Conservadoramente, el negocio de los centros de verificación vehicular
representa unos 350 millones de pesos al año.
16 empresas de carácter nacional
fueron beneficiadas con un convenio otorgado por el Gobierno del Estado.
El
problema es que los representantes de algunas se desenvuelven en el ámbito de la
política, y que a otras compañías seleccionadas les ha sido revocada su
concesión por malas prácticas, abusos y negligencia en otros estados de la
República.
El reparto discrecional, iniciado por Sócrates Bastida cuando fue
secretario de protección al ambiente, huele a tráfico de influencias.
Cristian Torres Cruz
Sócrates Bastida Hernández entregó dos concesiones para Centros de
Verificación Vehicular, a políticos ligados al Partido Nueva Alianza y su ex
dirigente, Jorge Kahwagi Macari. Una más, la concedió a un panista.
El hoy dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, realizó
dichas transacciones cuando se desempeñaba como Secretario de Protección al
Ambiente en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán. En 2007 cuando el hoy
gobernador ganó la elección, lo hizo aliado su partido el PAN al Panal, y al
PES.
Esta última agrupación colocó a Alfredo Ferreiro Velazco como diputado
local en la pasada legislatura, de ahí brincó a la dirigencia del partido y
terminó, casualmente, como Subsecretario de Protección al Ambiente.
En ese contexto, los beneficios entregados por Bastida a los panalistas y al
panista, podrían constituir tráfico de influencias.
En una relación enviada por Rogelio Robles Dumas, delegado del Panal en Baja
California, aparece el nombre de Iza Michelle Mercado Sánchez en calidad de
suplente de Kahwagi en la candidatura al Senado de la República.
La misma mujer
es representante legal de la empresa Ingeniería en sistemas de inyección de
Diesel S. A. de C. V. con sede en Tijuana, una de las concesionarias de
centros de verificación.
La red de influencias de Kahwagi no termina ahí,
Omar Enrique Duarte Pérez, representante del centro de verificación
Controles Mexicanos de Emisiones, S. A. de C. V. ubicado en Mexicali,
también intentó convertirse en diputado en 2010 por la misma asociación
política.
Un panista también contó con la benevolencia de Bastida al momento de otorgar
las concesiones para los centros verificadores. Se trata de Óscar Álvarez
Tostado Verdugo, representante de Emisiones la Viga, S. A. de C. V. en Tijuana y
adherente al Partido Acción Nacional desde el 12 de febrero del 2009.
Según
la página de transparencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana, en la plantilla de personal de enero del 2012, Tostado Verdugo aparece
en la nómina como Asistente de Control Patrimonial, catalogado como trabajador
de confianza con un sueldo de 17 mil 098 pesos, por lo que difícilmente sólo con
su percepción pudiera soportar la inversión superior a los 8 millones de pesos
que se necesitan para iniciar el negocio de verificación vehicular.
En la
lista de beneficiados con una concesión también figura el empresario Roberto
Sánchez Valdez, titular de Constructora SZ, empresa beneficiada en la
administración de Jorge Ramos Hernández en Tijuana, cuando la compañía fungió
como intermediaria de la empresa Cemex y constructoras subcontratadas.
Según
lo publicado en ZETA (Edicion1886) la empresa de Sánchez Valdez
retrasó el pago a 16 empresas en los trabajos del Programa de Repavimentación
Integral (Pire) de Tijuana, lo que provocó una demanda contra la empresa y que
se pidiera el apoyo del entonces al alcalde Ramos.
Antonio Zazueta Villegas
representa en Ensenada a Verificentro Lomas, S. A. de C. V. y en Tijuana el
Verificentro 2001, S. A. de C. V., el empresario también representante de la
Constructora SZ de Baja California, fue demandado en un juicio mercantil en ese
entonces por José Alfredo Tejada Mendoza y Francisco Cervantes Castellanos bajo
el expediente 1320/20 por el adeudo de 717 mil 850 pesos, según informó en su
momento el portal de noticias AFN.
“Empresas responsables” en la mira
En la presentación
ante los medios de comunicación del primer Centro de Control Vehicular en
Mexicali, el titular de la Secretaría de Protección al Ambiente, señaló que las
16 empresas invitadas para obtener la concesión del servicio en el estado,
tenían la experiencia y que ello influyó para que se les permita operar en la
entidad, sin embargo no todas las experiencias son favorables.
En una nota
periodística atribuida al periódico el Universal DF, del 4 de abril del 2011, se
hace un recuento de 9 empresas clausuradas por irregularidades en su operación,
entre éstas se encuentran varias que se instalarán en Baja California.
En
julio del 2009 el verificador vehicular con número de registro MH9055, el cual
según el padrón del Gobierno del Distrito Federal pertenece a Veripatriotismo,
S. A. de C. V., perdió la concesión por malos manejos, y de acuerdo a la
información, fue la Secretaría del Medio Ambiente de aquella entidad la que
revocó de manera definitiva dicha concesión luego que “se detectaran graves
irregularidades como la práctica de los llamados brincos”.
La empresa Centro
de Verificación Morelos S. A. de C. V., sufrió el mismo destino al detectar que
colocaban placas de manera sobrepuesta para las pruebas, además de hacer caso
omiso de entregar los videos de las verificaciones realizadas.
A ambas
empresas se le otorgaron las concesiones para operar en Baja California pese a
sus antecedentes en el Distrito Federal; en esta entidad, la primera es
representada por Joshua Reyes Mata en Rosarito y la segunda por Érick Pérez
Martínez en la capital del estado.
Otras empresas con antecedentes datan de
2003. Según la revista GTCIT fueron suspendidas también en el Distrito Federal
por no actualizar su software en aquel entonces como concesionarias: ESP de
México y Combustibles Ecológicos S. A. de C. V. De éstas se desprende
Corporación MVE, S. A .de C. V., Terflosan, S. A. de C. V., Servicontrol
Atmosférico S. A. de C. V., Verificentro San Joaquín, S. A. de C. V. y
Verificentro Lomas, S. A. de C. V. todas ellas se instalarán de igual manera en
Baja California.
El negocio de los 350 millones al año
El costo de cada
revisión es de cuatro salarios mínimos para autos viejos y cinco para nuevos,
tomando en cuenta que el salario mínimo para la región A es de 62.33 pesos y que
actualmente existe un parque vehicular de 1 millón 400 mil vehículos en Baja
California, se trata de un negocio –conservadoramente– de 350 millones de pesos
al año.
Eso sin considerar vehículos registrados en calidad de nuevos y que
deberán pagar cinco salarios mínimos en lugar de los cuatro utilizados para la
aritmética.
A la nada despreciable cifra deberán sumársele las unidades que de suyo son
dadas de alta de manera anual, y tal cantidad, los 350 millones de pesos, se
dividirá entre los 16 centros que fueron concesionados por el estado.
Con un
mismo rasero, cada uno se llevaría al año 21 millones 875 mil pesos; tan sólo en
el primer año habrán recuperado la inversión de entre 6 y 8 millones de pesos
para la apertura del negocio. Lo demás, será ganancia pura.
20 propuestas
El Secretario Efraín Flores Niebla, niega las relaciones de Kahwagi Macari en
las concesiones, cuestionado directamente sobre el boxeador-empresario-político,
dijo rotundamente que “no”, incluso un reportero le señaló sobre la relaciones
que existiera con el Partido Verde Ecologista y de la misma manera lo
desechó.
“No; miren, todo lo que les puedo decir respecto a las concesiones
es que en atención a la atribución que tiene el gobernador del estado de poder
otorgar concesiones, se hizo una invitación nacional a empresas que tuvieran
experiencias en el tema de verificación vehicular, nosotros hicimos un recorrido
por todo los estados, hay 16 estados que ya cuentan con programas de
verificación vehicular, pero nos apoyamos muchísimo en el del DF”.
Dijo que
se recibieron 20 propuestas de 20 empresas distintas y que luego de revisar las
bases de la convocatoria se determinó el otorgamiento de las 16 empresas las
cuales indicó ser independientes entre ellas, contar con una razón social y
tener un representante legal plenamente identificado.
“El gobernador tomó la
decisión de hacer una convocatoria a empresas dedicadas a este ramo que a nivel
nacional ya estuvieran operando, definió una serie de bases para que nos
aseguráramos de la calidad de estas concesiones, se hizo la invitación a 28
empresas a nivel nacional, esas empresas tuvieron que revisar las bases que
construyó la SPA con la asesoría del DF”.
De un plumazo borraron a ayuntamientos
En Mexicali el
proyecto para centros de verificación vehicular no es nuevo, desde la
administración del alcalde Samuel Ramos Flores se inició un piloto para ponerlo
en marcha, en ese entonces la facultad para regular el padrón vehicular en
materia de emisiones contaminantes le correspondía a los ayuntamientos, por lo
que se pretendía que los vehículos oficiales fueran los verificados en un
principio.
En aquel entonces Manuel Zamora Moreno, director de ecología del
XVIII Ayuntamiento de Mexicali, fue el encargado de impulsar el proyecto, sin
embargo, una reforma en la cámara legislativa le concedió esa atribución al
Gobierno del Estado, dejando el equipamiento municipal en el abandono con sus
respectivas pérdidas.
