Un
juez federal comprobó que sí se desvió dinero público hacia las cuentas
de Raúl Salinas. Es más: Detectó que durante el tiempo en el que El
hermano incómodo desempeñó un cargo público multiplicó su fortuna 339
veces, y corroboró que en siete años el mayor de los Salinas de Gortari
pasó de tener 17 inmuebles a 41. ¿La resolución del juez? Declararlo
inocente y ordenar el descongelamiento de sus cuentas. Su
enriquecimiento, dijo, fue producto de “la efectiva inversión de sus
haberes”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si hubo delitos, Raúl Salinas
de Gortari no fue culpable de ninguno. Esa fue la conclusión que jueces y
magistrados fueron armando a lo largo de 17 años para liberar de toda
responsabilidad penal a El hermano incómodo. En la lógica que
prevaleció en el Poder Judicial de la Federación, el desvío de la
partida secreta de la Presidencia de la República durante el gobierno de
su hermano Carlos (1988-1994) no fue su culpa. Y si acumuló miles de
millones de pesos en ese mismo lapso fue por su creatividad empresarial.
El
autor más acabado de ese razonamiento es Carlos López Cruz, juez 13 de
Distrito en Materia Penal federal en la Ciudad de México, quien el
viernes 19 de julio exoneró del delito de enriquecimiento ilícito al
mayor de los hermanos Salinas de Gortari y, en consecuencia, ordenó la
restitución de sus bienes, estimados en 224 millones de pesos.
Esa
cifra es independiente de los mil 300 millones de dólares que depositó
en bancos de Suiza e Inglaterra y que motivaron fuertes disputas entre
los descendientes del jerarca Raúl Salinas Lozano, exfuncionario que
hizo su vida pública al lado del profesor Carlos Hank González –ambos ya
fallecidos, al igual que el menor del clan Salinas de Gortari, Enrique,
asesinado en diciembre de 2004.
Las cuentas bancarias, casas,
terrenos, joyas, inversiones y cuantas propiedades Raúl Salinas acumuló
en nueve estados de la República –que suman 41 y que le fueron
aseguradas en 1996– no las obtuvo mediante “prácticas corruptas,
irregulares o deshonestas”. Quien piense lo contrario, que lo demuestre
y, de acuerdo con el juez, la Procuraduría General de la República (PGR)
no ha podido hacerlo en 17 años y tres meses.
Derrotada una y
otra vez en el juicio que se ha prolongado más de tres lustros, la PGR
impugnó la decisión de López Cruz, quien ha sido uno de los jueces
capacitados en tratamiento de casos de lavado de dinero por el
Departamento del Tesoro y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
También ha recibido instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en cultura de la legalidad, transparencia y combate a la
corrupción.
Ha sido abogado de la Subdirección Jurídica de la
Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, agente del
ministerio público federal y director general de la visitaduría de la
propia PGR. En junio de 2008 fue designado juez por oposición.
Su
resolución judicial no fue anunciada por el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), encargado de informar sobre las decisiones más
importantes de la justicia federal. Se conoció a través del periódico
Milenio el miércoles 31 de julio, al final del primer receso judicial
del año. Desatado el escándalo, la PGR dijo que ese mismo día impugnó el
fallo del juez. Pero no informó más. Nada dijo sobre la lógica jurídica
del juzgador. Al cierre de esta edición, el CJF aún no anunciaba qué
Tribunal Unitario revisará el fallo del juez López Cruz.
El 18 de
marzo de 1996, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, la PGR
consignó a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito y
peculado. Un año antes, el mismo gobierno zedillista ya había logrado su
encarcelamiento, acusado de ser el autor intelectual del homicidio –en
septiembre de 1994– del entonces presidente del PRI y excuñado de los
Salinas, José Francisco Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Massieu
Salinas, actual secretaria de Turismo del gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Raúl Salinas pagó 10 años de cárcel antes de obtener su
libertad por vía del amparo. El 14 de junio de 2005, durante el gobierno
de Vicente Fox, quedó exonerado del homicidio por el Segundo Tribunal
Colegiado del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México.
Ya
antes, en octubre de 2004, ese mismo Tribunal Colegiado de Toluca le
había hecho ganar una batalla crucial para recuperar su dinero. En un
fallo dictado el 8 de octubre de ese año, estableció que no había
elementos para demostrar el peculado, porque la partida secreta de la
Presidencia de la República se manejaba de manera discrecional para
gastos contingentes. El operador era el director general de
Administración de la Presidencia, Ernesto Sentíes Hoyos.
Con esa
decisión, los magistrados echaron abajo lo que había determinado el juez
Juan José Olvera López, titular del Juzgado 12 con sede en el
Reclusorio Oriente, para quien en la causa acumulada por enriquecimiento
ilícito, la 52/2002 abierta contra Raúl Salinas, quedó demostrado que
entre 1990 y 1994 Sentíes fue quien recibió de la tesorería federal 2
mil 700 millones de pesos…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1918 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/6 de agosto de 2013)
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