Cuando
el crimen organizado se apoderó de Saucillo, Chihuahua, los hermanos
Ponce alzaron la voz para quejarse e interponer denuncias ante unas
autoridades que al final nada hicieron. Eso selló su destino. A partir
de entonces fueron sometidos a una serie de agresiones, amenazas… y
asesinatos. Tuvieron que abandonar sus propiedades y escapar de su
tierra para conservar la vida. Ésta es una de las miles de familias
mexicanas a las que el Estado les ha fallado en la materia más
elemental: la seguridad.
SAUCILLO, Chih. (Proceso).- Prósperos ganaderos,
abarroteros, empresarios… los nueve hijos e hijas de Jacob Ponce
Armendáriz supieron trabajar el legado de su padre e hicieron crecer
negocios, familias y propiedades al tiempo que daban empleo a los
habitantes de esta localidad y de la vecina Delicias.
Pero hace
cuatro meses casi todos los miembros de este clan tuvieron que huir del
estado a toda prisa, prácticamente con lo que traían puesto. Abandonaron
casas, negocios, ranchos, empleados; dejaron a sus hijos sin escuela.
Una
guerra sin cuartel se había desatado contra ellos. En los últimos tres
años fueron víctimas de secuestros y homicidios (mataron a uno de los
hermanos y a dos de los miembros más jóvenes de la familia). Sus
propiedades –ahora lejos de su vigilancia– han sido saqueadas e
incendiadas. Los ataques alcanzaron incluso a algunos de sus empleados,
quienes han sido asesinados.
A los Ponce Ríos los persigue la
delincuencia organizada que se asentó en esa región del centro de
Chihuahua hace más de 20 años, pero que cobró fuerza el sexenio pasado.
Su
decisión de denunciar, de acudir a todas las instancias estatales y
federales, su empeño de buscar justicia luego de los primeros ataques en
su contra se ha topado con la sordera –si no es que complicidad con las
mafias– de las autoridades, las cuales incluso han pretendido hacer ver
a los Ponce Ríos como delincuentes implicados en el trasiego de drogas.
La
alternativa que les presentó el gobierno de Chihuahua –por conducto de
la Fiscalía General (FG)– fue ofrecerles el traslado a otro estado
amparados en nuevas identidades. No aceptaron “por desconfianza”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1918, ya en circulación)
/3 de agosto de 2013)
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