ENREDAN CASO AYOTZINAPA

Informe de expertos forenses deja mal paradas a las autoridades mexicanas en el caso de los 43 desaparecidos en Iguala. El Gobierno de la República está dispuesto a realizar nuevos peritajes. Legisladores exigen se sancione a autores de malas pesquisas y proponen nueva Comisión en el Congreso para analizar informe, además de un fiscal especial. Catedrático estima riesgoso comenzar de “cero”, más de 100 detenidos podrían recuperar su libertad

El informe de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, obliga a las autoridades a reencauzar las pesquisas del caso, pero también a actuar con precaución para no enredar aún más la verdad histórica.

Los resultados científicos, en el sentido de que los estudiantes desaparecidos en Iguala no fueron incinerados en el basurero de Cocula, son contundentes y contradicen la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), al concluir que es científicamente imposible que en ese lugar se hubiera dado una incineración de semejantes proporciones.

Sin embargo, la falta de conclusiones del GIEI no da certidumbre acerca del paradero y destino que tuvieron los jóvenes, detenidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala.

A regañadientes, los políticos en el poder han aceptado que existen pifias en la investigación y que se tendrán que realizar nuevos peritajes y pesquisas. Organismos internacionales ven con buenos ojos los resultados del grupo de expertos y la apertura gubernamental para reorientar la indagatoria. Mientras que legisladores piden crear una Comisión especial para el caso y transparentar la investigación.

Por su parte, académicos advierten de los riesgos de iniciar una “nueva” investigación, pues la actuación de la PGR ha llevado a más de 100 personas a prisión y cualquier error podría desvanecer los datos de prueba que existen hasta el momento, y poner a esos procesados en inmediata libertad.

También se escuchan voces que exigen castigar a los responsables de las desacertadas averiguaciones y solicitan juicio político en contra del ex fiscal general de la nación, Jesús Murillo Karam.

INVESTIGACIÓN DE LA CIDH

A cinco días de que la PGR había entregado 53 muestras -entre prendas y objetos propiedad de los desaparecidos de Ayotzinapa- a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que se les realicen diversos peritajes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio a conocer los resultados de su propia investigación.

Luego de seis meses de viajes a México y por las zonas de Guerrero relacionadas con los lamentables hechos, y de entrevistarse con detenidos, funcionarios, sobrevivientes y familiares, los cinco expertos autónomos expusieron que los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

De acuerdo con la investigación pericial del peruano José Torero, experto en seguridad y manejo de fuego, es científicamente imposible que en dicho lugar hubiese ocurrido una quema de semejantes proporciones.

Para el experto sudamericano “se requieren 700 kilos de madera, 310 kilos de neumáticos y 12 horas para incinerar un solo cuerpo, mientras que 43 cuerpos requieren una carga de combustible de 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y 60 horas”.

Según las investigaciones, el testigo que declara el lapso de tiempo más prolongado de la incineración de los cuerpos, se refirió a 16 horas, aunque la evidencia científica descarta la veracidad del testimonio. Otros declarantes refieren que se usaron entre 10 y 15 llantas, lo cual también se descarta.

De esta manera, el grupo de especialistas descartó la versión oficial de que los normalistas fueron atacados porque iban a boicotear el informe del DIF Estatal, ya que llegaron a Iguala de la Independencia una vez que había terminado el acto de María de los Ángeles Pineda, esposa del hoy depuesto alcalde José Luis Abarca Velázquez, ambos encarcelados.

El GIEI corroboró que los estudiantes se dirigieron a Iguala para tomar autobuses con motivo de sus manifestaciones del 2 de octubre; una vez ahí, cinco autobuses con normalistas a bordo fueron atacados a balazos por policías municipales. Incluso uno de estos vehículos desapareció.

Los forenses no emitieron conclusiones, solo los resultados de sus investigaciones y recomendaron a las autoridades realizar nuevos peritajes e indagar acerca de la participación del quinto autobús y su destino.

RESPUESTAS AL INFORME

El mismo domingo 6 de septiembre, fecha en que se difundió el informe del GIEI, las autoridades reaccionaron a los resultados. En redes sociales, el Presidente Enrique Peña Nieto informaba que dio indicaciones para que se continúe con las investigaciones en el caso Ayotzinapa, con los elementos aportados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En otro mensaje, el mandatario exhortó a las dependencias del Gobierno de la República para que analicen las recomendaciones presentadas por el GIEI.

La procuradora general de la República, Arely Gómez, también salió al paso para afirmar que las investigaciones sobre el caso Iguala “siguen y se mantendrán hasta las últimas consecuencias”, y reconoció al grupo de expertos por su colaboración. Añadió que se ordenó a diversas áreas de la PGR analizar el estudio de la CIDH y realizar nuevos peritajes a través de un grupo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio.

A pesar de la aceptación de sus superiores, de que pudieron haber existido fallas en las investigaciones y se realizarán nuevos estudios, algunos funcionarios de la PGR defendieron sus pesquisas. Uno de ellos fue el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. El otro, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Mientras Muñoz Vázquez citó que la investigación de la PGR se ha realizado con toda seriedad y defendió la actuación de su anterior jefe, el ex procurador Jesús Murillo Karam, Zerón de Lucio ratificó la versión de que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y descartó replantear las hipótesis obtenidas hasta ahora.

