La Comisión del Órgano Superior de Fiscalización del congreso del estado de
Baja California Sur, otorgó hasta el 15 de enero del 2012 para que los ex
alcaldes de La Paz, Comondú, Loreto, Mulegé y Los Cabos solventen las
observaciones detectadas por el Auditor Superior en las auditorías a las cuentas
públicas del 2010.
De haber respuesta, a partir de esa fecha, comenzarán a
deslindarse responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas en
contra de los perredistas Rosa Delia Cota Montaño, Joel Villegas Ibarra, Yuan
Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta, así como José Antonio Agúndez
Montaño, en su calidad de director general del OOMSAPAS en Los Cabos.
Gerardo Zúñiga Pacheco / Alejandro Acuña Rivera
“Con fundamento en los artículos 6 y 14, Fracción XV, 45 y 46 de la Ley del
Órgano Superior de Fiscalización del estado de Baja California Sur, se le otorga
un plazo de 30 días a partir del día siguiente a la notificación del presente
pliego de observación para su solventación”, dice y firma el Auditor Superior,
Julio César López Márquez.
La sentencia en este escrito es parte del último llamado a los ex alcaldes
del PRD, Rosa Delia Cota Montaño, Joel Villegas Ibarra, Yuan
Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta, así como al ex director general
del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Los Cabos y actual alcalde de esa región, José Antonio Agúndez
Montaño, respecto a la entrega de órdenes de compra de productos y servicios y
comprobantes de gastos de cheques normativos, expedidos por millones de pesos a
favor de decenas de supuestos proveedores, y de los cuales, no se encontró ni
rastro en la revisión de las cuentas públicas del 2010.
El dictamen del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local concluye
afectaciones en partidas y cuentas en el rubro de comprobación de gastos,
reposición de gastos, estímulos, compras de productos y servicios, apoyos
asistenciales, mantenimiento de equipo y mobiliario y de servicios
generales.
Por lo anterior, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso local integrada por los diputados Ernesto Ibarra
Montoya, Sergio Barrón Pinto y Guadalupe Olay Davis, considera –en un informe
interno– que “de no solventarse todas esas observaciones, estarían en
posibilidades de probar la existencia de omisiones y conductas que provocaron
daños y perjuicios al erario público y al patrimonio de los ayuntamientos de
Baja California Sur, y por consiguiente, deslindar responsabilidades, así como
señalamientos de presuntos culpables y de determinación de los daños y
perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables el importe
a resarcir la afectación, además de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
respectivas”.
El informe ha estado siendo presentado desde el 22 de noviembre y hasta el 5
de diciembre en la sala de comisiones del poder legislativo. El documento dice
explícitamente que “no exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil,
penal, política o resarcitoria, ni cancela las investigaciones que se realicen a
futuro”.
En el escrito, los legisladores del PAN y del PANAL instruyen al Órgano de
Fiscalización a ejecutar las acciones procedentes que contempla el artículo 39
de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización, el cual contempla lo
siguiente:
I.- Establecer la presunción de responsabilidades, así como señalamiento de
presuntos responsables y la determinación los daños y perjuicios
correspondientes y fincar directamente a los responsables el importe para
resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
respectivas;
II.- Promover ante las autoridades competentes el financiamiento de otras
responsabilidades;
III.- Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título
Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur;
IV.- Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar; y
V.- Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales
investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio
Público recabará previamente la opinión del Órgano Superior de Fiscalización,
respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.
El plazo
Durante una entrevista con ZETA, el presidente de la
Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Ernesto Ibarra
Montoya, dijo que los legisladores habían determinado dar de plazo perentorio
hasta el 15 de enero del 2012 para que todos aquellos que tengan que solventar
las observaciones lo hagan ahora, porque “en caso de que no cumplan, deberán
atenerse a las consecuencias legales”.
El diputado confirmó que por lo pronto ya instruyeron al Órgano Superior de
Fiscalización, quien es el único facultado legal y jurídicamente para presentar
las denuncias penales correspondientes en contra de los presuntos responsables
del desvío de recursos públicos y otros delitos en la Agencia del Ministerio
Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Vamos a esperar hasta el 15 de enero nada más y vamos a valorar la
información, y quien no cumpla con su responsabilidad que se atenga a las
consecuencias legales, y lo cual, lo haremos saber en su momento”, comentó.
