*Responden así a la detención de cinco policías ciudadanos en El
Pericón; exigen la devolución de las armas decomisadas y que se
investiguen probables nexos de los soldados con el crimen
* Anoche la organización convocó a sus miembros a movilizarse hacia ese lugar
*Dice Bruno Plácido que recibieron un reporte de que el Ejército los desalojaría
* Vecinos participan en el cierre de la carretera federal en Xaltianguis y en Tierra Colorada
*Apoya el gobierno del estado la acción castrense e insiste en que las autodefensas se integren a la Policía Rural
Retienen ciudadanos y la autodefensa a 100 militares; los vinculan con el crimen organizado
*El conflicto inicia a las 8:00 de la mañana en el retén de El
Pericón, Tecoanapa, cuando soldados desarmaron a cinco policías
ciudadanos. Les decomisaron dos pistolas 45, dos 9 milímetros y una
metralleta Uzi. A la media noche seguaía el bloqueo en los cruceros de
Tierra Colorada, Xaltianguis, Cruz Grande y Marquelia porque no les
devolvían las armas. Iban de Ayutla a Tierra Colorada para participar en
una reunión con la Policía Federal. Los soldados “torturan” a los
detenidos en un terreno del lugar y entrenan a paramilitares, denuncian.
Huyen tres hombres armados vestidos de negro que estaban con los
uniformados, relatan. El acuerdo era que los policías ciudadanos no
saldrían armados de sus comunidades, justifica un mando
Zacarías Cervantes
El Pericón, Tecoanapa.- Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) y del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) mantenían
retenidos ayer a las 9:00 de la noche a más de 100 militares y
bloqueaban la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, en protesta por la
detención de cinco policías ciudadanos y por el decomiso de cinco armas.
Aunque los policías ciudadanos fueron liberados de inmediato, el problema se generalizó por la noche en toda la Costa Chica y los cientos de ciudadanos que se reunieron acusaron a los soldados de tener vínculos con el crimen organizado y entrenar grupos paramilitares.
El conflicto comenzó a las 8:00 de la mañana, cuando los militares que mantenía un retén a la entrada de la comunidad de El Pericón detuvieron a cinco elementos de la Policía Ciudadana del SSC a quienes les decomisaron cinco armas: dos calibre 45, dos calibre 9 milímetros y una metralleta Uzi.
Los detenidos, y luego liberados, son un coordinador regional, uno de ruta y tres comandantes, informaron dirigentes de la UPOEG.
Los policías de la autodefensa se trasladaban de Ayutla a Tierra Colorada para participar en una reunión con la Policía Federal, con quienes tomarían acuerdos para trabajar en el combate a la inseguridad de manera coordinada.
Sin embargo, el problema se complicó cuando los habitantes de El Pericón, dieron la voz de alarma y cerraron los accesos, el que está rumbo a Tierra Colorada y el que va hacia Ayutla por lo que quedaron encerrados en el pueblo los militares y advirtieron que no los dejarían ir si no liberaban a los policías ciudadanos.
Cuando los habitantes llegaron a donde estaban los militares, los ciudadanos alcanzaron a ver cuando tres hombres vestidos de negro y armados huyeron por el cerro.
Denunciaron que se trataba de paramilitares o miembros de una banda del crimen organizado a quienes los militares entrenan y pretendían entregar a los cinco detenidos.
La versión molestó a los miembros de la UPOEG y de la Policía Ciudadana, que para el medio día ya sumaban más de mil concentrados en este pequeño poblado. Los inconformes llegaron de comunidades de los municipios de Tecoanapa, Ayutla, San Marcos, Cruz Grande y Copala.
Durante la jornada hubo varias confrontaciones verbales entre los ciudadanos y el mayor del Ejército Mauro González, del 48 Batallón de Infantería, quien por la mañana llegó de Cruz Grande para intentar liberar a los militares que habían sido retenidos por los ciudadanos.
El mayor, desde una tanqueta y a través de un altavoz integrado a la unidad, en todo momento exigió a los ciudadanos que desbloquearan el paso.
Incluso en más de dos ocasiones sostuvo un altercado con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio y con el promotor de la organización, Gonzalo Torres Valencia.
