Yenise Tinoco
Las administraciones perredistas en Baja California Sur se han caracterizado
por un exacerbado nepotismo y un férreo control político; se entronizó en las
estructuras de gobierno el tráfico de influencias para hacer dinero, aseguran
opositores
La Paz, Baja California Sur. Familiares de primero, segundo y tercer grado
del gobernador Narciso Agúndez Montaño y del anterior mandatario Leonel Cota
Montaño inundan la administración pública estatal. La red de parientes que
cobran del erario estaría integrada por más de 100 personas.
A decir del
senador Luis Coppola, en Baja California Sur está roto el estado de derecho. “El
nepotismo y la corrupción son la constante en los gobiernos perredistas de
Leonel Cota Montaño (1999-2005) y de su primo, no reconocido, Narciso Agúndez
Montaño”. Según el legislador de extracción panista, el nepotismo también ha
llegado a los gobiernos municipales.
Fuerzas opositoras sostienen que desde su entrada al gobierno municipal
de La Paz, y luego en la administración estatal, Leonel Cota colocó a más de 100
parientes, directos e indirectos, en las nóminas; de ellos, por lo menos 15 en
puestos importantes.
Los hermanos Cota Montaño son el principal ejemplo: Juventino fue
nombrado coordinador de asesores del gobernador, puesto que ostenta hasta el
momento; Rosa Delia, directora estatal del Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia, luego diputada federal y local, y actualmente presidenta municipal de
La Paz.
Además, Alejandro fue nombrado delegado municipal de Santiago, comunidad
natal del exgobernador. En la actualidad, Ariadni Cota Cárdenas, hija del
exlíder perredista, es coordinadora de los actuarios judiciales dentro del
Tribunal Superior de Justicia (en contra de la ley reglamentaria, que exige
contar con título de abogado y carrera judicial: ella no concluyó la
licenciatura y sólo tiene dos años trabajando ahí).
Los parientes de Agúndez
Narciso Agúndez, como
alcalde de Los Cabos, y ahora como titular del gobierno estatal, hace lo propio
ubicando a familiares y amigos cercanos en espacios públicos claves para el
manejo de las finanzas, catastro y procuración de justicia.
Antonio Agúndez Montaño, hermano del gobernador, es el actual director
del Sistema Agua Potable en Los Cabos; Alvino Castro Montaño, primo, director de
Relaciones Públicas; Arturo Sandoval Montaño, tío, director del Instituto de
Vivienda del estado.
Antonio Avilés, exsecretario de Pesca, considera que hay un paralelismo
en los entusiasmos por ser gobernador y empresario a la vez; “y cuando se
mezclan ambas cosas, resulta desastrosa la administración, porque se generan las
suspicacias del tráfico de influencias para beneficio propio”.
Avilés dice que los gobernantes están en su derecho de ser empresarios;
pero que no pueden desempeñar al mismo tiempo ambos trabajos. Si les interesa
más su empresa, que renuncien a la gubernatura, y si lo que quieren es trabajar
por el pueblo, que dejen de lado su visión empresarial.
Valentín Castro, presidente del Frente de Lucha Ciudadana ¡Ya Basta!,
considera que la política en Baja California Sur tiene características “de una
mafia”. Agrega que lo que viven en el estado es una cuasidictadura,
donde la única verdad que debe existir es la que los gobernantes imponen, ya que
tienen un Congreso local “maniatado”.
El artículo 8, fracción XIV, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos dice: “Abstenerse de intervenir o
participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación,
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o
de negocios”.
Excesos y complicidades
El supuesto nepotismo no es
la única falta que se comete en Baja California Sur. Denuncias, excesos y
complicidades rodean la administración de los perredistas.
El actual presidente municipal de Los Cabos, René Núñez Cossio, se vio
envuelto en un escándalo sexual durante el proceso electoral para renovar
alcaldías, en febrero pasado. En la página de internet de You Tube se
exhibe un vídeo del entonces candidato perredista sosteniendo relaciones
sexuales con una mujer.
