ARTURO DE LA ROSA, EL INTOCABLE

Acusado por desvío de fondos, panistas apoyan su candidatura a Diputado Federal

Arturo de la Rosa Escalante, ex secretario particular del gobernador Marcos Covarrubias y ex representante del gobierno de Baja California Sur en Los Cabos, es acusado del desvío de recursos públicos por más de 6 millones.

 La querella fue presentada desde el 13 de julio del 2010, y después de 17 meses, nada se sabe sobre el estatus de la averiguación previa. 

Aun así el PAN pretende lanzar al ex funcionario indiciado como candidato a Diputado Federal en las elecciones del 2012.

Gerardo Zúñiga Pacheco

Ya pasaron 17 meses de que fuera denunciado penalmente por las Fracciones Parlamentarias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza en su paso como Presidente de la Gran Comisión de la XII Legislatura local, y hasta hoy, en la Procuraduría General de Justicia del Estado no se han deslindado responsabilidades en su contra por la administración indebida y el desvío de recursos públicos por el monto de 6 millones 055 mil 965 pesos con 68 centavos.

A diferencia de Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y el también panista Héctor Ibarra Espinoza, De la Rosa es íntimo amigo del gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor.

Por eso es intocable, y hasta inminente candidato a Diputado Federal por el Partido Acción Nacional (PAN) después de que el 1 de diciembre presentó su renuncia al cargo de Representante del Gobierno del Estado en Los Cabos para abrir paso a su registro formal como aspirante.

 Anteriormente ya se había convertido en el brazo derecho y principal consejero político del gobernante panista cuando ocupó el puesto de secretario particular del 5 de abril al 4 de agosto pasados.

Los hermanos De la Rosa, Benjamín, Noé, Alfredo, Gerónimo y Adrián, ocuparon puestos claves y estratégicos en la administración del ex gobernador del PRD, Narciso Agúndez Montaño.

El primero fue Coordinador Administrativo de la Oficina del Gobernador; el segundo, Director de Planeación y Evaluación Educativa en la Secretaría de Educación Pública; el tercero, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJ; el cuarto, regidor del Ayuntamiento de Comondú, y hoy Coordinador de Programas Compensatorios de la Secretaría de Educación Pública, y el quinto hasta hoy permanece en el cargo de Abogado General de la UABCS gracias a que Arturo De la Rosa operó y maniobró estratégicamente para imponer a su secretario particular –cuando fue Presidente de la Gran Comisión–, Gustavo Cruz Chávez, como actual rector de la máxima casa de estudios.

Todo un clan metido en el negocio del “servicio público”, y donde tres de sus parientes, con la venia y complacencia del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor –después de ocupar puestos en la administración del perredista Narciso Agúndez Montaño– despachan campantemente en la SEP y la UABCS ocupando puestos gubernamentales para seguir viviendo del presupuesto y de los privilegios del erario.

Hoy por hoy la denuncia penal que el 13 de julio del 2010 interpusieron diputados de las fracciones del PAN, PRI y Panal en contra de Arturo de la Rosa Escalante, en su calidad de Presidente de la Gran Comisión de la XII Legislatura, misma que quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa LPZ/93/SPB/2010, en la PGJE no avanza.

Por lo menos eso es lo que refleja el silencio del Procurador Gamill Arreola Leal cuando después de que ZETA solicitó una entrevista formal, optó por reservarse todo comentario en torno al caso. Hasta el cierre de esta edición, no se sabía el estatus de la investigación.

En esta denuncia penal también aparecen implicados el ex diputado del PRD, Juan Hernández Paularena y el ex Director de Finanzas, Juan Carlos López Cisneros, como cómplices de Arturo de la Rosa.

La denuncia

El 13 de julio del 2010 una comitiva de diputados de la XII Legislatura interpuso una denuncia de hechos en contra de quien resultara responsable de haber dado uso indebido a dinero público del congreso local.

