LA REGRESION

Por impotencia ante el crimen, dos alcaldes proponen armar a la población civil

Javier Valdez  

La propuesta de armar a los habitantes de la zona serrana ante la presencia y ataques de comandos ligados al narcotráfico, planteamiento que hicieran los alcaldes de Concordia, Eligio Medina Ríos, y de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, tiene base legal, pero representa un salto al pasado, la regresión a tiempos en que imperaba la venganza privada, y un mayor armamentismo y violencia, afirmó Marco Antonio Zazueta, abogado y ex funcionario de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad.

“Esto refleja la desesperación de algunos servidores públicos, sobre todo de alcaldes, ante la violencia, pero también la pobreza de visión de Estado, el abandono del Estado, de su responsabilidad, en lugar de exigir y trabajar para cerrar la brecha de impunidad, para que quien comete un delito sea castigado conforme a la ley”, manifestó.

La propuesta de fue realizada primero por Eligio Medina Ríos, alcalde de Concordia. Apenas un día antes, la Nochebuena, fueron muertos a balazos nueve habitantes de la comunidad El Platanar de los Ontiveros, en la zona serrana de esa región de la entidad. El grupo armado llegó, preguntó por cada uno de ellos y luego los ultimó. Algunos de los cadáveres quedaron en la cancha del pueblo.

“Para garantizar la seguridad, es imposible tener un policía, un soldado, en cada casa”, dijo el edil.

La región donde fue esta masacre es conocida como “zona de miedo” por ser refugio de desplazados que han huido ante la violencia en sus poblaciones serranas y por la presencia de grupos criminales fuertemente armados y ligados con el narcotráfico. En esta zona se ubican comunidades como La Cieneguilla, El Tiro, Zaragoza, Aguacaliente del Zapote, El Llano y otras.

La propuesta de armar a los pobladores de la zona serrana para que estos se defiendan del ataque de gavillas fue secundada por el alcalde Alejandro Higuera Osuna, de Mazatlán, quien manifestó que el Ejército mexicano puede adiestrar a los pobladores en el manejo de armas y supervisar las operaciones de estos en el medio rural.

“Yo estaría a favor como presidente municipal, que en mis comunidades rurales de la sierra, que a través del Ejército podríamos implementar este programa para lugareños, y sobre todo en aquellos lugares son miembros del ejido, son dirigentes, son de la mesa directiva que el Ejército adiestra, capacita, dan armas y están bajo el mando del Ejército, sin ser militares”, manifestó durante los primeros días del año.

Las matanzas

Además de los nueve ejecutados en El Platanar de los Ontiveros, el 24 de diciembre, hubo otros ataques similares durante los últimos días de 2012, con un saldo de 19 personas muertas a tiros. En la comunidad de Vivajaqui, municipio de El Fuerte, fueron encontrados los cadáveres de cuatro personas que habían sido privadas de la libertad días antes en las cercanías de Ocoroni, municipio de Sinaloa.

La cifra de muertos en este hecho aumentó después de que uno de los dos heridos —ambos fueron auxiliados y trasladados a hospitales de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome— murió la tarde del 3 de enero.

La mañana del 1 de enero, aunque se presume que el ataque fue durante la noche del último día de diciembre, cuatro hombres fueron encontrados sin vida en las inmediaciones del poblado Tepuche, municipio de Culiacán. Los occisos fueron identificados como Rigoberto Medina León, Germán Quiroga Murillo, Andrés Ramírez Romero, quien murió cuando era atendido en el Hospital Civil de esta ciudad capital, y Heriberto Quiroga Murillo.

Los desplazados

Después de la matanza de nueve personas, El Platanar de los Ontiveros se convirtió prácticamente en un pueblo fantasma. Al día siguiente los pobladores acudieron a la cabecera municipal para hablar con el alcalde y pedirle que los apoyara para dejar sus hogares y trasladarse a un lugar seguro, ante el riesgo de que haya nuevos ataques.

