No es fácil comprender el verdadero significado del discurso del presidente Enrique Peña Nieto durante la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
realizada en la Ciudad de México el pasado jueves. En todo caso, es más
fácil caer en la conclusión lapidaria de que es un eslabón más de la
simulación con que en este país se enfrentan los problemas.
Peña Nieto hizo un llamado a las procuradurías para asegurarse de que
su actuación no solo sea implacable, sino, sobre todo, “impecable”.
Ni una cosa, menos la otra. Todas las dependencias estatales
encargadas de procurar justicia, sobre todo aquellas donde sus entidades
lideran en los índices delictivos, se mueven en un rango de impunidad
que va entre el 85 y 95 por ciento dependiendo del tipo de delito.
Dijo el presidente que “el ideal de la justicia plena es muy claro:
que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo
tiempo, una persona inocente en la cárcel”.
Ni una ni otra cosa. Sobre
todo en los últimos 15 años, el país ha observado una expansión de sus
zonas bajo el yugo de la criminalidad, al grado de que, en muchas de
ellas es ya un fenómeno masivo y donde la aplicación de la justicia,
“implacable” e impecable”, hasta puede sonar a burla.
Véase si no, lo
que ocurre en los estados de Guerrero y Michoacán, donde comunidades
enteras tienen que armarse, con el apoyo del propio Gobierno, para
defenderse de las hordas criminales, que lo mismo asaltan que ejecutan,
violan mujeres, secuestran, extorsionan, trafican droga, lavan dinero, ponen alcaldes, los quitan, los matan…
¿A qué se refiere el presidente Enrique Peña Nieto cuando hace este
llamado? ¿Puede combatirse este tipo de criminalidad bajo este ideal de
justicia? Por lo menos debe intentarse, pero no es solo reformando leyes
como ha de lograrse, sino combatiendo, al interior de las fiscalías,
las estatales y la federal, la gran corrupción que impera en ellas y
otro elemento que de pronto se soslaya: el miedo.
Las procuradurías estatales no investigan los delitos del fuero común
y que están relacionados con el narcotráfico. Las ejecuciones, por
ejemplo.
Y es muy sencillo demostrarlo. Ninguno de los grandes capos de
Sinaloa, ni los medianos, tiene procesos abiertos en la entidad, por
ningún delito.
Manuel Torres hasta presumía que había matado y enterrado
con un trascabo a cientos de “enemigos”, entre los que podían
encontrase policías y soldados, y no había en los archivos de la
Procuraduría de Justicia antecedentes que lo involucraran a un solo
homicidio. Y aquí puede acusarse complicidad aunque habría que probarlo.
Lo que no ocupa demostración es el miedo. Ningún funcionario va a
realizar una investigación cuando sabe dónde va a topar. Y las policías,
municipales y estatales también conocen sus límites.
Saben, en el mejor
de los casos, que hay líneas que no hay que pasar. Pero, lo peor, es
que en estados como Sinaloa unas trabajan para un cártel y otras para el
de enfrente, dependiendo de las zonas de control de cada uno.
Por eso
han desmantelado policías en varios municipios de Sinaloa, como una
consigna estratégica emanada desde una de las organizaciones criminales
para combatir a otras.
Ahora, está tan abrumado el Estado mexicano ante los niveles de
violencia, con elementos hasta inauditos, como los grupos de autodefensa
surgidos en Guerrero y Michoacán, que en lo que menos piensa ahora, es
aplicar de manera impecable el librito de la justicia. Implacables
podrán ser, pero no con la ley en la mano.
Por el contrario, desde hace mucho, cuando se llegó a la conclusión
de que el crimen había crecido tanto que era ya imposible detenerlo
mediante la aplicación de la ley, se optó por la consigna maquiavélica
de que el fin justifica los medios y que por lo tanto, en aras de la
preservación del Estado, importaban poco los métodos y sus costos. En
términos más caseros, “muerto el perro se acabó la rabia”.
Por eso la siembra de cadáveres por todo el estado, uno por uno o por
montoncitos, achacando unos a un grupo y otros al de enfrente.
Muchos
de los ejecutados son clásicos “ajustes de cuentas” de la mafia, pero
otros tienen que ver con pleitos entre narcojuniors y hasta por celos
entre “morras buchonas”, como se dice en esa jerga.
Pero muchas de esas ejecuciones de todos los días hay que
achacárselas a las células que desde las diversas policías hacen el
trabajo de “limpieza”, bien siguiendo órdenes directas de los cárteles o
bien para bajar los índices delictivos cuando un rubro de delitos se
dispara. Lo vimos en Culiacán contra los robacarros, se han registrado
casos contra violadores de jovencitas y hasta de pobres indigentes, cuyo
único delito es vagar por las calles “con las neuronas trituradas bajo
el brazo”.
Bola y cadena
Y EN ESTO NO HAY DISTINGO entre lo que hace el Gobierno federal y lo que ocurre en los estados y en los municipios.
Sentido contrario
HAY UN MUNICIPIO EN QUE el gobernador Malova no puede verse como ganador. Salvador Alvarado. Él se juega la suerte ahí. Ya se verá.
Humo negro
AHORA SE SABE QUE Juan Ignacio Velásquez Dimas no fue más que un
distractor de Héctor Melesio Cuen para proteger a su verdadero alfil:
Juan Eulogio Guerra Liera. Y la apuesta, de nuevo como hace cuatro años,
es si el nuevo rector se mantendrá sumiso a los designios de un
proyecto absolutista o asomará en él algo de esa casta que enaltece, por
lo menos, su nombre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario