TODOS EMBARRADOS EN DEMANDA DE FUNCIONARIO DE LA PGJE DE SINALOA

Esconde PGJE el expediente para proteger a su coordinador administrativo Gabriela Soto   Un nuevo “obstáculo” enfrenta la acusación legal al custodio del presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Andrés Avelino Inzunza Suffo. La averiguación previa, foliada CLN/II/301/2009/AP, en su contra, está aparentemente “desaparecida” a 23 días de que prescriba el documento, en la que Manuel Beltrán López demanda al funcionario público por daños dolosos y despojo de su patrimonio. Al parecer la justicia no rige a la dependencia a cargo del fiscal Marco Antonio Higuera Gómez. Ante la falta de respuesta del gobierno de Mario López Valdez y del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, el afectado solicitó al juez segundo de Distrito adscrito a Sinaloa, un amparo y protección de la justicia federal, el 24 de marzo de 2012. En el documento de amparo 795/2012, del cual Ríodoce tiene copia, “reclama la abstención para pronunciarse sobre el decrecimiento del ejercicio de la acción penal o del no ejercicio de acción penal, o desistimiento de la misma contra del indiciado Andrés Avelino Inzunza Suffo, sobre los delitos que se le imputan dentro de la averiguación”. Y señaló como autoridades responsables al procurador general de Justicia del estado de Sinaloa, al subprocurador regional de Justicia Zona Centro, Louis Alberto Jauss López, y a la agente segundo del Ministerio Público del Fuero Común, Sonia López Sánchez. “Al revisar el expediente que contiene la averiguación previa me percaté que se encuentran desahogadas todas y cada una de las diligencias ministeriales necesarias, para la integración y resolución de la indagatoria penal en comento, pero a pesar de tal circunstancia la autoridad responsable ha sido omisa en resolver la indagatoria de marras”, indicó el documento. “No se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías”, se lee más abajo. Averiguación previa resguardada En atención al amparo solicitado por Beltrán López, el juez Segundo de Distrito exigió a las autoridades señaladas como responsables que agilicen el proceso de consignación. Para entonces, la averiguación previa contra Inzunza Suffo se tornó escurridiza para los “altos mandos” de la PGJE. Tanto el procurador, el subprocurador regional de la Zona Centro y el agente segundo del Ministerio Público del Fuero Común, rechazaron omisión en la investigación pero aceptaron que no poseían dicho documento. “No es cierto el acto reclamado por el quejoso, dado que la autoridad que represento no ha omitido resolver la averiguación previa… toda vez que la responsabilidad de la integración y las prácticas de las diligencias necesarias y conducentes en dicha indagatoria, corresponden en plenitud de jurisprudencia y competencia al agente segundo”, justificó Higuera Gómez en el oficio 883 remitido al magistrado. Utilizando exactamente las mismas palabras por el fiscal pero en un comunicado diferente, Jauss López se deslinda de la imputación. De igual forma, la agente segundo, Sonia López Sánchez, rechazó la acusación, debido a que la “autoridad remitió en prosecución de la averiguación previa a la Dirección de Averiguaciones Previas de esta Procuraduría, de fecha 02 de abril de 2012”, argumenta ante el juez federal. López Sánchez anexa, en un informe enviado, una copia para “acreditar” que la averiguación previa “se encuentra en los archivos de esta representación social (en la Agencia Segunda del Ministerio Público)”. Además, manda un oficio en el cual asegura que el director de Averiguaciones Previas, Carlos Enrique Olguín Álvarez, la llamó por teléfono para solicitarle el expediente para continuar con las investigaciones penales. Pero diez días después, cuando el acusador Beltrán López solicitó unas copias certificadas de la averiguación previa fueron negadas al estar en posesión de Olguín Álvarez, sin que exista, hasta el momento, avances en las investigaciones. La víctima presume que los funcionarios buscan desaparecer el expediente, el único recurso legal para acreditar el supuesto delito cometido por el coordinador administrativo de la PGJE. En una nueva solicitud de amparo del 16 de abril, Beltrán López demandó al mismo juez federal la reposición inmediata del documento de la averiguación previa. La acusación Manuel Beltrán López demandó al coordinador administrativo de la PGJE, Andrés Avelino Inzunza Suffo, por daños dolosos, despojo y lo que resulte, por introducirse a sus lotes de “manera furtiva, clandestina, (a) hurtadillas, sin derecho y sin nuestro consentimiento a los bienes inmuebles propiedad del suscrito y de María del Rosario Sánchez Inzunza”. La víctima interpuso una denuncia en la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común el 15 de mayo de 2009. En el peritaje realizado durante las diligencias, se constató que la propiedad cuya extensión es de siete metros de ancho por 18 metros de fondo, ubicada en la colonia Pedregal del Humaya, se acreditó ser propiedad de Beltrán López. El 22 de marzo, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez se comprometió a resolver el caso en 15 días, pero justicia aún sigue extraviada para sus victimarios.