A través de esta carta quiero
informar sobre la agresión que sufrí el pasado 4 de noviembre en mi domicilio de la Ciudad de México en el
contexto de mi trabajo como reportera de investigación. Dar a conocer
públicamente este penoso incidente es la única forma que encuentro para
proteger mi vida y la de mi familia; el silencio hace a los periodistas más
vulnerables.
Tengo veinte años ejerciendo
el periodismo y durante los últimos cinco años, en represalia a mi trabajo
enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado, yo y mi
familia hemos sido blancos de agresiones y actos de intimidación. En al menos
tres ocasiones han participado personas
armadas.
Estos hechos han ocurrido en
el marco del clima de ataques, amenazas y asesinatos contra periodistas en México.
Todas las agresiones las he
denunciado formal y oportunamente ante las instancias posibles del Estado mexicano: Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH/5/2010/6756/Q,) y en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República
(A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).
En ninguno de los expedientes
abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los
hechos y la detención de los
responsables, pese a la recomendación general No. 20 sobre “agravios a
periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la
CNDH. Respecto a mi caso específico marcado con la clave V146 la CNDH señalo la
ineficiencia y negligencia de las
autoridades en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a
consecuencia de mi trabajo.
El 21 de diciembre de 2013 un
grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía Federal
y Zetas,
tomó control de la calle donde vivo en la zona conurbada del Distrito
Federal. Entraron al conjunto habitacional, amagaron a mis vecinos con armas
para preguntarles cual era mi domicilio y entraron violentamente a mi casa. No
se robaron ningún bien de valor material.
Yo no estaba en ese momento
en mi casa, pero en la acción se llevaron y golpearon a uno de mis escoltas y
fue abandonado a varios kilómetros de distancia. Pese a que la FEADLE cuenta desde el día de los hechos con
material en videos, retratos hablados, testimonios y elementos para hacer una
investigación, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
A consecuencia de estos
hechos, la última evaluación de riesgo
aplicada en 2014 por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodismo de la Secretaría de Gobernación, determinó que mi
situación es de “riesgo extraordinario”.
Por la impunidad de los
agresores y el riesgo inminente, en agosto de 2014 me vi obligada a buscar
alternativas para poner a salvo a mi familia y encontrar condiciones de
seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente me encuentro en
Estados Unidos, colaboro con el Programa
de Periodismo de Investigación de la Universidad de California y alterno mi
estancia en México conforme las necesidades de trabajo y seguridad.
El miércoles 4 de noviembre
de 2015, a plena luz del día, mi
domicilio fue violentado por un grupo de al menos cuatro personas, quienes
viajaban en un vehículo de modelo reciente. Entre los atacantes visibles hubo
un conductor, una mujer y dos hombres.
Pese a que notaron la
presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos sujetos allanaron el
conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros visibles. Pese al largo
tiempo que permanecieron en mi domicilio, el grupo no se robó ningún objeto de
valor material pese a que tuvieron la oportunidad de hacerlo. En vez de eso dejaron dentro de mi domicilio
una amenaza implícita.
Este incidente ocurre en el
marco de la investigación periodística que estoy realizando desde noviembre de
2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro
Burgos” ocurrido el 26 de septiembre de 2014 y la desaparición de 43 de ellos,
con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de UC.
También me encuentro realizando la investigación
periodística sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del CEFERESO No.
1 ocurrida el 11 de julio de este año. La investigación publicada en agosto
pasado reveló información que la SEGOB ocultó sobre la fuga y el presunto
involucramiento de autoridades de la Policía Federal y el CISEN.
La FEADLE abrió la
averiguación previa AP/120/FEADLE/2015 correspondiente a la agresión ocurrida
el 4 de noviembre. Pese a que me consta que las autoridades tienen información
importante para detener a los agresores y esclarecer el móvil de la agresión y
la magnitud de esta, hasta esta fecha la Fiscalía no tiene ningún avance.
Me comuniqué directamente con
Ricardo Nájera, titular de la FEADLE, quien el 12 de noviembre pasado me
confirmo que no han avanzado.
Sin la posibilidad de
conocer la magnitud o gravedad de lo
ocurrido, las hipótesis sobre el móvil y
diligencias practicadas, me es imposible
tomar las medidas de seguridad para salvaguardar mi integridad y la de
mi familia.
El 18 de noviembre solicité a
la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, así como a otras
dependencias del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera
imparcial y se haga una investigación rápida y eficaz para esclarecer los
hechos y se sancione a los responsables.
Durante años he luchado por
no ser un número en la lista de periodistas asesinados. Las agresiones que he
sufrido durante cinco años han afectado mi vida y la de mi familia por
completo. Pese a eso no voy a abandonar las investigaciones que estoy
realizando porque son temas de interés público de los que la sociedad merece
estar informada.
19 de noviembre de 2015/ Ciudad de México
Anabel Hernández
(RIODOCE/ REDACCION/ 22 noviembre, 2015)
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