Alejandro Sicairos
Al mismo tiempo que el gobernador Mario López Valdez prepara el terreno
para que Jesús Antonio Aguilar Íñiguez asuma formalmente el mando único de las
policías en Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos resuelve que los
elementos de la Policía Ministerial, a cargo del controversial Chuytoño,
torturaron a Yesenia Armenta Graciano para que se declarara culpable del
asesinato de su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda. Ambas cuestiones —una
aberración para la justicia la primera y con alta sustentación legal la
segunda— abonan al escepticismo social sobre un régimen local que no aprende de
sus caídas ni ve venir el derrumbe político del malovismo.
Resulta irónico que López Valdez declare, al referirse a la detención de
Elba Esther Gordillo, que “sea quien fuere y lo que represente, si viola la ley
debe ser castigado”, pero en Sinaloa aplica una especie de “sea quien fuere y
lo que represente, si viola la ley debe ser exonerado”. Deslumbrado por el
nombramiento de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)
ahora pretende mostrarse afuera como el estadista que no ha sabido ser adentro.
La rara personalidad de Malova convoca a la preocupación, ya no más a la
risa. El empecinamiento por convertir a Chuytoño en el policía ejemplar y
oficializar lo que ya es, el jefe de todas las corporaciones de seguridad
pública, le pone en bandeja de plata al gobierno de Enrique Peña Nieto un
factor de oportunidad para intervenir en Sinaloa con una acción tipo “elbazo”,
bajo el mismo argumento presidencial de “es la primera obligación que tengo
como presidente de la República, la ley nos obliga a todos por igual y nadie
puede estar por encima de ella, ese es el principio básico del estado de
derecho”.
Ingenuamente, mientras lo infla la deferencia de presidir la Conago y cae
en la celada de los saludos y la visita de Peña Nieto, el gobernador le está
dando a la Federación motivaciones suficientes para venir a poner orden. El
reciente dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que detectó
irregularidades en el manejo de recursos federales correspondientes a 2011,
constituye otro pinchazo para ver si López Valdez es capaz de enmendar o
prosigue en la tónica del “aquí no pasa nada”.
La desbordada corrupción en el autollamado “gobierno del cambio” que una y
otra vez se evidencia en la Secretaría de Salud, la irregular compra de
camionetas a Leonardo Nalo Félix, padre empresarial del gobernador y la
negativa del secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, a someterse a los
exámenes de control de confianza, afianzan la idea de la ingobernabilidad en la
cual unos cuantos pillos hacen lo que se les antoja en la punta de la pirámide
y desde ahí desciende el caos y la barbarie hacia el resto del conjunto
delincuencial.
Sin embargo, la razón de mayor peso para que eventualmente el gobierno de
Peña Nieto entre a poner orden en Sinaloa tiene que ver con la vendetta
política que ha iniciado desde Los Pinos contra aquellos que recién han
traicionado al Partido Revolucionario Institucional. Al margen de que existen
suficientes razones jurídicas para procesarla, si Elba Esther Gordillo está en
prisión es porque negó el apoyo al actual presidente cuando andaba en campaña y
le volvió a retirar ese respaldo a la reforma educativa peñanietista.
Y Malova también lleva tatuada la etiqueta de traidor al PRI. Otra
similitud es que Elba Esther Gordillo, como lo hacen ahora con el gobernador de
Sinaloa, era “apapachada” por el establishment a tal grado que la maestra ni
siquiera percibió el final de un cacicazgo infinitamente repudiado. Ahí traen,
pues, al gobernador de Sinaloa alimentando su ego en la Conago y con las
palmadas de Peña Nieto que solo son, tal vez, la víspera de un golpe demoledor.
Esto es lo que no ven Malova y sus asesores. Embelesado por el canto de
“jilgueros” que le endulzan el oído y luego le pasan caras facturas, resulta
difícil detenerlo en la ruta que ha tomado hacia el abismo político. El
gobernador no es capaz de avistar que la defensa a ciegas que hace de Chuytoño,
la desobediencia al Congreso del Estado, la omisión frente a las cloacas de
corrupción, la represión a movimientos sociales como el de Picachos y las
observaciones sobre el mal uso de recursos que le formuló la ASF, lo están
arrinconando precisamente en el lugar en que el Gobierno federal lo quiere ver.
Por supuesto que él no lo cree así, pero, ¿en algún momento lo llegó a
creer Elba Esther Gordillo?
Re-verso
Aquí Malova, indiferente, y con un gobierno sordo, no oye que el
presidente, le ve talla de “pez gordo”.
Antídoto del olvido
En los tiempos que Francisco Labastida Ochoa gobernaba en Sinaloa y Carlos
Salinas de Gortari era presidente de México, ocurrió en Sinaloa el inolvidable
“cuartelazo” del 18 de abril de 1989, cuando el Ejército desmanteló a la
Policía Judicial del Estado y detuvo al jefe de la corporación, Arturo Moreno
Espinoza. Algo parecido sucede 24 años después: la Ministerial está señalada de
recuperar el método de la tortura como única forma de presentar resultados en
procuración de justicia y Carlos Salinas de Gortari se ha colocado en un lugar
privilegiado en las decisiones presidenciales. ¿Ya olvidaron?
Pistas de la anarquía
La Policía de Tránsito de Culiacán, convertida en policía recaudadora, ha
dejado la ciudad en manos de los cafres que en toda la ciudad rugen sus motores
anunciando la muerte de inocentes. El salvajismo en Sinaloa empieza en sus
vialidades.
(RIODOCE.COM.MX/Columna
Observatorio de Alejandro Sicairos/ marzo 3, 2013)
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