La captura de César Uzcanga es el inicio de las pesquisas para responsabilizar penalmente a los implicados en la invasión de “La Ballena” en San José del Cabo. Están sujetos a investigación Luis Armando Díaz, así como Narciso y José Antonio Agúndez Montaño. También cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, dos ex titulares de la PGJE, tres subprocuradores de justicia, un ex AMPFC, un juez penal y el abogado que defiende al compadre del ex gobernador; además de 23 líderes políticos del PRD y del PT.
Gerardo Zúñiga Pacheco
San José del Cabo, Baja California Sur. Definitivamente César Uzcanga no actuó solo. Detrás de la invasión del predio conocido como “La Ballena”, están embarrados líderes políticos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), directores municipales, ministerios públicos, jueces, ex subprocuradores, ex procuradores, ex secretarios de gobierno y por supuesto, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, considerado desde un principio el autor intelectual y líder del llamado Grupo de Los Cabos que el 17 de noviembre de 2007, despojó alevosa y premeditadamente de un predio de 665 hectáreas al Ejido San José del Cabo.
En la investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no únicamente son responsables los autores materiales, sino todos aquellos que por negligencia o complicidad, permitieron y solaparon a quienes desde la cumbre del poder, consumaron la invasión más grande registrada en la historia del estado, con 6 millones 650 mil metros de tierra tomados, tras apoderarse ilícitamente del inmueble valuado en 2 mil 808 millones 214 mil pesos, mismo que fraccionaron para comercializar cerca de 16 mil lotes rústicos a familias de escasos recursos, según dicta la cartografía.
Los autores intelectuales y materiales calcularon llevarse por esta invasión una ganancia total de mil 360 millones de pesos, es decir, mil 144 millones 214 mil pesos menos del valor comercial, a razón de vender cada predio en 85 mil pesos en pagos mensuales de entre 2 mil y 4 mil pesos que eran depositados en una cuenta concentradora a nombre del compadre de Agúndez, César Uzcanga Amador, abierta en Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), bajo el número 0550242019. Hoy se sabe que desde ahí se repartía el dinero entre los principales cabecillas de este negocio.
Por eso el titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, adelantó el 9 de septiembre que la mira no sólo estaba centrada en Uzcanga, sino en más de 15 ex servidores públicos que, abusando de su fuero y poder, otorgaron todo tipo de facilidades al líder visible de esa invasión. Como ejemplos está el haber negado en dos ocasiones una orden de aprehensión girada en su contra, cuando se habría logrado acreditar que el acusado había fotocopiado, el 11 de julio de 2007, un legajo del expediente de denuncias de tierra 705/1883 del predio “La Ballena”, que obra en el archivo histórico de tierras de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de La Paz, con autorización de la encargada, Mirna Angélica Pérez Medina.
Las fotocopias fueron utilizadas después por el compadre de Agúndez como títulos de propiedad que demostraban que había “comprado” el predio de manera legal, en la ganga de un millón de pesos y en cómodos pagos de hasta 50 mil pesos. Dichas reproducciones fueron validadas por Francisco Karim Martínez Lizárraga, primero en su calidad de notario público número 22, y después como titular de la PGJE en el sexenio pasado.
Muchos cómplices
Datos recabados por ZETA refieren que entre la lista de ex servidores públicos están las siguientes personas:
1. Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador.
2. Luis Armando Díaz, ex presidente municipal de Los Cabos y actual director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Los Cabos.
3. José Antonio Agúndez Montaño, ex director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) y actual alcalde de Los Cabos.
4. Jorge Joel Cota Ruiz, ex director de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos; actual delegado municipal de Santiago.
5. Guillermo Marrón Rosas, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos; actual secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.
6. José Manuel Curiel, ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos; actual director general del OOMSAPAS de Los Cabos.
7. José Luis Cortés González, ex titular de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos.
8. David Green Moreno, actual director de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos.
9. Manuel Valdés Rangel, ex director de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología de Los Cabos.
10. Fernando González Rubio Cerecer y Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titulares de la PGJE.
11. Omar Barajas Amador y Hugo Mendoza Núñez, ex subprocuradores de justicia de la zona sur del estado.
12. Noé Leal Lizardi, ex subprocurador de Control de Procesos de la PGJE, y hoy abogado defensor de César Uzcanga Amador.
13. Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, ex agente del Ministerio Público del Fuero Común de la PGJE.
