En Baja
California Sur la casa de Teodoro García, con sellos de la autoridad en la
puerta está ocupada como residencia por supuestos “vigilantes” sin uniforme ni
gafete. La PGR, incapaz de quitarles a los traficantes, sus familias y
cómplices, las casas adquiridas con recursos de procedencia ilícita. En Tijuana la mayoría de las casas
“aseguradas” han sido regresadas y están siendo rentadas, un edificio de
narcotúnel es usado como refugio de
indigentes y pepenadores. En Mexicali solo un inmueble asegurado está
bajo vigilancia. Y en Ensenada la casa de un narcomenudista está a punto de
entrar al proceso de “Extinción de Dominio”
Rosario Mosso
Castro/ Gerardo Zúñiga Pacheco /Cristian Torres Cruz
Los anunciados
“aseguramientos” de propiedades realizados por la Procuraduría General de la
República a los narcotraficantes desde la década de los noventa a la fecha, en
Baja California y en el resto del país, no han pasado de ser “estrategia
publicitaria” y “mecanismos administrativos”. Una vacilada de mal gusto.
Son confiscaciones
para efectos de actos administrativos porque los decomisos reales solo los
puede dictar un juez civil tras un largo proceso, y eso “…hasta donde yo
recuerdo, no ha sucedido”, dijo José Antonio Gama Macías, director en la
Procuraduría General de Justicia del estado, de la Unidad Contra Narcomenudeo y
ex subdelegado de la PGR Baja California en 2010.
La realidad es que
al final de los procesos judiciales civiles, sin importar que las propiedades
hayan sido adquiridas con recursos ilícitos, la mayoría de los inmuebles han
sido regresados a las familias de los criminales.
En el menos peor de
los casos, los bienes continúan asegurados –como parte del cuerpo del delito–
bajo la administración del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes) mientras concluye el proceso judicial, pero eso no significa que no recuperarán
las propiedades.
Hasta antes del 2013
la excusa oficial era que no había leyes lo suficientemente sólidas que
permitieran al Ministerio Público pelear las propiedades ante los jueces
civiles. Tras la entrada en operación de la Ley Antilavado de Dinero, la de
Delincuencia Organizada que trata el tema de complicidad y la recién estrenada
y aún no aplicada, Ley de Extinción de Dominio.
ZETA realizó un
recorrido por algunos de los inmuebles asegurados en Baja California y Baja
California Sur y el común denominador fue que las casas confiscadas están
convertidas en otra muestra de la impunidad delictiva y la incapacidad de las
autoridades.
Descuido e irregularidades en Baja California
Sur
Las residencias
donde fueran capturados entre enero y febrero de 2010 los narcotraficantes
Teodoro García Simental “El Teo” o “El Tres Letras”, José Manuel García
Simental “El Chiquilín” y Raydel López Uriarte “El Muletas”, pasaron a partir
de la primera semana de julio de 2013 a manos del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante un recorrido
periodístico por las viviendas incautadas, fue detectado que las tres casas
lucen descuidadas, pero dos de ellas están habitadas por personas sin uniforme,
sin identificación ni equipo de seguridad que aseguraron ser agentes de seguridad
privada de la compañía DILME, contratada el año pasado para ofrecer el servicio
de custodia para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en Baja
California Sur y Baja California, información que se puede encontrar en la
página del SAE.
DILME S.A. de C.V.
es una empresa que ofrece servicios de seguridad “confiables”, con matriz en la
ciudad de México, y “creada en 1989 por un grupo de ejecutivos en relaciones
industriales de la universidad Iberoamericana, asesorados por militares de alto
grado para hacer frente a la creciente demanda de servicios profesionales de
seguridad”, según su página electrónica.
La versión de estos
supuestos vigilantes no fue confirmada por ninguna de las autoridades locales,
pero su presencia en los inmuebles tampoco ha sido cuestionada o motivo de
alguna intervención oficial.
En el recorrido
realizado el 31 de julio de 2013 se detectó lo siguiente.
1.- La vivienda de
Teodoro García Simental, localizada en la calle Pezvela núm. 710 del Fraccionamiento
Fidepaz, era resguardada por dos hombres y una mujer, y quienes prácticamente
estaban dentro de la vivienda con la puerta del estacionamiento abierta y
afuera una vieja camioneta tipo vagoneta.
Sin uniformes o
equipo de seguridad, como tolete, gas lacrimógeno y esposas y sin
identificación a la vista, los vigilantes de la morada de quien alguna vez
fuera el criminal más buscado por los gobiernos de México y de Estados Unidos,
cuidaban desde el patio trasero la mansión valuada en más de 5 millones de
pesos.
La propiedad aparece
bajo el folio 1816154.
2.- La vivienda
Raydel López Uriarte “El Muletas”, localizada sobre la calle de Tomás Zúñiga
núm. 142 de la colonia Civilizadores II, era resguardada por un solo vigilante
y quien se encontraba sentado en la cochera de la casa.
