadores de
Pandillas de California y de la Asociación de Inteligencia del Cuerpo de
Infantes de Marina.
El experto basa el contenido de su reporte en una
presentación que hizo el 27 y el 28 de junio de 2011 ante el grupo de trabajo
Redes de Guerra y Redes de Paz del Instituto de Estudios Globales de
París.
El análisis de 45 páginas –cuya copia obtuvo este semanario– fue
elaborado para la Fundación Científica Vortex, organismo académico colombiano
cuyo objetivo, según su sitio en internet, es “proponer modelos para comprender
y enfrentar los desafíos sociales” en áreas como la seguridad global, la
eficiencia gubernamental y los derechos humanos.
El reporte señala: “Cerca de
la mitad de todos los municipios de México están bajo la influencia del crimen
organizado y entre 60 y 65% han sido impactados (particularmente) por los
cárteles del narcotráfico. Éstos han infiltrado mil 500 ciudades mexicanas que
utilizan como base para cometer secuestros, extorsiones y robo de
vehículos”.
Continúa: “Quizá como consecuencia, en 2009 fueron reportadas 980
‘zonas de impunidad’ donde las bandas criminales tienen más control que el
Estado mexicano. En esas zonas vemos evidencia de la ‘reconfiguración de un
Estado cooptado’ en el que los cárteles efectúan un rango de acciones para
obtener beneficios sociales, económicos, políticos y culturales fuera del
efectivo control del Estado”.
Los datos que cita Sullivan provienen de la
firma estadunidense “de investigación sobre terreno” Southern Pulse, fundada en
2004 por el periodista Samuel Logan.
“Insurgencias criminales”
La transformación de los cárteles mexicanos del narcotráfico en “insurgencias
criminales” es un atractivo objeto de estudio para los analistas en temas de
seguridad nacional, advierte Sullivan, pues esta novedosa evolución criminal
difiere del terrorismo y de la insurgencia convencional, ya que su única
motivación política es ganar autonomía y control económico sobre el territorio,
llenando los “huecos” que deja el Estado y creando “enclaves
criminales”.
Según el análisis de Sullivan, este nuevo tipo de “insurgencia
criminal” genera una “violencia de alta intensidad que erosiona la legitimidad y
las competencias de las instituciones del Estado”.
Esa violencia extrema es
ejercida en México por cárteles que, según Sullivan, se pueden clasificar como
“insurgencias locales”.
Explica: “Municipios como Ciudad Juárez o porciones
de estados, como Michoacán, están bajo sitio. Los cárteles dominan esas áreas
bajo una cuidadosa combinación de violencia simbólica, ataques a la policía,
corrupción, y fomentan la percepción de que son protectores de la comunidad.
Las
bandas buscan desarrollar un ‘enclave criminal’ o un ‘estado criminal liberado’.
Mientras el Estado no sea completamente suplantado, el objetivo (de las
organizaciones de la droga) es el desarrollo de un Estado paralelo”.
El
reporte indica que México “todavía” no enfrenta un escenario en el que el Estado
pierde totalmente la capacidad para responder al poderío del narcotráfico, pero
observa que este último ya adquirió características de “insurgencia criminal
beligerante” cuando, en julio de 2009, La Familia Michoacana logró lanzar una
campaña de contraataques contra el Ejército y los servicios de inteligencia
mexicanos.
Sullivan reitera su inquietud: “En México algunas estimaciones
conservadoras han sugerido que los narcos controlan efectivamente 30% del
territorio. El Estado mexicano niega vehementemente que haya perdido el control
–lo cual es problemático dada la situación actual–, pero es considerablemente
creíble que México es víctima de un potente “narcoligopolio” o un “adversario
parapolítico”.
“Narcoevolución”
En su documento el especialista identifica tres fases en la evolución de los
cárteles del narcotráfico. En su primera fase las mafias de la drogas se
presentan como “competidores agresivos del Estado”.
El modelo de esa
categoría, expone Sullivan, es el Cártel de Medellín de los ochenta, propenso a
la extrema violencia y a desafiar voluntariamente la autoridad del Estado
colombiano.