El ahora regidor del Partido Verde Ecologista de México
en Mexicali, señaló que con el programa Proaire realizaron toda la
reglamentación necesaria para poder iniciar en operaciones el plan piloto,
explicó que en la siguiente administración encabezada por Enrique Villegas como
Director de Ecología, se instaló la patrulla ecológica que se encargaría de
hacer cumplir en reglamento. También compraron equipo de monitoreo de vehículos,
el cual se quedó almacenado al quitarles la atribución.
El mismo regidor
Zamora señaló que en Tijuana se creó la Jefatura de Verificación Vehicular la
cual aún existe pero no funciona, “El gobierno del estado de un plumazo le quita
las facultades a todos los ayuntamientos para seguir viendo el tema de
verificación, lo toma así porque fue una situación meramente política por
acuerdo con otros partidos y algunas gentes y se llevan el tema de la
verificación al estado”.
Crítico ante las razones del cambio de batuta en el
tema de verificación, Zamora Moreno dijo que el gobierno estatal rehízo el
trabajo que los municipios habían avanzado, “Ponen a Sócrates (Bastida), que no
sé de dónde sabe del tema ambiental y que él se pone a querer iniciar el
programa de verificación de orden estatal, hacen el cambio, entra Efraín Nieblas
y por instrucciones de su propio patrón echa a andar el programa y vuelve a los
trabajos que ya habíamos hecho desde un inicio”.
Dijo que el estado no tiene
atribuciones para estar deteniendo a las personas cuando los vehículos
contaminan, ya que ésa es una facultad de las policías de tránsito municipal,
por lo que tendría que apoyarse en los ayuntamientos, aunque de entrada los dejó
fuera de la noche a la mañana.
“Si es un tema de recaudación es muy bueno,
pero si es un tema de protección al ambiente estamos en la calle, de entrada no
fue bueno que le quitaran la facultad a los municipios, el estado solo no va a
poder, va a ocupar de los municipios, pero los hizo a un lado”.
Uno de los
temas principales en caso que el proyecto impacte a la sociedad, será el de la
movilidad urbana. Al retirar los vehículos chatarra la ciudadanía tendrá que
utilizar medios alternativos, uno de ellos el transporte público, al respecto
sentenció Zamora:
“El tema de la verificación no es un tema solo, el tema de
movilidad debe ser analizado en conjunto (…) desafortunadamente en ningún
municipio tenemos un transporte digno, a ninguno le tenemos la confianza de que
va a pasar a la hora correcta, además del costo del transporte es lo que provoca
que se compren esos vehículos (chatarra), se necesitan programas para apoyar
mecánicamente esos vehículos”.
Verificentros, la solución
Marta Fonseca Sánchez,
Directora del Programa de Verificación Vehicular, aseguró que en poco tiempo los
16 centros abrirán; de manera paulatina y en cuanto cumplan con toda la
normatividad exigida por la autoridad. Sin embargo, a partir del 16 de julio la
verificación vehicular será obligatoria para las unidades motoras registradas en
Baja California.
Sobre el parque vehicular aseguró que actualmente del millón 400 mil
vehículos, el 86 por ciento es de importación, y un 82 por ciento cuenta con más
de 20 años, de éstos una gran mayoría fueron dados de baja por no cumplir con
las normas ambientales en Estados Unidos.
En cuanto a las revisiones explicó
que se realizarán en dos formas, la dinámica para vehículos 2008 en adelante y
la estática para autos viejos, la primera con el fin de otorgar el holograma
cero, que permitirá al usuario renovarlo cada 2 años, el segundo con un costo de
4 salarios mínimos se tendrá que hacer para los vehículos 2008 y más viejos con
duración a un año.
Sobre el procedimiento para entregar las concesiones la
encargada del programa informó: “Este… se hizo una invitación, (…) este programa
al realizarse con un parque no regulado se buscó experiencia, por lo tanto se
invitó a empresas que ya tuvieran experiencia y que tuvieran solvencia, ya que
sólo instalar te cuesta 8 millones y medio, por eso se realizaron propuestas
técnicas, propuestas económicas en las que intervinieron todas las dependencias
involucradas (General de Gobierno, Planeación y finanzas, Contraloría Interna y
la SPA)”.
Cuestionada sobre la sombra de Jorge Kahwagi Macari en por lo menos
seis concesiones, negó tal participación:
“Son empresas a nivel nacional, nada que ver la parte política, son 16
empresas que nos comprobaron su solvencia económica, su estabilidad sólida
propia del programa y cuyos expedientes están en poder de la SPA”.
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