Imanol Caneyada /
Cuando el río suena es que al ISAF se le acumulan las denuncias. Esta tragedia porteña encabezada por su alcalde, César Lizárraga, va camino de convertirse en farsa por la cantidad récord de supuestos casos de corrupción que acumula la actual administración de Guaymas.
Al asunto de las luminarias, del terreno a nombre de la madre del presidente municipal y de la irregular compra de vehículos, se le suma otra denuncia que un grupo de guaymenses ha interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el ISAF, la Contraloría General del Estado, la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno Federal.
Esta vez el supuesto fraude lo cometió el Ayuntamiento de Guaymas contra el Subsemun por valor de casi un millón de pesos destinados a la compra de uniformes para la policía municipal.
El Subsemun es un programa federal que instrumentó el gobierno de Felipe Calderón para dotar de recursos a los municipios en el rubro de seguridad pública, en el marco del combate contra el crimen organizado.
Con recursos de esta partida, según consta en el acta de Cabildo del 23 de diciembre de 2010, los regidores aprobaron por unanimidad la propuesta que hizo la empresa Ozi Productos y Servicios SA de CV para adquirir uniformes de policía y uniformes tácticos por valor de 989 mil 468 pesos.
Otras cuatro empresas habían entrado en competencia para adjudicarse el servicio: EZ Export Industrial Supli, Comercializadora Mercanova SA de CV, Textiles Jalapa SA de CV y Uniformes y Accesorios de México.
No obstante, por la ubicación, la calidad, el precio y las condiciones de pago, la beneficiaria fue Ozi Productos y Servicios SA de CV.
A pesar de que el acta de cabildo al que se hace referencia está fechado en diciembre de 2010, no es hasta un año después, el 03 de noviembre de 2011, que aparece publicada en el Boletín Oficial de la Federación la convocatoria pública nacional número 001, para la adquisición de uniformes y equipo de protección para equipamiento de Policía y Tránsito Municipal, realizada por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Guaymas.
De esta y otras irregularidades en la adquisición del mencionado equipo dio cuenta en oficio fechado el 22 de noviembre de 2011 Irma Gabriel Echeverría Soto, directora de Recursos Materiales y Servicios del Ayuntamiento de Guaymas. La denuncia iba dirigida a Carlos Tapia Astiazarán, secretario de la Contraloría General del Estado.
Dos días después, el titular de la dependencia le daba respuesta en el sentido de que, “si bien es cierto que presenta usted y los demás firmantes un escrito en el cual hace manifestaciones que podrían ser constitutivas de alguna responsabilidad administrativa, esta Secretaría de la Contraloría General es muy respetuosa de la autonomía de los municipios, por lo que, al tratarse de una contratación hecha con recursos provenientes del Subsidio de Seguridad Pública Municipal 2011 (SUBSEMUN), mismo que es de origen FEDERAL, le informo que dicha contratación y las consecuencias derivadas de la misma, pueden ser competencia de la Secretaría de la Función Pública (...) toda vez que la dependencia a mi cargo no cuenta dentro de sus atribuciones el dar curso y seguimiento de ley a su denuncia”.
Los ciudadanos constituido en la asociación civil Guaymas tu Puerto, le tomaron la palabra al secretario y efectuaron la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, además de redactar una carta dirigida al presidente de la República en la que denuncian que el dinero destinado a los uniformes nunca se aplicó y que la empresa beneficiaria es espuria.
Pago inmediato y domicilio abandonado
Las pruebas que aporta la asociación Guaymas tu Puerto para demostrar el delito de peculado en que supuestamente incurrió el Ayuntamiento de Guaymas son las siguientes:
La factura número 1271 emitida por la empresa Ozi Productos y Servicios SA de CV, cuyo domicilio fiscal es Ignacia E. de Amante Nro. 58, entre Coahuila y Everardo Monroy, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, por valor de 989 mil 469. 44 pesos. La factura tiene fecha del 31 de diciembre de 2010.
La orden de compra número 2122401 del ayuntamiento del puerto autorizada por la Oficialía Mayor por la misma cantidad, fechada el 24 de diciembre de 2010.
Una serie de fotografías que muestran que el domicilio fiscal de la supuesta empresa es una casa abandonada, y el testimonio de que la Policía Municipal de Guaymas, un año después, sigue sin recibir los uniformes adquiridos.
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