CONFESIONES DE UN PENALISTA SINALOENSE

Emigra abogado que denunció a los jueces Sámano Bazúa y Camacho Mérida Cayetano Osuna La mañana del domingo 18 de diciembre, una ambulancia partió de Mazatlán llevando en su interior a Nicanor Bautista Ramírez, abogado penalista, de 51 años de edad, asesor jurídico de Contrasilencio, A.C., rumbo a su tierra natal, Morelia, Michoacán, de donde salió en el año 2003. De acuerdo con la opinión médica, el estado de salud de Bautista Ramírez era considerado grave pues la diabetes que lo había postrado en la cama desde hacía tres meses, había ocupado sin tregua los órganos vitales del paciente. Por esa razón la familia del litigante radicada en el estado de Michoacán consideró urgente trasladarlo a dicho lugar para atenderlo de su enfermedad. El viernes 16 de diciembre que Ríodoce se enteró que uno de los abogados que denunció penalmente a Javier Sámano Bazúa y Juan Camacho Mérida, entonces jueces especializados en los juzgados Primero y Segundo Civil, en Mazatlán, respectivamente, por los presuntos delitos contra la administración de la justicia (dictar acuerdos contrarios a la ley), abandonaría la ciudad, le solicitó una entrevista para que hablara sobre los presuntos jueces corruptos. —Licenciado, el “gobierno del cambio”, emulando al clero católico que al saber que algunos de sus sacerdotes son acusados de pederastas, nomás los cambia de parroquia, así fueron cambiados de adscripción hacia Los Mochis y El Fuerte Sámano Bazúa y Camacho Mérida —recuerda Ríodoce al penalista. —Te voy a decir una cosa: si nosotros de verdad queremos un cambio en el país y por ende en Sinaloa, para que las cosas funcionen realmente lo que debe hacerse es aplicar la ley y aplicar la ley no significa cambiar de adscripción a unos delincuentes con placa, como son estos jueces. Porque lo único que están haciendo es fomentar más la corrupción, sabiendo que no son castigados por lo que han hecho o los delitos que han cometido, pues con más ganas lo siguen haciendo. Porque es una manera de protegerlos. Pero no solo es el gobierno de Malova (Mario López Valdez) en este caso el gobernador que los cambió de lugar, sino también el propio Ministerio Público, con una figura pública que se llama prescripción. —En la jerga jurídica, ¿qué significa prescripción? —Prescripción… es que por el simple transcurso del tiempo desaparece el delito, ya no son castigados porque el tiempo pasó. El Ministerio Público, lo que hace es darle largas, largas y largas al asunto, hasta que pasa el tiempo de la prescripción y dice: ya prescribió. Pero no resolvieron, sino que simplemente dejaron que pasara el término que la ley establece. —Es una manera de solapar a los funcionarios públicos acusados de corrupción… —Es una manera de protegerlos. O sea que la figura de la prescripción, en este caso, es la perfección de la ilegalidad, con eso perfeccionaron la manera de brincarse las trancas. Ahora, por otro lado, el presidente Felipe Calderón, ¿qué hace a nivel nacional? Crea una procuraduría de víctimas, la procuraduría de víctimas es una burla, una ofensa, una bofetada lo que hace. —¿Burla y bofetada como el cambio de adscripción de Sámano Bazúa y Camacho Mérida? —Así es, porque tanto uno como el otro no castigan a los malos funcionarios, sino que ahora, en el caso de Províctima, va a hacer el trabajo que no hace al que le corresponde. El agente del Ministerio Público no hace el trabajo, ¡ah!, ve a Províctima, ¿para qué?, para que te acompañe a desahogar tus pruebas, te acompañe a eso o a aquello. No se trata de eso, se trata de agarrar al funcionario que no cumplió con su deber y castigarlo. En primera suspenderlo, en segunda seguirle un proceso, encarcelarlo y hacer que pague los daños a la víctima. —¿Ese mismo procedimiento es el que se debe aplicar a Sámano Bazúa y a Camacho Mérida? —¡Exactamente! Porque tanto esto como lo que está haciendo Calderón son una burla. Perdonando mi expresión: es una reverenda mamada. Nunca soluciona nada y así la impartición de justicia no va a funcionar jamás. —Juan Camacho Mérida y Javier Sámano Bazúa, ¿cómo eran como jueces aquí en Mazatlán? —Muy corruptos los dos. Porque simplemente si tenías la razón, se las decías con base en la ley, y ellos dictaban acuerdos contrarios a la ley. —¿Y la Contraloría qué hacía? —Ay, amigo, se queja usted a la Contraloría Interna, tampoco hacen nunca nada. Porque el castigo queda en manos de ellos mismos. Son juez y parte, es un círculo vicioso que jamás vamos a salir de allí. —¿Cuántos años batalló con estos jueces que usted acusa de corruptos? —Desde que yo llegué aquí a Mazatlán en el 2003. Sámano Bazúa es tan corrupto que aquí en el puerto le decían el Trescientos y él sabe bien a qué me refiero, a la época de cuando él daba clases en la Escuela de Derecho. Sámano Bazúa según daba clases de la materia sobre delitos sexuales y que pregunte Ríodoce a las jóvenes estudiantes las propuestas que les hacía el entonces profesor para poder pasarlas en su materia. Ellas se quejaban conmigo. —¿Y usted nunca protestó con el director de la Facultad de Derecho? —En ese entonces había directora. Yo se lo dije a