El presupuesto, moneda de cambio
El jaloneo por el presupuesto entre la fracción priista del Congreso y el Gobierno del Estado llegó a los últimos momentos del 2012 y apenas horas antes de su conclusión surgió el acuerdo que destrabó la discusión en cuanto a la distribución del dinero público para el año electoral 2013
Sergio Haro Cordero
La discusión por el presupuesto 2013 para Baja
California se convirtió en una verdadera rebatinga donde se impuso la
mayoría priista del Congreso del Estado: Impidió el aumento a las
tarjetas de circulación vehicular y las tarifas de agua pretendidas por
el gobierno estatal, pero a la vez aprobó al Ejecutivo la tramitación de
un crédito por cerca de 850 millones de pesos para solventar el
déficit.
En una evidente estrategia, en la misma sesión,
efectuada la tarde-noche del lunes 31 de diciembre, el Congreso local
aprobó las cuentas públicas del Gobierno del Estado del año anterior,
las correspondientes al ejercicio fiscal 2011.
De paso el Poder legislativo –dominado ahora por
priistas– votó a favor de una nueva auto ampliación presupuestal para el
Congreso por 50 millones de pesos que se suma a otros 50 aprobados hace
tres meses. Con esta ampliación el Congreso del Estado finalizó el 2012
con un presupuesto ejercido de 625 millones de pesos contra 411 del año
anterior y 370 del 2010.
Además se aprobó un presupuesto de 814 millones de pesos
de los cuales 153 corresponde al Órgano de Fiscalización Superior y los
otros 661 millones al Congreso del Estado. Eso significa que el Poder
legislativo aumentó su presupuesto para el 2013 –comparado con el
aprobado el año anterior– en un 27 por ciento.
Por lo pronto para el 2013, año electoral, fue aprobado
para Baja California una Ley de Ingresos de 36 mil 942 millones 454 mil
167 pesos y un Presupuesto de Egresos de 37 mil 110 millones 054 mil 176
pesos, lo que significa de entrada un déficit de 167 millones de pesos.
Presupuesto alterno, para presionar
Lo que no pasó ni con el presupuesto del 2011 ni el del
2012, pese al encontronazo que significó la llegada de la mayoría
priista al Congreso del Estado, para el 2013, la eliminación del cobro
de la tenencia vehicular, las cuotas escolares, la modificación en
cuanto al apoyo a los municipios fueron discusiones que no encontraron
consenso, y la mayoría tricolor y el gobierno panista llevaron las
mutuas presiones hasta las últimas horas del año 2012.
El lunes 31 de diciembre, pese a las fiestas y a la
espera del año nuevo, en el Congreso del estado y el gobierno también
estatal se vivió una inusitada efervescencia, aunque para ambos
edificios oficialmente había vacaciones.
Por un lado, una comisión de diputados dialogaba con
personal del Gobierno del Estado para discutir el presupuesto y sus
modificaciones, en otra área del Congreso se trabajaba en la elaboración
de un presupuesto alterno, donde al Ejecutivo le “rasuraban” toda una
serie de partidas.
Hasta el mediodía de ese lunes 31 no había acuerdos, y
conforme a la Ley, de llegar el nuevo año en esa misma situación
automáticamente el presupuesto a ejercer sería idéntico al del 2012.
Otra posibilidad era que la mayoría priista votara el presupuesto sin
llegar a ningún acuerdo, por lo que el Ejecutivo contaba con la
oportunidad del veto y regresarlo al congreso con observaciones para ser
votado nuevamente, pero en ese caso se requerían menos de 17 votos a
favor.
Mientras, personal de administración del Congreso, junto
con gente del Órgano de Fiscalización Superior, secretarios técnicos,
diputados, asesores seguían en conclave elaborando una propuesta
completamente alterna a la presentada el 1 de diciembre por el Gobierno
del Estado. “En la Comisión de Hacienda estamos preparándonos por si el
coordinador de nosotros, Julio Felipe García le solicita a la comisión
que consideremos lo que le llaman reconducción presupuestal”, expuso la
presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosana Soto el mediodía del lunes
31, en un ínter de la reunión con un vasto equipo.
“Se trata de que nosotros hagamos ajustes a las partidas
de las diferentes secretarías que hemos estado estudiando, observando
que hay gastos innecesarios”, dijo la legisladora priista por Tijuana.
El otro escenario –hasta ese momento– es que pudieran llegar a un
acuerdo con el Ejecutivo.
Originalmente el Ejecutivo había presentado un
presupuesto deficitario en cerca de 824 millones de pesos y se incluía
aumento de 21 por ciento a la tarjeta de circulación y al precio del
agua –y servicios aledaños– en cerca del 9 por ciento. Tan solo esos
montos significaban cerca de 185 millones de pesos.
