· Incertidumbre para el 2012
Columna semanal del periodista Miguel Badillo
Con incredulidad de que Felipe Calderón
terminaría su gobierno hemos llegado al 2012 y este podría ser el último año del
panismo en el poder. Han transcurrido 11 años de administraciones panistas para
el olvido (seis de Vicente Fox y cinco de Felipe Calderón) y todavía falta uno
más, quizás el más duro por ser año electoral, para completar la docena trágica
del PAN.
El balance de estos 11 años es
catastrófico: violencia y temor en todo el país con miles de muertos (niños,
mujeres y ancianos incluidos) que nada tenían que ver con el crimen organizado y
fueron asesinados en fuego cruzado, daños colaterales dice el ocupante de Los
Pinos; otros miles de mexicanos están desaparecidos, secuestrados, levantados,
torturados, detenidos y amenazados; la pobreza extrema sigue creciente; el
analfabetismo que a nadie interesa, alcanza entre el 10 y 15 por ciento de la
población; el desempleo aumenta en campo y ciudades, en consecuencia la
migración sigue; muchas empresas en crisis despiden a sus trabajadores o
simplemente cierran sus puertas; el poder adquisitivo de los trabajadores
acumula ya muchas pérdidas; la descomposición social continúa y eso provoca
mayor desintegración familiar; los problemas en educación, salud y vivienda no
cesan.
Por si faltara algo, la corrupción
gubernamental está incontenible y alcanza a todos los sectores, a todas las
secretarías, a todas las paraestatales, a todos los órganos descentralizados.
Tampoco se escapan de este mal otros poderes como el Judicial y el Legislativo.
Lo más preocupante en los tres órganos de gobierno es la impunidad.
Nadie hace
algo en contra de ella y su reflejo es la falta de justicia en México, sobre
todo para los más pobres y desprotegidos; los otros, los ricos y los corruptos
simplemente la compran.
Apenas el 5 por ciento de los delitos son atendidos y
resueltos en tribunales; es decir, 95 por ciento de la delincuencia opera
impunemente ante la anuencia del gobierno, sean ladrones, defraudadores,
narcotraficantes, funcionarios corruptos, empresarios cómplices, violadores,
asesinos y lavadores de dinero.
Es en este panorama desolador como
arribamos al 2012, con un presidente de la República que fácilmente amenaza
cuando se siente débil y desprotegido; que usa las instituciones y los órganos
de gobierno a su antojo para dar impunidad y otorgar perdones
extrajudiciales.
Así, 2012 inicia con un proceso electoral
en puerta para definir qué grupo político se acomodará en el poder y con todo y
amigos manejar las arcas públicas y el destino de la nación.
Si hacemos caso a
las dudosas encuestas, muchas de ellas amañadas por el mejor postor, debemos
creer que el PAN no tendrá una oportunidad más para seguir en la Presidencia y
que los votantes lo castigarán por su equivocado gobierno, por lo menos no en
muchos años, y que será otra vez el PRI o por fin un bloque de partidos
autollamados de izquierda, los que tendrán una nueva oportunidad de ascender al
poder, siempre y cuando en Los Pinos respeten el voto de la población y dejen de
intervenir como ocurrió hace seis años con Vicente Fox para impedir unas
elecciones democráticas y limpias .
Por eso a cualquiera de estos grupos
políticos de oposición que llegue a Los Pinos, si se cumple lo del voto de
castigo al PAN, lo mínimo que debemos exigirle es justicia social para los más
pobres y desprotegidos del país, sumada a la libertad de expresión y a la
libertad de prensa, así como transparencia en todas las acciones de
gobierno.
Un buen principio sería que el próximo
gobierno se interesara por acabar con el analfabetismo; mejorar el sistema de
salud pública y que este alcanzara a todos los mexicanos; elevar los
presupuestos en educación y aumentar la matrícula en escuelas básicas, medias y
superiores; disminuir el gasto público de la burocracia, mediante la reducción
de salarios de directores generales hacia arriba y eliminar gastos de
representación como alimentos, telefonía, vehículos, seguros; desparecer
secretarías de Estado que son elefantes blancos y sólo sirven para abultar el
gasto presupuestal; combatir la corrupción y eliminar la impunidad; vigilar que
los presupuestos a programas sociales se cumplan y se entreguen. Este es mi
deseo para 2012.
Calderón y la soberanía
Un hecho que por lo menos hace dudar de la
intención de Felipe Calderón de acabar con las bandas del crimen organizado y el
narcotráfico, es su desinterés y omisión por combatir el delito de lavado de
dinero producto de muchos ilícitos.
