Indulgente sentencia para Eduardo Arellano Félix en Estados Unidos
Mientras un funcionario de la DEA declara
al cártel acabado tras la pírrica pena de 15 años de prisión a “El
Doctor”, al llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos
para pagar 50 millones de dólares y ser solo juzgado por dos cargos
-lavado de dinero y transferencia de ganancias procedentes del
narcotráfico-, otra unidad especial pide recompensa por el heredero de
los hermanos Arellano Félix y quien desde 2006 dirige esa organización
criminal: Fernando Sánchez Arellano.
Luis Alonso Pérez Chávez
Eduardo Arellano Félix, el estratega financiero del que fuera uno de
los cárteles trasnacionales más poderosos del mundo, podrá celebrar su
cumpleaños 71 como un hombre libre.
Por
más de 20 años, los gobiernos federales de México y Estados Unidos
investigaron a “El Doctor”, quien de haber perdido el juicio, pudo haber
recibido una condena de hasta 140 años por sus delitos; ahora recibirá
15 como máximo.
De nada sirvieron los señalamientos de la Fiscalía Federal de Estados
Unidos sobre los cientos de toneladas de droga que traficaba el Cártel
Arellano Félix (CAF), o el terror que imponían a la sociedad a través de
ejecuciones, torturas y secuestros. Ninguno de esos delitos le pudieron
ser imputados.
Eduardo es el tercer miembro del clan Arellano Félix en ser
enjuiciado en la Corte de Larry Burns. Al igual que sus hermanos
Benjamín y Francisco Javier, establecieron convenios en los que
admitieron su culpabilidad a cambio de beneficios o reducciones en sus
condenas, siempre y cuando les fuera incautada una parte de sus
ganancias ilícitas. En total, el gobierno de los Estados Unidos se ha
quedado con 150 millones de dólares del CAF, y podría quedarse con 50
millones de “El Doctor”, si es que se los encuentran.
El Cártel Arellano Félix no está muerto
“Este convenio declaratorio clava el último clavo en el baúl de lo
que solía ser la Organización Arellano Félix”, declaró el agente
especial a cargo de la oficina de San Diego de la Agencia Anti-Drogas de
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), William Sherman, horas
después de la audiencia de Eduardo Arellano.
“Lo que solía ser un cártel brutalmente violento, ahora se ha convertido en un comentario al pie de los libros de historia”, manifestó el agente.
La paradoja: la misma institución, pero a inicios de mayo de 2013 y en las páginas de ZETA, publicaron una recompensa para hacer un llamado a la ciudadanía a proporcionar
información que lleve a la captura de seis capos, entre ellos, Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”, a quien ubicaron como cabeza del Cártel
Arellano Félix, o como lo refirieron también, “El Cártel de Tijuana”.
Anotaron:
“En la actualidad, los ciudadanos de San Diego y Tijuana continúan
bajo la amenaza de violentas organizaciones criminales como ‘El Cártel
de Tijuana’, bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano y su asociado,
José Manuel López Núñez, alias ‘El Balas’…”.
La realidad es que el Cártel Arellano Félix o CAF, como lo
identifican también la DEA y el FBI en su anuncio solicitando
información, ha cambiado de liderazgo en distintas ocasiones, hasta
llegar a las manos y mente criminal de “El Ingeniero”, identificado como
hijo de Alicia Arellano Félix y heredero del imperio del narcotráfico
que Benjamín y Ramón Arellano Félix erigieron en Tijuana a mediados de
la década de los ochenta.
En
febrero de 2002, muerto Ramón Arellano Félix, el cártel quedaría en los
planes de Benjamín Arellano, aunque no por mucho tiempo. Huyendo entre
México y los Estados Unidos, el mayor del clan fue detenido en Puebla en
marzo de ese mismo año.
No opuso resistencia a la captura por parte de
elementos del Ejército Mexicano y fue internado en el penal de Máxima
Seguridad en Almoloya de Juárez, desde donde continuó coordinando
acciones criminales hasta su extradición a los Estados Unidos, en 2011.
Tras la muerte de Ramón y la aprehensión de Benjamín, el menor de los
Arellano Félix, Francisco Javier “El Tigrillo” se hizo cargo de la
operación criminal del CAF. Este capo, junto a su lugarteniente Arturo
Villarreal Heredia “El Nalgón”, dividirían Tijuana entre células
criminales que originaron a los narcotraficantes más violentos de los
que se tenga cuenta desde Ramón Arellano Félix.
Para “El Tigrillo”
sirvieron en distintas partes de la ciudad, Jorge Briseño “El Cholo”,
Marco Antonio García Simental “El Cris”, Saúl Montes de Oca “El Ciego”,
Efraín Pérez Pasuengo “El Efra”, Aureliano Félix “El Macumba”, entre
otros. La mayoría capturados entre 2004 y 2009, mientras “El Cholo” fue
asesinado.
El poderío de “El Tigrillo” finalizaría en agosto de 2006, cuando fue
detenido por agentes de la DEA y el FBI en aguas internacionales
cercanas a las costas de La Paz, Baja California Sur. Lo acompañaba una
decena de compinches, entre ellos, Arturo Villarreal Heredia.
Ese mismo año tomó las riendas del CAF el sobrino de los hermanos. Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”,
quien continúa prófugo tanto para las autoridades mexicanas, quienes en
el sexenio pasado ofrecieron una recompensa por información que llevara
a su captura -lo cual no sucede en la actual administración-, como para
las norteamericanas que también han puesto precio a su detención a
partir de una alerta a la ciudadanía.
Ciertamente la mayoría de quienes integraban la estructura criminal
de “El Ingeniero” han sido capturados: Manuel Ivanovich Zambrano,
Armando Villarreal, Isaac Godoy, Teodoro García Simental, Filiberto
Parra Ramos y recientemente, Melvin Gutiérrez Quiroz.
Pero antes que
estas aprehensiones sucedieran, y ante la escisión de García Simental y
Raydel López Uriarte, el CAF se reestructura. Nuevos elementos como el
también aprehendido Juan Francisco Sillas aparecieron en la escena
criminal.
A la sazón, Fernando Sánchez Arellano está libre, y hasta donde las
áreas de inteligencia del menguado Consejo Estatal de seguridad Pública
de Baja California conocieron, hubo un pacto con otras organizaciones
criminales para delinquir varios en este territorio. Pero la alerta de
la DEA y el FBI lo ubica aún como el cabecilla de la organización
criminal en Tijuana.
Desde el momento en que puso un pie en la Corte, Eduardo Arellano Félix supo que había triunfado legalmente
. Tal vez por eso caminó sereno hacia el centro de la sala, con una sutil sonrisa dibujada en el rostro.
Para tener 56 años de edad, luce avejentado y con la piel flácida, posiblemente porque ha perdido mucho peso desde su reclusión
solitaria en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego. Ha
perdido prácticamente todo el cabello; le quedan un poco de canas en la
nuca.
No estaba encadenado como otros presos que encaran al juez Larry
Allan Burns, quien se refirió al capo de la droga como “Doctor
Arellano”, su grado de escolaridad, pero también su alias criminal.
—“Estamos aquí porque ha decidido llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos, ¿es correcto?”, preguntó el juez.
“Sí”, contestó confiado Arellano.
— “En el convenio de 16 páginas que ha firmado usted, se
declara culpable de dos cargos, lavado de dinero y transferencia de
ganancias procedentes del narcotráfico, ¿es correcto esto también?”.
“Sí”.
— “De ser así, levante su mano derecha y jure decir la verdad durante esta audiencia”.
“Sí, lo juro”.
Fue así como comenzó una audiencia de 41 minutos, en la que se
formalizó el acuerdo extrajudicial mediante el cual Arellano cambiaba su
declaración de no culpable, como se había pronunciado en septiembre de
2012, a culpable, pero solo por dos de los siete cargos de tráfico de
droga: asociación delictiva y lavado de dinero, imputados por la
Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.
Si el caso se hubiera ido a juicio y la Fiscalía hubiera logrado
comprobar todos los cargos en su contra, “El Doctor” pudo haber sido
sentenciado a 140 años en prisión. De acuerdo con la acusación formal
del caso -97cr2520-LAB-, se le inculpa de haber participado directa o
indirectamente en los siguientes delitos:
- Tráfico ilegal de narcóticos, incluyendo pero sin limitarse, cocaína y marihuana.
- Lavado de dinero procedente de las ganancias del cártel, producto del narcotráfico.
- Secuestro, tortura y homicidio de informantes, narcotraficantes
rivales, autoridades que no quisieron cooperar con ellos, y otros que
son percibidos como “enemigos” del cártel.
- Soborno sistemático de autoridades mexicanas y personal militar.
Los juicios de crimen organizado por lo regular duran varios meses o
hasta años, por la gran cantidad de pruebas y testimonios que deben
presentarse ante un jurado. En este caso se hubieran tenido que
desahogar pruebas y documentación compiladas en un expediente de más de
mil 400 páginas, con información recabada desde 1986 hasta 2002.
A través del convenio promovido por su abogado de oficio, Brian P.
Funk, Eduardo Arellano se declara culpable de solo dos delitos:
1) Conspiración para lavar instrumentos monetarios desde 1986
hasta 2002, provenientes de actividades ilícitas de importación y
exportación de marihuana y cocaína, al recibir el dinero e invertirlo de
manera directa o indirecta para ayudar a la organización del tráfico de
drogas.
2) Conspiración para transferir o transportar cientos de
millones de dólares derivados de las ganancias de la venta de droga en
San Diego, California, u algún otro lugar desde 1986 hasta 2002.
“Estos cargos son parecidos, pero no iguales”, aclaró el juez Burns,
para después deslindarse por completo del convenio: “Éste es un acuerdo
entre usted y el gobierno de los Estados Unidos, yo no tengo nada que
ver con él.
— “Éstos no son las acusaciones originales, son acusaciones
supletorias preparadas por la fiscalía y no un Gran Jurado. De aceptar
todos los otros cargos van a sobreseer, ¿comprende esto, doctor
Arellano?”, cuestionó Burns.
“Sí”, respondió el inculpado.
El juez también explicó que como parte del acuerdo, Arellano
aceptaba una acusación de decomiso de hasta 50 millones de dólares en
efectivo, cuentas bancarias o bienes procedentes de ganancias del
tráfico de drogas o lavado de dinero.
—“¿Está consciente que al aceptarlo, el gobierno de Estados
Unidos puede decomisar este dinero y usted no tendrá derecho a
reclamarlo después?”.
“Sí”, respondió tranquilo.
Una vez leídos los cargos, el juez procedió a explicarle los cargos
que le serían fincados al admitir su culpabilidad. Por el delito de
lavado de dinero, recibiría hasta cinco años de cárcel y una multa de 50
mil dólares, así como la confiscación de los bienes antes mencionada.
Por el delito de transferencia de fondos monetarios, recibiría hasta 10
años de prisión.
— “Después de cumplir su condena usted será deportado hacia México, al menos de que enfrente otros cargos aquí o en su país”, advirtió el juez.
“No, yo no tengo otros cargos ni aquí, ni en México”, replicó
contundente “El Doctor”, con el fuerte acento sinaloense que le
caracteriza.
Como parte del procedimiento para admitir formalmente su culpabilidad, el juez Burns realizó una serie de preguntas que cambiaron la postura de seguridad que hasta entonces reflejaba el capo.
— “En la página cuatro del convenio que ha firmado, se
establece que usted es un miembro de alto rango de la Organización
Arellano Félix, ¿es esto cierto?”.
“Sí”, contestó titubeante.
— “¿Era usted consultado de las decisiones de la organización?”.
“Pues nomás estaba ahí yo”, sostuvo Eduardo Arellano, vacilante.
—“¿Pero le pedían su consejo?”.
“No, yo solo hablaba con mi hermano”.
— “¿Cuál hermano?”.
“Benjamín”.
— “Pero aquí dice que usted participaba en la toma de decisiones de la organización”.
“No, yo solo soy un miembro de la familia”.
—“Aquí también dice que usted tenía a su cargo a un grupo de subordinados para el lavado de dinero, ¿no es así?”.
“No, ellos trabajaban para mí. Nosotros hacíamos casas, para nosotros
y para vender”, dijo Arellano, enfadado de las incómodas preguntas del
juez.
También fastidiado por las evasivas, Burns le reprochó: “Doctor
Arellano, si usted quiere que yo acepte su declaración de culpabilidad,
va a tener que aceptar lo que declara en este documento”.
El juez continuó con los cuestionamientos:
— “Controlaba o no a un grupo de personas de la organización…”.
“’Pos sí, póngale ahí que sí”, respondió Arellano con tono de niño regañado.
De ahí en adelante “El Doctor” contestó que “sí” a todos los
planteamientos del juez, y finalmente juró su culpabilidad de los dos
cargos imputados y renunció reclamar al dinero confiscado. Sin embargo,
Larry Allan Burns cuestionó al fiscal James P. Melendres si esos 50
millones de dólares existían.
“Sí, pero no lo hemos encontrado todo, así que no lo hemos decomisado aún”, contestó.
Antes de concluir la audiencia, el juez Burns ordenó se expidiera un
informe pre- condenatorio y fijó como fecha para la audiencia de
sentencia el 19 de agosto.
Satisfecho, Eduardo Arellano fue escoltado de vuelta a su celda. No pudo evitar sonreír de nuevo.
Para la fiscal federal Laura Duffy, el caso alcanzó “un arreglo muy
favorable para los Estados Unidos”. Duffy y la Fiscalía a su cargo han
investigado por décadas las actividades criminales de los Arellano
Félix, y lograron llevar a la Corte a Benjamín y Francisco Javier “El
Tigrillo”, a quienes confiscaron 100 millones y 50 millones de dólares,
respectivamente.
También se ha enjuiciado a otros miembros del CAF, como Arturo
Villarreal Heredia “El Nalgón”, a quien sentenciaron a 30 años de
prisión y confiscaron 5 millones de dólares; Everardo Arturo Páez
Martínez “El Kitty”, sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de
cocaína y lavado de dinero; al mismo tiempo, a Jesús “Chuy” Labra
Avilés, sentenciado a 40 años de prisión por tráfico de droga, lavado de
capitales y asociación delictuosa; y a Armando Martínez Duarte “El
Loco”, quien recibió una sentencia de ocho años con tres meses, por
servir como escolta de los hermanos Arellano Félix.
De igual manera, fueron procesados los hermanos Ismael y Gilberto
Higuera Guerrero, con sentencias de 40 y 30 años de prisión,
respectivamente.
(SEMANARIO ZETA/ Luis Alonso Pérez Chávez/05 de Junio 2013)
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