Los abogados de los legisladores señalaron en ese entonces que los delitos imputables podrían ser peculado, administración o uso indebido de dinero público y desvío de recursos públicos por haber dado mal uso a 6 millones 055 mil 965 pesos con 68 centavos.

La comitiva legislativa fue integrada y encabezada por Jorge Miguel Cota Katzenstein del Partido Nueva Alianza y por los diputados del PAN, Sonia Murillo Macías y Adolfo González Agúndez, y del PRI, Jorge Humberto Mayoral López y José Felipe Prado Bautista.

El delito –según copia de la denuncia que obra en manos de ZETA— fue cometido en el ejercicio fiscal del 2009 cuando Arturo de la Rosa Escalante era Presidente de la Gran Comisión de la XII Legislatura. 

El hecho fue detectado en una auditoría al Poder Legislativo, cuyo resultado se hizo oficial el 29 de marzo del 2010, cuando el responsable del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Julio César López Márquez, entregó las pruebas de las irregularidades a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos en tres legajos de observaciones sobre el manejo de los fondos públicos.

En el resultado de la revisión el auditor fiscal dictaminó responsabilidades por estos malos manejos en contra de tres personas.

1.- Arturo de la Rosa Escalante, en primer término como responsable de observar y vigilar el buen manejo del dinero público en su calidad de Presidente de la Gran Comisión del Congreso local, y quien era  diputado –en ese entonces— del Distrito local VIII con sede en la ciudad de Cabo San Lucas.

2.- Juan Hernández Paularena, en segundo término como responsable de la Comisión de Cuenta y Administración del Congreso local, y quien era diputado –en ese entonces— del Distrito XI con sede en Ciudad Insurgentes.

3.- Juan Carlos López Cisneros, en tercer término como Director de Finanzas del congreso local, y cuyo cargo, por cierto, es ocupado hoy por otro familiar del clan Covarrubias, Sergio Ulises García Covarrubias, sobrino del actual gobernador.

Los diputados denunciantes tuvieron que esperar de marzo a julio del 2010, es decir, cuatro meses, para poder tener acceso al resultado de la auditoría, ya que –en aquel entonces— por tener dominio del PRD la XII Legislatura se dispuso a guardar silencio en tanto no fueran solventados los malos manejos. El problema es que esto nunca ocurrió.

El día en que la comitiva de diputados interpuso la denuncia penal, el diputado del Panal,  Jorge Miguel Cota Katzenstein, expuso que no habían realizado antes la querella formal porque “desde marzo solicitamos una explicación de los malos manejos, insistimos en abril, mayo, junio y julio, hasta que hoy nos presentamos a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, y venimos a que se deslinden responsabilidades contra quien resulte responsable por los delitos de peculado y administración indebida de recursos públicos”.

Las irregularidades

Los diputados no fueron solos. Bajo brazo traían un grueso expediente de más de mil hojas con todas las copias de irregularidades, con las cuales se podía probar claramente que para el manejo turbio del dinero público Arturo de la Rosa Escalante era único.

Entre las decenas de irregularidades detectadas por la auditoría por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sobresale lo siguiente.

1.- Reparación de decenas de vehículos de motor y transmisión, de los cuales no se dio ninguna referencia o especificaciones sobre sus propietarios.

2.- Contratación de grupos musicales en vivo.

3.- Compra de canastas y arreglos navideños, despensas, juguetes, piñatas, pelotas y bolsas de dulces.

4.- Compra de aparatos electrodomésticos como teatro en casa, televisiones, servibares, lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas, componentes, DVD y hasta perfumes para dama y caballero con valor de 2 mil 690 pesos cada artículo.

5.- Compra de alimentos y bebidas embriagantes, café, cereal, bolsas de churros, saborizantes de vainilla y hasta almohadas de tela para disfrutar el sueño.

6.- Pago de aplicación de inyecciones de hasta por 22 mil 780 pesos todo el paquete.