Durante los cinco años que lleva al
frente del gobierno federal, son nulos los resultados para procesar a los
blanqueadores de dinero sucio, independientemente que los recursos mal
habidos provengan del tráfico de drogas, del secuestro, la trata de personas,
los fraudes financieros o hasta de robos.
El caso es que en México prácticamente no
hay delincuentes sentenciados por lavar dinero en los circuitos
financieros mexicanos, ni tampoco por introducir dinero sucio en sectores
estratégicos como el turístico.
Mucho menos imaginar que dueños o directores
generales de bancos, casas de cambio o hasta aseguradoras, la mayoría de ellos
en manos extranjeras (salvo Banorte, propiedad del priísta Roberto González
Barrera), pudieran ser investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o la Procuraduría General de la República, porque las instituciones
financieras son utilizadas para blanquear el dinero sucio y financiar
actividades criminales.
Sin resultados judiciales en esa área
vital para la delincuencia organizada, es comprensible creer que el gobierno
federal miente cuando expresa que le ha declarado la “guerra” a las bandas del
narcotráfico, por la sencilla razón de que las finanzas de los cárteles de la
droga están intactas.
Imaginemos un escenario en donde los cárteles de las
drogas no tuvieran dinero para comprar armas, contratar sicarios (mexicanos y
extranjeros), sobornar funcionarios, policías y jueces corruptos, comprar las
drogas que transportan desde Suramérica o chantajear y amenazar a campesinos
para obligarlos a sembrar mariguana.
Entonces si todos los órganos de
procuración de justicia del gobierno federal combatieran el blanqueo de
capitales, eso es lo que ocurriría y las autoridades gubernamentales
tendrían realmente una oportunidad para vencer al crimen
organizado.
Sin embargo eso no sucede y el tránsito de
dinero sucio producto de muchos ilícitos se presenta en todas las áreas y
sectores, ante la anuencia del gobierno federal que ha visto en esos recursos
ilícitos una ayuda a la alicaída economía mexicana y tal vez sea esto por lo
cual ha decidido permitirlo y no combatirlo como sucedería en cualquier país de
leyes y justicia.
Pero ese vacío abierto por las autoridades
mexicanas ha sido llenado por organizaciones policiales de Estados Unidos, como
el Departamento del Tesoro; Aduanas; la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en
inglés), la Agencia de Inteligencia Central (CIA) y la Oficina Federal de
Investigación (FBI), todas interesadas en los recursos que se blanquean en
México, pero muy poco efectivas con el dinero sucio que entra a su país, lo que
lo coloca como el principal centro de lavado de dinero del mundo, y en
donde se calcula que la cifra rebasa los 100 mil millones de dólares por
año.
El caso más reciente, como comentamos hace
unas semanas, es el de la corrupta agencia antidrogas DEA, la cual vino a México
a lavar dinero junto con los cárteles del narcotráfico, pues al fin de
cuentas aquí nadie investiga ese delito y mucho menos lo
persigue.
Es precisamente este tema al que se
refirió hace unos días la vocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, quien
rechazó que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de
lavado de dinero que realizaron en México agentes de la DEA, como parte
de una supuesta lucha contra el narcotráfico, según reportó la agencia
gubernamental Notimex.
El pasado 11 de diciembre, Alejandra Sota
declaró en Washington en el programa Al punto (de la cadena Univisión), que “no
sabía el gobierno mexicano [del hecho], y es importante resaltar que hemos
iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República,
para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este
involucramiento”.
Antes de eso, el precandidato panista a la
Presidencia de la República, Ernesto Cordero, había dicho que se tenían que
investigar esas operaciones encubiertas de la DEA en territorio nacional. Es
decir que, como secretario de Hacienda –cargo que ocupó hasta el 9 de septiembre
de 2011–, tampoco se enteró de alguna operación conjunta entre autoridades de
Estados Unidos y México, con el propósito de combatir el blanqueo de
capitales.
Más claro no puede ser que el gobierno de
Estados Unidos y sus cuerpos policiales y de inteligencia hacen en México lo que
quieren, violan las leyes y la soberanía, entran armados y salen del país sin
autorización algunas y sin reclamo de nadie, con lo cual violan la Constitución
y las leyes mexicanas.
Como sabemos fue el diario The New York
Times el que reportó que agentes de la DEA han estado lavando y
contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de
las drogas, como parte de una supuesta lucha contra el
narcotráfico.
De acuerdo con el diario, en algunos casos
agentes de la DEA llegaron a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a
la semana y otros agentes mexicanos, acompañados por estadunidenses, se han
hecho pasar por contrabandistas y así recogen el dinero en
México.
Cuestionada sobre la supuesta
participación de agentes mexicanos en la operación de la DEA, la vocera de
Calderón reiteró que “definitivamente es algo que se tiene que investigar, pero
de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las
autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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