Por su parte, los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa hicieron un llamado para que se atiendan las recomendaciones del GIEI y se mantengan en México hasta que concluyan sus trabajos de investigación. Además, solicitaron una reunión con Enrique Peña Nieto antes del 10 de septiembre para insistir en la búsqueda y pronta localización de sus hijos.

TERRENO POLÍTICO

En tanto se dan los pasos para reactivar las indagaciones del caso, el ámbito político adoptó la noticia para su agenda semanal y figurar en los medios de comunicación como interesados en que se aclare el suceso.

El lunes 7 de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a hablar del caso Ayotzinapa y aseguró que no habrá carpetazo, pues se cerrará hasta que el último de los responsables de la desaparición de los estudiantes haya sido detenido. El mandatario expresó que tiene total interés en reunirse nuevamente con los padres de los normalistas.

A través de su cuenta de Facebook, el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, pidió al Presidente de la República fincar responsabilidades a funcionarios federales, estatales, elementos del Ejército y cuerpos policíacos presuntamente implicados en la desaparición de los normalistas de Guerrero.

Asimismo, a través de su coordinador de bancada, Francisco Martínez Neri, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados anunció que se promoverá un juicio político en contra del ex procurador Murillo Karam, porque habría falseado la investigación del caso Ayotzinapa.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento al informe del GIEI. El coordinador, el priista César Camacho Quiroz, afirmó que en fecha próxima se precisará sobre la integración, alcances y facultades de dicha Comisión.

Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, fue más allá y “aconsejó” que la PGR designe a un fiscal especial para el caso, elegido a propuesta de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, para que se coordine con el grupo de expertos independientes.

En el Senado de la República, el grupo parlamentario perredista exigió la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y la PGR, Miguel Ángel Osorio Chong y Arely Gómez, respectivamente, para que expliquen las diferencias entre la investigación oficial y el informe del GIEI.

La relevancia del caso, su impacto y la credibilidad de las investigaciones obligan a transparentar los avances hacia la sociedad. Al respecto, la consejera presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Ximena Puente, externó que ya trabaja con la PGR para hacer público el contenido de los 55 tomos de la indagatoria de Iguala.

LOS NUEVOS RIESGOS

Investigar de nuevo, desde cero, a un año de ocurridos los hechos, es muy riesgoso desde cualquier punto de vista, estima el doctor Guillermo Garduño Valero, especialista en asuntos de Seguridad Nacional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Para retomar las pesquisas y hacer lo científicamente correcto es necesario actuar con sensatez, afirmó el académico en entrevista sostenida con la emisora Radio Metrópoli.

“El hecho de plantearse, sencillamente, volver a comenzar de cero, significa desvanecer todos los elementos con los cuales se ha consignado a más de cien personas. En este caso, desde Abarca, su mujer, todos los implicados definitivamente, de este lamentable suceso, tendrían que salir de inmediato libres y ya no podrían ser juzgados. Esa es la primera situación”.

De acuerdo con Garduño, sí las autoridades recomienzan la investigación desechando las hipótesis hasta hoy predominantes, lo que se va a conseguir es una “absoluta impunidad”, un caso más de fracaso oficial en este país.

“La Procuraduría dice hoy, ‘nadie saldrá libre’. ¿Cómo nadie saldrá libre si está desvaneciendo toda la argumentación? Automáticamente estas personas van a presentar amparos y en las próximas horas pueden salir, con lo cual, desde luego, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Desde dónde se está contemplando nuevamente esta situación?”.

Lo realmente relevante del caso de Ayotzinapa -y por lo cual no se ha conocido la verdad- son los graves vínculos entre elementos de la sociedad civil, del narcotráfico y del Estado Mexicano. “Los tres están implicados, y el saberse la verdad, la verdad auténtica, vendría a desprestigiar no solo al gobierno de Peña Nieto, no solamente al Gobierno del Estado de Guerrero, al narcotráfico; también a los grupos sociales”, advirtió.

Con varias décadas de experiencia, el catedrático mostró su pesimismo respecto a que las investigaciones arrojen la verdadera historia de lo que pasó con los normalistas:

“Ya nunca se va a conocer, porque en la investigación policial hay un factor esencial: el factor de oportunidad, el factor de prontitud, de honradez, de no complicidad, de no ocultamiento de los hechos, de registro minucioso de las cosas, de no apresuramiento y de volver esto en informes absolutamente congruentes. Y aquí lo que se buscó fue tapar salidas y complicidad”.

El entrevistado planteó preguntas que mueven a la reflexión: “¿Dónde está en este momento el ex gobernador Aguirre Rivero? En su casa. ¿Dónde está Iñaki, el ex procurador de Guerrero? En su casa. ¿Dónde están los principales actores del narcotráfico? Disfrutando…”, y concluyó que el camino de la investigación deberá contemplar qué puede recuperarse y qué es lo que ya es imposible de recuperar.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/Luis Carlos Sáinz Martínez / Fotos. cuartoscuro.com/   16 de Septiembre del 2015 a las 21:56:55)