Los integrantes de la organización acompañados por habitantes de la localidad, realizaban recorridos por la zona en donde los militares tenían su campamento.
Allí llevaron a los representantes de los medios de comunicación en donde mostraron un lugar en donde mantenían a los detenidos y un árbol en donde, de acuerdo a su explicación, aplicaban métodos de tortura a los presos. Mostraron incluso cómo de la rama de un árbol pendía una soga de la que colgaban a las víctimas.
Lo anterior fortaleció la versión de que los militares que mantenían el retén en este lugar protegen a los integrantes del crimen organizado y que los detenidos serían entregados a los paramilitares.
Un jefe militar que no quiso proporcionar su nombre declaró que los integrantes del Sistema Ciudadano fueron desarmados porque violaron un convenio firmado por el Ejército, el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio y el comandante regional, Ernesto Gallardo Grande.
El convenio que fue violado, señala en su cláusula quinta que el Sistema de Seguridad Ciudadano, se compromete “que sus elementos no portarán armas de uso exclusivo del Ejército mexicano y las Fuerzas Armadas, así como no incursionar fuera de sus pueblos y comunidades”.
Luego de 12 horas de bloqueo a la carretera, la situación en esta localidad se mantenía sin visos de solución, pues ninguna autoridad estatal ni federal había llegado al lugar para buscar una solución al problema.
Los integrantes de la UPOEG, a las 8 de la noche, determinaron que el bloqueo a la carretera se mantendría hasta que los militares entregaran las cinco armas. Mientras que los mandos castrenses a cargo esperaban instrucciones de sus superiores.
Entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde sobrevoló el poblado un helicóptero del Ejército, no aterrizó, sólo realizó recorridos en la población.
A las 9 de la noche, cuando una leve llovizna comenzaba a caer sobre la localidad, los cientos de inconformes comenzaron a colocar lonas a lo largo de la carretera desde la entrada a la población llegando de Tierra Colorada, hasta la salida rumbo a Ayutla para protegerse de la lluvia durante la noche.
A esa hora, los dirigentes de la UPOPEG informaron que había bloqueos en todos los cruceros de la carretera desde Tierra Colorada hasta Cruz Grande. Asimismo se informó que había en la carretera Acapulco- Pinotepa Nacional, a la altura de Marquelia. Mientras que en la carretera Acapulco-México había un bloqueo en Xaltianguis, donde tiene presencia esa organización. Las vías permanecían cerradas a las 12 de la noche.
Bloquean la carretera en Xaltianguis y Tierra Colorada; respaldan la protesta en El Pericón
Mariana Labastida
Vecinos de Xaltianguis e integrantes de la Policía Ciudadana
bloquearon la carretera federal Acapulco-México en respaldo a los
integrantes de la autodefensa que fueron desarmados por el Ejército en
un retén en El Pericón, Tecoanapa.
Lo mismo sucedió en la cabecera de Juan R. Escudero, Tierra Colorada, en donde los ciudadanos salieron a la vía federal y reprocharon “el hostigamiento” al Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). En ambas poblaciones esta organización tiene grupos de autodefensa.
En Xaltianguis, el comandante de la Policía Ciudadana, Miguel Ángel Jiménez Blanco, expresó a los pobladores que habían confiado en la palabra del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del alcalde Luis Walton Aburto de que se les respetaría y no los desarmarían, pero como no se cumplió volvieron a bloquear los accesos al poblado.
Debido a que no tuvieron oportunidad de salir por la protesta en el pueblo se quedaron dos camionetas con policías estatales que hacían un recorrido en la zona en espera de que trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social que irían a pagar el programa Oportunidades.
A las 4:30 de la tarde, unos 30 pobladores de Xaltianguis, grupo que poco a poco fue creciendo, entre ellos los policías ciudadanos, detuvieron un tráiler con tarima que cruzaron en la entrada, en el punto conocido como el Crucero, antes del acceso al Colegio de Bachilleres y una camioneta; ya en la salida a Tierra Colorada, en el punto conocido como El Retén, nuevamente los inconformes bloquearon con un autobús de pasajeros y con varios automóviles para impedir que entraran o salieran de la comunidad.
