Tres servidores públicos de primer nivel del sexenio de Narciso Agúndez Montaño presentaron una denuncia laboral exigiendo sean liquidados por seis años de trabajo.
El caso es polémico porque los demandantes están sujetos a investigación por saqueo, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable, cuando encabezaron la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Dirección General de Comunicación Social y Coordinación Administrativa de la Oficina del hoy ex gobernador.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Los principales responsables del saqueo, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable de la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, hoy son protagonistas de un capítulo más de abuso, y de un hecho por demás insólito, en la historia de Baja California Sur.
Y es que resulta que tras haber dejado el poder después de la derrota del PRD, Jorge Alberto Vale Sánchez, Antonio Alcántar López y Benjamín de la Rosa Escalante, interpusieron por separado una denuncia por despido injustificado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios.
Los ejemplos de los ex titulares de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Dirección General de Comunicación Social y de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, forman parte de los entre 900 y mil casos que se están ventilando actualmente en este tribunal y que corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como ayuntamientos locales.
Durante una entrevista con ZETA, el presidente de este tribunal, Luis Fernando Salgado Miranda, confirmó que sí existen denuncias laborales interpuestas por ex funcionarios de primer nivel del sexenio pasado, sin embargo, se negó a proporcionar los nombres por “cuestiones de secrecía”.
Sobre estas denuncias dijo que “el tribunal habrá de resolver conforme a la Ley, porque los ex funcionarios al igual que cualquier trabajador o servidor público, tiene derecho a demandar y que sea un tribunal el que resuelva su caso”.
El tema ha generado bastantes suspicacias entre la barra de abogados, ya que, según la opinión de algunos integrantes, las denuncias laborales por despido injustificado de los ex funcionarios del PRD están más que nada encaminadas a buscar una negociación de tipo político, es decir, garantizar impunidad, a cambio de retirar la denuncia laboral.
Los litigantes recordaron que hay en puerta acciones legales en su contra porque no se comprobaron muchos recursos públicos, y dijeron que casos como el de Jorge Vale Sánchez y Antonio Alcántar López fueron de los más cuestionados en el pasado gobierno del estado.
— ¿Cuánto tarda en resolverse un caso de éstos?, se le preguntó al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y Municipios.
“Depende de la disposición de las partes, como se puede resolver inmediatamente o puede durar el litigio más de dos años”.
—En cuanto a ex funcionarios, ¿podría decirnos, en caso de ganar, si se pagaría únicamente la liquidación o también salarios caídos?
“Bueno, es como marca la Ley y desde luego que estamos hablando de salarios caídos y de una liquidación por seis años de trabajo, obviamente sí llegarán a ganar el juicio que este caso, nosotros tratamos primero de conciliar a las partes y llegar a un acuerdo, y de no darse, bueno, el caso se resuelve conforme a Derecho”.
Las reacciones
Para los expertos en Derecho, el caso de los ex funcionarios está perdido de antemano porque la Constitución Política de Baja California Sur es bastante clara respecto a las facultades del Jefe del Ejecutivo.
En su artículo 79, fracción III, se establece que el gobernador en turno podrá “nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, y demás funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las Leyes”.
Por lo tanto y considerando el cuestionable desempeño de los ex funcionarios, además de que provenían de un proyecto distinto, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, colocó en esos cargos a gente de su entera confianza.
“Como funcionarios que fueron del gobierno anterior están en todo su derecho, y si hay algo que pedir o reclamar que lo hagan, aunque no hayan salido en las mejores condiciones de sus cargos”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso del Estado, Luis Martín Pérez Murrieta.
Durante una entrevista con ZETA, el legislador dijo que el gobierno de Narciso Agúndez Montaño no fue muy del agrado de la mayoría de los sudcalifornianos, y si el caso de los ex funcionarios estuviera en manos de la ciudadanía y del escrutinio público, tendría que ser en función de los resultados y el desempeño en su paso por la administración pública. Sin embargo, aclaró que hay una ley y los ex funcionarios están en todo su derecho de solicitar una indemnización.