La propuesta priista –ya anunciada con anterioridad— era
de no aumentar ni el agua, ni la tarjeta de circulación. Pero en la
parte del egreso, la fracción del PRI y su equipo ya habían hecho un
“rasurado” de cerca de 185 millones de pesos, sobre todo en el llamado
grupo 500 mil, que tiene que ver con adquisición de bienes muebles e
inmuebles. Para eso se hizo un análisis de lo que en ese grupo habían
gastado en los últimos dos años, llegando a la cifra de 2 mil millones
de pesos.
A la oficina del Gobernador ya se le habían quitado
cerca de 15 millones de pesos destinados a autos e inmuebles, otra parte
a la Secretaría General de Gobierno, 7 millones a Planeación y
Finanzas, Contraloría 900 mil pesos, 3 millones a SIDUE (Secretaría de
Infraestructura de Desarrollo Urbano del Estado) entre otros.
Otro rubro “rasurado” había sido la contratación de nuevos asesores, lo que significaba un gasto de 33 millones de pesos.
Contra reloj
Pero alrededor de las cuatro de la tarde, el panorama se
aclaró en función de una serie de acuerdos entre los priistas
representando al Congreso del Estado y comisionados del Ejecutivo. El
dato final de la Ley de Ingresos quedó en los 36 mil 942 millones 454
mil 167 pesos y el Presupuesto de Egresos en 37 mil 110 millones 054 mil
176 pesos.
La legisladora Rosana Soto explicó que se hicieron
modificaciones al egreso, incrementándose el presupuesto a Fomento
Agropecuario y a la Secretaría de Desarrollo Social –para incluir
proyectos planteados desde el Congreso–, mientras que los llamados
órganos autónomos quedaron tal cual lo planteó el Ejecutivo (que no era
la pretensión inicial de cada uno de los organismos).
Soto Agüero explicó que se había acrecentado el egreso
debido a las propuestas que se hicieron, igual aumentó el ingreso pero
se excluyó el incremento a la tarjeta de circulación y en cuanto a los
servicios de las paraestatales del agua se acordó un incremento de 3 por
ciento, contra el 9.23 solicitado originalmente.
A la par se autorizó al Gobierno del Estado para obtener
un financiamiento por 850 millones de pesos que presuntamente le
serviría para cubrir el déficit.
“Prevaleció el proyecto de común acuerdo entre el
Ejecutivo y el Poder legislativo, donde se contemplaron las propuestas
de los diputados que son la pavimentación de calles en colonias
populares, apoyos para el sector agropecuario, casas hogar,
discapacitados”, expuso la diputada priista, recalcando que en la parte
del ingreso quedo eliminado el aumento en el cobro por control
vehicular.
“Considero que el Poder Ejecutivo no se quiso esforzar
en una mejor distribución de los recursos”, expuso la legisladora a la
manera de balance.
Por su parte el coordinador de la bancada azul Rubén
Alanís se dijo satisfecho por los acuerdos logrados.
“Desde un inicio la
discusión fue que había que tener una visión social de este
presupuesto, evitar al máximo que hubiera aumentos que afectaran el
bolsillo de las familias en el Estado, ésa fue la constante”, quien
recalcó la importancia del aumento en la cobertura de desarrollo social,
las becas educativas, la reducción en las inscripciones para
preparatoria y el aumento en la cobertura de pensión para adultos
mayores.
“Lo que pasa es que toda salida de lana tiene que venir de
alguna parte”, dijo Alanís ante la pregunta sobre si aprobar la línea de
crédito significaba una moneda de cambio.
También señaló que las medidas se reducen –ante la
necesidad de recursos– a quitar a la parte de los programas, aumentar
impuestos o en su caso endeudarse. “Honestamente creo que ganamos
todos”, concluyó el panista.
Al finalizar la sesión –ya cerca de las siete de la
tarde del 31 de diciembre– el líder de la bancada priista, Julio Felipe
García consideró que se había validado la mejor opción al no aumentar
cobros y abrir una línea de crédito. “Es la lucha que mantuvimos desde
un principio y finalmente salió positivo, eso nos da un margen de que el
ciudadano esté respirando solo en el porcentaje de la inflación que se
dio”, dijo el líder priista en alusión al resultado final.
En cuanto al crédito expuso que se trataba de una
solución viable que no grava y que fue un elemento que mejoró la
negociación. “Ejercimos nuestro derecho hasta el último día que se podía
hacer, fuimos respetuosos y ellos de nosotros, en un marco de
cordialidad acordamos que ese presupuesto fuera acorde a las necesidades
del estado”.
Lo demás fueron abrazos y “buenos deseos” para este
2013, año en que se elegirá gobernador, alcaldes y la renovación en todo
el Congreso.
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