EN LA NÓMINA DE LOS BELTRÁN LEYVA

Detienen a Isidro Hernández, exdirector de la Ministerial de Sinaloa Juan Veledíaz / Especial para RíodoceLa detención de los generales Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa Nacional; Roberto Dawe González, exjefe de Estado Mayor en la 20 Zona Militar en Colima, y Ricardo Escorcia Vargas, exjefe de Estado Mayor de la Tercera Región Militar con cuartel en Mazatlán, así como del coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, exdirector de la Policía Ministerial de Sinaloa, abrió la caja de pandora sobre la presunta red de protección militar a los hermanos Beltrán Leyva. Los dos primeros fueron detenidos la noche del martes 15 de mayo, mientras que el día 17 la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dio a conocer la aprehensión del tercero como parte de una investigación por presuntos nexos de mandos militares con la delincuencia organizada. El jueves 18 la Secretaría de la Defensa Nacional informó que Hernández Soto fue presentado ante la PGR dentro de la indagatoria que se realiza contra militares con posibles nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. La PGR dio a conocer que la investigación contra los generales y el coronel retirado Hernández Soto inició con base a testimonios de indiciados en varios procesos por delincuencia organizada, entre estos algunos efectivos militares, que han señalado posibles vínculos de Dauahare, Dawe y Escorcia con bandas del narco. Entre los elementos que fundamentan la detención la PGR menciona a un testigo protegido identificado como Jennifer, quien reveló la existencia de una red de militares para proteger al cártel de los Beltrán Leyva, del cual habrían recibido dinero. Los pagos, según el mismo testigo, los hacía Edgar Valdés Villarreal, La Barbie. Los tres generales fueron arraigados durante 40 días en apego a una orden del Juez Primero Federal Penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Honores para Amado Eran los primeros días de julio de 1997 y el hospital central militar estaba sitiado. Puertas adentro en uno de los pisos superiores donde se localizaba el área para funcionarios, se encontraba sobre una camilla el cadáver de Amado Carrillo Fuentes —muerto horas antes en un nosocomio de Polanco— custodiado por una guardia de cuatro soldados. Esa tarde entró una comitiva de varios generales encabezados por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, a su lado caminaba su secretario particular, Tomás Ángeles Dauahare, a un costado Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR en ese momento, y unos pasos atrás el procurador militar Rafael Macedo de la Concha y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Juan Heriberto Salinas Altés. Apenas esa mañana, ante los medios de comunicación, se había presentado el cuerpo tras el anuncio de la muerte durante una intervención quirúrgica del jefe máximo del llamado cártel de Juárez. Aquella inspección fue breve, como para verificar las condiciones del cadáver antes de ser entregado a los familiares. Minutos después salió del edificio el procurador Madrazo y dos de sus acompañantes también funcionarios de la dependencia. De pronto apareció una banda de guerra del Cuerpo de Guardias Presidenciales con tambores y trompetas en formación lineal, e ingresó al edificio seguido de una sección —integrada por 30 soldados— de fusileros. Aquella fue una escena surrealista, recuerda un oficial de caballería que presenció el acto. Frente a los generales Cervantes, Ángeles Dauahare, Macedo de la Concha y Salinas Altés, la banda de guerra comenzó a tocar honores al llamado Señor de los Cielos mientras la sección de fusileros presentaba armas. El acto fue breve y a puerta cerrada, recuerda. Un sargento que también estuvo en el lugar coincide por separado con el oficial: aquel fue un extraño e inusitado “homenaje”. —Pues para quién trabajas, me pregunté… cuando miras una escena así como que te sentías mal —recuerda. —¿Para quienes trabajaban esos generales? Sencillamente no lo podíamos creer —dice el sargento, quien entonces prestaba sus servicios en oficinas anexas a la del secretario Cervantes Aguirre. La versión sobre aquel episodio fue corroborada por dos militares más. Un oficial de infantería que en ese tiempo era capitán y servía en el Estado Mayor de la Defensa, recuerda que aquello no trascendió y quedó como algo muy reservado. —Fue un evento del que se supo porque se vio entrar a la banda de guerra, de ahí en fuera nadie comentó nada —recuerda. Un colega de este oficial, quien hoy tiene rango de jefe y presta sus servicios en la primera zona militar, asegura que la presencia de la banda de guerra y la sección de fusileros, no fue para rendir honores a un militar, porque ese tipo de actos si muriera algún general importante se hacen en el velatorio, distante a menos de un kilómetro del hospital dentro de la zona habitacional castrense de Lomas de Sotelo. El acto había pasado como una anécdota surrealista, imposible de que ocurriera, pero cuando el nombre del general Tomás Ángeles Dauahare surgió en estos días, tras ser detenido por la PGR y arraigado por 40 días acusado presuntamente de brindar protección a los hermanos Beltrán Leyva, la trayectoria del entonces secretario particular del general secretario retomó relevancia. Los pasos de Dauahare El general Tomás Ángeles Dauahare tenía fama de ser una persona justa y decente. No era gritón ni mandón como otros, más bien era de carácter tranquilo, afable. —Era como el abuelito de Heidi: amable y condescendiente. Era protector de la tropa y enérgico cuando se requería. Pero en el fondo parecía sacerdote —dice un militar que estuvo a su servicio en aquellos años. Su equipo más cercano lo componían en ese tiempo en la secretaría particular el entonces coronel Pedro Gurrola, el también coronel René Herrera Huizar y el teniente coronel César Gómez López.  