— ¿De cuánto?
“No lo sé, me gustaría a mí que hubiera no sólo en Baja California Sur sino en México, un mecanismo para que nos ganáramos no sólo las indemnizaciones, según haya sido nuestro desempeño y productividad en el paso por la administración pública, sin embargo, desgraciadamente, no lo tenemos y la Ley establece que cuando a ti te liquidan debe haber un pago o una indemnización y ése es el derecho del trabajador, sea injusto o no”.
Para los abogados, el asunto de los ex funcionarios está sentando un precedente histórico en cuanto a que, independientemente de la resolución que pueda darse en un futuro, los legisladores deberían trabajar en la materia para renovar las leyes y obligar a los jefes de estado a que sus colaboradores firmen un contrato de trabajo, donde se establezcan claramente las condiciones laborales y la duración del contrato.
Así los funcionarios tendrían amarradas las manos y se evitarían casos desagradables y suspicaces como el de los ex servidores públicos ahora cuestionados, aunque desde el principio de la administración, y aún sin una reforma en la materia, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor se adelantó, y según una entrevista concedida a ZETA y publicada en su edición 1931, los elementos de su administración firmarían de arranque su renuncia “porque si en un momento dado, no estaban realizando su trabajo bien, o simplemente, no llenaban las expectativas, serían retirados”.
“Siento que es una herramienta indispensable”, consideró el gobernador del PAN.
Los nuevos ricos
Con Jorge Alberto Vale Sánchez y Francisco Antonio Alcántar López están en el centro del escenario, luego de haber formado parte de la élite del gobierno del estado en el sexenio en el que Narciso Agúndez Montaño se convirtió en el principal protagonista de un enriquecimiento impune e inexplicable.
Sin el antiguo disimulo, los funcionarios públicos de primera línea del gobernador perredista pasaron de vivir en modestas casas de interés social a ostentosas residencias. De empleados, se convirtieron en sujetos acaudalados, y las propiedades que hoy poseen, nunca pudieron ser justificadas con sus ingresos que percibieron en todo el sexenio.
La administración de Agúndez le dio a Vale y Alcántar, acceso a todos aquellos lujos que fuera del erario no tenían: viviendas de lujo en fraccionamientos exclusivos, pisos de vitro, finos acabados, muebles de primer mundo; estrenaron vehículos último modelo, que están a su disposición y de sus familiares más cercanos, todo esto lo disfrutaron apenas habiendo tomado posesión de sus cargos en marzo del 2005.
El desarrollo y el progreso que Narciso Agúndez Montaño dibujó en su plan de trabajo para los sudcalifornianos –cuando asumió la gubernatura–, llegó al menos a las casas de estos servidores públicos que se despacharon “con la cuchara grande”.
Ahora sus residencias no tienen punto de comparación con ninguna de las 15 mil casitas que el gobierno perredista entregó al cierre de la administración.
En febrero pasado –justo en plena época electoral–, el ex gobernador Agúndez entregó las llaves de 127 casas más para los nuevos colonos de “Lomas Altas” en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, porque estaba muy preocupado de que las familias de bajos recursos, se hicieran de una “vivienda digna”, construida en su mayoría por amigos y familiares del entonces gobernante en turno.
Cuando en abril Jorge Alberto Vale Sánchez y Francisco Antonio Alcántar López dejaron el poder, ya no tenían de qué preocuparse, salvo que fueran a ser investigados por el nuevo gobierno luego de que el PRD perdiera el poder.
Por si las dudas, tanto el ex Secretario de Promoción y Desarrollo Económico, como el ex Director General de Comunicación Social, pusieron a nombre de sus esposas, María Antonieta Carreño Moreno y Monserrat Pérez Robinson, algunas de sus ostentosas propiedades, mientras las humildes casas que alguna vez habitaron en el barrio bravo de la populosa colonia “8 de octubre” y del fraccionamiento “Los Girasoles” de La Paz está hoy en el olvido.
La riqueza de ambos ex funcionarios es de sobra conocida y quedó documentada en las páginas de ZETA.
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