Por tortura, 60% de quejas ante la CNDH
Comandante de la segunda Región rechaza abusos
Sólo una recomendación a la Sedena
Mexicali, BC, 25 de diciembre. Durante los tres años recientes,
cada tres días, en promedio, se ha presentado una queja por abusos de militares
contra la población civil de Baja California. La mayoría son por tortura.
En enero de 2007 el despliegue de soldados en las calles de Baja California
llevó tranquilidad y confianza a los habitantes de esta frontera, que se
encontraba sitiada por una guerra entre cárteles de la droga. Sin
embargo, dos años después comenzaron a reportarse los primeros abusos de
soldados en perjuicio de la población civil con la excusa de realizar
operativos contra el crimen organizado.
El general Alfonso Duarte, comandante de la segunda Región Militar, que
comprende Baja California, Baja California Sur y Sonora, rechazó estas
acusaciones y reconoció que sólo hay quejas por allanamiento de morada de
personas señaladas como presuntos delincuentes y sus familiares.
En Baja California los organismos de defensa de los derechos humanos
comenzaron a recibir quejas por los operativos militares, sobre todo
por casos de tortura, cateos y detenciones ilegales, robo, privación ilegal de
la libertad, desaparición forzada de personas, y homicidios.
De 2009 a septiembre de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) recibió 314 quejas por atropellos de militares en Tijuana, Mexicali y
Ensenada.
Estas conductas contravienen los tratados internacionales que el
gobierno mexicano ratificó en junio de 2011. La Procuraduría de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH) recibió 63 de estas
quejas.
La CNDH y la PDH recibieron las quejas de ciudadanos que descartaron recurrir
a las autoridades castrenses o al Ministerio Público por temor a represalias o
confabulación de instituciones.
Este miedo ha afectado la integración de expedientes sobre los abusos; de ahí
que sólo una de esas quejas por tortura se convirtió en una recomendación para
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante las denuncias por tortura, los organismos de derechos humanos decidieron
recurrir al Protocolo de Estambul para verificar los testimonios de los
denunciantes, según los cuales militares y policías utilizan golpes, toques
eléctricos, inmersión en agua y amenazas de muerte a familiares para obtener
alguna confesión o incriminar a los detenidos.
Uno de los 102 casos denunciados entre enero y agosto de este año fue el de
un empresario acusado de delitos contra la salud y posesión de armas.
“Fui
detenido por los soldados. Me empezaron a pegar en la cabeza y en el estómago.
Me dijeron: ‘ya valiste madre, cabrón’. Me pegaron en la planta de los pies con
una tabla, me dieron toques eléctricos en los testículos.
Escuché que alguien
decía: ‘este güey no va a aguantar’. ‘Pues ni pedo. Si no aguanta lo tronamos.
Total, una basura más al basurero’. Me pusieron una bolsa de plástico en la
cara. Llegó quien dijo ser Ministerio Público. Me pusieron una pistola en la
sien y me obligaron a firmar una declaración”.
Seis de cada 10 quejas presentadas ante la CNDH se relacionan con tortura.
En
el mismo periodo la PDH emitió tres recomendaciones por la misma causa contra la
policía ministerial y una contra la policía de Tijuana durante la gestión del
teniente Julián Leyzaola, actual jefe policiaco de Ciudad Juárez,
Chihuahua.
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