7.- Pago de servicios de lancha para avistamiento de la Ballena Gris en Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San Carlos, Baja California Sur.

8.- Pago de camisetas, gorras y tazas de hasta 77 mil 550 pesos todo el paquete.

9.- Pago de estímulos al personal donde en ninguna de las pólizas o documentos anexos figuran nombres y cargos de los supuestos beneficiarios.

Nadie mejor que el ex presidente de la Gran Comisión  y algunos de sus allegados, como Juan Hernández Paularena y Juan Carlos López Cisneros, para vivir del presupuesto y gastar a criterio personal el recurso público que tuvieron a su disposición en la XII Legislatura.

En la mayoría de las observaciones los arriba mencionados fueron señalados por “olvidar” elaborar y entregar la solicitud de orden de compra o servicio respectiva y entregar el comprobante fiscal original, como lo establece en su dictamen el Auditor Superior, Juan Carlos López Cisneros, quien fundamentó su observación en base a los artículos 134 párrafo I de la Constitución Política de México; 76 Fracción I y 78 Fracción VIII de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado; 12 Fracción VI y 14 Fracciones VI y XI de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2, 9 y 15 inciso (i) de la Normatividad sobre contenido de la Cuenta Pública del Estado.

A pesar de las evidencias y pruebas contundentes, lo más sorprendente es que la denuncia penal en contra de Arturo de la Rosa Escalante está estancada, dejando en evidencia que goza de la amistad y protección del gobernador Covarrubias Villaseñor, como en su momento sucedió con Narciso Agúndez Montaño, cuando en el marco del Segundo Informe del entonces Diputado de Cabo San Lucas, registrado el 6 de julio del 2010, en su discurso político dijo que “ya sabía que estaban tratado de difamar a Arturo De la Rosa Escalante, en lo referente al manejo de los recursos del congreso”, pero “ puedo asegurar que este manejo fue y ha sido con toda claridad, para que no quede ninguna duda de la limpieza y honestidad del compañero”.

Las reacciones

Sobre la denuncia penal interpuesta en contra de Arturo de la Rosa Escalante y sus dos ex colaboradores, el diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Zavala, argumentó que hoy más que nunca estarán al pendiente del desenlace de esta investigación judicial, derivado de que el gobierno de Marcos Covarrubias está exponiendo que quiere aplicar la Ley en contra de todos aquellos ex servidores públicos que delinquieron en el sexenio pasado.

“Por el lado del congreso, tenemos el caso de Arturo de la Rosa Escalante, y esperemos que ahora que terminen de recabar más pruebas y testimonios actúen, porque él como Presidente de la Gran Comisión era el responsable del manejo de los recursos públicos de este Poder Legislativo”, comentó.

El legislador priísta recalcó que incluso en esa denuncia participaron dos diputados del PAN, junto con el PRI y PANAL, y todos están esperando el deslinde de responsabilidades, aunque dijo desconocer si la PGJE ya ordenó un arqueo como prueba pericial para acreditar el desvío de recursos que ya está demostrado en la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

“La PGJE tiene que ser cautelosa, sabemos, pero tiene que aplicar la Ley como lo está haciendo últimamente con ex funcionarios del sexenio pasado, ya que de no hacerlo, caería en contradicciones de actuar contra unos y proteger a otros. Todos parejos, porque la gente está ávida de una justicia pronta y expedita, yo no soy juzgador, pero estaremos muy atentos a que quien tenga una responsabilidad, sea del partido que sea, recibe un castigo penal o administrativo, como debe ser”, opinó.

Por otro lado, el diputado del PRD y Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo, Carlos Castro Ceseña, sostuvo que están analizando retomar el caso de la denuncia penal en contra de Arturo de la Rosa Escalante por el desvío de recursos públicos, justamente ahora que la administración de Marcos Covarrubias está deslindando responsabilidades en contra de ex servidores públicos del sexenio pasado.

“Queremos que la justicia sea pareja, y no que se aplique la Ley en algunos casos sí, y en otros no, si van a deslindar responsabilidades que sea parejo, porque vemos que no están siendo casos jurídicos sino políticos, y lo podemos ver con el caso de Arturo de la Rosa, donde hay evidencias serias y contundentes de los malos manejos y vemos que anda como si nada, ya hasta el señor quiere ser Diputado Federal, y todavía no aclara su participación en el saqueo de su periodo como Presidente de la Gran Comisión”, comentó.

El legislador perredista consideró que sería muy sano para el gobernador y el procurador recuperar la confianza en la justicia, sobre todo por los últimos acontecimientos y detenciones de ex funcionarios.

“Yo no quiero justificar y tampoco eximir de responsabilidades a nadie en la posibilidad de algún delito, pero quiero que la instancia responsable actúe conforme a derecho y castigue a quienes cometieron alguno delito, y desde luego, Arturo de Rosa, no puede quedar impune porque cometió un delito y para muchos de los habitantes de Baja California Sur, es un prófugo de la justicia y debe ser enjuiciado”, señaló tajante.

El diputado del PRD afirmó que pese a que el ex secretario particular del actual gobernador “trae el permiso y la protección de Marcos Covarrubias” y hasta ya quiere ser candidato a Diputado Federal por el PAN, primero debe aclarar su situación porque ante los electores es un prófugo de la justicia.

El legislador recalcó que así como ahora están multando e inhabilitando a ex servidores públicos, la contraloría general del estado debería retomar el caso de Arturo de la Rosa y resolver, conforme a derecho, lo conducente en contra del que llamó “El Gobernadorcito”, porque la sociedad reclama claridad y certeza en este caso, del cual “existen elementos contundentes en esa investigación para que se aplique la ley, como ahora lo están pidiendo en contra de ex funcionarios del PRD.

“Que cada quien asista a su derecho, como establece la Constitución, pero siempre y cuando, se actúe en el marco de la Ley y no se mezclen otros asuntos o haya represalias, porque el caso de él, ya tiene varios meses y no se le ha dado seguimiento al asunto, porque independientemente de que quiera o no ser candidato, es considerado como un prófugo de la justicia, hasta que no aclare los malos manejos”, finalizó.

Tanto el legislador del PRI como el del PRD señalaron que la ley es clara, porque –según el resultado de la auditoría– la sola distracción de recursos públicos, aunque no sea para sí, constituye el delito, y con mayor razón cuando en muchos de los casos no existe comprobante alguno que respalde el egreso de los recursos, lo que exhibe que durante el periodo de Arturo de la Rosa Escalante en el 2009, se dispuso de manera indiscriminada del dinero de la sociedad, como si fueran recursos propios de los administradores.

Los diputados recordaron y citaron que los delitos de peculado y administración indebida están previstos y sancionados por el Código Penal para el Estado de Baja California Sur.

En el artículo 154 se ordena que “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, Municipios, organismos descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito o por otra causa, se impondrán las siguientes sanciones:

“I.- Cuando el monto de lo dispuesto no exceda de mil veces el salario o no sea valuable, prisión de dos a seis años, multa de ochenta a doscientas veces el salario, inhabilitación de seis meses a tres años para desempeñar otro empleo, cargo o función pública y destitución en su caso.

“II.- Cuando exceda del monto señalado en la fracción anterior, la prisión será de seis a quince años, multa de cien a trescientas veces el salario, inhabilitación de tres a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o función pública y destitución en su caso.”

También se considera peculado el hecho de que un servidor público utilice indebidamente fondos públicos para promover la imagen política o social, propia o ajena, o para denigrar a cualquier persona.

Y en el artículo 317 instruye: “Al que teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, obtenga un lucro para sí o para otro, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores, o empleándose indebidamente los bienes o recursos que se le hubiesen entregado, se le impondrá prisión de uno a siete años y multa hasta de trescientos días salario. La administración indebida se perseguirá a querella de parte ofendida”.