PIERDEN 13 MILLONES DEL SUBSEMUN

De 89 millones 345 mil 382 pesos que se recolectaron en 2014 de recursos federales y municipales del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, únicamente en el Ayuntamiento de Ensenada se ejercieron 76 millones de pesos, del resto no saben cuál fue el destino. En la Sindicatura -por su parte y decisión- investigan lo sucedido; mientras en la administración de Gilberto Hirata señalan a los responsables de ese “descuido”: Carmen Elena Gómez y Mauricio Paredes

El Departamento de Compras de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ensenada descuidó 13 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) en el ejercicio 2014. Ha pasado casi medio año y Sindicatura Municipal sigue sin dar con los responsables de la omisión.

En el ejercicio pasado, la Federación dispuso para Ensenada 71 millones 476 mil 170 pesos, y el Municipio aportó 17 millones 869 mil 212 pesos, etiquetados para la compra de equipo tecnológico, unidades, capacitación policiaca, además de procesos de control y confianza. De ese total se usaron 76 millones de pesos. Del resto, no se sabe nada.

Dicha cifra estaba destinada a programas de promoción para la seguridad pública, la adquisición de tres camionetas y para realizar actividades relativas a prevención al delito.

Se trata de un error cometido por la directora de Recursos Materiales, Carmen Elena Gómez Gloria, o el ex administrador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Mauricio Paredes Alor, quien ocupó ese cargo hasta julio de 2014, fecha en que se le reubicó a la Secretaría General de Gobierno. Ambos mantienen sueldos superiores a 24 mil pesos mensuales, según el portal de Transparencia.

El patrimonio municipal pagó las primeras consecuencias de esta omisión, ya que hubo una ligera disminución del subsidio por el orden de los 3 millones 300 mil pesos, lo anterior a pesar de las necesidades que existen en la corporación policiaca.

El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa, reconoció que existe una irregularidad, bajo investigación de la Dirección Jurídica, que hace unos días turnó el caso al área de Responsabilidades, donde los presuntos responsables de esta falta serán citados a declarar.

Cuestionado sobre el tema, el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante del Comité de Compras, Arturo Serratos, respondió: es “Carmen Gómez quien debe salir” de la administración.

El síndico pidió prudencia en este sentido porque son varias las manos que intervienen en la ejecución de los recursos federales. “Es muy fácil acusar, pero Seguridad Pública es quien dice lo que va a comprar y da las especificaciones de lo que ocupa. La bolita está entre Compras y quien manda el oficio de Seguridad Pública para ver las características”.

Lo que hará el Departamento Jurídico, agregó, es analizar los oficios que envió la DSPM a Oficialía Mayor, para conocer los motivos por los que no se realizaron las licitaciones como deben ser, antes del 31 de diciembre, fecha límite para asignar las licitaciones, y que fue lo que provocó el retraso.

En cuanto al Comité de Compras del Ayuntamiento, el funcionario deslindó a los integrantes de cualquier responsabilidad porque este grupo, integrado por regidores, oficial mayor, tesorero y el propio síndico, solo convoca para conocer el procedimiento de una licitación y  atestiguar que los concursos se realicen conforme a la Ley.

“¡Ojo! -remarcó el síndico procurador- Es responsabilidad no solo de Compras, sino también de Seguridad Pública y, en más de una ocasión, Barbosa Ochoa dejó claro que no está justificando a ningún servidor público de este gobierno, aun cuando en todo este tiempo no se ha sancionado a nadie”.

Para evitar que se repita el yerro, anunció el sindico Barbosa, en el presente año estarán haciendo un ejercicio con las dependencias involucradas, “pero ¡ojo!... ¡Ojo! No es trabajo de Sindicatura, sino que estamos siendo preventivos, tratando y esperando que no vaya a pasar lo que pasó, porque a final de cuentas…”.

Negó revelar cuál será la sanción que se le imputará al responsable, porque desconocen el tipo de falta que se cometió y es necesario escuchar a los involucrados.