Las pugnas entre los cárteles del narcotráfico —de un lado los llamados Mazatlecos, una célula de los Beltrán Leyva, y del otro el cártel de Sinaloa— en la zona de siembra de mariguana y amapola, las rutas de trasiego y el mercado de las drogas en general ha elevado los niveles de inseguridad y violencia en la serranía de esta entidad.

Debido a este escenario complicado y ante la ausencia de gobierno —federal, estatal y municipal— El Platanar de los Ontiveros se sumó a la lista de comunidades deshabitadas en Sinaloa, ubicadas en al menos 12 de los 18 municipios de la entidad: Culiacán, Badiraguato, Sinaloa, Guasave, El Fuerte, Choix, Elota, Concordia, Mazatlán, San Ignacio y Cosalá, entre otros.

Datos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), una de las pocas organizaciones que ha trabajado el tema de los desplazados y ha propuesto insistentemente la intervención de instituciones como la ONU y Amnistía Internacional —por su experiencia en el fenómeno de los desplazados en conflictos bélicos— sostiene que hay en esta entidad entre 25 mil y 30 mil desplazados por la violencia generada por el narcotráfico pero también por los operativos militares y de corporaciones de seguridad en la zona rural, sobre todo en la sierra.

Muchos de los desplazados han buscado regresar a las comunidades de las que fueron expulsadas. En la zona de conflicto ubicada en el municipio de Sinaloa, los grupos criminales han puesto en marcha campos de concentración: los pobladores, a su regreso, son obligados a trabajar en la siembra de drogas, a cambio de respetar sus vidas. Otros, aquí y en otras regiones, han sido asesinados cuando pretendían volver a sus comunidades o recuperar algunos de sus bienes. En la lista de ejecutados, de acuerdo con versiones extraoficiales, hay al menos 14 desplazados.

En septiembre, luego de la muerte de algunos de los desplazados en la comunidad de Ocurahui, municipio de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, de la CDDHS, calificó como criminal que el Gobierno no garantice una atención digna a los desplazados en las comunidades donde se refugiaron ni seguridad en los pueblos de los que salieron huyendo de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

“Es criminal no solo que no den apoyo en las comunidades en las que está gente se ha refugiado, sino que regresen a las comunidades de las que fueron expulsadas por los grupos armados, a pesar de que en estos no hay garantías, se van ‘a la buena de Dios’, como dicen, porque no hay un plan de parte de los gobiernos estatal y federal para enfrentar este problema”, dijo.

Cuerpos de defensa rural

Marco Antonio Zazueta manifestó que sí existe una figura legal para armar a campesinos y pobladores del medio rural o de la sierra, como se propone en el caso de Sinaloa. El artículo 52 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana señala que ambos están compuestos por unidades de combate, unidades de los servicios, cuerpos especiales, establecimientos de educación militar y cuerpos de defensa rurales.

“El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos desarrollan sus acciones de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidades en una sola dependencia. Está compuesta por Unidades de Combate, Unidades de los Servicios, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de Educación Militar”, señala este artículo.

La pobreza

Para Zazueta ninguna sociedad puede levantar la bandera blanca y presumir que acabó con la violencia o las manifestaciones delictivas. Pero en algunos países el Estado existe y se hace presente cuando alguien comete un delito, castigándolo.

“Ese es el Estado moderno, el que aplica la ley, el que la hace valer, pero no tanto para castigar al que cometió un delito, sino para prevenir, para enviar un mensaje al resto de la sociedad. En cambio repartir armas a los pobladores es aumentar el armamentismo, combatir violencia con violencia, es una visión sesgada, que habla de la pobreza de la visión de Estado. En lugar de más armas, hace falta más derecho, más ley”, sostuvo.

El abogado —quien cumplió alrededor de 25 años en el servicio público, donde se desempeñó como Ministerio Público, director de Seguridad Pública en Guasave, en el área de seguridad penitenciaria a nivel estatal y federal, fue titular interino de la Procuraduría General de Justicia del Estado y durante siete meses fue secretario de Seguridad Pública estatal, en la administración de Jesús Aguilar Padilla— dijo que es preocupante que este planteamiento de los alcaldes de Concordia y Mazatlán signifique una regresión en muchos sentidos.

