Los asesores
del pueblo guarijío, en riesgo por la construcción de una presa en su
territorio, denunciaron que las autoridades falsificaron la firma de un líder
indígena que era necesaria para el arranque del proyecto.
Durante la madrugada
de este lunes, los investigadores académicos Ramón Martínez Coria y Armando
Haro Encinas, amenazados por asesorar a grupos indígenas guarijíos, en Sonora,
arribaron a la Ciudad de México, resguardados por el protocolo federal de
protección de defensores de derechos humanos, y desde aquí anunciaron: “No
estamos abandonando el barco ni el territorio, nos venimos a rearticular para
regresar con caballería”.
Martínez Coria,
integrante del Foro para el Desarrollo Sustentable, advirtió además que las
irregularidades en las que ha incurrido el gobierno estatal, para promover la
construcción de la presa Los Pilares, en tierras guarijías, deberán dirimirse
en tribunales, ya que incluso se ha falsificado la firma de representantes
tradicionales, para dar por iniciado el proyecto.
Para que el proyecto
de la presa Los Pilares se lleve a cabo, en el municipio de Álamos, se requiere
la firma de cinco “gobernadores tradicionales”, la última de las cuales fue
obtenida este domingo, según informó Roberto Romero López, secretario de
Gobierno de Sonora. Sin embargo, denunció Martínez Coria, “esta firma fue
falsificada, nos lo acaba de informar el gobernador tradicional en cuestión,
que es José Romero Enríquez, y procede de San Bernardo Álamos… eso es algo que
está difundiendo el gobierno estatal, como estrategia de desinformación.”
Luego de que este
domingo se realizaran las asambleas en las que los pueblos guarijíos
discutirían la aceptación o rechazo al proyecto hidráulico, que afectaría a
nueve comunidades, dos de las cuales deberían ser reubicadas, señaló Martínez
Coria, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora pudo testificar
que, para obtener el aval al proyecto, el gobierno estatal “rellenó las
asambleas con gente que ni siquiera era guarijía, con gente no vinculada a sus
comunidades, en un referéndum que no cumplió de ninguna manera las formas
internas de los pueblos indígenas asentados en esas tierras”.
Esta estrategia
desplegada durante el domingo, abundó, “derrumbó el proceso de diálogo político
que exitosamente se había desarrollado en los meses previos entre las
comunidades indígenas, y los tres niveles de gobierno, y que permitió alcanzar
distintos acuerdos el pasado 12 de noviembre, mismos que el gobierno estatal no
sólo incumplió, sino que violentó al echar mano de las peores práctica durante
las asambleas, violando no sólo los sistemas internos de decisión de los
guarijos, sino todo el orden constitucional.”
Por esta razón,
explicó, el siguiente paso es avanzar hacia “procesos jurídicos,
administrativos y judiciales, porque esto tiene que ir a tribunales. Además,
pediremos que las indagatorias sobre las amenazas en nuestra contra sean
atraídas por la Procuraduría General de la República, y que así se incorpore
tecnología de investigación que responda aquello que, lo sabemos, no nos
responderá la Procuraduría de Justicia de Sonora.”
(DOSSIER
POLÍTICO/ Animal Politico/ 2013-08-06)
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