LOS 8 DE SINALOA

La federación descobija a Baja California

ZETA  Investigaciones

Los ocho cabecillas criminales que controlan la violencia y el narcotráfico que ha generado más de 135 asesinatos en el estado en 2013, delinquen con total libertad, las procuradurías han recibido declaraciones en su contra pero no han obtenido ninguna orden de aprehensión. Mientras el gobierno federal se niega a combatir los delitos de alto impacto y el crimen organizado, y las autoridades locales reculan ante la falta de apoyo, el narcotraficante Ismael “El Mayo” intenta tomar el control

En Baja California existen ocho miembros del cártel de Sinaloa que controlan el crimen organizado, pero ninguna Procuraduría los persigue. Ni en la General de la República ni en la General del Estado, hay consignaciones a nombre de los –por ahora– presuntos criminales.

La federación encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Procurador Jesús Murillo Karam en materia de seguridad, evaden y abandonan el tema del combate a los delitos de alto impacto, mientras las fuerzas del orden locales temen actuar sin apoyo de la federación en medio de una coordinación fingida.

Descoordinación que sirve en bandeja de plata el estado de Baja California a los criminales, a grado que se suscita un cónclave delictivo donde Ismael “El Mayo” Zambada pretende tomar las riendas y decidir el destino de la actividad ilícita en la entidad.

El reporte fidedigno, corroborado por las áreas de inteligencia de las corporaciones integradas al Consejo de Seguridad del estado norteño, indica que durante el primer trimestre del año 2013, la única noticia de intento por controlar a los delincuentes la dio otro criminal desde Sinaloa.

Su jefe y proveedor de droga, Ismael “El Mayo” Zambada, quien en mancuerna criminal con Joaquín “El Chapo” Guzmán, controlan el cártel de Sinaloa, mandó a llamar a los cabecillas de células de narcotraficantes que operan en territorio bajacaliforniano, los citó en el estado vecino. Aunque no todos tienen el mismo nivel dentro del organigrama delictivo, acudieron los ocho:

De Tijuana y Tecate, Alfonso Arzate García “El Aquiles”, René Arzate García “La Rana” y un tercer hombre que sería hermano de éstos, recientemente identificado por la autoridad. También José Antonio Soto Gastélum “El Tigre” y Francisco Javier Mendoza Uriarte “El Chapito”

Como encargados delictivos de Mexicali citaron a Luis Fernando Castro Villa y/o Cenobio Flores Pacho “El Checo”, y a Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”; y de Ensenada y Rosarito, a “El Primo” y/o “El Pariente” que conforme a datos oficiales es un hombre emparentado con Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”.

La razón de la reunión fueron los múltiples conflictos internos traducidos en homicidios entre grupos de la misma célula, que están despertando el interés y los operativos de las policías locales que están resultando en capturas y decomisos. En el argot criminal, “están calentando la plaza”.

LAS EJECUCIONES ENTRE “NARCOMENUDISTAS”

Del 1 de enero al 3 de abril de 2013 se cometieron 135 asesinatos, la mayoría relacionados con pleitos de narcomenudeo. Cifra que es mayor al registro de homicidios en el primer trimestre de 2012.

En ese contexto, presumen las autoridades, se originó el cónclave criminal donde Ismael Zambada les habría ordenado acabar con los homicidios, instrucción que evidentemente no ha sido atendida porque las ejecuciones continúan. Tan solo entre del 21 de marzo al 3 de abril se sumaron otros 20 asesinatos ocurridos entre Tijuana y Rosarito, con todo y balaceras, cuerpos encobijados, torturados, incinerados y semienterrados, los últimos cinco cadáveres fueron localizados en Tijuana los primeros tres días del presente mes.

Tres han sido las razones identificadas por las fuerzas del orden bajacalifornianas para este enfrentamiento:

1.- La droga que está llegando a Baja California no solo procede del cártel de Sinaloa, están comprando directamente droga a cárteles en América del sur y hay un grupo  de Guadalajara que también los está proveyendo.

2.- Los matones enfrentados son segundos a bordo, “El Atlante” y Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas” –en el caso de este último también salió de Baja California dejando a cargo a su cuñado–, estos hombres con sus grupos de sicarios se han empoderado, no fueron requeridos en la reunión y no están respondiendo a las instrucciones de sus superiores criminales, porque actualmente no existe en la entidad nadie por encima de ellos.

3.- Ninguno de “Los Ocho de Sinaloa” están en territorio de Baja California. Controlan el trasiego y la venta local a través de terceros, básicamente a través de sus hermanos desconocidos ante la opinión pública como los Arzate y  “El Macho Prieto” y “El Chapito” Uriarte, o sus primos como los familiares de Guajardo Hernández “El Güicho”.