“Es la regresión de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, regresar a tiempos de la venganza privada, de correr el riesgo de que se va a responder con violencia a la violencia, pero el Estado no debe castigar por venganza, sino para prevenir, para que las conductas delictivas no se repitan. Se entiende la desesperación, pero los alcaldes quieren brincar de la sartén a la lumbre, y eso es peor”, sostuvo.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, agregó, se impulsó esta política armamentista contra el narcotráfico y eso provocó una mayor incidencia delictiva e inseguridad, y con propuestas como esta de armar a los pobladores del medio rural “parece que se alienta esta perspectiva, como si no supiéramos que con esto solo hemos tenido más armas, más violencia y más muertos”.

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos:

CAPITULO VI

CUERPOS DE DEFENSAS RURALES

ARTÍCULO 116.- Los Cuerpos de Defensas Rurales estarán permanentemente organizados en unidades armadas, equipadas y adiestradas.

ARTÍCULO 117.- Los Cuerpos de Defensa Rurales se formarán con personal voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, mandados por militares profesionales, de acuerdo con sus planillas orgánicas particulares y tienen como misión cooperar con las tropas en las actividades que estas lleven a cabo, cuando sean requeridos para ello por el mando militar.

ARTÍCULO 118.- Al personal militar profesional encuadrado en los Cuerpos de Defensas Rurales se le considerara para todos los efectos legales, en igualdad de condiciones que el encuadrado en unidades del activo.

— Entre 25 y 30 mil desplazados por la violencia hay en Sinaloa.

— 19 asesinatos del 24 de diciembre al 1 de enero, en tres matanzas.

La alarma y el abatimiento, cosa de todos los días en la sierra

El “fantasma” de El Placer

Cayetano Osuna / Mazatlán

Mientras José Eligio Medina Ríos y Alejandro Higuera Osuna, alcaldes de los municipios de Concordia y Mazatlán, respectivamente, ven como una opción que el Ejército arme y adiestre a los habitantes de los pueblos serranos para la autodefensa ante los ataques de los grupos delictivos, la comunidad serrana El Placer se perfila como otro candidato a pueblo “fantasma”.

“Estos alcaldes no están muy completos, oiga, pero aquí estamos con muina (tristeza); algunos habitantes salieron del pueblo y han vuelto, pero otros ya no regresaron”, dijo una habitante de El Placer.

El jueves 3 de enero, el alcalde Alejandro Higuera Osuna, sin citar un caso concreto, dijo al diario Noroeste: “El Ejército funciona así en varias partes del país, no es algo nuevo. Sería bueno que se implementara en el estado de Sinaloa”.

Desde antes del 31 de diciembre, los habitantes de El Placer, cuyo nombre es sinónimo de diversión, bienestar, alegría, embriaguez y hasta de orgasmo, guardaban a flor de labios, para disparar pasadas las doce de la noche, la tradicional expresión: “¡Feliz año nuevo!”, acompañada de un fraternal abrazo.

Pero las palabras que surgieron de entre sus dientes fueron de alarma y abatimiento generados por el rumor comunicado de boca en boca de que gente armada había llegado a quemar el pueblo.

“Nos llegó el aviso que un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados, como los que masacraron a las nueve personas en El Platanar de Los Ontiveros, venía a quemar el pueblo”, comentó un habitante del lugar.

“El aviso” había caído en tierra fértil para sembrar la psicosis, porque la tarde-noche del 24 de diciembre, la esperada Noche Buena se había convertido en pesadilla en los habitantes de El Platanar de Los Ontiveros, perteneciente al municipio de Concordia, ubicado al otro lado del río Presidio.

La semana antepasada, José Eligio Medina Ríos, alcalde de Concordia, dijo a Ríodoce que con el ataque de los delincuentes a El Platanar de Los Ontiveros, ya iban seis comunidades de la zona serrana de su municipio y que no pasaba nada.

“Se está volviendo común que nos ataquen y no pasa nada… Yo tengo confianza en que se va a actuar”, enfatizó.

