Patricia Dávila/ Proceso
Reacia a integrar en
la Cruzada Nacional Contra el Hambre a organizaciones de productores agrícolas
y lecheros, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció en
cambio la incorporación de transnacionales como Nestlé, Pepsico y Coca Cola,
así como tiendas departamentales, al programa inaugural del sexenio. En
entrevista, líderes campesinos acusan al gobierno federal de fortalecer un
esquema alimentario que en la última década ha favorecido a los
supermillonarios del país y ha postrado en la pobreza alimentaria a 28 millones
de personas.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario
Robles, integró al Consejo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre –el programa
federal que inició el martes 2– a transnacionales que considera “socialmente
responsables”, como Nestlé, Pepsico y Walmart, señaladas desde hace tiempo por
propiciar la pobreza en el campo mexicano.
En los últimos 10
años esas compañías se beneficiaron con más de 3 mil millones de dólares en
aranceles no cobrados por concepto de importación y han recibido beneficios de
programas federales originalmente destinados al campo.
Convocados para
terminar con el hambre en 400 municipios del país donde viven 7.4 de los 28
millones de mexicanos “en pobreza multidimensional y carencia alimentaria”
–según los indicadores de la Sedesol –, dichos emporios son los mayores
distribuidores de productos chatarra que contribuyeron a incrementar los
problemas de nutrición y enfermedades como hipertensión y diabetes, que según
la Secretaría de Salud son las principales causas de muerte en el país.
Yazmín Copete Zapot,
exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala
que empresas como Nestlé, Pepsico (Sabritas y Gamesa), Bimbo, Maseca, Minsa,
ADN, Herdez, Jumex, Bachoco, Sukarne y Lala, junto con Cargill y Monsanto,
además de beneficiarse con más de 3 mil millones de dólares en aranceles de
importación no cobrados en los últimos 10 años, en 2011 recibieron 10 mil 376
millones de pesos del presupuesto federal.
Pero además “en los
últimos 25 años destruyeron las bases de la seguridad alimentaria y devastaron
la producción de maíz blanco. El consumo de este grano como parte de la dieta
de los mexicanos depende de Cargill y Monsanto, organismos que imponen y
manipulan el mercado interno de los granos y los productos básicos, teniendo
como aliados a Maseca, Minsa, ADN, Bachoco o Bimbo, mientras que el gobierno
federal niega subsidios a nuestros campesinos”, denunció Copete en tribuna el
pasado 28 de noviembre.
La inclusión de
estos emporios en el programa que se perfila como emblemático del sexenio de
Enrique Peña Nieto también generó reacciones de organismos internacionales.
Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de
Intereses, recordó que en Brasil, durante el gobierno de Luz Inácio Lula da
Silva, se introdujeron los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia, pero como
Nestlé participó en los programas sucedió que las mujeres habilitadas como guías
nutricionales se convirtieron en promotoras de la empresa en lugar de inculcar
buenos hábitos alimenticios.
Finalmente Hambre
Cero se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron
los malos efectos de los productos Nestlé en la nutrición de los niños por sus
altos contenidos de azúcar, sal, grasas y aditivos dañinos. Aun así, Lula da
Silva aceptó que el gobierno mexicano utilizara su imagen para impulsar su
“cruzada”. El 19 y el 20 de abril en la Ciudad de México participará en varios
eventos, incluida la creación de un “mural contra el hambre”.
Max Correa,
dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirma en entrevista que
las transnacionales acudieron al llamado de la Sedesol para “expiar” sólo en
apariencia sus culpas con “dádivas” a los hambrientos: “Al final de la Cruzada
Contra el Hambre no van a erogar un solo cinco, ya que gracias a sus
fundaciones sus aportaciones serán deducibles de impuestos. Al contrario, a
cargo del erario, recibirán publicidad gratis como las grandes benefactoras”.
–¿Si los subsidios
que reciben estas grandes empresas se canalizaran a los campesinos habría
necesidad de la Cruzada Contra el Hambre? –se le plantea.
–Este año el campo
tendrá subsidios superiores a 300 mil millones de pesos. Sólo que el problema
no es de presupuesto sino de redistribución de los recursos. En México el
presupuesto no se aplica de manera inteligente como para garantizar
autosuficiencia en alimentos. Este año, sólo del Programa de Apoyo a la
Comercialización que maneja la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación) estas empresas recibirán como 6 mil
millones de pesos; equivale al 50% de los 12 mil millones que tiene asignados
el Procampo.
“El presupuesto
tiene que reorientarse a la producción de granos y alimentos estratégicos en la
población del sur y el suroeste del país, regiones que concentran a la mayor
parte de productores y al mayor número de personas en pobreza alimentaria. El
presupuesto, los programas y sus reglas de operación están orientados para
beneficiar a los consorcios y a sus productores contratistas del norte y
noroeste. Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Jalisco y Guanajuato
tienen el 70% de los subsidios del campo”.
Por ejemplo,
menciona en Sinaloa al dueño de SuKarne, Jesús Vizcarra, quien según la revista
Forbes México del pasado 15 de marzo factura más de 2 mil millones de dólares
al año. Además, afirma, participan en la concentración de estos beneficios el
exgobernador Jesús Aguilar Padilla y los extitulares de la Sagarpa Francisco
Mayorga y Javier Usabiaga, El Rey del Ajo; todos ellos con poder político y
económico.
Para Correa es
significativa la lista de Forbes con los 35 más ricos del país, ya que 16 de
ellos fincan sus fortunas en la explotación de los recursos del campo y, en
contraparte, generan pobreza y hambre entre los campesinos.
En una infografía
que esa revista tituló “Rostros de la riqueza”, sólo por debajo de Carlos Slim
coloca a Alberto Bailleres González y su familia, con 18 mil 200 millones de
dólares. Entre otras empresas, Bailleres es accionista relevante de Femsa-Coca
Cola. En el quinto lugar de la lista figuran Eva Gonda Rivera y familia,
también accionista de la misma empresa, con 6 mil 600 millones.
En el octavo sitio
está la familia Servitje, dueña de Bimbo, con una fortuna de 4 mil 624
millones.
(Fragmento del
reportaje que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)
(PROCESO/ Patricia Dávila/ 13 de abril de 2013)
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