El diputado del PAN adelantó que las investigaciones y sanciones que hoy se
están ventilando en contra de ex funcionarios de la pasada administración, en
vísperas de las elecciones federales, no tienen ningún trasfondo político,
porque en el caso de las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización, no
sólo están contemplando a los ex alcaldes y ex director del OOMSAPAS de Los
Cabos, sino también a todas las instituciones públicas que manejan dinero del
gobierno.
El legislador dijo que en este momento están esperando que el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, algunos tecnológicos y la Universidad Autónoma
de Baja California Sur solventen todas las observaciones que se han hecho porque
también “vamos actuar contra ellos”.
Comentó que ya el Instituto Estatal Electoral y el Conalep recientemente
entregaron toda la documentación comprobatoria que faltaba, y hoy se puede decir
que solventaron todas las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado.
El legislador panista dijo que entre las principales irregularidades
detectadas están la falta de orden de compra de productos y servicios, facturas,
inexistencia de firma en algunos expedientes relacionados a obras y licitaciones
y el manejo irregular de los recursos federales, entre otras cosas.
Las observaciones
En el Ayuntamiento de La Paz, el Órgano Superior de Fiscalización del
Congreso del Estado auditó el 70 por ciento de la cuenta pública y encontró lo
siguiente:
1.- Un total de 340 pliegos de observaciones, de las cuales 288 corresponden
a auditoría financiera y 52 son de auditoría de obra pública.
2.- De esta cantidad, únicamente se había recibido respuesta de 105
observaciones, presentando la información y documentación correspondiente en
cada una de ellas, quedando pendientes de solventar 235, que representan el 69
por ciento del total de observaciones.
3.- Las observaciones son relacionadas al rubro de fondo fijo de caja,
anticipos a cuenta de sueldos, gastos a comprobar y anticipos a proveedores
hasta diciembre del 2010, los cuales representan en términos económicos un
quebranto de 308 millones 835 mil 367 pesos con 80 centavos.
En el caso del Ayuntamiento de Comondú, el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado, auditó el 80 por ciento de la cuenta pública y detectó
lo siguiente.
1.- Un total de 131 pliegos de observaciones, de las cuales el 100%
corresponden a auditoría financiera.
2.- Del total de observaciones, ninguna había sido solventada al cierre de
esta edición, por lo que seguían pendientes de solventar y representan el 100
por ciento de las observaciones.
3.- Las observaciones representan en términos financieros un quebranto por la
cantidad de 194 millones 940 mil 014 pesos con 84 centavos.
En el caso del Ayuntamiento de Loreto, el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado, auditó el 100 por ciento de la cuenta pública y
encontró lo siguiente.
1.- Un total de 113 pliegos de observaciones, de las cuales el 100 por ciento
corresponde a auditoría financiera.
2.- Del total de observaciones, únicamente habían sido solventadas 2,
presentando la información y documentación correspondiente en cada una de ellas,
quedando pendientes de solventar 111, que representan el 98 por ciento del total
de observaciones.
3.- Las observaciones representan en términos económicos un quebranto de 19
millones 854 mil 725 pesos con 75 centavos.
En el caso del Ayuntamiento de Mulegé, el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado, auditó el 75 por ciento de la cuenta pública y detectó
lo siguiente.
1.- Un total de 123 pliegos de observaciones, de las cuales el 100 por ciento
corresponden a auditoría financiera.
2.- Del total de observaciones, ninguna había sido solventada al cierre de
esta edición, por lo que seguían pendientes de solventar y representan el 100
por ciento de las observaciones.
3.- Las observaciones representan en términos financieros un quebranto de 52
millones 218 mil 637 pesos con 88 centavos.
En el caso del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado, auditó el 80% de la cuenta pública y encontró lo
siguiente.
1.- Un total de 188 pliegos de observaciones, de las cuales 148 corresponde a
auditoría financiera y 40 a auditoría de obra pública.
2.- Del total de observaciones, únicamente 42 habían sido solventadas,
presentando la información y documentación correspondiente en cada una de ellas,
quedando pendientes de solventar 146, que representan el 78 por ciento del total
de observaciones.
3.- Las observaciones representan en términos económicos un quebranto de 994
millones 429 mil 213 pesos con 10 centavos.
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