En ese mismo sitio hay un vídeo del ahora procurador Fernando González
Rubio, cuñado de Rosa Delia Cota. En la imagen se aprecia con nitidez su
participación en la detención de unos supuestos secuestradores. Los ciudadanos,
al decir que conocían al gobernador y le organizaban comidas, fueron embestidos
a golpes por el funcionario, con ayuda del que en ese momento era el
subprocurador, Lenin Rodríguez.
El senador Luis Coppola comenta que, durante esa detención, una mujer con
cuatro meses de embarazo también fue golpeada. Luego abortó. Quince días después
del suceso, Lenin Rodríguez fue nombrado secretario de Seguridad Pública
estatal.
Fuera, libertad de expresión
En enero pasado, entre
gritos y groserías, Agúndez corrió del Palacio de Gobierno al reportero Elíseo Zuluaga, del Diario Peninsular. El periodista le preguntó su opinión
acerca del vídeo “pornográfico” que involucraba al entonces candidato a la
alcaldía de Los Cabos.
Víctor Guluarte, presidente estatal del Partido Nueva Alianza, comenta
que el gobernador mantiene un “desprecio por la libertad de expresión; y más,
por los medios críticos a su gobierno”.
El también exsecretario de gobierno asegura que, cuando se realiza un
evento donde participa el gobernador Agúndez, se “pone un filtro” para evitar
que entren periodistas “incómodos”. El “operativo” se lleva a cabo aun en
recintos públicos.
Agrega que, gracias al poder que la clase política dominante ejerce en el
estado, se mantiene por más de 10 años en el gobierno. Comenta que en las
pasadas elecciones intermedias ganaron por la gente que ellos mismos
credencializaron, que llega de otros estados a trabajar, y ubican en
asentamientos urbanos irregulares.
Luis Coppola dice que en Loreto el gobierno estatal
credencializó a los 3 mil empleados que trabajan en la empresa Loreto
Bay, y fueron los que hicieron ganar al Partido de la Revolución Democrática en
el municipio. Los trabajadores tienen la promesa de obtener un pedazo de tierra
en la región.
Denuncias penales
Luis Armando Díaz, secretario de gobierno, fue juzgado por el delito de
despojo en Ensenada, Baja California. El asunto se encuentra registrado en el
Juzgado Tercero Penal del Partido Judicial de Tijuana, con causa penal 370/92;
el delito imputado: despojo y daño en propiedad ajena; ofendido: Jorge Ibarra
González.
El exalcalde de Los Cabos fue procesado porque invadió violentamente un
predio de 121 hectáreas del rancho Martínez, ubicado en el Cañón del Padre en
Tijuana, confirmó a El Peninsular (8 de diciembre de 2007) Tomás Castan
Bojorquez, líder de la colonia Patria en la citada ciudad.
Díaz fue detenido en octubre de 1992. Salió bajo fianza, luego de pagar 1
millón de pesos, depositados en el juzgado por Alejandro Moreno Berry.
Prima acusada de nepotismo
El pasado 8 de marzo,
trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública,
agremiados a la delegación D-III-I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), acusaron a Rosalía Montaño ante Agúndez de nepotismo y de
maltrato al personal a su cargo; el mandatario estatal ordenó que se iniciara
una investigación.
Montaño Acevedo, prima hermana de Leonel Cota, se desempeñó durante la
actual administración como secretaria de Educación Pública, a la cual renunció
por la investigación que realizan la Contraloría y la Oficialía Mayor del
estado.
Norma Peña, representante de los empleados administrativos de la
dependencia, denunció que Loreto Gerardo Aguilar, cuñado de la exfuncionaria, es
el director de Educación Básica; su primo, Jaime Olmos Montaño, coordinador de
Carrera Magisterial, y su hermana Isela, coordinadora de Red de Acciones
Educativas.
En venta transporte público
Los señalamientos
públicos alcanzan al exgobernador y exlíder del PRD. Cuando se desempeñó como
alcalde de La Paz, Leonel Cota Montaño vendió el transporte público municipal a
una empresa privada. Valentín Castro asegura que el entonces edil no obtuvo el
permiso del cabildo para llevar a cabo dicha acción, sólo le autorizaron
concesionarlo.
