José Antonio Agúndez Montaño, hermano del indiciado ex gobernador de Baja
California Sur, Narciso Agúndez, cumple sus promesas de campaña a favor de los
invasores, al introducir servicios y construir obras públicas e infraestructura
urbana en predios en conflicto en el fraccionamiento Paraíso. Para colmo, el
alcalde hace la transa con dinero público.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Cabo San Lucas, Baja California Sur. Primero fue la colonia
Los Cangrejos, después Lomas del Sol, más tarde Caribe Bajo y Caribe Alto,
posteriormente Tierra y Libertad, y hoy es el fraccionamiento Paraíso de esta
ciudad donde el problema de las invasiones sigue sin resolver, convirtiéndose en
un verdadero y jugoso negocio en el que hasta el alcalde de Los Cabos, José
Antonio Agúndez Montaño, participa activamente, con el pretexto del crecimiento
poblacional y las inversiones turísticas.
Al momento, los beneficiados directos de la transa son decenas de
militantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo
(PT), en perjuicio de empresarios e inversionistas.
Desde enero de 2002 y en plena campaña de elecciones intermedias
para renovar alcaldías y diputaciones locales -cuando Narciso Agúndez Montaño
ostentaba el cargo de alcalde de Los Cabos y Luis Armando Díaz buscaba sucederlo
en el poder- en el sexenio del ex gobernador del PRD, Leonel Cota Montaño, la
empresa Provivienda de Los Cabos, S.A. de C.V. fue víctima de la
invasión y despojo de 18 mil 118 metros cuadrados, inscritos en el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos, bajo el
número de foja 19, Volumen XXXVI, Sección 1, con fecha de inscripción del 18 de
diciembre de 1991.
El predio, que forma parte de un polígono de 12 hectáreas, fue
vendido en noviembre de 1991 por Néstor Herrera Ritchie y había sido dividido en
79 lotes, puestos a la venta por la compañía Kuku, S.A. de C.V.,
representada por el empresario Bernard Kuri Eyssautier.
Sin embargo, el 18 de enero de 2002 un grupo de entre 250 y 300
personas inició una invasión masiva y colocó pies de casa de madera y cercos
para delimitar la propiedad. Los transgresores eran encabezados por la entonces
candidata a regidora del Partido Alianza Social, Sindia Salmerón Sandoval, y su
esposo, Gumercindo Luna, así como Carlos de Los Cobos, María Eugenia Alquicira
Rojas, Marcela Márquez, Manuel Ojeda y Jorge Jordán, quienes a su vez, eran
operadores políticos de César Uzcanga Amador y los hermanos Narciso y José
Antonio Agúndez Montaño.
Por esta situación, Bernard Kuri Eyssautier presentó una denuncia
penal por el delito de despojo en la Agencia del Ministerio Público del Fuero
Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El 26 de febrero de 2002, los ocupantes del predio comenzaron a
rendir sus primeras declaraciones ministeriales y a señalar a los responsables
de haber promovido la invasión en el fraccionamiento Paraíso.
Ya investigado y una vez dada la fe ministerial de la invasión
–donde se observaron decenas de banderas del PRD y del PT en las casas de madera
y de cartón levantadas en el predio-, el caso fue consignado al Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Ramo Penal de esta ciudad, quedando registrado bajo la
causa penal 202/02.
Fue hasta el 30 de mayo, es decir, cuatro meses después y una vez
pasado el proceso electoral que llevó a Luis Armando Díaz a la alcaldía de Los
Cabos, cuando el juez de la causa libró las primeras órdenes de aprehensión en
contra de los presuntos responsables. La Policía Ministerial del estado capturó
entonces a las siguientes personas:
- Jesús Casillas Rivera, del PT, regidor suplente de Felipe Moreno
Orozco.
- Jesús Manuel Olvera Márquez.
- Juan Valladares Mujica.
- Mario Galeana.