En chancletas, sin
uniforme e identificación a la vista, el cuidador de una casa deteriorada tras
tres años de estar completamente vacía y la cual fue utilizada –en su momento—
como centro de operaciones del negocio de droga y muerte en Tijuana vía La Paz.
La propiedad aparece
bajo el número de folio 1815930.
La casa del
Chiquilín García Simental en la misma situación que la casa del Teo.
La casa del
Chiquilín García Simental en la misma situación que la casa del Teo.
3.- La vivienda de
José Manuel García Simental “El Chiquilín”, localizada en la calle Perímetro núm. 320 del Fraccionamiento
Bellavista, es la única que ha podido pasar a manos del fisco porque el
propietario actualmente libra un largo litigio para demostrar que la casa es de
su legítima propiedad y la cual estaba en tratos para ser vendida, pero nunca
fue pagada y la cual forma parte de una privada de 7 casas residenciales
valuadas en 3 millones de pesos.
Las tres viviendas
fueron incautadas tras la detención de los criminales, bajo el número de
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/009/2010 y las cuales pasaron a la
Dirección de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República
(PGR), y después de tres años, pasaron a manos al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SEA) de la SHCP y las cuales tendrán que salir a remate
posteriormente.
Los aseguramientos Zona Costa en Baja
California
ZETA hizo un recorrido de muestra en 16
inmuebles “asegurados” en Tijuana, el resultado fue que solo una casa se
encuentra bajo administración del SAE, otra tenía vigilancia policiaca, con la
aclaración que la PGJE la aseguró apenas el 2 de julio de 2013 en un tema de
secuestro. El resto no tiene sellos a la vista ni vigilancia, cinco estaban
abandonadas, desocupadas, sin vigilancia, y las otras 9 ya están en uso, sea
como casa habitación o negocios.
De las casas
entregadas en febrero de 2012 por Raydel López Uriarte tras su captura, solo
una está bajo la administración del SAE, se trata de la ubicada en el
Fraccionamiento Misión del Mar en Rosarito, sobre los lotes 46 y 47 de la calle
Circuito Misión San Juan Capistrano, la habían cateado antes en octubre de
2008, entregada al traficante Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”.
El inmueble tiene un
engomado que acredita la posesión del SAE y luce los estragos del vandalismo.
Los primero meses del aseguramiento, la empresa contratada para cuidarla, no
cumplió su obligación y le fue retirado el contrato.
La casa de “El
Morro” localizada sobre el kilometro 39 de Rosarito en las inmediaciones del
Cristo de la Montaña, también entregada por López Uriarte en la misma
confesión, no tiene vigilancia ni engomado de autoridad alguna, solo un letrero
en el que se indica que es propiedad privada y está protegida por un sistema de
vídeo vigilancia.
La casa está sobre
un terreno acreditado a la familia Salceda, propietarias del servicio de grúas
con el mismo nombre, el inmueble luce limpio y cuidado.
Habitado narcotúnel
En cuanto al túnel del crimen organizado, el
pasadizo localizado en julio de 2012 por elementos del ejército mexicano sobre
la calle Eusebio Kino con entrada bajo un lavamanos en el interior de un
inmueble presuntamente dedicado al reciclaje llamado “ R y Derivados”, el
edificio tiene residentes a pesar de que está totalmente destruido.
A lo largo de el año
ha sido quemado y robado, en el recorrido ZETA pudo observar a por lo menos dos
personas, una moviéndose en lo poco que queda de un segundo piso y otra más en
la parte baja, uno de ellos vestido con un chaleco fosforescente de los usados
por personal dedicado a la colecta de basura.
Negocios operando
En cuanto a los edificios
asegurados en el pasado que siguen operando como empresas productivas se
pudieron localizar dos ejemplos.
Taller mecánico del
527 de la avenida Mutualismo en la Zona Norte de Tijuana donde fue detenido en
agosto de 2009 Manuel Ivanovich Zambrano
Flores “El Jimmy”, las investigaciones originales de la PGR y la DEA indicaban
que el inmueble era de él, sin embargo al final del proceso no fue asegurado,
actualmente continúa como taller mecánico en la fachada solo cambió el nombre,
antes se llamaba “M” la razón social ahora es “Baja Collision”.
En condiciones
similares está el inmueble asegurado en septiembre de 2008 como “Marisco del
Pacífico” que conforme a las autoridades con “prestanombres” era parte de las
propiedades de Manuel Núñez López “El Balas”, situación que aparentemente no
pudieron probar dado que desde entonces el inmueble ha sido transferido para su
explotación en dos ocasiones, en ambas ha funcionado como restaurante, la única
diferencia es que la especialidad ya no es la venta de mariscos.
(SEMANARIO
ZETA/ Rosario Mosso Castro/ agosto 5, 2013 12:01 PM)
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