Las
investigaciones de autoridades estadunidenses sobre dos presuntos
operadores financieros del Cártel de Sinaloa revelan la creciente
complejidad de las redes internacionales de lavado de dinero que utiliza
la banda del Chapo
Guzmán. Al ocultar millones de dólares tras una maraña de fraudes a
inversores y transferencias bancarias, los sospechosos se asociaron en
una de sus empresas fachadas con el director de Pensiones de San Luis
Potosí, Oziel Yudiche Lara, quien les entregó los fondos de los
trabajadores del estado, de los maestros y del Fondo Contingente.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo
Guzmán, logró infiltrar las finanzas públicas de San Luis Potosí en la
administración del gobernador Fernando Toranzo Fernández a través de la
Dirección General de Pensiones del estado.
Documentos cuya copia tiene Proceso muestran
que en 2011 el titular de la dependencia estatal, Oziel Yudiche Lara,
fundó en Miami una empresa fachada que operan Daniel Fernandes Rojo
Filho y Pedro Benevides, identificados por el gobierno de Estados Unidos
como lavadores del Cártel de Sinaloa.
Ya en 2010 Yudiche Lara había puesto los fondos de pensiones de la entidad a disposición de la red de lavado del cártel.
Un
informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala a
Fernandes Rojo Filho y Benevides como operadores financieros del Cártel
de Sinaloa. Ambos son investigados desde 2008 por la agencia antidrogas
DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por presuntas actividades
de narcotráfico y lavado de dinero (Proceso 1943).
Mediante
una red de más de 25 compañías fachada creadas en Florida y Panamá, así
como cuentas en 12 bancos en Estados Unidos, los dos “empresarios”
vinculados a la organización criminal de El Chapo Guzmán realizaron una estafa mundial para ocultar dinero proveniente del narcotráfico.
De
acuerdo con expedientes abiertos en cortes federales de Florida y
Arizona desde 2008, Rojo Filho –como lo identifica la justicia
estadunidense– y Benevides utilizaron pirámides de inversión
fraudulentas o esquemas Ponzi, igual que inversiones en inexistentes
plantas de energía renovable, para transferir por lo menos 213 millones
de dólares entre diversas cuentas. Así consiguieron revolver el dinero
del fraude financiero con el del tráfico de drogas y prácticamente
imposibilitaron que se aclarara el origen y el destino del dinero.
Como
piratas modernos, también “enterraron” más de 100 mil onzas de oro en
dos depósitos de valores en los estados de Delaware y Texas, cuyos
verdaderos dueños hasta ahora no han asomado la cabeza.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1944, ya en circulación)
/ 1 de febrero de 2014)
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