14. Sergio Aguilar Navarro, ex juez primero penal y actual juez segundo de Primera Instancia del ramo penal.
Los nombres de los señalados figuran en la lista de los ex servidores públicos sujetos a investigación de una denuncia penal interpuesta originalmente el 22 de enero de 2008, bajo el número de averiguación SJC/025/PAT/2008 por el Ejido San José del Cabo, por los delitos de despojo, daños, asociación delictuosa, coalición de servidores públicos, fraude genérico y fraude específico.
En la lista de indiciados también están líderes políticos del PRD y del PT. Ellos son: Modesta de Jesús Chávez, Jacqueline Díaz Aulis, Pedro Méndez Lagunes, Dolores Ríos Torres, Concepción Merino Costa, Zoila Amador Davis, Marisol Méndez Paz, Juana Jiménez Hernández, Carmen Murillo, David Salas Lievano, Esperanza de Jesús Santiago, Juan Manuel Ojeda Higuera, Rosario Millán Ramírez, Germán Millán Hernández, Palemón Martínez Pacheco, Bonifacio Martínez Pacheco, Ramón Cota Camacho, José Luis Gutiérrez, Yolanda Ramón García, Ernesto Ceseña Márquez, Cipriano Ceseña Márquez y Martín Ceseña Cosío, hermano del ex secretario privado del ex gobernador Agúndez; así como Alberto Ceseña Cosío y Erick del Rosal Cosío, yerno de César Uzcanga Amador.
Las piezas clave en este caso que está por resolverse -a decir de algunos funcionarios la PGJE- son los hermanos Narciso y José Antonio Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Jorge Joel Cota Ruiz y Erick del Rosal Cosío, yerno de Uzcanga.
El contrato
Tres meses previos a la invasión, César Uzcanga Amador comenzó a reunirse todos los domingos con líderes del PRD y del PT en su domicilio particular de San José del Cabo, Baja California Sur. Entre otras cosas, ellos tenían la encomienda de enlistar a gente necesitada de un terreno.
Los líderes políticos eran el contacto de Uzcanga con los clientes potenciales, los cuales iniciaron un proceso de cobro de enganches para apartar un terreno. Posteriormente y una vez soltando el adelanto, eran integrados a un expediente que constaba del talón original del depósito bancario y una copia de la credencial de elector.
En octubre de 2007, César Uzcanga se reunió justamente con el abogado y notario público de cabecera del ex gobernador Agúndez, Francisco Karim Martínez Lizárraga, en una residencia del exclusivo fraccionamiento de Fidepaz en La Paz. Ahí comenzaron a preparar las primeras acciones previas a la invasión. Ese día Uzcanga firmó un contrato simple de promesa de compraventa con Martín Ceseña Cosío, hermano del entonces secretario privado del gobernador, Alberto Ceseña Cosío.
El contrato de siete hojas elaborado por Francisco Karim Martínez Lizárraga -con fecha del 16 de octubre de 2007- describía que Martín Ceseña Cosío, apoderado legal de sus primos Ernesto y Cipriano Ceseña Márquez, vendía el terreno supuestamente heredado por Ramón Ceseña a su familia, el cual tenía su origen en un título de propiedad entregado el 31 de diciembre de 1859 en Palacio Nacional, por el entonces Presidente, Benito Juárez.
En el contrato, vendedor y comprador pactaron el precio de compra de un millón de pesos por el terreno, del que jamás establecieron sus dimensiones ni tampoco su ubicación; inclusive en la cláusula tercera, Uzcanga admite que “no conoce la ubicación exacta del bien inmueble” y “sólo sabe que se encuentra dentro de la demarcación del predio ‘La Ballena’, y del cual los vendedores gozan de un porcentaje indiviso”.
En la cláusula quinta, el vendedor entrega “la plena posesión física y jurídica del bien inmueble descrito en el contrato”, y a cambio -dice- “recibe un anticipo de 50 mil pesos, y el resto, ya que quede formalizado (sic) el contrato de compraventa”.
Sin embargo, lo que en realidad sucedió es que ciertamente -y según versión de testigos-, César Uzcanga Amador pagaría el millón de pesos a Martín Ceseña Cosío, bajo el acuerdo de que se sostuviera como el vendedor y heredero de ese predio, en caso de que lo mandaran llamar a declarar, si acaso los verdaderos propietarios interponían una denuncia penal por despojo.
