Proceso
Jiutepec, Mor.- Un
moño negro empolvado sobre el marco de la puerta de la casa de la familia
Sánchez Santana muestra el dolor que han padecido los padres y hermanas de
Jethro Ramsés, un joven ingeniero asesinado e inhumado por soldados del 21
Batallón de Infantería con sede en Cuernavaca.
El 1 de mayo de 2011, el
joven fue detenido ilegalmente. Las autoridades municipales lo entregaron a
policías federales y éstos a los militares.
Durante dos meses el joven ingeniero
permaneció en calidad de desaparecido, hasta que su familia exigió la aplicación
de pruebas de ADN para saber si un cadáver hallado en Atlixco, Puebla, era el
del joven; la identidad se confirmó.
Junto con Jethro Ramsés fue
arrestado Horacio Hernández Demesa, tras presenciar un pleito en una taquería de
feria en Cuernavaca.
Ninguno iba armado, pero policías municipales bajo el mando
de Manrique González Acosta afirmaron que los jóvenes se ostentaron como
miembros de la banda del Negro Radilla, presunto autor intelectual del asesinato
de Juan Francisco Sicilia y seis personas más.
Aclarados los hechos, en
julio de 2011 fueron detenidos el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el
subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, integrantes de la Fuerza de Reacción
del 21 Batallón de Infantería y procesados por tortura y homicidio
calificado.
El 13 de noviembre fue arrestado el coronel del batallón,
José Guadalupe Arias Agredano, quien estaba prófugo desde el 20 de julio.
Sobre
él pesan cargos de encubrimiento de primera clase en los delitos de lesiones
causando homicidio e inhumación clandestina, así como por deserción y abandono
del servicio.
El mismo mes fue sometido a proceso por falsedad de
declaraciones el policía municipal González Acosta, en libertad bajo caución.
De acuerdo con las declaraciones iniciales de los militares, después que
los policías entregaron a Jethro y Horacio al 21 Batallón de Infantería, el
primero fue “interrogado” en la herrería y murió, pese a los supuestos intentos
de personal de sanidad por ayudarlo.
El general Leopoldo Díaz Pérez,
quien era responsable de la XXIV Zona Militar (a la que está adscrito el
mencionado batallón), fue removido de su cargo en julio de 2011.
El caso
derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, en la
que se establece la responsabilidad de los policías municipales por la detención
arbitraria, y se pide la reparación del daño a la familia afectada y sanción a
los funcionarios locales involucrados, lo que hasta ahora no ha cumplido el
Ayuntamiento.
Tortura y ejecución
Asesorado por la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), don Héctor Sánchez
busca justicia.
Para la familia Sánchez Santana fue doloroso enterarse
de que Jethro fue torturado y enterrado vivo.
Así se establece en la necropsia
574, realizada el 8 de mayo de 2011 por el doctor Abad Zamora, del Servicio
Médico Legal del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.
La
necropsia asienta que el cuerpo fue descubierto en un paraje de la carretera a
Tochimizolco conocido como La Ocotera:
“Se encontraba en una fosa rústica con el
tórax y la cabeza cubierta de tierra y dos grandes rocas encima del tórax y
abdomen y el miembro inferior izquierdo descubierto”.
En el cuerpo, de un
metro 83 centímetros y de entre 110 y 120 kilos, se apreciaron “cuerpos extraños
en el interior compatibles con tierra y pequeñas rocas similares a las
encontradas en el lugar de los hechos”.
El perito halló que “de la región
del muslo y genitales se desprende un olor fuerte comparado con el que produce
el ácido muriático”.
Entre otros usos, anota, el ácido muriático es
“utilizado como agente oxidante en talleres de herrería y metalurgia”. Jethro
fue retenido en el taller de herrería del 21 Batallón de Infantería.
Pero según
el examen, las causas de la muerte fueron “traumatismo craneoencefálico” y
“asfixia por enterramiento”.
Un perito determinó que “se trata de un
homicidio en el que participó más de una persona” y que, de confirmarse que los
autores fueron servidores públicos, “estaríamos ante un caso, además de
homicidio, de tortura y de ejecución arbitraria”.
