En Seguro Social y Hospital General, muertos por errores
Prácticas médicas inadecuadas, integración de expedientes clínicos deficientes, venta de servicios, aunado a la falta de atención oportuna, trato irrespetuoso y una recurrente falta de medicamentos en las instancias de salud pública, son las principales quejas de pacientes que ven en las representaciones de Derechos Humanos la única opción viable para el seguimiento de sus casos.
Isabel Mercado
Camerik Zwittag Samaniego tiene apenas 8 años de edad y ya ha sido intervenido quirúrgicamente en 4 ocasiones. A la fecha ha tenido 3 operaciones de riñón y un trasplante; luego de perder ambos riñones. Su caso se atribuye a negligencia médica, aún debatida ante la CNDH; la comisión también investiga si la Procuraduría General de la República fue omisa en su actuar al serle denunciado este caso.
Desde su nacimiento, en septiembre de 2003 Camerik Zwittag enfrentó una obstrucción de las válvulas uretrales, padecimiento que no le fue diagnosticado oportunamente por los médicos generales que lo atendieron en la clínica número 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mexicali. El constante malestar del infante fue atribuido por los servidores de la salud a la leche que el bebé consumía, por ello las fórmulas lácteas le fueron cambiadas en varias ocasiones, pero su salud no mejoró.
Fue hasta que sus padres, Carlos Gerardo Zwittag y América Samaniego, lo llevaron con un médico particular cuando conocieron la razón de su mal estado: una infección en las vías urinarias.
Al volver al IMSS con el diagnóstico y los análisis privados Camerik fue canalizado con el único urólogo pediatra con que contaba entonces la Delegación estatal del IMSS, el doctor Armando Busto Moya.
Aun cuando la familia Zwittag Samaniego es derechohabiente del IMSS, el especialista les ofreció su consultorio particular para atender al menor y ahí practicarle una cirugía ambulatoria. Camerik fue intervenido por primera vez en 2004 por Busto Moya, relata el señor Gerardo.
Pero el problema continuó, por lo que 5 meses después de la primera operación tuvo que ser intervenido por segunda vez. En un lapso posterior fue operado de nuevo por Armando Busto sin éxito alguno. El estado de salud del infante lejos de mejorar, empeoraba.
A los 6 años de edad Camerik había perdido sus dos riñones, teniendo su padre que donar uno de sus órganos para salvar la vida de su hijo.
En 2005 los padres acudieron a la PGR para denunciar el evidente caso de negligencia médica, pero la demanda no prosperó, por lo que optaron por presentar la queja ante la CNDH, quien promete emitir una resolución al respecto en 2 semanas más, tanto del actuar del personal del IMSS como de la PGR.
En este caso la mala atención del IMSS no sólo se limita en la negligencia médica, delata el afligido padre, sino que su arbitrariedad va más allá al negarse la delegación de Baja California a otorgarle a Camerik la subrogación de unos lentes que requería, al presentar daño en la visión a causa de los tratamientos medicamentos.
Al requerir este servicio el señor Carlos Gerardo recibió la negativa del delegado del IMSS, Jorge Mendoza, bajo el argumento de que “el paciente no era trabajador del IMSS”. El beneficio de los lentes lo recibió finalmente de parte del Hospital de Pediatría Siglo XXI, también del instituto, el cual sí pudo subrogarle los anteojos.
Misterioso deceso
La madrugada del 25 de marzo una menor con 40 semanas de embarazo llegó al Hospital General de Tijuana con siete centímetros de dilatación.
Al ser revisada el personal encargado del área de urgencias le indicó que aún faltaba tiempo para el parto, por lo que no fue internada. Es hasta las 11:00 horas que la reciben y le indican que su parto tendrá que ser cesárea por el tamaño del bebé, y aún cuando su familia firmó la autorización para que se le practicara la operación no se la hicieron: El menor nació por parto natural.
En su queja, la joven madre recuerda que, a pesar de la deficiente atención, su hijo nació vivo, pero no lloró, razón por la cual lo remiten a cuidados intensivos luego de darle respiración.
Al día siguiente, antes de ser dada de alta, esta mujer fue a los cuneros a observar a su bebé y notó que tenía el ojo izquierdo amoratado, era un hematoma del que ningún médico le explicó la causa.
