SALTILLO,
Coah. (apro).- Un “mea culpa” hicieron funcionarios públicos ante
cientos de personas con familiares desaparecidos presentes en el Foro
Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México,
en el que se logró la proeza de sentar juntos a legisladores,
funcionarios de PGR y Gobernación, CNDH, organizaciones de derechos
humanos y organismos internacionales, como Cruz Roja y ONU, para abordar
el fenómeno que embiste a miles de familias en todo el país.
Ante
las víctimas –que portaban fotografías de sus familiares– los
funcionarios reconocieron que se tardaron en reaccionar y que no han
hecho lo suficiente.
El representante en México de la Oficina de
la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Javier
Hernández Valencia, señaló la urgencia de atender la problemática, e
“imploró” a los funcionarios presentes para que busquen la forma de que
se acelere en todo el país la tipificación del delito de la desaparición
forzada, llevando a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y a
las comisiones estatales de derechos humanos la propuesta.
Los funcionarios presentes hicieron eco de la propuesta.
“Es
importante que se establezcan lineamientos, y unidades de
investigación, pero es mucho más importante que haya resultados. Un
Estado que no está en condiciones de ubicar a uno solo de sus ciudadanos
es un Estado muy discutible, y ese es el reto que tiene hoy nuestro
país (…) lamentablemente y con mucha vergüenza seguimos esperando a que
la justicia llegue”, dijo el ombusdman Raúl Plascencia, en un discurso
que pareció contrapuntear los avances de la administración peñista en el
tema que antes había presentado la subsecretaria Lía Limon, a nombre
del gobierno federal.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”,
corearon las familias reunidas en el auditorio de la Universidad
Autónoma de Coahuila, cuando la señora Lulú Herrera, madre del niño
Brandon Esteban Herrera Acosta, desaparecido con su papá y dos tíos, a
nombre de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
Coahuila y México, dio la bienvenida a los participantes y pidió que de
ese encuentro salgan compromisos reales que lleven a la búsqueda de los y
las ausentes con vida, y a encontrar la justicia y la verdad.
El
foro se realiza seis años después de que comenzaron a registrarse las
desapariciones en esta entidad, donde al menos 2 mil personas han sido
reportadas como no localizadas desde el ultimo sexenio, según cifras
difundidas por el propio gobernador Rubén Moreira, el primero que
reconoció el problema y quien hace unos días presento una iniciativa de
ley estatal para la tipificación de la desaparición forzada.
A escala nacional se tiene una cifra preliminar de 27 mil personas desaparecidas.
“Muchas
cosas se han hecho pero no son suficientes, nos faltan muchas más”,
reconoció el gobernador anfitrión, quien señaló que el foro ayudará a
“acortar camino”.
Además de expertos internacionales que
compartirán las experiencias de búsqueda, legislación o investigación en
otros lugares como Colombia, Guatemala, Perú y Chile, aparte de
proyectos por todo el mundo, también estuvieron presentes los
investigadores que realizaron los informes de Amnistía Internacional y
de Human Rights Watch sobre las desapariciones en México, los cuales han
dejado de manifiesto que hay funcionarios públicos coludidos en las
desapariciones y que la justicia es cómplice al no investigar el
paradero de las víctimas.
Cada uno de los oradores manifestó que
se vive una emergencia. La senadora Angélica de la Peña dijo que ya no
puede seguir pasando el tiempo sin que se conozca la verdad.
En la
conferencia inaugural, el alemán Rainier Huhle, del Comité de Naciones
Unidas para las Desapariciones Forzadas, señaló que casos como el de
Colombia o México son preocupantes, ya que las desapariciones están
ocurriendo durante las democracias, y ya no en dictaduras, y la
identidad de los perpetradores es muy difusa.
Por su parte, el
abogado chileno Roberto Garretón, quien trabajó en la Vicaría de
Solidaridad durante el régimen de Pinochet y ha formado parte de
diversas comisiones de derechos humanos en la ONU, manifestó su
preocupación por la resignación que ha encontrado en México ante las
desapariciones, pues las familias piensan que por la inoperancia del
sistema de justicia no vale la pena siquiera presentar una denuncia.
También
manifestó que cuando el Estado es incapaz de dar resultados en la
búsqueda de persona, se recurre a la mentira para tapar su negligencia.
Se dijo preocupado porque, a diferencia de las desapariciones en Chile o
Argentina, ha notado la ausencia de la solidaridad internacional hacia
las personas que desaparecen en México y que no tienen una militancia
política reconocida, como ocurrió durante las desapariciones del pasado.
“En
Chile participaba en las desapariciones todo el aparato de Estado. No
es así en la situación actual de México, no es que haya una política de
violación de derechos humanos (…) pero si bien no únicamente los Estados
violan derechos humanos, no sólo se violan así, también cuando existe
cierta tolerancia o indiferencia por las desapariciones es algo grave, y
ahí aparece responsabilidad del Estado”, señaló en uno de los paneles
inaugurales.
Cuando empezaron a llegar las preguntas al abogado
chileno, comenzaron a escucharse las quejas: “¿Y cómo hacemos las
familias para que los funcionarios no nos digan tantas mentiras?”, “¿qué
pasa cuando los funcionarios están coludidos con los criminales?”, “en
el caso mexicano los casos se quedan archivados, estamos solos en la
lucha”, “¿qué hacer cuando se respetan más los derechos de los
criminales que de las víctimas?”
Ante los cuestionamientos, la
subsecretaria Lía Limón, quien acudió en representación del secretario
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a defender el trabajo
realizado durante la presente administración –mencionó de nuevo la base
de datos con 27 mil nombres y la creación de la Unidad Especial de
Búsqueda–, pero reconoció: “Coincido con el ‘ombusdman’ de la CNDH, por
supuesto no es suficiente, pero sí es un paso”.
Como un adulto
pequeño, trajeado, quien había memorizado las leyes, el niño de 11 años,
Herbet Juan Sebastián Reveles Castañeda, reclamó respetuosamente la
violación de sus derechos, pues le hace falta su papá desde hace cuatro
años.
Al escucharlo, el primer visitador de la CNDH, Luis García,
salió con que los funcionarios están comprometidos con la problemática,
pero algunas personas expresaron su hartazgo con gritos de “¡son
palabras, queremos hechos, hechos!…”.
“Es una realidad que las
familias son víctimas de las mismas autoridades porque las
desapariciones forzadas involucran autoridades”, dijo a su vez la
diputada Miriam Cárdenas, antes de mencionar que, en efecto, el esfuerzo
que se ha realizado no ha sido suficiente y que se requiere más
acciones.
A su vez, Alan García, representante de ONU, mencionó
que la ley contra las desapariciones forzadas que México requiere debe
contener la prohibición de ese delito y su imprescriptibilidad, excluir
la posibilidad de una amnistía para los perpetradores, inhabilitación y
sanción de funcionarios perpetradores y sus superiores, así como definir
agravantes.
De última hora tuvo que abrirse un espacio en el
panel inaugural para Sara Irene Herrerías, titular de Províctima, que
acudió sin invitación al evento y cuyo nombre tuvo que ser incluido en
el foro.
En estos días se define la extinción de ese organismo creado el sexenio anterior.
/ 5 de junio de 2013)
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