Tribunales
en Baja California conceden amparos a Víctor Magno Escobar “El Matapolicías” y
a Manuel Ivanovich Zambrano “El Jimmy”, ex jefes de células del Cártel Arellano
Félix, contra órdenes de aprehensión por secuestro y delincuencia organizada.
Las pifias de siempre: insuficiencia probatoria por parte del Ministerio
Público y mala valoración de pruebas por el juez de la causa penal. En ambos
casos, los amparos son para que se repongan los procedimientos y se subsanen
los errores, pero en el proceso de Escobar parecen insalvables
Uno
de ellos quiere salir pronto de prisión. El otro ya no quiere regresar.
Son
dos de los más notorios miembros del Cártel Arellano Félix (CAF) de inicios del
Siglo XXI. Ambos fueron detenidos a finales de la década pasada, pero el más
afortunado recuperó su libertad en 2014. Ahora, el tiempo hace coincidir sus
nombres en tribunales de Tijuana, donde fueron favorecidos con sendos amparos
contra órdenes de aprehensión que pesan en su contra por delitos similares.
Víctor
Magno Escobar Luna “El Pareja” y Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy”
fueron notificados por jueces federales de Baja California del otorgamiento del
amparo y protección de la Justicia de la Unión para que queden sin efecto los
mandamientos de captura dictados en su contra en 2001 y 2014, respectivamente.
Al primero le dieron la noticia en el penal de máxima seguridad “Altiplano”. Al
segundo, a través de sus defensores.
Considerados
jefes de células del CAF, a Escobar le señalan como uno de los hombres
favoritos de su encarcelado patrón Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, a su
vez, ex jefe de otro de los más temidos sicarios de la organización criminal:
Raydel López Uriarte “El Muletas”, también preso. Mientras que al “Jimmy”
Zambrano le ubicaban como el escudero de Carlos Herrera Ávalos, alias Gustavo
Rivera Martínez o “El P1”, igualmente recluido.
Incluso
Zambrano fue rankeado aún más arriba que otros de los miembros del clan
buscados en su época. La Procuraduría General de la República (PGR) y agentes
del gobierno de Estados Unidos, señalaban que el perfil, más empresarial que
sanguinario, colocaba al referido en el grupo de primer contacto de Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”, entonces a la cabeza del cártel.
Los
amparos concedidos a ambos personajes están sustentados en los errores
frecuentes de agentes del Ministerio Público o jueces de primera instancia. Los
unos que no aportan pruebas suficientes y contundentes. Y los otros, que no
realizan la adecuada valoración de dichas pruebas, y solo reproducen las
imputaciones ministeriales o les enmiendan la plana a los fiscales, violando
con ello preceptos constitucionales. Las resoluciones son de las llamadas “para
efectos” y tienen la finalidad de que se repongan los procedimientos y se
subsanen los errores para dictar nuevos fallos.
“EL MATAPOLICÍAS”
Más
de diez años han transcurrido desde que Víctor Magno Escobar Luna “El Pareja”
fue detenido en Tijuana, con algunos de sus secuaces. Aquel 31 de marzo de 2007
contaba con 29 años de edad. Agentes federales le atraparon durante un
operativo de cateo en la finca 10267 de la calle Ingenieros Civiles, en la
colonia Chapultepec, delegación Centro.
Ex
policía municipal, Escobar estaba señalado de ser uno de los principales
ejecutores de elementos policiales en la frontera. Fueron muchos los gendarmes
caídos entre 2003 y 2007. Por eso al ser capturado, el también llamado
“Matapolicías” se cambió el nombre por el de Héctor González Pérez. Con él
cayeron otros ex policías y dos mujeres. En la vivienda fueron asegurados tres
fusiles AK-47, tres rifles AR-15 y una subametralladora MP-5; una escuadra
calibre 9 milímetros marca Glock, cuatro chalecos antibala y dos camionetas.
En
otro domicilio ubicado en el número 250 de Avenida Artículo 27, Fraccionamiento
Soler, fueron detenidos tres cómplices más, presuntos narcosecuestradores. En
el sitio fueron incautadas otras dos armas, una de ellas escuadra calibre 9
milímetros de la marca Browning y un rifle AR-15, además de una camioneta.
Junto
con sus matarifes, “El Pareja” -uno de los hombres de mayor confianza de Javier
Arellano “El Tigrillo”- fue trasladado a las instalaciones de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(antes SIEDO), en la Ciudad de México, donde rindió su declaración y días
después fue arraigado. Un mes más tarde se obtuvo la orden de aprehensión en su
contra y los imputados fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social
Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
El
28 de abril de 2007, vía exhorto y en auxilio del Juzgado Sexto de Distrito en
el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, el Juez Cuarto de
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó
auto de formal prisión contra Víctor Magno, dentro de la causa penal 194/2006,
por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia
organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Para
desgracia del “Matapolicías” no son las únicas acusaciones. Familiares de una
víctima de secuestro agravado formularon denuncia por hechos ocurridos el 31 de
marzo de 2000. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró la
averiguación previa 02623/00/200. Una vez detenido el implicado, un fiscal
ejercitó acción penal solicitando la correspondiente orden de aprehensión por
el secuestro y asociación delictuosa, ante el Juez Cuarto Penal del Fuero Común
en Tijuana, mandamiento que fue concedido, pero que a la fecha no se ha
cumplimentado.
Los
abogados de Escobar Luna formularon demanda de garantías para allanar el camino
de su cliente. El juicio se admitió en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo
en Tijuana y, el 31 de enero de 2017, se le negó la protección constitucional.
La defensa interpuso el recurso de revisión y, hace unas semanas, el Cuarto
Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali revocó el fallo para amparar al
quejoso contra la orden de captura.
Por
unanimidad, los magistrados Fabricio Fabio Villegas Estudillo, David Guerrero
Espriú e Isaías Corona Coronado, estimaron que el juez que ordenó la
aprehensión de Víctor Magno “sustituyó el actuar deficiente del fiscal dentro
de su pliego consignatorio, donde no precisó los hechos y la conducta que se
atribuyen al inculpado”. Es decir, el juzgador fue más allá de la pretensión
ministerial.
El
agente del Ministerio Público enlistó una serie de pruebas, pero no realizó un
razonamiento lógico-jurídico de las mismas, según el tribunal: “El fiscal
consignante inobservó en forma indiscriminada su obligación mínima de
relacionar los medios de prueba en forma tal que ilustraran al Juez natural a
efecto de situarlo en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en
que se suscitaron los hechos motivo de consignación; ya que se constriñó a
citar cuáles pruebas eran con las que contaban”. Por su parte, el juez se
extralimitó al suplir las deficiencias del representante social en sus
facultades exclusivas de órgano acusador.
Por
lo anterior, fue concedido el amparo al “Pareja” para que el Juez Cuarto Penal
de Tijuana anule la orden de aprehensión de fecha 8 de marzo de 2008, y en su
lugar emita otra resolución en la que se limite a analizar las circunstancias
que el fiscal precisa en su consignación, y destaque que la omisión en que este
incurrió, “constituye un impedimento para constatar el acreditamiento del
cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad, que son
presupuestos jurídicos para la emisión de una orden de aprehensión”. O sea, que
la niegue y regrese la averiguación previa al Ministerio Público, entidad que
posteriormente podría insistir en el ejercicio de la acción penal.
¿Y LAS PRUEBAS?
En
cuanto a Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy”, su captura ocurrió el 7
de agosto de 2009, cuando elementos de la desaparecida Secretaría de Seguridad
Pública Federal realizaban un operativo de localización en la Zona Norte de
Tijuana. Los agentes detectaron a Ivanovich, quien conducía un vehículo
Volkswagen Tuareg sobre la calle Coahuila. Escapó a toda velocidad y se le
persiguió durante algunas cuadras, hasta que fue interceptado.
Los
integrantes de la Fuerza de Seguridad -que se denominaba “Operativo Conjunto
Tijuana”- acreditaron la identidad de su objetivo y triunfantes lo informaron a
las autoridades centrales, que al día siguiente dieron a conocer la detención
del operador del CAF.
En
un taller mecánico de su propiedad, al “Jimmy” le aseguraron siete armas largas
AK-47 calibre 7.62, tres armas largas AR-15 calibre .223, siete armas cortas de
diversos calibres, 145 cargadores de diversos calibres, 3 mil 887 cartuchos
para diferentes tipos de armamento, equipo táctico y una identificación.
Entonces
se dijo que Manuel Ivanovich Zambrano Flores pertenecía a la célula delictiva
de Gustavo Rivera Martínez “El Gus” o “El P1”, capturado por la Policía Federal
en Los Cabos, Baja California, el 12 de marzo de 2008, y cuyo verdadero nombre
es Carlos Herrera Ávalos. Supuestamente “El Jimmy” ocupaba el lugar de su
depuesto jefe, quedando bajo su responsabilidad gran parte del trasiego de
droga hacia Estados Unidos y el manejo de las finanzas de la organización.
Zambrano
fue considerado parte de una nueva generación de narcotraficantes que operaba
en esta frontera, bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”,
para entonces, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas
en inglés) lo tenía identificado como uno de los lugartenientes más importantes
del CAF y existía una investigación en su contra por delitos relacionados con
tráfico de drogas. Su foto ya aparecía en los afiches de la agencia
norteamericana.
El
personaje no era desconocido para el gobierno estadounidense, pues fue
arrestado en San Diego, California, en julio de 1997, bajo cargos de distribuir
marihuana. Fue trasladado a la ahora SEIDO y posteriormente remitido al Centro
Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco,
donde quedó a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales
Federales de Nayarit. Recibió formal prisión por delincuencia organizada con el
propósito de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego y
posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Sin
que existan datos exactos, en los primeros meses de 2014 trascendió la
liberación de Zambrano Flores. Las autoridades bajacalifornianas se dieron
cuenta de su retorno luego que un detenido por el homicidio de un taxista,
perpetrado el 21 de mayo de ese año, mencionó al “Jimmy” como uno de los que estaba encabezando los
grupos al servicio del “Ingeniero” Sánchez Arellano. En ese tiempo promovió un
amparo contra una posible orden de extradición, pero esta nunca existió.
Luego
de estos sucesos, el 3 de diciembre de 2014, el Juzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales con residencia en Tijuana dictó orden de aprehensión
contra Manuel Ivanovich, a petición del Ministerio Público Federal. Los cargos
fueron por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la
modalidad de secuestro. Hechos que habrían ocurrido en 2007, sin que sean
precisados.
La
defensa de Ivanovich presentó demanda de amparo el 30 de diciembre de 2015 ante
el Juzgado Segundo de Distrito de la especialidad en esta ciudad y, el 25 de
enero de 2017, le fue concedida la ansiada protección de la justicia federal.
Hace unas semanas, el Primer Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali
confirmó la resolución contra la orden de aprehensión.
Juez
de Distrito y magistrados de circuito encontraron las pifias ministeriales de
siempre: copias de una averiguación o averiguaciones previas diversas a la
original, falta de motivación que explique tiempo, modo y lugar de la
participación del imputado, y ausencia de un real análisis de las pruebas por
parte del juzgador emisor del mandamiento judicial reclamado.
Lo
que es peor, ahora “ni siquiera se tiene noticia si se trata de copia
certificada, simple, o el original de la misma, ni los autos de la indagatoria
de origen, pues únicamente se cuenta con la constancia ministerial en la que la
agente del Ministerio Público investigadora, asentó que le fue ‘entregada’ en
siete fojas útiles por el agente del Ministerio Público de la Federación
adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro”, señalaron
los revisores del amparo.
En
otras ocasiones se han concedido amparos porque el contenido de una declaración
recabada en diversa averiguación previa a la de origen, para la formación del
proceso penal, no puede ser tomado en consideración como una verdadera
testimonial, sino en su caso, como una prueba documental.
Al
margen de lo anterior, se observó que el juez federal responsable omitió
señalar los actos concretos de intervención del imputado en el delito de
delincuencia organizada, conforme a las circunstancias de espacio y tiempo de
verificación, citando las pruebas que lo sustenten: “Resulta evidente que el
Ministerio Público de la Federación, al ejercer acción penal a través del
pliego de consignación respectivo, tampoco formuló un debido razonamiento en
torno al tema relativo de la probable responsabilidad del inculpado, aquí
quejoso en la comisión de los delitos que se le atribuyen, pues sobre el
particular sólo realizó afirmaciones vagas en el sentido que con los medios de
prueba analizados se tenía por demostrado que el inculpado había participado en
los eventos delictivos que se le reprochan”.
Como
en el caso del “Pareja”, al “Jimmy” también le dejaron insubsistente la orden
de aprehensión en su contra. En este último asunto, el juez de origen deberá
purgar los vicios detectados y analizar los elementos del cuerpo de los delitos
atribuidos a Manuel Ivanovich, prescindiendo de valorar las pruebas bajo las
reglas de las testimoniales. Enseguida deberá resolver si se acredita o no la
materialidad de los ilícitos y decretar o negar la orden de captura.
55 AMPAROS
Víctor
Magno “El Mata policías” ha presentado por lo menos 55 demandas de amparo,
quejas y recursos de revisión, contra diversas autoridades, principalmente
jueces que llevan procesos penales en su contra y directivos del reclusorio
federal “Altiplano”, a los que acusa de
violentar sus derechos fundamentales con actos como incomunicación, tortura y
sobre todo falta de atención médica especializada y la negativa a entregarle
medicamentos.
Sin
embargo, en el presente año Escobar Luna fue intervenida quirúrgicamente debido
a una serie de males oncológicos que le atacaron durante los últimos dos o tres
años. Por ello su último juicio de amparo pretendió interponerlo contra el
director general de “Altiplano”, reclamando de forma específica “la omisión y/o
negativa de las autoridades responsables de autorizar mi reubicación de
dormitorio o celda, así como la falta de atención médica y de proporcionar las
condiciones óptimas para la recuperación post-operatoria”.
Dos
demandas más fueron presentadas en agosto de 2017 por parte de una mujer en representación
de Víctor Escobar, por falta de atención médica a otro de los padecimientos del
interno: hipertensión; y por actos consistentes en incomunicación y negativa a
recibir la vista íntima. A pesar de que el juez amparista concedió al quejoso
la suspensión del supuesto abuso, en una cédula de notificación, el reo informó
al impartidor de justicia: “Su Señoría
le informo que todavía no dejan pasar a mi familia a la visita, que dicen que
porque trae imagen inusual, y mi esposa no trae nada indebido, por favor le
agradecería si autoriza a un actuario para que de fe. Gracias”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 18 DICIEMBRE, 2017, 12:00 PM)
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