No obstante, el único no detenido fue Moreno Orozco, quien en ese
momento se desempeñaba como regidor del PT en el Ayuntamiento de Los Cabos, y
que en gran parte tenía la responsabilidad de la invasión como uno de los
orquestadores y promotores.
Asimismo, el juez de la Causa fijó una fianza a Provivienda de
Los Cabos, S.A. de C.V. por la cantidad de 5 millones 374 mil 275 pesos,
como condición para restituirle el goce de sus derechos sobre la propiedad
invadida.
El 17 de diciembre de 2003, la empresa solicitó una reducción de
la fianza indicada por el Juzgado, por lo que se aprobó el pago de 2 millones
487 mil 137 pesos con 50 centavos.
La cantidad fue cubierta hasta el 30 de
agosto de 2005, cuando finalmente la compañía Provivienda de Los Cabos
exhibió la fianza y solicitó la restitución del inmueble, acordándose la entrega
el 31 de agosto de 2005, justamente cuando Narciso Agúndez Montaño tenía seis
meses de haber asumido el cargo de gobernador del estado.
Ya para entonces, el juez de la Causa había ordenado la libertad
de Juan Valladares Mujica y Jesús Casillas Rivera, tras haber pagado una fianza
de 10 mil y 30 mil pesos, respectivamente, por el delito de despojo, además de
que se citó a rendir declaración preparatoria a otro involucrado: Jesús Enrique
Angulo Flores, quien se presentó amparado para no ser detenido, después de
enterarse que el juez había dictado el auto de formal prisión a todos los
implicados.
La negligencia
Una vez cerrado el proceso, el 18 de octubre de 2005, el juez de
la Causa ordenó el desalojo del inmueble para entregarlo a su legítimo
propietario, sólo que la PGJE argumentó maliciosamente no contar con elementos
policiacos suficientes para ejecutarlo, por lo que el caso -a insistencia e
iniciativa del empresario Bernard Kuri Eyssautier- se trasladó hasta el 18 de
noviembre de 2006, es decir, un año después, lapso que el juzgador dejó pasar
benévolamente para que en un evidente acto de protección a los invasores,
declarara oficialmente la prescripción de la acción penal, aunque las
constancias procesales carezcan de fundamente legal y jurídico.
Así, ostentando el cargo de gobernador del estado, Narciso Agúndez
dejó sin efecto -el 21 de agosto de 2006- la medida restitutoria, con el
argumento de que el juez de la Causa declaró la prescripción penal.
Evidentemente, el gobernante salido de las filas de los invasores,
cuya ambición hoy lo tiene al borde de la cárcel por el caso de los siete bienes
inmuebles del Pedregal de Cabo San Lucas, influyó sobre los responsables de la
procuración y administración de justicia, aprovechándose de su cargo, además de
impedir legalmente que se restituyera el bien inmueble, aun cuando ya se había
solicitado el desalojo y dictado el auto de formal prisión.
Durante una breve entrevista con ZETA, el
empresario Bernard Kuri Eyssautier consideró que la decisión del juez de la
Causa de declarar prescrita la acción penal en el sexenio de Narciso Agúndez
Montaño es incorrecta e ilícita, ya que se aparta de las disposiciones legales
que rigen tal figura jurídica; además el juzgador no ejecutó un amparo para que
dictara un nuevo auto de formal prisión en contra de los responsables, acción
debidamente fundada y motivada.
Tan es así que, según el empresario, el 18 de octubre de 2006 el
agente del Ministerio Público del Fuero Común de la PGJE, apeló la decisión del
Juez de la Causa emitida el 20 de diciembre de 2005 y el 27 de marzo de 2006, e
inclusive interpuso un recurso de revocación el 21 de agosto de 2006, como
última instancia legal.