El 27 de marzo acudió en horario de visita a ver a su hijo y fue cuando el personal del nosocomio le informó que el recién nacido había fallecido a las 9:00 de la noche del día anterior, sin darle una explicación convincente de la causa del deceso. Sólo le expidió un certificado de defunción que dictaminó muerte por asfixia.
Es por ello que esta señora acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia, instancia que ordenó la práctica de una necropsia.
Sin embargo, la averiguación de la PGJE no fue más allá, por lo que la madre decidió recurrir a la PDH para la investigación del caso.
Por este hecho la Procuraduría emitió el viernes 28 de octubre la recomendación por negligencia médica 08/2011 a la Secretaría de Salud de Baja California.
De acuerdo a la investigación realizada por la PDH, existe inconsistencia en el certificado de defunción establecido por las autoridades del nosocomio, en el que se determinó la muerte por asfixia del menor.
Al secretario de Salud, José Bustamante Moreno, se le dio un plazo de cinco días hábiles para contestar si acepta o no la recomendación; de no hacerlo se emitirá el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Incluso, con las reformas Constitucionales efectuadas en Baja California, si la autoridad no acepta o no contesta la recomendación podría ser requerida por el Congreso del Estado para que ahí dé su respuesta.
En la contestación la Secretaría de Salud tendrá que despejar las incógnitas de por qué el Hospital General de Tijuana expidió un certificado de defunción por asfixia y bajo qué circunstancias se dio el traumatismo craneoencefálico del menor, “para que las causas no queden en el limbo”, anotó Jorge Ochoa, Director General de Quejas de la PDH.
Y concluyó: “De acuerdo a los hechos de este caso particular, el cual generó la primera recomendación por negligencia médica en lo que va del 2011, existen los elementos suficientes para catalogarlo como tal”.
HG deja pudrir tejido óseo
Con carácter de urgente, Roberto Arrieta García fue operado el 23 de agosto de 2009 en el Hospital General de Ensenada, al formársele un coágulo de sangre en el cerebro por un golpe recibido al momento de ser asaltado; para ello se le retiró tejido óseo, que por inflamación de la masa ósea no se le reinstaló luego de ser operado, por lo que se remitió para su cuidado al banco de sangre del nosocomio en mención.
Pero el tejido se echó a perder debido a un desperfecto del refrigerador que lo resguardaba.
Por casi un año y medio la madre del paciente, la señora Rosalinda García Ramírez, gestionó ante las autoridades del hospital se reparara el daño médico, sin ser atendida en su demanda a pesar de que, por cuenta propia, logró obtener el cemento óseo requerido para la implantación de la prótesis que cubriría el defecto craneal.
Por ello presentó su queja ante la PDH, quien emitió la recomendación 16/2010 por violación al Derecho a la Protección de la Salud en la modalidad de inadecuada prestación del servicio médico.
A fines de diciembre de 2010 el sector salud le informó que el 3 de enero de 2011 su hijo sería intervenido. Tampoco le cumplieron.
En México el derecho a la salud es uno de los más quebrantados. Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría de Derechos Humanos dan cuenta de la transgresión de este precepto: tan sólo en Baja California el 40 por ciento de las denuncias que atiende la Coordinación Regional de la CNDH competen al sector salud federal, llámese IMSS o ISSSTE, mientras un porcentaje similar de quejas a las que la PDH da seguimiento tienen que ver con casos de negligencia sobre todo en clínicas del Hospital General de todo el estado.
Pero sus conclusiones se limitan a recomendaciones tendientes a llegar a una conciliación de las partes involucradas, y aunque muchos de los casos se turnan al Ministerio Público, la instancia no da el seguimiento adecuado para una procuración de justicia, si acaso se hace una investigación ésta es deficiente, por lo que los casos “duermen el sueño de los justos”, denuncia la PDH.
A nivel nacional un promedio de 4 mil quejas anuales contra el sector salud son atendidas por la CNDH, de acuerdo a información compartida por el primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero.
Los que más violentan este derecho son las instancias públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 69.6 por ciento de las inconformidades presentadas; le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el 22.25 por ciento.
En los primeros 6 meses de este año se recibieron mil 261 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de pacientes. Los principales motivos fueron la negligencia médica y las omisiones del personal administrativo al proporcionar la atención.
De estos casos destaca la Recomendación 53/2011 emitida por la CNDH en mayo del 2011 por el caso de una recién nacida que perdió la vida en el Hospital General Adolfo Prieto, en Taxco, Guerrero, cuando su madre no fue atendida en el parto por el doctor adscrito al servicio de ginecobstetricia.
En Baja California el IMSS y el ISSSTE concentran el 40 por ciento de las quejas que la CNDH recibe al año, de las cuales la mitad se logran conciliar y el otro porcentaje se canaliza a arbitraje, según precisó Gabriela Navarro, Coordinadora regional de la comisión.
Por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado, el ombudsman Heriberto García García declara que el 40 por ciento de los expedientes que integran la tercera y cuarta visitaduría de la PDH tienen que ver con el tema de salud, sobre todo por la atención inadecuada a pacientes del Hospital General y Centros de Salud de las dependencias de gobierno estatal.
Varias han sido las recomendaciones que la procuraduría a emitido por negligencia médica, particularmente al Hospital General de Tijuana en donde incluso se vio precisada a instalar un módulo de atención ciudadana para brindar asesoría más oportuna a los pacientes inconformes.
Y es que el de salud, que debiera ser uno de los derechos más preciados, resulta ser uno de los más quebrantados, sobre todo en las áreas de urgencias y de ginecobstetricia del citado nosocomio de donde Jorge Ochoa, Director General de Quejas de la PDH, ha registrado y documentado la mayoría de las quejas.
De éstas destaca la queja de una madre de familia cuyo hijo pereció a las pocas horas de nacer estableciendo el HG de Tijuana muerte por asfixia, mientras que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinaron el deceso por traumatismo craneoencefálico.
O el caso del joven Roberto Arrieta, cuyo tejido óseo se echó a perder por un desperfecto del sistema de refrigeración, mientras que se encontraba en resguardo en el banco de sangre del Hospital General de Ensenada.
“El derecho a la salud no sólo es atender, sino dar un servicio administrativo y médico de calidad, además de proporcionar la medicina correspondiente”, recordó Ochoa.
La negligencia médica no sólo va en detrimento de la calidad de vida de un paciente mal diagnosticado o atendido tardíamente por un especialista ante la falta de un seguimiento puntual a su caso, sino que muchos de ellos son enfermos que la desidia de médicos que laboran tanto en el sector privado como en el público les ha causado desde la amputación de algún miembro, hasta la pérdida de la vida.
Pero de estos casos la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) no presenta cifras oficiales, mientras que el Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Baja California (CAME) reportó la recepción de 298 quejas y en lo que va del 2011 dice haber recibido 358 que, en su totalidad, las ha llevado a la conciliación.
CONAMED incumple misión
La Conamed fue creada en 1996 para preservar el derecho a la protección de la salud, así como mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos, reclamar la reparación del daño o el reembolso de gastos a los derechohabientes o sus representantes, quienes tienen dos años para presentar su queja, contados a partir del momento en que se identifica la mala práctica médica.
Pero esta misión no la cumple, al menos no en el caso Camerik Zwittag Samaniego, de 6 años de edad, víctima de negligencia médica por parte del IMSS de Baja California y que le costó la pérdida de sus dos riñones, tal como explicó su padre, Carlos Gerardo Zwittag, quien al reportar la queja ante Conamed la dependencia se negó a recibirla en tanto no concluyera el tratamiento médico del menor, que tendría que ser de por vida.
Si no hay denuncias no hay seguimiento del caso, sentenció Rodrigo Robledo Silva, Comisionado Estatal.
En Baja California la Comisión de Arbitraje Médico de la entidad hace un esfuerzo por difundir sus servicios, pero su limitada competencia le impide atender quejas de derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Issstecali, o de cualquier otra instancia pública. Sólo revisa al sector privado.
Para que el organismo pueda entrar al orden federal se está por firmar un convenio de homologación ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que usuarios del IMSS y de ISSSTE obtengan una resolución más ágil.
“En la comisión lo que ordinariamente hacemos es orientar a los usuarios de servicios de salud, paciente o familiar, para que puedan exponer una queja”, precisó Robledo Silva para luego aclarar:
“No hacemos investigaciones de si el médico es delincuente o no, eso no nos corresponde; revisamos sólo la parte de gasto médico, ética (profesional), si cumple o no con la (integración) del expediente clínico y la Norma Oficial Mexicana 168”.
Las soluciones de los casos atendidos por la CAME van desde la devolución del dinero, la corrección del tratamiento (que debe realizarlo un profesionista propuesto por el doctor demandado, pero con mayor experiencia que él y bajo supervisión médica), abunda el funcionario.