La mayoría salió del estado cuando su imagen y nombres se hicieron públicos, sin embargo ninguno tenía o tiene orden de aprehensión. Corresponde en ese escenario, a la autoridad federal a partir de la Procuraduría General de la República, la investigación, persecución y detención de los criminales que aun allende las fronteras de Baja California, delinquen en esta región de México.

De hecho solo se han realizado operativos para capturar a dos de ellos.

A Cenobio Flores Pacho y José Antonio Soto Gastélum, quienes apoyados en la corrupción y colusión de algunos miembros del ejército y la policía ministerial, municipal y estatal cachanilla, habían convertido a Mexicali en su zona de confort. “El Checo” con casa de seguridad en el fraccionamiento Vista Hermosa y “El Tigre” con casa de seguridad en el fraccionamiento San Pedro. Compartiendo vecindad, el primero con familias viejas adineradas y el segundo con los descendientes jóvenes de estas estirpes.

Y al final fue la corrupción y el vivir en medio de personas poderosas lo que les facilitó la huida. Autoridades solicitaron ingresar a las zonas conforme a protocolo, se tramitaron los accesos, les fueron concedidos y los criminales recibieron el “pitazo” que les permitió huir –por las bardas traseras– minutos antes que las policías arribaran. Los policías vieron a los hijos, hablaron con las esposas, pero de los criminales nada.

Todavía más, la información de la Plataforma México indica que fue un engaño, la orden de aprehensión que la Procuraduría General de Justicia del Estado encabezada por el licenciando Rommel Moreno anunció tener –la primera semana de marzo de 2013– en contra de Alfonso Arzate, consignada ante el juzgado 7º Penal por los asesinatos de Gilberto Vargas González, José Rosario Carrillo Núñez y Baltasar Meza, cometido el 1 de abril de 2011 con arma de fuego.

Oficialmente no aparece, como tampoco existe la petición de una segunda orden de aprehensión contra Luis Mendoza “El Güero Chompas”, identificado públicamente como el responsable principal de los homicidios ocurrido en Tijuana durante lo que va del 2013,  quien de acuerdo a información anticipada proporcionada extraoficialmente desde el Tribunal de Justicia, será amparado por los juzgadores locales quienes negarán a la PGJE  la apelación que presentó porque una secretaria de acuerdos liberó a Mendoza el 3 de septiembre de 2013 por “falta de elementos”.

“Sabemos que son responsables que han sido mencionados en múltiples declaraciones y expedientes en poder de las procuradurías, incluso se han dado detalles de sus organigramas criminales. Pero en este momento podríamos tenerlos enfrente y debemos dejarlos ir, porque no hay ninguna orden en su contra” reiteran elementos de las fuerzas operativas.

Actualmente, “Los ocho de Sinaloa”, se mueven en diferentes estados principalmente Sinaloa, Sonora y Guadalajara: “Lo más cerca que llegan algunos es a San Luis Río Colorado”.

Los traslados de estos criminales están monitoreados, pero no existe ni confianza ni coordinación con los gobiernos de otros estados, ni con el gobierno federal, responsable de perseguir a estos narcotraficantes, para compartir información y que puedan ser capturados en otras entidades federativas.

Para recuperar un mínimo de paz y control, las autoridades locales integradas la Consejo Estatal de Seguridad consideran claves tres capturas.

1.-José Antonio Soto, por considerarlo el líder principal en las operaciones de trasiego y lavado de dinero.

2.- Alfonso Arzate “El Aquiles” por la droga que trasiega en Tijuana, así como por la cantidad de grupos que le sirven en el mencionado municipio.

3.- Y Luis Mendoza “El Güero Chompas”, quien recientemente solicitó un amparo a la justicia federal para evitar ser detenido y quien sigue siendo considerado el autor material e intelectual de la mayoría de las ejecuciones a narcomenudistas ocurridas este año.

Este último cabecilla de un grupo que estiman integra a por lo menos 40 miembros dispuestos y con la instrucción de asesinar a los vendedores de droga al menudeo que les queden a deber o permitan que las policías les decomisen los enervantes.

“Los traficantes menores locales recibieron la advertencia, droga entregada se paga, con dinero o con la vida”, explicó un policía, “…algunos de los detenidos nos han dicho que  les dieron la orden de defender la mercancía a balazos, y que por eso hemos asegurado armas incluso en las tienditas”.

