AYUTLA,
Gro. (proceso.com.mx).- El bloqueo de la carretera estatal que comunica
a la región centro con la Costa Chica y que incluye la retención de un
centenar de militares, tensó aún más la complicada situación en la
entidad.
En estos momentos, personal militar exige a los grupos
comunitarios que mantienen cerrada la vialidad a la altura de este
municipio liberen el paso y dejen en libertad a los soldados.
Resulta
que por la mañana guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) liberaron la carretera a
la altura del municipio de Teconapa, sin embargo, otro grupo de
autodefensa ciudadana, el de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) volvió a bloquear este mediodía esa vía de
comunicación pero en el municipio de Ayutla.
La CRAC demanda alto
al hostigamiento por parte del Ejército. Sus integrantes reiteran que
las autoridades están empeñadas en desarmarlos, cuando es su única
manera de defenderse, mientras que no hacen lo mismo con los grupos
criminales que tienen amenazadas a las comunidades.
En esta zona operan dos de las principales organizaciones de autodefensa ciudadana.
Por
la mañana, integrantes de la UPOEG comenzaron a liberar la carretera
interestatal que conecta la región Centro con la Costa Chica de la
entidad. Los inconformes aún retienen a aproximadamente un centenar de
militares.
Desde las 08:45 horas, los pobladores de El Pericón y
miembros de la guardia comunitaria desbloquearon esta vía de
comunicación como una muestra de su interés para negociar con las
autoridades gubernamentales, indicó el dirigente de la UPOEG, Bruno
Plácido Valerio.
Ayer a las ocho de la mañana, soldados detuvieron
a cinco miembros de la organización que integraban un retén. En
respuesta, los pobladores bloquearon la carretera y retuvieron a los
militares.
Ningún representante del gobierno estatal se ha presentado en la zona para destrabar el conflicto.
Previamente,
integrantes del grupo de autodefensa del poblado de Xaltianguis,
municipio de Acapulco, liberaron la carretera federal México–Acapulco.
Los
dirigentes de la UPOEG acordaron concentrar su fuerza en el poblado de
El Pericón, donde celebrarán una asamblea para definir las acciones a
tomar ante la indolencia gubernamental frente a este bloqueo que dejó
cientos de automovilistas varados en la carretera interestatal Tierra
Colorada-Ayutla de los libres.
Ayer por la noche, el gobernador
Ángel Aguirre admitió que fue rebasado por la protesta de la UPOEG, y
por ello planteó una reunión para este martes con autoridades federales
para discutir el tema de los operativos de desarme que encabeza el
Ejército en contra de los grupos de autodefensa que operan con el apoyo
del gobierno estatal.
Incluso, el gobierno del estado, mediante un
comunicado, acusó a los miembros de la guardia comunitaria de la UPOEG
de violar un acuerdo donde “se comprometieron a no salir de sus
territorios armados y no portar armas de grueso calibre”.
La
administración estatal, agrega el boletín, anuncia el respaldo a las
acciones del Ejército en contra de los grupos de autodefensa que operan
en cinco de siete regiones de la entidad con el aval y subsidio del
mandatario estatal.
Este conflicto estalló ayer a las ocho de la
mañana, cuando los soldados detuvieron en un retén instalado en El
Pericón a cinco miembros del grupo de autodefensa y les decomisaron
igual número de armas de grueso calibre, una subametralladora tipo Uzi y
cuatro pistolas calibre .45 y .9 milímetros.
Los guardias
comunitarios desarmados estaban encabezados por Gerardo Telefor, “El
Comandante Garza”, quien también fue detenido y liberado una hora
después, luego de que los pobladores de este lugar, como medida de
presión, bloquearon las entradas y salidas del poblado a la altura de
los cruceros de Las Cruces y Las Ánimas.
Pobladores denunciaron
que desde hace dos meses el Ejército instaló un campamento en una zona
arqueológica, en el poblado de El Pericón, y que en este lugar convivían
con civiles armados que portaban uniformes negros.
Incluso
señalaron que en el momento en que los militares fueron cercados por la
población que se manifestó sin armas, al menos dos hombres que portaban
playeras negras huyeron a pie del campamento militar, en tanto que los
soldados se agruparon y encañonaron a los civiles.
Enseguida, los
pobladores descubrieron un presunto puesto de tortura en el campamento
militar: un cable atado a un árbol y rastros de que en ese punto
personas habrían sido sometidas a tormentos.
Por ello, los
miembros de la UPOEG exigieron la entrega del armamento decomisado a sus
guardias comunitarios que se dirigían a una reunión regional en Tierra
Colorada y demandaron que se investigue al capitán identificado sólo
como “Bron”, quien fue acusado de brindar protección a delincuentes.
Al
respecto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, señaló que
el Ejército viola un acuerdo que se suscribió la semana pasada entre
autoridades y el grupo de autodefensa.
Ese pacto plantea el
respeto del Ejército, Marina y policías de los tres niveles al brazo
armado de la UPOEG y reprochó el hecho de que el gobierno federal
hostigue a los ciudadanos que decidieron armarse para enfrentar a la
delincuencia ante la omisión gubernamental.
/6 de agosto de 2013)
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