Por
diez años, Mercedes Alarcón Barraza sostuvo una relación con Luis
Enrique Huidobro Díaz, en la cual procrearon dos hijos. En los últimos
años, el matrimonio rompió sus lazos, entre amenazas, violencia
intrafamiliar y abuso.
Desde octubre de 2012, Alarcón Barraza era amenazada
constantemente por Huidobro Díaz, pues quería el divorcio voluntario,
luego de ser descubierto en una infidelidad por su esposa; al no
quererlo firmar, la furia se desató en el hombre.
Huidobro Díaz minimizaba a la mujer, se jactaba de poder
y fanfarroneaba que era una “persona con influencia”. Actualmente se
desempeña como catedrático en las universidades Autónoma de Baja
California (UABC) y Xochicalco, en la carrera de Derecho; además de ser
perito médico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia en el
Servicio Médico Forense (SEMEFO).
Alarcón Barraza relató que el colmo de la violencia
llegó el 9 de enero de 2013, cuando el esposo llegó al domicilio
conyugal en Villa Fontana exigiendo de nuevo el divorcio voluntario; al
no acceder, le propinó una golpiza en presencia de los menores.
“Con temor, me armé de valor y le grité a mi hija de
nueve años que fuera a pedir ayuda, mientras mi hijo, de ocho, observaba
cómo su padre me golpeaba. El niño con una espada de juguete lo
enfrentó, me solté de mi marido y escapé con mis hijos, así como estaba
de golpeada acudí a la delegación Mariano Matamoros; para esto, mi
esposo ya estaba ahí, saludando a todo mundo, pues él fue entrenador de
la Academia de Policía.
Al verme, los policías me ignoraron, no me
quisieron atender, por culpa de mi marido que los alertó. Me salí con
mis hijos de la estación de Policía y me topé en el camino una patrulla,
los policías me recomendaron que fuera al Ministerio Público de la Zona
Río, cuya averiguación previa es 325/13/211/AP, y me levantaron un
certificado de lesiones”, expuso.
Sin embargo, sorpresivamente la PGJE “perdió” el
expediente del caso, por lo que la afectada ignora cómo va el proceso de
la denuncia.
“Según la PGJE el expediente está perdido, así de plano.
Mi marido hasta se burla del hecho, como él tiene conocidos, alumnos,
etcétera, pues le informan todo lo que ocurre dentro de la
Procuraduría”, mencionó.
Dentro del proceso legal, el Juez de lo Familiar dictó
al hombre una pensión del 25 por ciento de su salario para los menores,
es decir, 4 mil pesos mensuales, “cuando él es una persona que tiene muy
buen empleo, además de que labora en dos universidades de prestigio y,
por si fuera poco, ya anda dando clases en otras dos escuelas que no
están señaladas en la demanda, a fin de que no se le descuente más
dinero”, subrayó la madre de familia.
Agregó que por el carácter violento de su ex pareja, el
11 de enero le fue fijada por el juez una orden de restricción para ver a
sus hijos.
“Fue tanta la furia que provocó el hecho, que mi esposo
me demandó porque se consideraba ‘víctima de violencia’.
Con influencias
de sus amigos de la Procuraduría, me sometieron a pruebas psicológicas
muy largas, a fin de que resultara con una afectación, pero no fue así;
por más que duraron las pruebas, no lograron su cometido, en cambio las
pruebas a las que fue sometido a él, sí resultaron con afectaciones”,
citó Mercedes, quien, en su desesperación, acudió ante el director de la
Facultad de Derecho de la UABC, Mario Zárate, para plantearle su
situación personal con el catedrático de esa Universidad.
“El director de la carrera, al ver que en realidad se
trataba de un caso de violencia familiar, lo único que hizo fue decirme
que la problemática se iba a tomar en cuenta para la asignación de
materias el próximo semestre, y me remitió al Instituto Municipal de la
Mujer (IMMUJER)”, citó la madre de familia.
La paramunicipal a cargo de Lourdes Inzunza, ha sido la
única dependencia que le ha brindado apoyo y asesoría, al igual que la
Procuraduría de los Derechos Humanos.
“Es muy frustrante e impotente que de la Procuraduría no
he recibido apoyo, cuando soy una madre de familia que tiene que sacar
adelante a dos hijos, que tengo que buscar un empleo para sostenerlos;
yo no pido nada para mí, es para el bien de mis hijos, solo quiero lo
justo”, puntualizó.
ZETA trató de localizar la versión de Huidobro
Díaz, pero ni en el SEMEFO ni en la UABC se le pudo ubicar; mientras
que, aunque se solicitó información a la PGJE, no fue brindada a este
Semanario.
Mercedes y Luis Enrique sostendrán una audiencia de
avenencia el próximo 4 de junio para dar seguimiento al trámite de
divorcio necesario, donde espera recibir el trato digno que todo
ciudadano merece y que el tráfico de influencias quede a un lado.
(SEMANARIO ZETA/ junio 5, 2013 )
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