Diana Garzón: ¿cómo es posible que pongan a Sámano Bazúa a dar clases, si es el primer delincuente que viola las leyes? —¿Y qué le contestó la directora? —Se quedaba callada. Incluso, Diana Garzón me dijo un día: que si dejaba los asuntos del ingeniero Raúl Peña Farber (su cliente defendido, cuyos juicios por obra de la corrupción no avanzan en los tribunales), que manejaba el juez Sámano Bazúa, me daba la base en la Escuela de Derecho de la UAS. Y como no quise me quitaron los diplomados y los seminarios. —¿Qué materias impartía usted? —Yo impartía Derecho Penal. También di Derecho Constitucional, Amparo y Garantías. —¿Por qué querían que usted no defendiera al ingeniero Raúl Peña Farber? —Porque a Peña Farber le cobraron varias veces una misma deuda. Sámano Bazúa, le cobró pagarés, le cobro por un contrato. Las averiguaciones y los procesos que tiene el ingeniero Peña Farber nunca avanzaron. —¿Es cierto que usted denunció penalmente al juez Sámano Bazúa? —Hay una denuncia penal en contra de Sámano Bazúa, que es la averiguación previa 221/2004, en la agencia tercera y en el archivo causó prescripción. —¿De que acusaba al juez Sámano Bazúa? —El señor cometió delitos contra la administración de justicia. —¿Puede ser más concreto sobre esos “delitos” cometidos por el juez? —Aquí lo que hizo este señor es que sin poder dictar ya resoluciones, las dictó, en contravención, si mal no recuerdo, al 326. Yo lo denuncié por eso. Y a pesar de que aportamos todas las pruebas, siempre buscaban una manera de zafarlo. Lo protegieron a capa y espada. Y ahora me salen que le resuelven archivo por prescripciones de la acción penal. —¿Cuándo le notificaron? —Te estoy hablando que me notificaron en julio, pero en realidad la resolución salió desde diciembre de 2010. Supuestamente cuando vivía todavía Lolis, a la funcionaria judicial que mataron. Según firmó ella esa resolución y obviamente no puede firmarla después de muerta. —A María Dolores Guzmán Ramírez, jefa de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional de Justicia en la Zona Sur, la asesinaron el 29 de noviembre de 2010. —Según ellos (los solapadores de los jueces) supuestamente ella firmó antes de que la mataran. Pero me vienen a notificar hasta julio, cuando la ley es muy clara: se deberá notificar durante las 24 horas siguientes. Y estamos hablando de que pasaron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Siete meses después. Y no nos querían dar copia de la resolución, porque es la estrategia del MP. —¿Para qué quería copia de la resolución? —Es de vital importancia, porque para defenderte tienes que tener copia de la resolución. Y nomás vinieron y notificaron diciendo: se dictó una resolución. Sí, pero ¿qué?, ¿qué contiene, qué dice (dicha resolución)? Tuvimos que irnos al amparo y solamente por medio del amparo los obligamos a que nos dieran copia. —¿Qué hizo usted luego que obtuvo la copia de la resolución? —Una vez que tuvimos la copia, se metió un recurso de revisión que se mandó a la Procuraduría y en menos de dos días resolvieron y confirmaron el archivo de la prescripción. Ahorita estoy esperando que me notifiquen ese archivo y a pesar de que ya lo pedí en dos ocasiones no me lo han dado. Fue el 18 de noviembre. Y no me han notificado. —¿Y aquí a quien correspondía notificarle y qué hará con dicha notificación? —A la Agencia Tercera. Me urge, porque yo necesito que me notifiquen eso para irme a un amparo. —La red de corrupción que permea al Supremo Tribunal de Justicia en el sur del estado, ¿también brincó a otros poderes? —La mafia, porque actúan como la mafia, ha permeado hasta el Poder Judicial federal. La corrupción ha alcanzado a jueces federales. —¿Usted qué cree que puede pasar si el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en vez de castigar a los jueces corruptos los cambia de adscripción? —Lo único que va a pasar, no solo aquí en Sinaloa, sino en el país, es lo que ocurrió en la obra teatral Fuenteovejuna: que los ciudadanos se tomen la justicia por sus propias manos. —¿Los ciudadanos ya no creen en las instituciones encargadas de impartir justicia? —Ya no creen, porque algunos jueces encargados de impartir justicia están permeados por la corrupción. —¿Y con Camacho Mérida cuál fue su experiencia personal como abogado? —Con este corruptazo también tuve la misma experiencia, porque el juez Juan Camacho Mérida era el acople del juez Javier Sámano Bazúa. Se aventaban el asunto uno y otro. Eran acoples los dos y delincuentazos con placa. —Y en vez de aplicarles la ley, el “gobierno del cambio” los cambió de adscripción. —Así es, Yo le pregunto al gobernador Mario López Valdez: ¿ese es su cambio prometido? Cuando hay gente muy capaz, gente muy honesta, en vez de castigarlos los cambió de adscripción. —En un verdadero estado de derecho, ¿que procedía con estos jueces? —Legalmente deberían estar suspendidos, procesados, encarcelados y obligarlos a pagar los daños que han causado a las víctimas. “Legalmente (los jueces Sámano Bazúa y Camacho Mérida) deberían ser procesados, encarcelados y obligarlos a pagar los daños que han causado a las víctimas”. —Abogado penalista.