El experto añade que si
es ácido muriático “la sustancia encontrada, y de corresponder a las lesiones en
genitales y muslo, se podría inferir que se sometió a sufrimientos muy graves al
ahora difunto”.
Con base en los datos de la necropsia, el especialista
concluye que “la víctima fue golpeada en múltiples ocasiones en la cabeza y en
otras parte del cuerpo por más de una persona, lo que además del traumatismo
craneoencefálico y otras contusiones en el cuerpo le produjeron pérdida del
conocimiento”.
El perito considera probable que, después de ser desnudada
“aún con vida, la víctima fue enterrada... la víctima de manera automática trata
de continuar respirando, pero al tener cubierta la nariz y la boca con tierra y
piedras, aspira estas sustancias y se produce la asfixia”.
Justicia
mocha
Cuando Jethro Ramsés desapareció, su madre, Silvia Santana,
esperaba que lo tuvieran arraigado en la PGR.
Don Héctor cuenta: “Alguien
nos dijo que seguramente Jethro estaba en el centro de arraigos de la SIEDO.
Cuando fuimos a preguntar, unas señoras que tenían familiares arraigados se
acercaron y le dijeron a mi esposa que no se reporta a todos los detenidos, por
lo que le recomendaron acudir al centro de arraigo y gritar el nombre de mi hijo
para que él buscara la forma de comunicarse con nosotros. Durante una semana o
poco más mi esposa gritaba desesperada a las ventanas, tenía tanta esperanza de
recibir respuesta”…
La familia colocó carteles en las calles de
Cuernavaca con un número de teléfono. Ahí entró una llamada anónima que
grabaron: “El muchacho fue detenido en la feria. Los municipales se lo llevaron,
se lo dieron a la estatal, la estatal se la pasó a la federal y la federal se la
pasó a los guachos de la XXIV Zona Militar”.
Al principio la familia
Sánchez Santana no se tomó muy en serio la llamada porque durante dos meses el
general Leopoldo Díaz Pérez negó en el juicio de amparo interpuesto por ellos, y
también ante el Congreso local, que Jethro hubiera sido detenido por sus
subordinados.
En junio de 2011, una persona a quien Jethro había citado
en la feria de Cuernavaca el 1 de mayo les mostró los mensajes de texto que se
enviaron esa noche, mientras lo esperaba. El último que salió del teléfono de
Jethro, a las 18:48, decía textualmente: “Me acana d detener la
milotar”.
Sus deudos no saben quién envió el mensaje. De acuerdo con las
primeras investigaciones, una vez que Jethro y Horacio fueron detenidos por los
policías municipales a las 18:00 horas, los despojaron de sus identificaciones y
aparatos de comunicación, que fueron entregados 30 minutos después a los
federales.
Unos 20 minutos después de que los federales recibieron en
custodia a Jethro y a Horacio, llegaron tres camionetas con más de 20 soldados
bajo el mando del teniente José Guadalupe Orizaga. Los agentes federales
entregaron a los detenidos y sus pertenencias sin ningún protocolo.
Con
la grabación de la llamada anónima y la relación de mensajes del aparato de
radiocomunicación de su hijo, don Héctor Sánchez acudió a la XXIV Zona Militar.
Como la familia Sánchez Santana se unió al Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad para reclamar justicia, y con los indicios que aportó el
padre de la víctima, la Procuraduría General de Justicia Militar se vio obligada
a integrar la averiguación previa SC/180/2011/V.
También gracias a la
presión del movimiento pacifista fundado por Javier Sicilia, don Héctor pudo
acercarse con funcionarios de Províctima, quienes se ofrecieron como
intermediarios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para solicitar
que se atendiera el caso.
“Me ofrecieron 150 mil pesos de parte de la
Sedena, pero yo no acepté el dinero, porque es lo que menos necesito. Lo que
quiero es justicia, que todos los que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo
paguen lo que tengan que pagar según lo que dice el Derecho. No quiero
venganza”, dice.
Pese a que en los hechos participaron ocho policías
municipales de Cuernavaca, 10 policías federales y al menos 20 militares, sin
contar con el general Díaz Pérez, sólo cuatro personas están procesadas: el
policía local Manrique González y los tres oficiales del Ejército.
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