*La Casa de Justicia de El Paraíso señala que el proyecto del
gobierno del estado de Policía Rural es un intento de legalizar a un
cuerpo paramilitar con la base social de las bandas del narcotráfico
Zacarías Cervantes
Chilpancingo.- Autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), denunciaron ayer que el
hostigamiento del Ejército, la Marina y las policías a la CRAC y a su
Policía Comunitaria obedece a la protección que las autoridades brindan a
las bandas del crimen organizado.
En conferencia de prensa anunciaron el inicio de la campaña de
información La Patria es Primero, con motivo 231 aniversario del
natalicio de Vicente Guerrero.
Con esta campaña, informaron los promotores de la Policía Comunitaria, Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, llamarán a la población a manifestarse en contra de las reformas energética y fiscal, asimismo, llamaron a la población a manifestarse en contra del IVA a los alimentos y medicamentos.
Durante la conferencia de prensa denunciaron que continúa el hostigamiento de los militares, la Policía Federal y las policías estatales en contra de la Policía Comunitaria.
Las autoridades que vinieron de los municipios de Ayutla, Tixtla, Olinalá y Huamuxtitlán, denunciaron que el hostigamiento en contra de la CRAC y su Policía Comunitaria, es porque el Ejército y las policías protegen a las bandas del crimen organizado.
Asimismo, denunciaron que el gobierno estatal pretende obligarlos a incorporarse a la Policía Rural, que dependerá de la Fuerza Estatal de Mando Único.
Arturo Campos Herrera dijo que la Policía Comunitaria ha demostrado que en sus 18 años ofrece más resultados que el gobierno “fallido”.
Además agregó que la presión y el hostigamiento que está emprendiendo el gobierno federal y estatal es porque pretende mantener el control de la Montaña y la Costa Chica para permitir el acceso a las empresas mineras y la construcción de la presa La Parota.
Por ello los promotores de la CRAC hicieron un llamado a la ciudadanía a respaldar a la organización y a su Policía Comunitaria, pero además convocaron a realizar acciones para manifestarse en contra de esos proyectos, en contra de la política y las reformas estructurales que promueve el presidente Enrique Peña Nieto.
Arturo Campos anunció que la CRAC, en los próximos días estará sumándose y respaldando a todos los movimientos sociales, pero también insistió en demandar a la ciudadanía a que hagan lo mismo y se sumen a todas las acciones a que convoquen las agrupaciones sociales.
Sorpresivamente, a pesar de que las autoridades de la CRAC tienen diferencias y están confrontados con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Arturo Campos Herrera manifestó su respaldo a la dirigencia de esa organización por las acciones en contra de la detención y el decomiso de las armas en El Pericón, municipio de Tecoanapa, pues dijo que “aunque tenemos diferencias estamos siendo hostigados por los mismos del poder”.
En la conferencia de prensa los coordinadores de la CRAC dieron a conocer un documento de seis puntos, en el que denuncian las agresiones de la Marina, el Ejército y las policías al territorio comunitario, debido a que han comprobado que estas corporaciones son cómplices de la delincuencia organizada.
Declara que el gobierno federal viola la Constitución del país al mandar a las fuerzas armadas a patrullar las calles. Afirma que el verdadero trabajo del Ejército en las calles, en lugar de aplicar la ley a los criminales, es acosar, agredir y desarticular a los movimientos sociales para mantener al pueblo sometido para que el gobierno federal imponga las reformas estructurales con las que pretende continuar el saqueo de las riquezas de la nación.
La CRAC de El Paraíso manifiesta su rechazo a la privatización de Pemex y la CFE, el IVA a alimentos y medicinas, y la privatización de la educación.
Rechaza el proyecto del gobierno estatal de crear una Policía Rural, y dice que “es un intento de legalizar a un cuerpo paramilitar con la base social de las bandas del narcotráfico”, para imponer la explotación minera en el territorio comunitario, construir la presa La Parota e imponer la explotación de los recursos naturales en beneficio de empresas extranjeras.
En el punto 5 del documento afirma que funcionarios del gobierno del estado, diputados locales, presidentes municipales y algunos voceros del Ejército ha acusado a la CRAC de violar los derechos humanos con el objetivo de desprestigiar a la Policía Comunitaria, y afirma que “quienes nos acusan en realidad defienden a miembros de la delincuencia organizada que han sido detenidos”.
La CRAC de El Paraíso sostiene que
“todos los cuerpos policiacos y militares están involucrados con la
delincuencia” y que “las autoridades del gobierno estatal y los
gobiernos municipales sirven a los intereses de los cárteles de la
droga”.
En el sexto punto, la CRAC demanda la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario.
Asimismo, llama a las organizaciones sociales y a los pueblos a manifestarse en rechazo a las reformas que promueve el gobierno federal.