Para colmo de la desfachatez, el juez de la Causa no respondió ni
emitió notificación oficial alguna sobre la apelación presentada por el agente
del Ministerio Público del Fuero Común, aunque extraoficialmente -y de acuerdo a
un trabajador del Juzgado- el caso ya había sido trasladado al archivo muerto en
calidad de asunto resuelto y terminado; es decir, el despojo quedó consumado y
los invasores impunes, gracias a la intervención directa del ex gobernador del
PRD, Narciso Agúndez Montaño, y a las corruptas autoridades que formaron parte
de su banda delictiva en la PGJE y del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Baja California Sur.
La complicidad
Desde entonces y durante el tiempo que ha transcurrido, Luis
Armando Díaz, en su calidad de alcalde de Los Cabos, y actualmente José Antonio
Agúndez Montaño, hermano del indiciado ex gobernador de Baja California Sur,
cumplieron sus promesas de campaña a favor de los invasores de introducir
servicios y construir obras públicas e infraestructura urbana en los predios en
conflicto, y para colmo, con dinero público.
Destaca lo siguiente:
1. Un puente de acceso peatonal, en el que el ex
alcalde de Los Cabos, Luis Armando Díaz, invirtió 273 mil 767 pesos.
2. 75 metros de línea en media tensión y dos
transformadores tipo poste para la instalación de servicios de baja tensión para
la colocación de tableros comunitarios, solicitados por el ex secretario general
de la delegación de Cabo San Lucas, Ángel Rodolfo Márquez.
3. Introducción de servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, autorizados por el ex director del Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
y el presidente municipal vigente, José Antonio Agúndez Montaño. En un primer
paquete se destinaron 178 mil pesos.
4. Hoy por hoy, el Ayuntamiento de Los Cabos
planean implementa un programa de regularización de la tierra y ampliar una
nueva subdivisión, así como lotificar más terrenos dentro del área invadida para
proceder a comercializarlos a otras “familias necesitadas”.
En este caso de abuso de poder están implicados los ex alcaldes
Narciso Agúndez Montaño y Luis Armando Díaz, además del actual, José Antonio
Agúndez Montaño; los ex directores de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel
Rangel Valdez, Elías Nuño Robles e Isaac Castro González; David Green Moreno, ex
director municipal del Catastro, quienes de una u otra manera firmaron permisos
para obras licencias de construcción, uso de suelo, construcción de obras
públicas y cambio de claves catastrales.
Cabe destacar que el empresario Bernard Kuri Eyssautier, por
intervención de la ex alcaldesa de Los Cabos, Mirna Xibillé de la Fuente y el
apoyo del ex delegado de Cabo San Lucas, Gabriel Larrea Santana, firmó un
acuerdo para la venta del predio en cuestión y resolver de una vez por todas
este caso, quedando en que el propietario del inmueble -Kuri-vendería
directamente a los invasores los 79 lotes, a través de créditos para que
pudieran pagar con facilidades.
Por tal motivo, el 19, 21, 23 y 28 de febrero de 2011, el
empresario firmó un contrato de compraventa con los posesionarios de su predio,
sólo que, una vez ganando las elecciones con el respaldo de sólo el 25 por
ciento de los cabeños, José Antonio Agúndez Montaño y su director jurídico, Luis
Sevilla Alatorre, así como la asesora jurídica del nuevo delegado de Cabo San
Lucas y ex asistente del anterior director, América María Parata Castro, en un
acto de mala fe sembraron la incertidumbre entre los invasores para que “no
pagaran”.
Todo esto desencadenó actos como el registrado el 24 de noviembre,
cuando uno de los líderes de la invasión, José Luis López Guerrero, despojó
violentamente de documentos y pagos al corriente a la señora María Teresa Osuna
Rodríguez, argumentando que “Tony Agúndez y los abogados del Ayuntamiento de Los
Cabos, ordenaron que no pagaran nada porque todo era un fraude”, ya que en todo
caso, le entregarían el dinero a un “representante del alcalde” por la venta de
los terrenos.
ZETA solicitó una entrevista con el alcalde de
Los Cabos, pero al cierre de esta edición y como ya se ha hecho costumbre, no
hubo respuesta a la petición para recabar su versión sobre estos hechos.
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