La empresa beneficiaria de la venta, sin licitación, fue Autotransportes
Águila, que entre sus socios tenía a Javier González Rubio Cerecer, esposo de
Rosa Delia Cota Montaño, y entre sus trabajadores a Carmen Cota Montaño, hermana
de Leonel.
Además, en mayo de 2004, todavía como gobernador, concretó la venta de un
pedazo de tierra insular, conocido como “El Mogote”. Se vendieron 350 hectáreas,
a 13 pesos por metro cuadrado: 45 millones de pesos, a Luis Cano Hernández.
Dicho predio –de acuerdo con la escritura 201, volumen especial 5, del
notario 1, Armando Aguilar, del 16 de julio de 1984 (20 años antes)– había sido
adquirido por el gobierno estatal a Alfonso Olachea Borbón en 49 millones de
pesos, lo que representaría 5 millones de pesos nominales menos que en lo que
fue vendida al empresario sinaloense.
Jorge Ledezma, periodista local, dice que a través de numerosas
solicitudes de información, tanto al gobierno del estado como al Congreso local,
se ha podido confirmar que el expediente oficial de la compraventa
“desapareció”. Además, se desconoce el número de cuenta en la que fue depositado
el cheque de los 45 millones.
Cota también vendió 72 hectáreas del Cerro de la Calavera, a cuatro pesos
por metro cuadrado a una empresa inmobiliaria. Luego de urbanizar el lugar, la
empresa vende el metro a 200 dólares.
Cota, por encima de la PGJE
A principios de diciembre
de 2006, los medios de comunicación locales dejaron constancia de la detención
del escolta personal de Leonel Cota, Ricardo Abad Burgoín Olachea, quien fue
denunciado por alumnos del CBTIS 62 por masturbarse a bordo de su vehículo, una
Explorer color blanca, cerca del centro educativo.
Burgoín fue detenido por elementos de seguridad pública del municipio de
La Paz; uno de ellos fue agredido físicamente por el escolta, quien traía en su
camioneta cientos de cartuchos útiles de diferentes armas, reservadas para el
uso exclusivo del Ejército, dos AK-47 y de equipo de espionaje.
Se abrió la averiguación previa número LPZ/0494/DET/2006 por la
Procuraduría General de Justicia del Estado. Unos días después de la detención,
Burgoín pagó una fianza de 2 mil 500 pesos y quedó libre. Esto ocurrió luego,
aseguran los medios locales, de que Leonel Cota solicitara la inmediata
liberación.
Para la realización de este trabajo Contralínea solicitó
entrevista con el gobernador Narciso Agúndez; sin embargo, al cierre de esta
edición no hubo respuesta.
Los
parientes de Leonel durante su gobierno
|
Los
parientes de Narciso durante su gobierno
Antonio
Agúndez Montaño
|
Hermano
|
Director
del Sistema de Agua Potable en Los Cabos
|
Albino
Castro Montaño
|
Primo
|
Director
de Relaciones Públicas del gobierno del estado
|
Arturo
Sandoval Montaño
|
Tío
|
Director
del Instituto de Vivienda
|
Javier
González Rubio Cerecer
|
Esposo de
Rosa Delia
|
Secretario
particular de Agúndez cuando éste fue alcalde de Los Cabos
|
Alfredo de
la Rosa Escalante
|
Pariente
político
|
Director
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado
|
Arturo de
la Rosa Escalante
|
Pariente
político
|
Diputado
presidente del Congreso local
|
Jerónimo
de la Rosa Escalante
|
Pariente
político
|
Regidor en
Comondú
|
Noé de la
Rosa Escalante
|
Pariente
político
|
Director
de Planeación y Evaluación Educativa
|
Parientes no reconocidos de Cota y Agúndez
Jorge Miguel Cota. Leonel lo impulsó para que fuera secretario general de la
sección 3 del SNTE; Agúndez lo llevó a la diputación local por el quinto
distrito
Jesús Salvador Meza, director de contabilidad de la Secretaría de Finanzas
Arturo Marrón, subdirector de Administración de Recursos Materiales del
gobierno estatal
Alberto Vázquez, director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
José Manuel González, director de Informática
Israel Alejandro Cota, funcionario de Acción Cívica
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104
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