Siguen las presiones del gobierno a la CRAC de Olinalá para que libere a un detenido, denuncian
*Marinos y militares persiguen a la policía comunitria y dejan libres a los delincuentes, declara una consejera
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo.- La consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) de Olinalá, Maricela Jiménez Navarrete denunció que el gobierno
del estado los ha presionado a esta organización de la que depende la
Policía Comunitaria para que libere al ganadero detenido por abigeato,
Eugenio Sánchez González.
En una visita a la redacción de El Sur informó que ayer simpatizantes del alcalde, Eusebio González Rodríguez, anduvieron casa por casa para convocar a los ciudadanos a marchar en contra de la Policía Comunitaria y por la liberación del detenido, por quien ha intervenido la Marina y el mes pasado, cuando fue secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez.
Mencionó que el presidente municipal creó un Concejo Olinalteco paralelo al que fundaron ciudadanos hartos de las extorsiones del crimen organizado el 27 de octubre del año pasado, cuando tomaron las armas y expulsaron a los delincuentes que operaban en la zona.
El nuevo Concejo lo encabeza uno de los fundadores del concejo original, Juan Rendón Mancilla, de quien informó ahora trabaja en el Ayuntamiento, como encargado del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) desde donde opera en contra de la Policía Comunitaria.
Maricela Jiménez dijo que entre las actividades de esta agrupación está el ataque sistemático a la coordinadora de la CRAC, Nestora Salgado García “y ella los ha llamado públicamente a comprobar las acusaciones, pero no lo hacen”.
“Ese concejo también va a las comunidades y les dice a los comisarios que tenemos que desaparecer, que si vamos no nos hagan caso pero tenemos más aceptación porque la gente sabe que ellos roban autos, se sirven del Ayuntamiento, tienen dinero y nosotros estamos dejando los resultados del trabajo”, agregó.
Ante la pregunta, expresó que las diferencias con Rendón Mancilla surgieron porque él pretendía utilizar al Concejo Olinalteco para lograr sus aspiraciones políticas y el resto buscaba la seguridad del pueblo.
La consejera de la Policía Comunitaria que depende de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, informó que recientemente las autoridades de la CRAC en ese municipio acordaron una reunión con el alcalde y cuando llegaron al encuentro se encontraron con el concejo paralelo, con agentes del Ministerio Público que les advirtieron que estaban cometiendo delitos al andar armados, “pero nosotros nos mantuvimos, dijimos que sólo estamos por la seguridad del pueblo”.
Recordó que los integrantes de esa organización que nació en San Luis Acatlán hace 17 años, son campesinos, comerciantes y profesionistas que realizan labores de seguridad y justicia sin ser remunerados, ella, mencionó, es doctora.
Se le dijo que la esposa del detenido por el que han intervenido las autoridades, Zulma Rodríguez Rosendo, denunció en los medios que la golpearon cuando fue a preguntar por su pareja y contestó que fue un forcejeo entre los policías comunitarios y los simpatizantes del alcalde porque querían liberar al preso, “a mí me dejaron toda arañada”.
Dijo que las pruebas de la culpabilidad de Eugenio Sánchez son claras, no pudo acreditar la pertenencia de la res destazada que le encontraron, porque entregó un documento de un animal de otro color.
Informó que la familia del detenido en El Paraíso es conflictiva, y puso como ejemplo al ex alcalde de Olinalá, Manuel Sánchez Rosendo, quien está sentenciado a 44 años de prisión por secuestro y el hermano de éste, Adán, quien además de secuestro purga una condena por asesinato.
“Cuando la gente vio todo esto se sumó con nosotros, ahora nos están dando el respaldo, algunos nos dan dinero para que no se caiga esto”, afirmó.
Pide la salida de la Marina
Respecto de la relación de la Policía Comunitaria de Olinalá con el
Ejército y la Marina, la consejera Maricela Jiménez Navarrete informó
que hubo una ruptura luego de que los marinos detuvieron y desarmaron la
noche del 22 de julio a tres policías comunitarios que patrullaban la
ciudad.
Dijo que la postura de la coordinadora de la CRAC en ese municipio, Nestora Salgado, era que se mantuvieran esas fuerzas pero tras ese incidente decidieron pedir su salida “a partir de esa detención se dio la ruptura y ahora queremos que se vayan por el hostigamiento a la Policía Comunitaria”.
Informó que el Ejército patrullan la cabecera municipal en el día, pero no se les ve por la noche “parece que persiguen a la comunitaria y a los delincuentes los dejan andar libremente, antes les entregábamos a nuestros detenidos pero los liberaban y apenas se supo de un caso de un marino que le quitó una fuerte cantidad de dinero a un niño. No nos dejan trabajar, tenemos que andarnos cuidando de ellos”.
Consideró que no es necesaria la presencia de las fuerzas federales porque el municipio recuperó la seguridad en un 90 porciento con la creación de la Policía Comunitaria.
(EL SUR DE ACAPULCO/ Zacarías Cervantes/ ago 6, 2013)
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