La segunda fase evolutiva, la “cooptación sutil”, también tuvo
lugar en Colombia con el Cártel de Cali, que actuaba en la sombra y carecía de
un solo líder.
Este tipo de cártel –abunda Sullivan– no es jerárquico y está
organizado en redes, opera de manera dispersa y muchas de sus actividades son
disimuladas, lo que le ofrece mayores capacidades operativas por la dificultad
para identificar a los múltiples líderes.
Sullivan afirma que en México
predomina esta forma de estructura del narcotráfico. Sin embargo, alerta que ya
evoluciona hacia una nueva fase: la del cártel que podría imponerse como un
“Estado criminal sustituto”.
Expone que esta máxima fase de transformación
está aún por emerger, aunque existen señales peligrosas de una eventual
presencia en México. Esto, agrega, “es consecuencia de una incesante corrupción
y cooptación de las instituciones del Estado por parte del
narcotráfico.
“Para Estados Unidos –subraya– es de suma importancia la
observación de las condiciones que están favoreciendo la evolución hacia un
narcoestado en México. En efecto, la insurgencia criminal en México podría
mostrarse como la génesis de una tercera fase de cárteles, ya que los cárteles
mexicanos luchan entre ellos y contra el Estado por el dominio
territorial.”
Esencialmente, remata Sullivan, ese tipo de cárteles gobernaría
los mencionados “enclaves criminales” de forma semejante a la de los llamados
“señores de la guerra” que hay en países como Afganistán: mediante redes de
compromisos, autoritarismo y una organización del poder de dimensiones
neofeudales.
“Hay que considerar a Los Zetas a la luz del periodo del
feudalismo. Los Zetas controlan pedazos de territorio en la península de
Yucatán, el noroeste de Durango y los estados de Tamaulipas, Nuevo León y
Coahuila”, indica el análisis. El resultado, añade, ha sido la conformación de
“zonas neofeudales”.
Al respecto en el reporte se cita un artículo de Alfredo
Corchado publicado el 28 de abril de 2011 en el Bellingham Herald:
“La
‘policía’ del cártel paramilitar de Los Zetas es tan numerosa –más de 3 mil, de
acuerdo con algunas estimaciones– que supera por mucho las fuerzas oficiales (…)
La omnipresencia de los empleados de los cárteles es un aspecto que los expertos
interpretan como la emergencia de un virtual gobierno paralelo en lugares como
Nuevo Laredo o Ciudad Juárez: grupos criminales que recaudan impuestos, recogen
información de inteligencia, amordazan a la prensa, hacen negocios e imponen una
versión de orden que sirve a sus propios intereses.”
Sullivan cita entonces
al antropólogo y experto en cárteles de la droga de la Universidad de Texas,
Howard Campbell, quien sostiene en un artículo del diario Vancouver Sun del 4 de
mayo de 2011: “Regiones enteras de México están controladas por actores no
estatales, como son las organizaciones multicriminales (…) Esos grupos han
mutado de una forma estrictamente de cárteles de la droga a un tipo de motor de
sociedad y economía alternativa”.
Con esa perspectiva Sullivan evalúa la
situación: “El alcance de la intrusión criminal en la gobernabilidad del país ha
llevado a plantearse si México es un Estado fracasado. Mientras que la
posibilidad está lejos de ser clara o certera, lo que es cierto es que varios
componentes del Estado mexicano son severamente desafiados o ya han fracasado a
nivel subnacional”.
Sullivan pone como ejemplo de “estado fracasado” a
Tamaulipas. De acuerdo con un reportaje de la BBC, fechado el 13 de abril de
2011, y que cita el reporte de Sullivan, “el gobierno federal ha perdido” el
control de esa entidad.
Citando también al analista Alberto Islas
–entrevistado en el mismo reportaje de la BBC–, Sullivan apunta que “los grupos
criminales son más eficientes en la recaudación de impuestos que el propio
gobierno” de ese estado.
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