Tal situación salió a flote en una discusión entre Uzcanga y Ceseña, cuando el segundo reclamaba al primero su pago, y en presencia de algunos líderes le increpó: “Si quiero te pago o no te pago, de todas formas, ya firmaste y ya te chingaste, y yo voy a invadir esas tierras, así me cueste la vida o sea lo último que haga, pues yo tengo el respaldo de mi compadre Narciso y de Luis Armando Díaz”.
A principios de noviembre de 2007, Uzcanga citó a toda su gente, entre ellas a Yolanda Ramos García, a fin de que entre todos consiguieran a un grupo de hombres, porque iban a tomar por la fuerza ese predio, custodiado por guardias de seguridad privada y ejidatarios, ya que los representantes legales habían obtenido información previa de que se estaba gestando la invasión.
La mañana del 17 de noviembre de ese año, Uzcanga dijo que ya no podía aguantar más esa situación y que esa tarde tomarían el predio. Por esa razón, regresó de un viaje que estaba haciendo de San José del Cabo a La Paz, cuando fue avisado de que ya tenían a la gente necesaria para cometer el fraude.
El líder visible de la invasión citó a los cabecillas a una reunión urgente en su casa, y cuando todos estaban ahí, hizo una llamada al entonces titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer, informándole que ese día perpetrarían la invasión, solicitándole su apoyo cuando hubieran tomado el predio. “Mi compadre ya sabe”, le anticipó.
Una vez que colgó el teléfono, explicó a su gente que ya había platicado con Luis Armando Díaz y Narciso Agúndez Montaño, y que le habían dado “luz verde” para apoderarse de ese terreno del Ejido San José del Cabo.
El compadre de Agúndez les dijo que no se preocuparan, que todo estaba arreglado para que la Policía no se metiera ni interviniera, y que a lo máximo, estarían presentes para evitar una gresca. Desde entonces, César Uzcanga se apoderó ilícitamente de las tierras y comenzó a fraccionarlas y venderlas.
Las irregularidades
Las 665 hectáreas invadidas son parte de una reserva territorial donada al Ejido San José del Cabo en una resolución presidencial publicada el 2 de mayo 1923 en el Diario Oficial de la Federación.
El 1 de mayo de 1937 se levantó un acta de posesión y deslinde relativo a la donación, mientras que el 19 de febrero de 1974 se hizo un plano de ubicación del terreno.
Las tierras del ejido eran para el malogrado Grupo de Los Cabos, un filón de oro, y la oportunidad esperada de agenciarse ilícitamente dinero fácil y de manera rápida. Tan sólo en la primera recaudación o cobro de anticipos, la cabeza visible de la invasión, César Uzcanga, logró llevarse a las bolsas más de 200 millones de pesos por concepto de la venta de 5 mil terrenos, según testimonios que obran en la averiguación previa de la PGJE.
Por eso cuando el comisariado ejidal del Ejido San José del Cabo, integrado por Ángel Salvador Ceseña Burgoin, Silvia Elena Olachea Ojeda y Gil Guadalupe Ceseña de la Peña, presentó el 22 de enero del 2008 la primera denuncia en contra del compadre del ex gobernador Agúndez, la acción no prosperó jurídicamente. Lo habían acusado de despojo, daños y asociación delictuosa.
“Era demasiado dinero e intereses en juego”, según explicó el propio Ángel Salvador Ceseña Burgoin, lo que -aseguró- lo llevó a interponer tres ampliaciones más en la denuncia penal, ya que el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, y posteriormente el juez Sergio Aguilar Navarro, determinaron que “no se había acreditado el cuerpo del delito de despojo”; aunque en sus resoluciones reconocieron que “no existía un dictamen en materia de topografía que pudiera determinar el área invadida del predio” , ya que “cuando fue a hacer un levantamiento topográfico del terreno invadido, no se pudo accesar, porque los guardias de seguridad negaron el paso y, por tal motivo, tuvo que hacerse el levantamiento con un sistema de posicionamiento global conocido como GPS”.
Ante ese panorama y en virtud de la negligencia y evidente complicidad, el comisariado ejidal radicó una denuncia penal más el 1 de octubre de 2009 por los delitos de coalición de servidores públicos, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones y violación de garantías e impedimentos, previstos y sancionados en los artículos 147 fracción IV, 148 fracción V, 157 fracción I y 190 fracciones V y IX del Código Penal vigente en el estado.
No sólo eso. La complicidad fue tan evidente y burda que cuando César Uzcanga comenzó a desmontar y fraccionar el predio para poder venderlo, el ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos, José Manuel Curiel, no hizo nada en el ámbito de sus atribuciones para sancionar al invasor que carecía de un estudio previo de manifestación e impacto ambiental y cambio de uso de suelo, como establecen las normas municipales de la Ley de Fraccionamientos.