Medina Ríos añadió que los autores de la masacre del 24 de diciembre no llegaron a El Platanar por algunas personas específicas, sino que el objetivo era desalojarlos del pueblo (mediante el terror) para ganar territorio.

“Aquí el objetivo (de los sicarios) que se ve es que ellos quieren desalojar a la población para ir ganando espacios, para ir ganando territorio, no les interesa decir: vamos sobre Juan o Pedro, no, es ir desalojando territorios para ir posesionándose de ellos”, dijo el presidente municipal.

Días después, el alcalde de Concordia sostuvo que una opción sería promover que el Ejército armara y adiestrara a los habitantes de los pueblos serranos para su autodefensa.

El 2 de enero, Alejandro Higuera Osuna, alcalde de Mazatlán, no hizo la diferencia y se hermanó con su homólogo de Concordia, en la sugerencia de la autodefensa de pueblos armados y entrenados por el Ejército.

“(El alcalde Alejandro Higuera Osuna) avaló la propuesta de Medina Ríos e incluso dijo que él solicitaría que pobladores de la zona rural y serrana del municipio de Mazatlán se incluyeran en un programa como este, además, dijo que él tenía conocimiento que en estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas ya existían grupos con estas características”, consignó Noroeste.

La propuesta de los dos alcaldes del sur de Sinaloa generó reacciones (consignadas en Noroeste) de abogados, síndicos, comisarios, políticos y católicos, en el sentido de que ‘armar a los pobladores traería más violencia’.

“Esa propuesta es totalmente improcedente. En primer lugar la ley prohíbe la portación y posesión de armas de uso del Ejército para los ciudadanos comunes y no se establece ninguna excepción; y en segundo, el artículo 21 de la Constitución establece que el único obligado a proporcionar la seguridad a los ciudadanos es el Gobierno en sus tres órdenes”, explicó Miguel Ángel Sánchez Morán, ex presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.

Carlos Felton González, diputado local del PAN, aspirante a la candidatura a la alcaldía en este año electoral, discrepó de la propuesta de Higuera Osuna.

“(Sería) como regresar al viejo oeste, donde no había orden y que es necesario que las autoridades redoblen esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, dijo.

Moisés Melo García, comandante de la Tercera Región Militar, consultado por Noroeste, aseguró que las declaraciones de los alcaldes eran por ignorancia.

“Tendría que explicarle las causas o cómo es. Ellos (los alcaldes) no saben muchas cosas, ellos hablaron así pues, así se les hizo fácil, pero necesitaría explicarles”, dijo Melo García.

Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, desde Culiacán, también dijo a Noroeste que la “violencia no se combate con violencia”.

“De todas las tonteras que he oído y leído en mi vida, esta es una de las más grandes tonteras que hay… violencia no se combate con violencia, se combate con educación, se combate con deporte. ¿Cómo van a darle armas? Si hay narcotraficantes, los están armando legalmente”, sostuvo.

Como dijo la comunera de El Placer: “Estos alcaldes no están muy completos, oiga”.

Territorios del miedo

El Placer es una comunidad enclavada en la zona serrana, a nueve kilómetros de distancia por un camino accidentado desde San Marcos, perteneciente a la sindicatura de La Noria, municipio de Mazatlán.

El Placer fue enlutado por un grupo delictivo, en marzo de 2010. Algunos habitantes de esta comunidad perdieron familiares donde quedaron seis comuneros en el fuego cruzado, en Celestino Gasca, de la Cruz de Elota, multihomicidio aún impune.

La propuesta de los dos alcaldes del sur de Sinaloa tiene su respuesta puntual en La Constitución Mexicana (en el artículo 21) comentada por Maquiavelo, publicada por editorial Siglo XXI del estudioso de teoría constitucional, Elisur Arteaga Nava: “Lo honroso es saber y poder castigar a los culpados, no el poderlos contener a costa de mil peligros. El príncipe que no castiga a quien delinque de manera que no puede volver a delinquir, es tenido por ignorante y cobarde (discursos, lib.II, cap. xxiii”).