Los trabajadores de empresas refresqueras y de otras bebidas pedían a los pobladores que les permitirán salir para que no tuvieran problemas pero no lo lograron, mientras que empleados de la Comisión Federal de Electricidad que hacían obras en la red de energía eléctrica dejaron los vehículos en el poblado y se salieron caminando.
También dos camionetas con policías estatales quedaron atrapadas en el pueblo en el momento de la protesta, aunque los propios agentes indicaron que no estaban retenidos, que podían moverse en la zona y que estaban estacionados a un lado de la comandancia de la Policía Ciudadana porque habían ido al pueblo a resguardar el pago del programa Oportunidades.
El bloqueo de los accesos al pueblo sin que se hiciera un asamblea molestó a los vecinos que se quedaron fuera de la comunidad y no podían entrar a sus viviendas, incluso cuando muchos de ellos habían participado en el bloqueo del pasado 24 de junio, cuando también pidieron que se respetara a la Policía Ciudadana y que no fueran desarmados, luego de que el comandante de la 27 Zona Militar, Mario Lucio González Cortés, dijera que desarmarían a todo civil que no justificara la portación de un arma.
Una fila de ocho camiones de carga se observó sobre la carretera en espera de la liberación de la vía, mientras que otros comerciantes que tenían que llegar a Xaltianguis optaron por acarrear la mercancía, como el caso de un repartidor de pollos vivos que pasó de una camioneta a otra las cajas con los animales antes de que murieran por el calor.
“Queremos que respeten a la gente, que lo que digan lo cumplan”, exigió uno de los pobladores.
Explicó que la molestia era por el desarme de policías ciudadanos en una comunidad de Tecoanapa cuando les habían dicho que no los desarmarían; lo mismo le dijeron a un policía federal que se acercó a preguntar el motivo del bloqueo y si duraría toda la noche.
La comisión de pobladores que se reunió con el gobernador y con el alcalde después del bloqueo pasado se reunió en la comisaría ejidal, y un punto era permitir que los vecinos pasaran con sus vehículos, aunque a las 9 de la noche todavía no se permitía que pasaran por la carretera, sino por un camino improvisado.
El comandante Jiménez Blanco manifestó que lo que quieren es seriedad, que por la mañana la postura del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, era que no se afectara a terceros después de la detención y el desarme de tres policías ciudadanos, aunque los integrantes del SSC decidieron que se harían bloqueos en diferentes carreteras.
El comandante recordó que él había pedido a los militares trabajar en conjunto, sin embargo hubo una negativa del comandante que los calificó como grupos fuera de la ley; “ni siquiera nos llamó policías ciudadanos”, lamentó Jiménez Blanco.
A las 11 de la noche continuaba el bloqueo de pobladores en espera de la solución del conflicto en El Pericón y del compromiso por parte de las autoridades de que no serían desarmados los policías ciudadanos.
Respalda el gobierno del estado al Ejército y acusa a la autodefensa de violar un acuerdo
En un boletín, el gobierno del estado acusó a la autodefensa de haber
violado un acuerdo en el cual se comprometió a no salir armados de sus
comunidades ni portar armas de grueso calibre.
A su vez, dio su respaldo mediante el “respeto irrestricto a (las) labores del Ejército mexicano en comunidades”.
La misiva dice “en relación con los hechos en la comunidad del Pericón, municipio de Tecoanapa, el gobierno del estado ratifica su respeto irrestricto a las labores que realiza el Ejército mexicano en Guerrero para garantizar el Estado de Derecho”.
Dice que la Policía Ciudadana violó un acuerdo, “en el convenio suscrito por (la) Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el gobierno del estado, en su cláusula quinta se establece que no podrán portar armas de uso exclusivo del Ejército, y que no pueden andar armados fuera de sus comunidades”, agrega.
“El gobierno de Guerrero mantiene diálogo constante con los representantes de la UPOEG, para que se considere la propuesta del mandatario Ángel Aguirre Rivero de que los policías comunitarios se integren a lo que será la Policía Rural, para adecuar su actuación en el marco de la ley”, advierte.
(EL SUR DE ACAPULCO/ Redacción/ ago 6, 2013)
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