Por aquellos meses de 1997 a 1998 surgió el caso del coronel Pablo Castellanos García, un oficial de infantería especializado en inteligencia militar, a quien se acusó de haber “filtrado” información secreta y reservada que exhibió la penetración del narcotráfico en el Ejército. El caso fue emblemático, Castellanos fue procesado y sentenciado aunque nunca se probó que él hubiera facilitado esa información a la revista Proceso donde se difundió en aquel entonces. Lo que se publicó era la manera en cómo el capo Amado Carrillo había tenido acceso al primer círculo del general Cervantes Aguirre.  Se mencionaron a varios militares al servicio del narcotráfico entre quienes estaba el hermano del secretario, el entonces coronel Pedro Cervantes Aguirre, quien después del escándalo fue enviado como agregado militar a la Embajada de México en Chile. El nombre de Ángeles Dauahare fue uno de los que aparecieron sin que se especificara qué tipo de tratos pudo tener con los representantes del capo. Cuando en diciembre del año 2000 concluyó la gestión de Cervantes Aguirre, el general Ángeles Dauahare fue enviado por el nuevo secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, como titular del Colegio Militar. Estuvo un par de años y tiempo después fue nombrado director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM). En el relevo del cambio de gobierno en diciembre del 2006, Ángeles Dauahare fue uno de los tres generales que estuvieron en la terna para ocupar la silla de secretario de la Defensa, sus contrincantes fueron Juan Alfredo Oropeza Garnica —entonces director de Industria Militar— y Guillermo Galván Galván, subsecretario de la Defensa. El presidente electo, Felipe Calderón, se inclinó por Galván y nombró al general Ángeles Dauahare subsecretario. A finales del año del 2007 un rumor se esparció por los pasillos de la Defensa: se decía que el general Galván tenía una enfermedad que lo obligaría a pedir su retiro, lo que abriría la puerta a Ángeles Dauahare para llegar como relevo. La especie se dijo que salió desde la oficina de la Subsecretaría, pero gente allegada al funcionario lo rechazó. Pese a que en noviembre de ese año el general Ángeles Dauahare había cumplido los 65 años, edad reglamentaria para que los divisionarios pasen a retiro, todavía lo mantuvieron cuatro meses en su puesto. En marzo de 2008, tiempo después de aquel corrillo, fue separado de su cargo. Rompiendo récords En noviembre de 1984 el entonces teniente coronel Ángeles Dauahare fue enviado a la Embajada de México en Washington como agregado militar adjunto. Estuvo un par de años y en octubre de 1986 regresó y al poco tiempo ascendió a coronel. En abril de 1992, ya como general, volvió a la agregaduría, donde se mantuvo hasta marzo de 1994. En el inter comenzó a tener una buena relación con altos mandos del Pentágono, como el teniente general Robert F. Foley, comandante del Quinto Ejército con base en San Antonio, Texas, a cuya ceremonia de retiro asistió en el verano del año 2000, según se desprende de su hoja de servicios, de la cual se tiene copia. De acuerdo con el expediente, el general Ángeles Dauahare tejió una red de contactos y conexiones con militares norteamericanos en sus dos estadías en la agregaduría que capitalizó durante su estancia en la Secretaría Particular. Era un interlocutor privilegiado por los mandos del Pentágono. Entre 1992 a 1994 tuvo bajo su mando en Washington al entonces teniente coronel Manuel de Jesús Moreno Aviña, hoy general de brigada a quien se le acusa de la muerte y desaparición de varios civiles, vinculados al grupo de pistoleros del cártel de Juárez conocido como La Línea, mientras se desempeñó como comandante de la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua. El caso Moreno Aviña fue el segundo junto al del general retirado Juan Manuel Barragán Espinosa, acusado de proteger al narcotráfico mientras estuvo en servicio, de militares detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada con los que inició el año 2012. Casualmente Barragán Espinosa, según su expediente militar, también estuvo en la agregaduría militar en la Embajada de México en Washington de agosto de 1981 a mayo de 1984. Con tres ex agregados militares en Estados Unidos, detenidos y acusados de brindar protección al narcotráfico, la captura y arraigo la semana pasada de los generales Roberto Dawe González —ex jefe de Estado Mayor en la 20 Zona Militar en Colima y antiguo comandante del primer batallón de Guardias Presidenciales— y Ricardo Escorcia Vargas, excomandante de la 24 Zona Militar en Morelos y exjefe de Estado Mayor de la Tercera Región Militar con cuartel en Mazatlán, acusados junto a Ángeles Dauahare, presuntamente de brindar protección a los hermanos Beltrán Leyva, la nómina de generales detenidos en menos de un año rompió todos los récords. Nunca desde que el Ejército realiza labores contra el narcotráfico se había presentado un episodio donde en menos de seis meses cinco destacados militares, todos diplomados de Estado Mayor, estén acusados de realizar labores a favor de alguno de los grupos de tráfico de drogas.