Luciano Campos Garza
MONTERREY, N.L.
(apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó a la
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León,
Margarita Martínez Garza, que obedezca la recomendación que emitió sobre su
“actuación irregular” en el caso del ataque incendiario del Casino Royale,
ocurrido el 25 de agosto del 2011.
En un enérgico
pronunciamiento fechado este miércoles y titulado “CEDH Nuevo León no acepta
recomendación por el caso del casino Royale”, Raúl Plascencia Villanueva,
presidente de la CNDH, anunció que pedirá al Congreso local que cite a la
ombudsman estatal para que explique su renuencia a acatar la resolución
66/2012, relacionada con el atentado a la casa de apuestas, en el que 52
personas murieron asfixiadas y otras 11 resultaron lesionadas.
El organismo
nacional difundió el 29 de noviembre del 2012, una recomendación en la que
acusó al órgano nuevoleonés de obstruir la investigación que fue seguida por la
CNDH para dilucidar la actuación de los servidores públicos frente a la
tragedia.
Por ocultar
información sobre el incidente violento, Plascencia Villanueva envió
recomendaciones el gobernador Rodrigo Medina y al entonces alcalde de
Monterrey, Fernando Larrazábal.
También incluyó
entre las amonestaciones a las secretarías del Trabajo y Previsión Social
(STPS) y a la de Gobernación (Segob).
La CNDH determinó,
luego de una investigación sobre la actuación de las autoridades en el evento
ocurrido en la casa de apuestas de la colonia San Jerónimo, que los tres niveles
de gobierno incurrieron en violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
También encontró que
la CEDH de Nuevo León observó una actuación irregular, pues siguió investigando
el asunto cuando la competencia de la indagación sobre este particular era de
la comisión nacional.
“Lo que representó
una falta de respeto a la cultura de la legalidad, una ausencia de colaboración
institucional y un intento por obstaculizar el trabajo del organismo nacional.
Es de mencionarse que pese a lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de las
violaciones a los derechos humanos ocurridos en el casino Royale”, señaló el
ombudsman nacional en su comunicado.
Plascencia recordó
que la CNDH recomendó a su homóloga nuevoleonesa -en el documento emitido en
noviembre pasado-, diseñar e impartir entre su personal un programa de
educación, formación y capacitación en materia de facultades y competencia de
los organismos públicos en materia de derechos humanos. Y le pidió que ahora
colabore en el trámite de queja que promoverá en el Congreso de Nuevo León.
Destacó que la STPS
y la Segob aceptaron ya la recomendación, “por lo que, para la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el hecho de que la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Nuevo León no aceptara tal determinación, no abona en la
construcción de una adecuada cultura de respeto a los derechos humanos, ni
mucho menos para favorecer a las víctimas”.
Al final, el
ombudsman nacional hizo una reflexión sobre la obligación de los funcionarios
de cumplir con los preceptos legales:
“Para la CNDH es
fundamental que los servidores públicos del Estado mexicano cumplan con la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
tal y como lo establece el artículo 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sobre todo, tratándose de aquellos que trabajan en
los organismos públicos de ésta naturaleza en nuestro país.”
Por el
multihomicidio del casino Royale, 17 personas han sido detenidas y sólo una se
encuentra prófuga.
Siete de los
apresados recibieron sentencias de entre 75 y 100 años por su responsabilidad
en la masacre. Los demás esperan ser notificados de sus respectivos castigos.
Hasta esta tarde
Martínez Garza no había respondido al nuevo pronunciamiento de Plascencia
Villanueva.
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