Uno de los objetivos de CAME, aún incumplidos, es el difundir en los colegios médicos e instancias de gobierno a los galenos denunciados y cuyo fallo de CAME les sea desfavorable. “Esa fase se iniciará apenas”, comentó el Comisionado.
El 14 de septiembre del presente año, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Baja California suscribieron un acuerdo para que sea la CAME la primera instancia en resolver los conflictos que se presenten en contra de los servicios de salud.
Esto significa que la PGR o la PGJE ya no abrirán expedientes para investigar los casos de negligencia médica, sino que el quejoso deberá acudir primero a la CAME para que ahí se resuelva el conflicto.
El acuerdo suscrito ponderará la conciliación de las partes, ya que la CAME no tiene como meta principal meter a la cárcel a los profesionistas de la salud, sino arreglar conflictos, pero si los médicos demandados no acuden al ser requeridos por la dependencia, “entonces la CAME sí promoverá ese evento”, advirtió el funcionario.
De hecho, ni la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puede por sí misma sancionar los casos médicos, pues al carecer de especialistas para calificar cada uno de los conflictos tiene que recurrir a la CAME.
De los 358 quejas atendidas por la CAME el 20 por ciento son denuncias de pacientes extranjeros atendidos por médicos locales, destacando las cirugías dentales, ginecobstetricia, medicina general (en sus diferentes conceptos), medicina laboral (IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI) y cirugía general. Asimismo se registra una disminución en cirugía plástica, actividad que en 2010 ocupó el primer lugar en demandas.
De los casos de 2011 el 80 por ciento se han conciliado, el 15 por ciento han sido resueltos con orientación, y el restante se encuentra en proceso de conciliación. Sólo dos casos pasaron a arbitraje, demostrando así que: “(La CAME) es un organismo al servicio de los médicos en términos de planear o resolver los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios, entre pacientes y médicos”, aun cuando el arbitraje siga siendo una novedad para los galenos.
Otra de las limitantes de la CAME es la insuficiencia de peritos que funjan como árbitros en la investigación y el seguimiento de los casos. Robledo Silva no está de acuerdo con esto y hasta presume que la dependencia cuenta con un banco de peritos cuya identidad no se da a conocer para que no sean sujetos de manipulación al momento de corregir la falla.
Lo cierto es que en Baja California no se tienen peritos en todas las áreas de la medicina, la Comisión de Arbitraje Médico se ve obligada a solicitar expertos a los colegios médicos, pero no se llenan todos los espacios porque existen especialidades que ni siquiera cuentan con una organización que las represente, indicó Francisco Patiño Estrella, presidente de la Federación Médica de Baja California.
“Un perito da la seguridad de que un profesionista con suficiente conocimiento emitirá un dictamen, pero algunos peritos sólo son médicos generales, no tienen todos los conocimientos”, aseguró Robledo al promocionar el primer Curso de Peritos para Profesionistas en el Área de Salud.
Negligencia ahuyenta turismo
Tijuana es calificada como la “zona dorada del turismo médico mundial”, su proximidad geográfica a la mayor mancha urbana de Estados Unidos (Los Ángeles-San Diego) la colocan en una posición privilegiada.
Si a este factor se le añade que el sector público de salud, incluido el Seguro Popular, está muy rebasado por la demanda de sus derechohabientes, sobre todo por sus presupuestos limitados, puede concluirse que esa debilidad es lo que fortalece al sector privado, reconoció Alberto Castro Salido, asesor del clúster de Turismo Médico.
Admitió que al ventilarse públicamente las denuncias por malas prácticas médicas, los cobros excesivos o cualquier otra arbitrariedad ocurrida en este sector, los clientes extranjeros que se busca atraer con intensas campañas publicitarias, simplemente se ahuyentarán.
Pese a ello, establece que el sector médico se prepara para atender el repunte que se espera en la demanda médica local, al entrar en vigor en el 2014 la Ley americana que obliga a sus ciudadanos a contar con un seguro médico.
Castro Salido consideró que la CAME ha dado buenos resultados en su papel como conciliador, pero pocos la conocen.
Existe un hermetismo por parte del sector médico para abordar los casos de negligencia médica, bajo el argumento de que este tipo de denuncias sólo inhiben los clientes potenciales, sobre todo extranjeros, pero no se hace nada por frenar las arbitrariedades en que incurren tanto las dependencias públicas y privadas, así como los prestadores de salud.
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