OAXACA, Oax. (apro).- La
Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) solicitó la comparecencia de 68 ex servidores
públicos de los ámbitos estatal y federal por su presunta responsabilidad en la
violación de los derechos humanos cometidos durante el conflicto sociopolítico
de 2006 y 2007.
La CVO fue creada hace dos
años para investigar el conflicto que protagonizaron la CNTE y la APPO hace
nueve años en Oaxaca que provocó 25 muertes, alrededor de 500 detenidos, 380
torturados y cinco desaparecidos.
Como se dio a conocer el
domingo pasado entre los citados a comparecer se encuentran los expresidentes
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y el exgobernador Ulises Ruiz
Ortiz, pero también se encuentran otros exfuncionarios de alto nivel.
Entre ellos: el exsecretario
de la Defensa Nacional Gerardo Clemente Ricardo Vega García, el exsecretario de
Marina Marco Antonio Peyrot González, el actual ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora y el comisionado del Instituto
Nacional de Migración Ardelio Vargas Fosado.
También están Jaime Domingo
López Buitrón, del centro de investigación y seguridad nacional; Clemente
Ricardo Vega, exsecretario de la Defensa Nacional; Augusto Moisés García Ochoa,
exsecretario particular de la Sedena y a Juan Alfredo Oropeza Garnica general
de la 28ª zona militar.
En el mismo tenor solicitó la
comparecencia de Medina Mora, exsecretario de Seguridad Pública Federal; Marco
Antonio Peyrot González, exsecretario de Marina; Francisco Arellano Noblecia,
ex coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP; Ardelio Vargas
Fosado, exjefe del Estado Mayor de la PFP, y Juan Manuel Herrera Marín,
excomisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Otros exfuncionarios
federales llamados a comparecer son: Daniel Francisco Cabeza de Vaca,
exprocurador General de la República; Javier Arévalo Molina y Jordán de Jesús Alegría
Orantes, exdelegados de la PGR; Gustavo Carlos Romero Kuhliger, auxiliar de la
PGR; Francisco Garduño Juárez, exjefe regional de la Agencia Federal de
Investigaciones y Celina Oseguera Parra, exdirectora del Centro Federal de
Readaptación Social número 3, de Matamoros, Tamaulipas, quien se encuentra
actualmente presa por su presunta responsabilidad en la fuga de Joaquín El
Chapo Guzmán.
Independientemente de que
todos los exfuncionarios están siendo notificados formalmente en sus domicilios
o centros de trabajo de la solicitud, la CVO que preside el padre Alejandro
Solalinde les hizo un llamado público para que comparezcan del 25 de noviembre
al 15 de diciembre próximos.
Dicha comisión considera que
por acción u omisión participaron en los hechos que presuntamente violentaron
derechos humanos o incurrieron en delitos contra la población civil
participante, o no, en el movimiento social de 2006 y 2007.
AUTORIDADES ESTATALES
La lista dada a conocer el
domingo pasado por la CVO incluye a varios ex funcionarios estatales.
Junto a Ulises Ruiz Ortiz
encabezan la lista Evencio Nicolás Martínez Ramírez, exsecretario general de
gobierno; Héctor Pablo Ramírez Puga, exsecretario técnico; Lizbeth Caña Cadeza
ex procuradora general de justicia y Bulmaro Rito Salinas, ex presidente de la
Cámara de Diputados.
Además están en la lista los
actuales aspirantes a la gubernatura del estado Héctor Pablo Ramírez Puga,
actual director general de Liconsa, y el senador Eviel Pérez Magaña, quien en
el sexenio de Ulises fue secretario de obras públicas.
Le siguen el exdiputado
Genaro Vázquez Colmenares, Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de finanzas
y su secretaria particular Magnolia López Morales; Teófilo Manuel García
Corpus, exsecretario general de gobierno; Jorge Toledo Luis, ex secretario
general de gobierno; Heliodoro Díaz Escárraga, expresidente de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados en 2006; José Manuel Vera Salinas,
exdirector general de seguridad pública estatal y Manuel Moreno Rivas,
exdirector de la policía ministerial estatal.
A la lista se suman Mercedes
Rojas Saldaña, exdirectora de canal 9 Cortv; Pedro Ismael Díaz Laredo,
exdirector de seguridad pública; Alma López Vázquez y Sergio Segreste Ríos,
exsecretarios de protección ciudadana; Joaquín Darío Berges, exjefe de la
policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial; Jorge Alberto Quezada
Jiménez, excomisionado de la policía estatal; Gustavo Eduardo Castellanos
Castellanos, excomandante de la secretaria de seguridad pública; Margarito
Martínez Flores, policía “a” de la segunda compañía del quinto batallón y
Tranquilino Alvarado Martínez.