EL ABANDONO DE LA FEDERACIÓN

Sin embargo, a pesar de los delitos federales cometidos por cada uno de estos sujetos mencionados, ni la PGR ni el gobernó federal, sea en las reuniones nacionales o por zona, han manifestado intenciones de ejecutar, participar o por lo menos cooperar en sus capturas.

Nada parecido a aquel trabajo conjunto que sí se dio –por ejemplo– en septiembre de 2011 cuando la labor de inteligencia de Baja California permitió a la Procuraduría General de la República recapturar en Zapopan a quien fuera cabecilla del crimen organizado local Héctor Guajardo “El Güicho”.

Pero hoy no existe interés ni en la federación ni en los otros estados para solicitar información, cooperación o compartir datos.

El gobierno federal simplemente abandonó a los estados, pero solo los bajacalifornianos perdieron, porque Baja California era la única entidad medianamente blindada, donde los tres órdenes de gobierno estaban trabajando, compartiendo información –no toda– y apoyándose mutuamente, por lo menos reforzando los operativos con elementos.

Resultó que a los militares se les incrementó el sueldo y los presupuestos sólo para que ahora se queden en los cuarteles.

En cuanto a la estrategia federal de seguridad, a cinco meses de iniciado el gobierno, se sabe prácticamente nada, los funcionarios estatales y municipales han recibido la misma información que la prensa: el reporte tardío, casi obligado e injustificado de que se retiraron varios retenes en las carreteras de todo el país;  y la presentación de un Plan Nacional de Seguridad que solo se diferenció del previo del ex presidente Felipe Calderón por el anunció de que se creará –no se sabe cuándo– una  Gendarmería y se dividirá el país en cinco zonas para regionalizar acciones.

Baja California está integrada en el grupo que incluye Sinaloa, Baja california Sur, Chihuahua, Sonora y de requerirlo, en la reuniones pueden invitar a otro estado como ha sucedió con Durango, ya tuvieron el primer acercamiento donde no han ido más allá de simples informes de lo que cada quien está haciendo.

La federación ha evitado tratar cualquier tema relacionado con delincuencia organizada o crímenes de alto impacto, no ha pedido ni trabajo, coordinación o información a los estados, ni ha explicado cómo los va a combatir.

De hecho se ha limitado a anunciar dos líneas de acción:

Uno. La inversión en materia de Previsión y Participación Ciudadana, que en Baja California fue menor a la de año pasado donde los resultados en el estado le permitieron recibir fondos adicionales. Este 2013 serán: 58 millones de pesos para generar programas de atención en 60 colonias de Tijuana: y 40 millones de pesos para trabajar en 47 colonias.

Y dos. Convertir a las policías federales en policías de cercanía, para apoyar a los estados solo en el combate de los delitos comunes. Pero no han dejado claro de qué manera van a participar ellos en el combate al narcotráfico y narcomenudeo, tampoco han mostrado voluntad.

En Baja California ya se tuvieron dos ejemplos de las deficiencias de este nuevo modelo de “coordinación”.  Primero,  los militares y su armamento están siendo utilizados para apoyar operativos de combate al robo en recicladoras y casas de empeño en lugar de combatir los delitos de alto impacto. Y después, en el tema del retiro de retenes reclamado por  las entidades de gobierno y grupos empresariales, simplemente han optado por respuestas  vagas y evasivas.

El Gobernador solicitó la reinstalación de estos puestos de control desde enero de 2013, se lo pidió al presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, al Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda y le contestación hace más de dos meses fue que lo revisarían, y titular del ejecutivo local, Osuna Millán sigue esperando.

La semana pasada, el Secretario Daniel de la Rosa también pidió el regreso de los controles militares carreteros en la reunión de seguridad al General Gilberto Hernández, y le respondieron que no era una decisión local, pero que presentaran la petición por escrito y la enviarían a México.

Finalmente, el gobierno de Peña Nieto no solo descobijó a la sociedad bajacaliforniana retirando retenes, instruyendo a sus generales para que no aceptaran funcionar como mandos únicos, a no coparticipar activamente en el combate al crimen organizado y limitarse a los apoyos en tareas de combate a delitos del orden común.

Además de no cumplir con su obligación de brindar apoyar a las entidades federativas y combatir la inseguridad, también decidió iniciar una estrategia para cooptar a los estados y les notificó que serán citados en este mes de abril a una reunión nacional donde serán informados de la nueva estrategia de comunicación en materia de seguridad, donde ya se adelantó la instrucción será no proporcionar información, como si la sociedad no tuviera derechos a saber que están haciendo sus autoridades y si los programas implementados están siendo efectivos.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/ Abril 8, 2013)