Tampoco actuó conforme a la Ley para que, una vez obtenidas las respectivas licencias, la cabeza visible de la invasión trazara calles y manzanas y construyera casas habitación.
El compadre del ex gobernador Agúndez pisoteó todo tipo de normas y reglamentos, sin que nadie se atreviera a hacer una observación o impedir y sancionar, hasta que el 2 de julio de 2008, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) abrió una investigación bajo el número de expediente PFPA/BCS/54/0047-08, la cual concluyó con una multa de 525 mil 900 pesos, equivalente a 10 mil salarios mínimos, como responsable de haber dañado y desmontado con maquinaria pesada una propiedad del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos -entonces a cargo de José Antonio Agúndez Montaño-, poco más de 300 hectáreas, y haber lotificado y trazado calles sin tener ninguna autorización en materia de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El 28 de mayo de 2008, el titular de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Cabos, Raúl Rodríguez Quintana, reconoció en el oficio DEMA/034/2008 que dentro de la institución “no estaba registrada ninguna solicitud de cambio de uso de suelo por parte de César Uzcanga”, lo que significa que sin más preámbulo, cambió de tierras de uso común a zona habitacional, sin ningún tipo de autorización y sin pagar un centavo de impuestos.
Lo más grave es que Guillermo Rosas Marrón, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, a sabiendas de que el predio era una invasión, registró las copias fotostáticas como originales del expediente de denuncias de tierras, bajo el número 705/1883 del predio denominado “La Ballena”, violentando flagrantemente las disposiciones de los documentos registrables y colocando a César Uzcanga en la insólita oportunidad de recibir las claves catastrales de los 16 mil predios que salieron del terreno.
Por lo anterior, Rosas incurrió en una responsabilidad penal al no aplicar el reglamento interno del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, así como el capítulo del Registro Público del Código Civil del estado, que entre otras cosas refiere que únicamente se registrarán las escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos, las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica y los documentos privados que en esta forma fueran validados con arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos, haya la constancia de que un notario, corredor público o juez competente, validó la autenticidad de las firmas.
Los amparos
Hoy por hoy, ya en la cárcel, el eslabón más débil de la cadena comenzó a romperse, y quienes protegieron a César Uzcanga en el sexenio pasado, desde el 8 de septiembre y al cierre de esta edición, habían recurrido al amparo de los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Baja California Sur.
La intención era evitar a toda costa su posible detención tras el anuncio del titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, respecto a que en los próximos días estarían deslindando responsabilidades contra otros implicados en la invasión del predio “La Ballena”.
El primero en solicitar un amparo fue el administrador de la Unión de Colonos Independientes (UCI), José Luis Gutiérrez Murillo, seguido del ex subprocurador de justicia de la zona sur del estado, Hugo Carlos Mendoza Núñez y de Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titular de la PGJE, en contra de los actos del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal.
Otros que también solicitaron protección de la justicia federal, son el ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos, José Luis Cortés González, y el actual titular de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, Abel David Green Moreno.
Por lo pronto, César Uzcanga recibió el martes 13 de septiembre el auto de formal prisión por parte del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Francisco Efrén Cabrera Trillas.
A partir de hoy, el compadre del ex gobernador Agúndez tendrá que librar una batalla legal desde adentro del reclusorio, bajo el proceso penal 202/2011, acusado por el delito de fraude específico -por el que no alcanza fianza-, dado a que está tipificado como grave.
Sin embargo, apenas es el primero de un grupo de mafiosos que por más de una década se escudaron en el PRD para enriquecerse impunemente y bajo el amparo del poder, apropiándose de la gubernatura, alcaldías y diputaciones, negocios turísticos, concesiones de taxis, pipas y camiones de acarreos, convirtiéndose en activos promotores de invasiones multimillonarias de tierras.
Como es el caso de las 115 hectáreas localizadas en el único terreno que queda libre sobre la Bahía de Cabo San Lucas, donde según una denuncia de directivos de la compañía Inmobiliaria del Cabo, S.A de C.V., un grupo de invasores y hasta el ex titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer, solicitaron 300 mil dólares a cambio de salirse de su propiedad, que a la fecha se encuentra en litigio por la doble expedición de claves catastrales entregadas de manera irregular en el gobierno de Luis Armando Díaz.
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