Además deben comparecer
Martín Vázquez Villanueva, exsecretario de salud; Leticia Mendoza Toro,
exrectora de la UABJO; Daniel Camarena Flores, exdirector de policía
ministerial; Juan José Ramírez López, exsupervisor general de la policía
ministerial.
Gustavo Francisco García
Bautista, exdirector de averiguaciones previas y consignaciones de la
procuraduría; Netolín Chávez Gallegos, exsubprocurador general de
averiguaciones previas; Jorge Pérez, exdirector del instituto pericial; Héctor
Anuar Mafud, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, y Hermilo Aquino
Díaz, ex director de prevención y readaptación social.
Así como Juan Carreño
Morales, exdirector del reclusorio regional de Miahuatlán; Enrique Noé Morales
Ramírez, exdirector del reclusorio de “Tanivet”; Jesús Martínez Álvarez,
exdirector del reclusorio de Ixcotel; Juan Manuel Herrera Marín, ex comisionado
de la secretaría de seguridad pública federal; Jaime Mario Pérez Jiménez y
Heriberto Antonio García, expresidentes de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; Elpidio Concha Arellano, actual delegado de Sedatu, y José Yuri Arias
Cruz exdirector de los Servicios de Salud.
LAS MUNICIPALES
Respecto de las autoridades
municipales involucradas en los hechos fueron citadas a comparecer: Jesús Ángel
Díaz Ortega, expresidente municipal de Oaxaca de Juárez; Delfino Cruz
Hernández, exdirector de Seguridad Pública Municipal; Alberto Sibaja Ramírez,
exdirector operativo de seguridad pública municipal; Jorge Pablo Méndez,
expresidente municipal de Santa María Coyotepec; Meinardo López Sánchez,
expresidente municipal de San Antonino Castillo Velasco; Abel Santiago Zárate,
exregidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino y Orlando Manuel
Aguilar Coello,ex suboficial de la policía municipal.
La comisión también citó a
Beatriz Quintanar, exdelegada de la Cruz Roja en Oaxaca; Enrique de Gaspe
Domville, exdirector del hospital regional del ISSSTE; Felipe Gama Casas,
exdirector del hospital civil “Aurelio Valdivieso” y a Rosalino Vásquez Cruz,
director del hospital del IMSS.
En un comunicado la CVO
indicó que realiza una investigación “basada en estándares internacionales de
derechos humanos y justicia transicional” con base en la ley que dio origen a
la comisión.
Señaló que de acuerdo con sus
investigaciones y los testimonios de 300 personas víctimas, testigos
presenciales o actores sociales de los hechos “existen evidencias sobre la
responsabilidad de servidores públicos, por acción u omisión, en los hechos que
presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra
de la población civil participante, o no participante, en el movimiento social
de los años 2006 y 2007”.
Con las comparecencias,
abundó espera “recibir testimonios y establecer los mecanismos para que las
víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas sobre
hechos que pudieran constituir violaciones de derechos humanos o presuntos
delitos, así como investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales
de las distintas instituciones del Estado”.
Gabino Cue conformó la CVO
cuatro años después de iniciado su gobierno y los resultados del informe final
serán dados a conocer el 15 de marzo de 2016, unos meses antes de que concluya
su gestión.
La CVO se creó mediante el
decreto 2056 aprobado por el Congreso de Oaxaca. La presiden el sacerdote y
defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, la investigadora y
maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez y el periodista
y escritor Diego Enrique Osorno.
JUSTICIA INCOMPLETA
A la fecha las conclusiones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estimó que “sí hubo violación
grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos
fundamentales”, ni la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) han sido fueron suficientes para castigar a los responsables.
Con el paso del tiempo
incluso han sido silenciados algunos de los involucrados como el excoordinador
de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca, Aristeo López Martínez, ejecutado en
enero de 2009.
Antes el 30 de enero de 2008
fue asesinado el director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y
Comercial, Alejandro Barrita Ortiz.
Barrita y López Martínez
fueron vinculados con secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el marco
del conflicto sociopolítico de 2006 y 2007. En particular por los “levantones”
que realizó la llamada “caravana de la muerte” que utilizaba vehículos sin
placas y ocupantes sin identificación oficial.
A esas muertes se suma la del
comandante Ricardo Rodríguez Silva, la desaparición del comandante Jonás
Efigenio Gutiérrez Corro y las ejecuciones de Rubén Maldonado Marmolejo “El
Dragón” y José María González Porras “El Chema” o “El Güero” quienes fueron
identificados como integrantes de las caravanas de la muerte en 2006.
El exsecretario de Protección
Ciudadana Lino Celaya Luría a quien le atribuyen la conformación de las
“caravanas de la muerte” murió a consecuencia de una enfermedad.
(PROCESO/ PEDRO MATÍAS/ 23 DE NOVIEMBRE
DE 2015)
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