La compañía comercial Comernova, S.A. de C.V. interpuso a finales de
2011 otra denuncia contra el ex alcalde y el ex secretario general del
Ayuntamiento, Joel Villegas y Julio Vega Pérez, respectivamente, por el delito
de peculado, al no pagar el dinero que descontaban de su sueldo a 221
trabajadores favorecidos con un crédito en efectivo.
Otros 4 ex funcionarios de
esa administración también están implicados en el caso.
Investigaciones ZETA
Los nombres de Joel Villegas Ibarra y Julio Vega Pérez, ex alcalde
y ex secretario general del Ayuntamiento de Comondú, respectivamente, no sólo
aparecen en las siete denuncias penales que interpuso el alcalde panista
Venustiano Pérez Sánchez en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE).
La compañía comercial Comernova, S.A de C.V. también
asentó una denuncia penal más en su contra por el delito de peculado, derivada
de un dinero que descontaron a trabajadores municipales de su sueldo, el cual no
reportaron para ir pagando, poco a poco, un sinnúmero de créditos de dinero en
efectivo que se liberaron en 2011.
La querella interpuesta por el apoderado legal del negocio,
Gualberto Antonio Ramírez Treviño, quedó registrada bajo el número de
averiguación previa LPZ/054/SPB/2011, en la que se establece que el ex edil del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) formalizó un contrato de los créditos
en efectivo de 221 trabajadores municipales para que pudieran cubrir algunos
imprevistos, en virtud de que el Ayuntamiento no pagaba a tiempo el sueldo y
requerían de recursos económicos.
Las líneas de crédito que liberaron van -según refiere la
denuncia- de los 3 mil a los 90 mil pesos, dinero que se entregó en un tiempo de
24 horas, tras haber firmado el contrato de préstamos y otorgar un plazo de 3 a
24 meses para pagar.
En el contrato quedó plenamente establecido que el Ayuntamiento de
Comondú descontaría una parte de dinero -según las posibilidades de cada quien-
cada quincena de los sueldos de los trabajadores beneficiados, el cual se iría
abonando al crédito.
La sorpresa es que el dinero nunca fue depositado a la compañía,
pero sí descontado a los empleados municipales, por lo que se determinó
interponer una denuncia penal en contra del ex presidente municipal y ex
secretario general de Gobierno –señalados directamente como responsables del
delito-, y de otros cuatro ex funcionarios:
1. Sandra Romero Geraldo, ex directora de
Egresos.
2. Javier Lorenzo González, ex titular de
Recursos Humanos.
3. Baldemar Gómez Lucero, ex contralor
municipal
4. Bismark Félix Ibarra, ex secretario particular
del ex secretario general.
Todos acusados de haberse apropiado indebidamente del dinero que
descontaron a los 221 trabajadores, cuyas evidencias están en los recibos
oficiales, y no pagar a la compañía, aprovechándose que se encargaban de su
control y custodia.
La empresa fraudada tiene su domicilio en Avenida Eugenio Garza
Sada número 1610, Colonia Nuevo Repueblo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Es una sociedad financiera mercantil nacional especializada en otorgar créditos
en efectivo para personas físicas vía nómina o microempresas para su crecimiento
y desarrollo, y se maneja con el nombre comercial DIMEX.
Más implicados
En el capítulo más reciente sobre las denuncias penales
interpuestas por el gobierno de Venustiano Pérez Sánchez en contra de los
responsables del saqueo y el enriquecimiento ilícito, aparecieron nuevas figuras
de ex funcionarios.
Es el caso del ex director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Comondú, Raúl Ávila Camacho, quien prácticamente robó poco más de diez equipos
de cómputo que estaban inventariados y son propiedad del gobierno municipal.
Los equipos -según la Averiguación Previa LPZ/154/SPB/2011-
estaban bajo su resguardo y responsabilidad, y cuando se fue, desaparecieron de
su oficina.
En sus primeras declaraciones en la Agencia de Ministerio Público
del Fuero Común, algunos testigos aseguraron que el ex funcionario se llevó el
equipo y lo escondió en un inmueble de su propiedad. Por eso ahora tendrá que
responder.
Cabe destacar que el ex director de Recursos Humanos, Raúl Ávila
Camacho, pretendió extorsionar a la familia de un trabajador municipal fallecido
en la recta final de la administración de Joel Villegas Ibarra, exigiendo 50 mil
pesos a cambio de expedir un comprobante para que pudieran cobrar la pensión,
aprovechándose de su cargo y de que “ya se iba”.
Sin embargo, el intento de extorsión no prosperó y se quedó con
las ganas de llevarse a la bolsa ese dinero que pretendió obtener de manera
ilícita.
Otro ex funcionario en la mira de la PGJE, es la ex responsable de
la biblioteca del Ayuntamiento de Comondú, Natalia García Arias, quien al igual
que Raúl Ávila Camacho, se apropió de un equipo de cómputo bajo su resguardo y
responsabilidad.
La denuncia fue interpuesta el 31 de enero de 2012 y quedó
registrada bajo el número de averiguación previa LPZ/010/SPB/2012.
Asimismo, la PGJE investiga el paradero de un millón 852 mil 798
pesos que debieron haber sido reintegrados a la administración de Venustiano
Pérez Sánchez por el ex alcalde Joel Villegas Ibarra y el ex director del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz, Elpidio Martínez
Delgado.
Y es que según la averiguación previa LPZ/155/SPB/2011, los
indiciados no entregaron los comprobantes de gasto de esa cantidad, a pesar de
que en más de una ocasión fue requerida oficialmente y a través de escritos.
La administración del alcalde del PAN, Venustiano Pérez Sánchez,
entregó entre decenas de pruebas el veredicto de la Contraloría Municipal bajo
el número de folio CM/PA/002/2011, tras haber abierto una investigación y cerrar
un procedimiento de tipo administrativo por la desaparición de casi 2 millones
de pesos.
A decir de los policías investigadores del caso, la corrupción del
ex alcalde no tuvo límites, ya que permeó en todos los ámbitos e involucró a
decenas de ex funcionaros que parecieran -dicen- haber llegado al poder
únicamente con el hambre de robarse el dinero de la sociedad.
De tal suerte que el 24 de enero entró otra denuncia penal más: la
LPZ/004/SPB/2012, y el denunciante Héctor Misael Solís Ramos, síndico municipal
del Ayuntamiento de Comondú, además responsable de la Hacienda pública
municipal, dijo que se habían gastado cerca de 25 millones pesos y no se
entregaron los respectivos comprobantes, a pesar de que recibieron el
dinero.
En la lista aparecen los siguientes ex funcionarios:
1. Joel Villegas
Ibarra, ex alcalde de Comondú.
2. Sergio Avilés
Mendoza, ex tesorero municipal.
3. José Ángel Villa
Sandoval, ex contador general de la Tesorería.
4. Antonio Ezequiel
Espinoza Estrada, ex director de Ingresos de la Tesorería.
Asimismo, en la querella surgen los nombres de Silvia Valle
Meléndez, Liliana Iveth Ruelas Campos y Jaime Martínez Cruz, todos ellos
empleados municipales.
A la totalidad de los implicados se les acusa de peculado, abuso
de autoridad, coalición de servidores públicos, promoción y coparticipación en
conductas ilícitas de funcionarios públicos y lo que resulte.
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