#ANUARIO2017
| El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto cerrará el año con 14
periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber; cantidad equiparable a
la de 2016 –el periodo más infausto del sexenio, en ese respecto–
Apenas
ayer, Gumaro Pérez Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado en
Acayucan, Veracruz, cuando se encontraba en la escuela de su hijo en una
celebración navideña. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se
cometió alrededor de las 11:00 horas dentro de las instalaciones de la Escuela
Primaria “Aguirre Cinta”, en dicho municipio. Gumaro pasó así a engrosar la
lista negra de periodistas asesinados en este sexenio.
De
2013 a la fecha, 56 reporteros murieron en circunstancias de violencia, refiere
un recuento hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Estas proporciones
perfilan a la actual administración como la segunda más violenta en los últimos
64 años, sólo detrás del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante el que 83
periodistas fueron ejecutados.
De
1952 a la fecha, la mayor parte de los homicidios de periodistas [el 58 por
ciento] ocurrió durante los tres últimos sexenios: entre los gobiernos de
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el gremio
periodístico perdió a 167 personas. En cambio, entre la década de los cincuenta
y el año 2000, murieron 121 periodistas.
Ciudad
de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Corría el 6 de octubre de 2017. Un
grupo de reporteros, en silencio, protestaba de cara al Palacio de Gobierno de
San Luis Potosí. Fue la última ocasión en que la violencia en México le arrancó
la vida a un periodista por cumplir con su deber. A sus 23 años, Edgar Daniel
Esqueda Castro abandonó este mundo. La muerte cosechó al noticiero cuyo cuerpo,
torturado y sin vida, amaneció en un paraje cercano al aeropuerto internacional
potosino. Un día antes, Esqueda fue sustraído de su hogar; estaba amenazado y
nadie veló por él. Sólo el silencio mortuorio.
En
2017, al menos 14 periodistas fueron asesinados en relación con su labor
periodística, refiere un recuento hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
La sangría de este año empata con la de 2016 como la más violenta del sexenio
de Enrique Peña Nieto, que cerrará el año con 56 periodistas asesinados desde
el 23 de enero de 2013, cuando Sergio Landa Rosado, del Diario Cardel de
Veracruz, fue asesinado tras haber sobrevivido a dos secuestros.
Apenas
ayer, Gumaro Pérez Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado en
Acayucan, Veracruz, cuando se encontraba en la escuela de su hijo en una
celebración navideña. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se
cometió alrededor de las 11:00 horas dentro de las instalaciones de la Escuela
Primaria “Aguirre Cinta”, en dicho municipio. Gumaro pasó así a engrosar la
lista negra de periodistas asesinados en este sexenio.
A
partir del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” en 2006,
durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el asesinato de
periodistas alcanzó niveles inusitados. Entre ese último año y 2005, las
defunciones se cuadruplicaron [al pasar de tres a once casos]. No obstante, en
2010, con 18 defunciones, la escalada de homicidios halló su peor crisis en los
últimos 64 años. Sólo durante el último año de mandato del político panista,
ocurrido en 2012, 15 reporteros perdieron la vida.
En
2013, en el primer año de Gobierno de Peña Nieto, esa cifra se redujo a la
mitad –hubo siete periodistas muertos–. De ahí en adelante, la carnicería no se
detuvo: en 2014 y 2015 cobró la vida de 11 reporteros, respectivamente.
Cuatro
meses y medio antes del ominoso asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, el
Presidente de la República anunció una serie de acciones para proteger a los
periodistas y a los defensores de derechos humanos.
“Buscamos
garantizar la libertad de expresión”, conminó Enrique Peña Nieto. También dijo
que, hasta entonces, había 538 personas que gozaban de la protección del
gobierno [196 pertenecientes al gremio periodístico]; y que, como Primer
Mandatario de México, actuaría “con firmeza y determinación para detener y
castigar a los responsables”, dijo.
Sin
embargo, dos días antes del anuncio del Ejecutivo federal, el reportero Javier
Valdez Cárdenas perdió la vida. A plena luz, en su natal Culiacán, en Sinaloa,
el periodista fue baleado cuando iba de camino a la redacción del periódico Río
Doce. Con total impunidad, el crimen organizado cargó contra quien se
especializaba en la cobertura del narcotráfico.
El
Presidente compartió su más sentido pésame y guardó un minuto de silencio por
el finado. Aunque los reporteros presentes al evento del 17 de mayo no lo
dejaron callar. “¡Justicia!”, “¡Investiguen!” y “¡Ya no más discursos!” fueron
el grito desesperado de quienes no querían más promesas, sino soluciones. Por
esas fechas, las cifras oficiales reflejaron la incompetencia del Gobierno
federal para resolver la vorágine de asesinatos. El “firme compromiso” contra
la impunidad del Presidente, garantizaba nada.
Un
informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) arrojó que si bien
la impunidad en México era alta para todos los delitos, en el caso de las
agresiones y crímenes contra periodistas, la impunidad era casi total. Entre
julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2016, menciona el CPJ, la Fiscalía para
la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle)
registró 798 denuncias. De ellas, sólo tres tuvieron sentencia condenatoria, lo
que implica que el 99.7 por ciento de los delitos no fue castigado. Y esa falta
de castigo, refirió el Comité, es una de las causas del aumento de la violencia
contra la prensa.
Según
el último reporte de la Feadle, entre enero y octubre de este año, de 129
averiguaciones previas iniciadas, 32 [el 24.8 por ciento] habían sido
despachadas. Sólo ocho de ellas [el 6.2 por ciento del total] incluyeron un
“ejercicio de la acción penal”.
México
sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo
-inclusive más que Afganistán-, refiere el reporte “Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa”, realizado por la asociación internacional Reporteros Sin
Fronteras (RSF). Este documento indica que, en la actualidad, nuestro país
ocupa el lugar 147 de 180 países enlistados, lo que lo convierte en uno de los
más violentos para el gremio periodístico.
La
situación es grave. “Lesionar a un periodista es atentar contra la libertad de
expresión” porque “golpea negativamente la calidad de la democracia de este
país, al amenazar la calidad de información que recibe el ciudadano”, apuntó el
maestro Salvador Mora Velázquez, especialista en desarrollo institucional de la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Javier
Valdez, ejecutado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, a unos metros de
Río Doce, el medio en el que trabajaba y del que fue fundador. Foto: Especial
A
pesar de que en esta Nación existen múltiples leyes y mecanismos de protección
y prevención de delitos en contra de la libertad de expresión –empezando por la
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas–; y pese a que desde 2012, con la reforma al Artículo 73
constitucional la Feadle tiene la capacidad de atraer y resolver
investigaciones, en México aún no existe garantía de justicia.
Un
caso icónico, en este respecto, tuvo lugar el 11 de mayo de 2017, cuando la
activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, dirigente del Colectivo de
Desaparecidos de San Fernando, en Tamaulipas, fue asesinada en su casa por un
comando. De acuerdo con el gobierno local, ellos sí la protegieron. Según se
difundió en medios nacionales, Rodríguez Martínez, antes de ser asesinada,
solicitó protección a las autoridades y éstas nunca le ayudaron. Además, el
supuesto asesino de la activista, Juan Manuel Alvarado López, alias “Alushe”,
fue abatido por elementos ministeriales antes de poder dar testimonio y
esclarecer los hechos.
La
falta de resultados sustantivos por parte de las autoridades mexicanas se debe
a un problema de índole estructural, dijo a SinEmbargo Luis Knapp, integrante
del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. En su opinión, “no se
solucionan las problemáticas que aquejan al país, sobretodo en materia de
violencia contra la prensa, creando instituciones y leyes si no existen dos
elementos fundamentales -que no tenemos-: capacidades [técnicas]
institucionales [para investigar los casos] y voluntad política [para
resolverlos]”.
Knapp
señala que, asimismo, hace falta trabajar en abatir la impunidad que reina en
México. Al respecto, mencionó que “en la medida en que se establezca una
Fiscalía [General de la República] realmente autónoma, con capacidades técnicas
institucionales, podría darse un paso importante para comenzar a reducir o
abatir esta impunidad que existe”. Empero, en la actualidad, la que será
Fiscalía en 2018 -hoy Procuraduría General de la República (PGR)- no tiene
titular.
SANGRÍA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
MÉXICO
En
los últimos 64 años, al menos 289 periodistas han sido asesinados en
situaciones que podrían estar ligadas con su actividad periodística, de acuerdo
con un recuento hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Sólo en los últimos
17 años, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada [2000-2006], Felipe
Calderón Hinojosa [2006-2012] y Enrique Peña Nieto [2012-2018], se cometieron
168 homicidios [el 58 por ciento del total].
Según
estas cifras, en promedio, en las últimas cinco décadas anteriores al 2000,
hubo 2.6 informadores asesinados por año. En cambio, en los últimos tres
sexenios, el promedio es de 17 homicidios anuales. Esta situación se agrava si
consideramos que, durante el primer semestre de 2017, un periodista fue
agredido cada 15.7 horas en nuestro país, refieren datos de Artículo 19.
Mientras
que en el primer semestre de 2016 la organización civil registró 218 agresiones
contra periodistas, en el mismo periodo de 2017 asentó 276 casos. Esto
representa un aumento de 26.6 por ciento en un año. Aunado a ello, Artículo 19
encontró que, en la mitad de los casos, un funcionario público fue el principal
responsable del agravio. Las intimidaciones, las amenazas y los ataques físicos
y materiales, fueron los exabruptos más comunes. También destacaron situaciones
de espionaje –como el caso “Pegasus” en junio de este año– y de acoso judicial
[demandas por perjurio].
Para
Mora Velázquez de la UNAM, el problema de las agresiones contra periodistas se
inscribe en el marco de un país donde “no está garantizado el Estado de derecho
porque el sistema de justicia es ineficiente”. Por ello, ulterior al actuar del
Gobierno federal, es menester la participación de la sociedad civil en el
diseño de soluciones.
En
cuestión de homicidios de periodistas, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa
es el más sangriento. Durante su periodo, hubo al menos 83 asesinatos. Le
siguen los gobiernos de Enrique Peña Nieto [56]; Carlos Salinas de Gortari [38
entre 1988 y 1994]; Miguel de la Madrid Hurtado [34 entre 1982 y 1988]; Vicente
Fox Quezada [29]; Ernesto Zedillo Ponce de León [20 entre 1994 y 2000]; José
López Portillo y Pacheco [15 entre 1976 y 1982]; los de Luis Echeverría Álvarez
[1970-1976], Adolfo López Mateos [1958-1964] y Adolfo Ruiz Cortines
[1952-1958], cada uno con al menos cuatro asesinatos registrados; y,
finalmente, el de Gustavo Díaz Ordaz [dos entre 1964 y 1970].
Por
entidad federativa, el recuento de la Unidad de Datos arrojó que, en los
últimos 64 años, Veracruz es el escenario más violento para la labor
periodística con 37 homicidios registrados. Le siguen los estados de Tamaulipas
[29]; Oaxaca [26]; Chihuahua [25]; Guerrero [24]; Sinaloa [22]; Ciudad de
México [20]; Michoacán [15]; Estado de México [13]; Baja California [10];
Jalisco y Morelos [nueve cada uno]; Chiapas [siete]; Coahuila y Sonora [seis
cada uno]; Durango, Puebla y Tabasco [cinco cada uno]; Nuevo León [cuatro];
Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí [dos cada uno];
Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas [uno cada uno].
En
los casos de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Yucatán, no hubo
registro de homicidios directamente relacionados con la actividad periodística.
Asimismo,
los hallazgos de SinEmbargo dan cuenta de que, hasta el sexenio de Luis
Echeverría Álvarez [1970-1976], los homicidios de periodistas no superaban los
cuatro casos por periodo presidencial. Es a partir del gobierno de José López
Portillo y Pacheco [1976-1982] que la incidencia de este delito se disparó. En
seis años hubo 15 casos; 3.5 veces más que el promedio registrado en las cuatro
administraciones anteriores. Con de la Madrid, esta cantidad sería duplicada.
De ahí en adelante, el homicidio de periodistas se mantuvo en niveles altos.
(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ DICIEMBRE
20, 2017, 12:05 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario