Del lado mexicano, la PGJE no investiga a Ministeriales que
colaboraron con el ex funcionario en sus actividades delictivas, ni da
seguimiento a los casos.
Investigaciones ZETA
Jesús Quiñónez Márquez, ex director de Enlace Internacional de la
Procuraduría del Estado de Baja California, se declaró culpable en California,
Estados Unidos, por sus nexos con el crimen organizado.
Declaró y consta en actas, que el procurador del estado, Rommel Moreno
Manjarrez, le autorizó contactarse con José Alfredo Nájera Gil y Rubén Darío
Castro Pérez, ex ministeriales y servidores del Cártel Arellano Félix (CAF).
“Quiñónez asegura que él no ayudó activamente a Nájera Gil y
Castro Pérez en sus actividades ilegales, pero que repetidamente les mintió en
las conversaciones grabadas para obtener información sobre investigaciones
pendientes.
“Para probar al gobierno la naturaleza autorizada de su relación
con Nájera Gil, Quiñónez requiere el testimonio de Rommel Moreno Manjarrez,
procurador de Baja California. Quiñónez sostiene que Moreno Manjarrez confirmará
que ‘él solicitó el apoyo del Sr. Quiñónez, para la investigación del homicidio
de Rafael Fiambres Hernández en 2009, y que él expresamente autorizó a Quiñónez
establecer una relación con y el uso de un Informante (ECF no.1383-1 at 4).
Quiñónez asegura que Nájera Gil era un informante autorizado de la Procuraduría,
y que Moreno Manjarrez es el único testigo que puede confirmar este hecho”.
La defensa de Quiñónez cita: “El 17 de enero de 2012, Moreno
Manjarrez dijo que él no tenía intención de reunirse o ayudar a los abogados
defensores del Sr. Quiñónez, siendo testigo en el juicio, pese a su declaración
previa en la que confirmó que él autorizó al Sr. Quiñónez al uso de
informantes”.
Esto se lee en los antecedentes de la orden donde el juez William
Hayes negó a el ex Enlace de la Procuraduría, el recurso para apoyarse en el
Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) para que el gobierno de Estados Unidos
obligara al fiscal bajacaliforniano a rendir testimonio en su caso. Este
procedimiento está fechado el 2 de febrero de 2012.
La justificación para negarse a citar a Moreno Manjarrez, fue que
el recurso del MLAT es para facilitar la tarea del gobierno, y no está
disponible para beneficio de particulares, como es el caso de Quiñónez.
El gobierno estadounidense decidió no llamar al hombre que
encabeza la Procuraduría local, sin embargo, tampoco informó si el titular y/u
otros empleados de la fiscalía bajacaliforniana están o no siendo investigados,
dado a que la indagatoria continúa abierta.
Cambios en la acusación
El mismo documento describe los cambios de estrategias de la
fiscalía.
29 de julio de 2011. Presentan cargos contra 43
delincuentes a los que acusan de participar en el crimen organizado y conspirar
en extorsiones, “… asesinatos, planear, intentos, homicidios, planes para
secuestrar, secuestros, robo; planes para robar, intento de robo, importación de
sustancias controladas a los Estados Unidos desde México, planes para la
importación de sustancias controladas a los Estados Unidos desde México,
distribución de sustancias controladas, complot para distribuir sustancias
controladas, lavado de dinero y planes para lavar dinero” (ECF No. 82 at
3-4).
28 de abril de 2011. “El jurado presentó una
acusación de dos cargos que anuló la primera acusación (ECF No. 644). Esta
segunda acusación señaló a los cuarenta y tres acusados del Cargo 1, con
conspirar para realizar actividades del crimen organizado a través de la
extorsión”, “… igual que en la primera acusación. La segunda acusación señaló a
ciertos acusados, sin incluir a Quiñónez, en el Cargo 2, con conspirar para
distribuir cocaína, marihuana y metanfetaminas”.
La segunda acusación refiere que Quiñónez, en sociedad con los
agentes o ex agentes José Antonio Ortega Nuño, José Alejandro Flores Meza y
Edgar López de Anda Dahir, “… usaron sus puestos dentro de la comunidad de
procuración de justicia mexicana para obtener y diseminar información
confidencial de las autoridades al FSO (Cártel de Fernando Sánchez Arellano),
llevar a cabo detenciones de los rivales del FSO, obtener confesiones de
miembros de organizaciones rivales para obtener inteligencia sobre esas
organizaciones, sobornar a las autoridades judiciales y de procuración de
justicia para asegurar la liberación de miembros del FSO que estaban detenidos;
desviar la responsabilidad por actividades violentas del FSO a organizaciones
rivales (tanto legalmente y en noticias generadas por la prensa), y obtener
información de empleados de la Procuraduría para el uso del FSO, enfocándose a
los agentes que actuaban en contra de los intereses de la Organización (ECF No.
644 at 6-7)”.
Boletín y declaración de culpabilidad
El 15 de mayo de 2012, la procuradora del Distrito Sureño de California,
Laura E. Sufí informó a través de un comunicado que Quiñónez “… se declaró
culpable de participar en una red de extorsión dentro de la Procuraduría de Baja
California para ampliar la empresa criminal controlada por Fernando Sánchez
Arellano”.
Y específicamente reconoció:
1. Haber ayudado a miembros del FSO (cártel de
Fernando Sánchez Arellano) para evitar su detención y juicio, por un doble y/o
dos homicidios que tuvieron lugar en Tijuana, México, el 25 de marzo de
2010.
2. Conspirar para lavar 13 millones de dólares a
beneficio del CAF.
Jesús Quiñónez terminó declarándose culpable de delitos cometidos
del lado mexicano, como parte de un procedimiento abreviado para obtener algún
beneficio, cuyo arreglo por Ley no será informado públicamente.
A manera de conclusión, la fiscal anunció que ya habían
sentenciado a 38 de los criminales incluidos en el expediente, mas no precisó
quiénes fueron los siete detenidos adicionales.
Amado Villarreal Heredia, jefe del grupo delictivo desarticulado en este
operativo, fue capturado en julio de 2011 en México y aún no ha sido
extraditado.
Llamadas y cargosLos delitos admitidos por el ex operador de la Procuraduría se basan, entre
otras cosas, en una serie de llamadas telefónicas, hechas públicas desde julio
de 2010.
Para el tema de la implicación en muertes violentas, se enfocaron
en dos hechos, ambos ocurridos el 25 de marzo: los asesinatos de Marisol Fuerte
Aguiñón, y el doble homicidio de Efraín Álvarez González y Abel Yetan González
Esquer.
En el caso de la mujer baleada en el fraccionamiento El Lago, sobre Bulevar
Insurgentes de Tijuana, se refieren dos contactos telefónicos:
25 de marzo de 2010. “El acusado Jorge Alberto
Ramírez Ponce informó al acusado José Alfredo Nájera Gil que ‘la dama’ (Marisol
Fuerte Aguiñón) había sido localizada y que ‘habían cobrado su cheque’, es
decir, que Aguiñón había sido asesinada”.
6 de junio de 2010. “El acusado, José Alfredo
Nájera Gil, pidió a Jesús Quiñónez Márquez que lo ‘ayudara’ con la situación de
‘Gabby’, que, según Nájera, estaba siendo señalada por las autoridades mexicanas
de haber asesinado a Marisol Fuerte Aguiñón, el 25 de marzo de 2010 en
Tijuana”.
Respecto a los dos hombres asesinados en el taller
Autoservicios Tovar, sobre Avenida Ermita, Delegación La Mesa de
Tijuana, la declaración es la siguiente:
25 de marzo de 2010. “El acusado Rubén Darío
Castro Pérez giró instrucciones al acusado José Alfredo Nájera Gil para que
contactara al acusado Jesús Quiñónez Márquez, y que Márquez hiciera crecer el
rumor y que hiciera un enredo, para se viera que ‘ellos’ (Efraín Álvarez
González y Abel Yotan González) eran los malandros”.
27 de marzo de 2010. “El acusado Jesús Quiñónez
Márquez informó al acusado José Alfredo Nájera Gil que él (Márquez) había sido
encomendado por el acusado Rubén Darío Castro Pérez para que los homicidios de
Efraín Álvarez González y Abel Yotan González, parecieran haber sido cometidos
por una organización rival”.
Sobre el dinero:
23 de marzo de 2010. “El acusado Jesús Quiñónez
Márquez informó al acusado José Alfredo Nájera Gil que él (Márquez) estaba
‘esperando que las cosas mejoraran’ para que Nájera pudiera comprarle a él
(Márquez) el apartamento, a lo cual Nájera respondió que habría ‘más dinero’,
‘las cosas iban a mejorar’, y que Márquez ‘no debía preocuparse’”.
27 de marzo de 2010. “El acusado José Alfredo
Nájera Gil informó a Jesús Quiñónez Márquez que él confirmaría con el acusado
Rubén Darío Castro Pérez que habría ‘motivación’, es decir, un pago en efectivo,
si Márquez hacía parecer que los crímenes de Álvarez González y Abel Yotan
González, habían sido cometidos por una organización rival”.
Congeladas investigaciones “retrasadas por Quiñónez”
Respecto al avance en la investigación de los homicidios en los
que Jesús Quiñónez admitió participar y pervertir en el proceso,
ZETA solicitó información a la Procuraduría del estado. La
solicitud fue atendida con fecha 16 de mayo de 2012.
Del homicidio de Marisol Fuerte, el informe de la Unidad Orgánica
de Homicidios Dolosos solo indica como avance que “se hace de su conocimiento
que de la declaración de diversos testigos, la hoy occisa, en compañía de su
esposo, de nombre Alejandro Rodríguez, se dedicaban a la distribución de la
droga conocida como crystal en la colonia vista Alamar, y que la
probable causa de su ejecución fue porque se estaban expandiendo a colonias de
vendedores de droga contrarios. No se especifica para qué célula o cártel
pertenecen”.
Esa es toda la información que proporcionan. No hablan de ningún
“Gabby” (mencionado en la indagatoria de Estados Unidos) como sospechoso.
Con referencia a las muertes de Efraín Álvarez González y Abel
Yotam González Esquer, los únicos datos adicionales del expediente es que la
primera víctima mencionada, traía un envoltorio de droga en su mano derecha, y
que en el asiento posterior de su auto localizaron una bolsa transparente de
plástico que contenía polvo blanco, además de otra bolsa con una sustancia
granulada.
Corrupción en la PGJ
– Son ya muchos casos de corrupción al interior de la
Procuraduría del Estado, algunos probados, empezando por Quiñónez, ¿qué está
pasando?, se le preguntó al Subprocurador contra la Delincuencia
Organizada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California,
Abel Galván Gallardo, quien admitió conocer el tema Quiñónez porque hace dos
años “él era el visitador general y trabajaba en el compromiso de la depuración
policiaca, con los exámenes de confianza, los toxicológicos y control del
entorno personal”.
– ¿Y no se dieron cuenta del nivel de
corrupción de la Procuraduría?, sobre todo en una jerarquía como la de
Quiñónez…
“El tema Quiñónez fue una investigación de las autoridades de
Estados Unidos, a raíz de su aseguramiento pedimos información, nos enviaron la
carpeta y la usamos para iniciar el procedimiento para separarlo del cargo”.
Al momento de la entrevista, Galván comentó que en el mismo
período, varios elementos ministeriales y municipales habían sido detenidos por
las autoridades federales como parte de este trabajo de depuración coordinado.
Se le recordó que muchos ya habían quedado libres:
“Efectivamente algunos han sido liberados, pero ya dentro de un
proceso judicial en otras instancias, no por falta de voluntad, que existe en
las procuradurías y las contralorías del país, pero si se da el caso de que
quienes cometen delitos por medio de astucias jurídicas y cuestiones legales,
obtienen el beneficio de la libertad”.
– Entonces, ¿no funcionan las contralorías y
visitadurías?, ¿no garantizan? Ahí está el ejemplo de Quiñónez y otros que
estaban ahí y no los detectaron, ¿qué certeza pueden tener los
ciudadanos de que en la Procuraduría hay una autodepuración?
“Hemos removido 164 mediante procedimiento donde no incluyen
denuncias, sino procedimientos que se han instaurado de forma oficiosa por
Contraloría Interna”.
– En el tema de Quiñónez, ¿él pasó esos exámenes de
confianza?
“Tenía registrados todos positivos, no teníamos ningún
record”.
– ¿Había denuncias en su contra?
“No teníamos ninguna denuncia, ni indicio que nos hubiera echo
suponer iniciarle una investigación encubierta”.
– ¿Entonces los estudios de control y confianza no son
confiables?
“Siempre han sido polémicos los alcances de los exámenes de
confianza, por eso se hacen análisis a su entono personal, a su trabajo”.
– Ustedes dicen que revisaron el entorno personal de
Quiñónez, y lo acusan de haber ayudado a lavar 13 millones de
dólares…
“Pero es una acusación generalizada, todo, la empresa lavó ese
dinero y él era parte de y los ayudó… en su patrimonio y sus inmuebles, no es el
caso que lo haya hecho particularmente”.
– Los cargos que ya admitió indican que utilizó su cargo y
su rango para hacer favores, todo se hizo dentro de la Procuraduría, ¿cómo es
posible que no lo vieron?
“En su momento no teníamos ningún dato, si hubiera algún indicio,
hubiéramos aperturado”.
–Desde julio de 2010 por las autoridades de Estados
Unidos, Ustedes tenían antecedentes de su presunta intervención en por lo menos
dos homicidios con tres muertos. ¿Por qué eso no está incluido en la indagatoria
de los homicidios? ¿Están investigando a los ministeriales y al agente del
Ministerio Público encargados de los casos en las fechas
mencionadas?
“Los homicidios están en integración tenemos algunos avances, es
un tema que se ventiló.
El elemento principal era el licenciado Quiñónez; él quedó cesado,
y la averiguación abierta”.
– Pero es desde el año 2010, ¿la indagatoria incluye a los
otros ministeriales involucrados?
“Aquí el punto importante es que las actas están en integración,
si estuvieran determinadas y se hubiera ejercitado acción penal para haber
modificado la investigación, estaríamos hablando de un acto consumado. Entonces,
aunque haya querido él desviar el rumbo de la investigación, no se vio reflejado
porque la investigación está abierta”.
– Sin embargo, en el caso del homicidio de Marisol Fuerte,
la indagatoria no contempla a ningún sospechoso, ni siquiera al de nombre
“Gabby”, identificado en el expediente de la fiscalía de California.
¿Entonces Quiñónez sí pudo influir?
“Aunque la información no esté en un expediente, el propio policía
trae información, pero está abierto”.
– ¿No pasó nada?
“La investigación está abierta”.
– ¿Los agentes presuntamente involucrados con Quiñónez
siguen trabajando?
“Siguen trabajando y no se está investigando a ninguno, pero el
expediente de Quiñónez sigue abierto y se retoma porque ya existe una sentencia
donde se declara culpable, pero todo con su paso y conforme a derecho, incluso
habrá que verificar si alguno de los presuntamente involucrados no están ya
fuera de la institución”.
Por último, Abel Galván indicó que la información con la que se
cuenta será revisada después de dos años de conocer los hechos. La justificación
oficial es que la Procuraduría no puede actuar mientras no haya una sentencia de
la autoridad responsable.
Más jefes de la PGJE señalados
Respecto a las acusaciones de Juan Sillas Rocha y Octavio Leal
Hernández -criminales detenidos- en contra de otros funcionarios de alto rango
en la Procuraduría, como el ex subprocurador contra la Delincuencia Organizada,
Fermín Gómez, el ex jefe de Antisecuestros, Fernando Jáuregui, y el ex
comandante de la Ministerial, Adán Velázquez, el licenciado Galván Gallardo
informó que a los dos últimos, que aún están en la institución, sí los están
investigando.
Y se apresuró a completar:
“Pero no significa que sean culpables, sino que la Contraloría
apertura procedimiento por todas las denuncias, incluso las que se hacen a
través de los medios de comunicación”.
También explicó que antes de ser nombrados jefes, ambos pasaron
todos los exámenes de confianza, los cuales por procedimiento, les corresponde
repetir este año; además, ya están enlistados para su segunda ronda de
pruebas.
Recalcó que las acusaciones de la célula del “Sillas” en contra de
este grupo de elementos de la Procuraduría es un asunto “que lleva tiempo
arrastrándose”. Es decir, el caso ya tiene 2 años.
Pero advirtió:
“No quiero decir que sea el caso, pero los funcionarios con mando
están de entrada, expuestos a que el narcotraficante o la persona que esté
involucrada en delincuencia organizada pueda comentar. Pero, para que pueda
proceder un tema, tiene que haber pruebas contundentes y objetivas. En este caso
en un tema de la propia Federación y de SIEDO (Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada). Hemos estado en total coordinación,
incluso desde mi llegada a esta Subprocuraduría, dándole transparencia y buenos
oficios, es decir, qué necesitan del estado para que ellos en su momento, si es
que existe un expediente, construyan objetivamente una investigación y en su
momento tener los resultados”.
Informó que hasta el momento ni la Procuraduría, ni los
funcionarios en particular, han recibido llamadas, avisos o requerimientos de
parte de la SIEDO que generen algún mandamiento de orden de presentación o
citación para comparecer a la Ciudad de México.
– ¿La Procuraduría del Estado inició investigación?
“Vamos de la mano de la investigación de la Federación; insisto,
fueron señalados en el ámbito federal y de ahí debe salir el desglose a la
localidad, así está la Ley, el fuero común no puede procesar por asuntos de
narcotráfico o relaciones con el crimen organizado”.
De tal suerte que si la SIEDO no investiga los señalamientos de
elementos de la PGJE involucrados con narcotraficantes, la Procuraduría general
de Justicia del Estado de Baja California tampoco avanzará en las remociones o
absoluciones de sus funcionarios.
Actualmente, nada más en Tijuana la Procuraduría tiene abiertos
diez expedientes administrativos relacionados con señalamientos de delincuentes
que han acusado a funcionarios de esta institución de delitos federales, entre
los cuales se encuentran los de Gómez Gómez, Jáuregui y Velázquez.
Casos que, por lo visto, permanecerán abiertos y sin movimiento
alguno hasta que la federación trabaje con los expedientes en la Ciudad de
México y presente “pruebas contundentes” a favor o en contra de los
funcionarios señalados de corrupción.
chinga tu madre romel
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