A la pregunta de cuál sería un argumento válido que justifique que ese recurso se haya perdido, el síndico contesta  levantando su dedo índice: “No hay argumento válido, sin embargo, tenemos que dar cumplimiento a los procedimientos”.

IMPROCEDENTE ACTO DE NEPOTISMO

La responsable del Departamento de Compras, Carmen Elena López Gloria, también fue denunciada en enero de 2015 por el síndico social, por infringir los artículos 51 al 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, ya que tiene un hijo con el hermano del oficial mayor Ríos Vela, pero al no estar legalmente casados, Sindicatura declaró improcedente la acusación.

“Yo lo dije, moral y éticamente está mal, pero no hay argumento jurídico para sancionar”, refirió el síndico.

ZETA solicitó entrevista con ambos funcionarios, de Compras y Oficialía Mayor, pero rechazaron la propuesta.

EN EL AYUNTAMIENTO “NO PASA NADA”

El síndico social Félix Ojeda Ortega fue uno de los que ventiló el problema de inejecución de recursos federales, pero ante un escenario gubernamental donde los conflictos sociales se politizan, es difícil avanzar, reprochó.

“En varias ocasiones se ha señalado directamente a la encargada de Compras, yo no veo que se le dé un seguimiento justo sino político, por lo mismo que se le dio a conocer la vez pasada, al tener una sobrino -hijo de su hermano el oficial mayor- que la blinda”.

El funcionario considera que la ciudad necesita un síndico procurador que realmente aplique las sanciones que correspondan y no se base en la política, sino en lo jurídico, “porque no es justo que Ensenada pierda dinero, si de por sí este año vamos salir castigados con otra cantidad, aquí a lo que exhorto al síndico es a que le dé un trato justo si ella -Carmen Gómez- sí es responsable, como lo supongo que es; porque  hay los elementos que establecen que ella llevaría a cabo la ejecución de la recurso”.

Para finalizar, Ojeda advierte que existe cerrazón y que se escudan bajo el argumento de que faltan elementos probatorios para inhabilitar a los funcionarios de esta administración, cuando Sindicatura es una entidad investigadora: “Se han dedicado a desestimar las denuncias y tratan de buscar el cómo no sancionar a sus funcionarios”.

ALCALDE INSISTE EN LOS RECURSOS FEDERALES

Gilberto Hirata Chico habló en pleno 7 de junio sobre la importancia de allegarse de recursos federales para dar solución a los problemas de seguridad, abastecimiento de agua, deporte y otros programas preventivos.

“Somos el Estado que está más lejos y el Municipio que está más lejano del Distrito Federal; yo lo viví, hay que estar allá porque son los recursos que están saliendo y que no se aplicaron, y que los sueltan en unas cuantas horas para meter proyectos”, expuso.

SUBSEMUN 2015

El monto del Subsidio para la Seguridad en los Municipios para el Estado de Baja California en el presente año, es de  410 millones 500 mil 856 pesos, el 75 por ciento es aportación federal y el 25 restante corresponde a la administración estatal -alrededor de 82 millones de pesos-. El convenio de coordinación se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP),  el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) y el SUBSEMUN, son los principales recursos que comparte la Federación con las entidades. Para recibirlos, el Estado debe elaborar informes mensuales y trimestrales sobre las acciones realizadas con base al convenio, así como los movimientos que presenten las cuentas bancarias específicas productivas, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, así como los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados.

De acuerdo a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el FASP obliga a los Estados a cumplir diversas estrategias englobadas en 17 programas con prioridad nacional, acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los cuales son:

* Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

* Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

* Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

* Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).

* Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES).

* Acceso a la Justicia para las Mujeres.

* Huella, Balística y Rastreo Computarizado de Armamento.

* Nuevo Sistema de Justicia Penal.

* Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.

* Red Nacional de Telecomunicaciones.

* Sistema Nacional de Información.

* Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

* Registro Público Vehicular.

* Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES).

* Evaluación de Programas con Prioridad Nacional.

* Genética Forense.

* Fortalecimiento de Instituciones Locales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Lorena Lamas/ 15 de Junio del 2015 a las 12:00:12)