Y Municipio, al utilizar vehículos oficiales y
funcionarios públicos a la tarea…
Incurren en el delito de "peculado"
funcionarios públicos estatales y municipales que pusieron a disposición de los
ciudadanos hermosillenses vehículos oficiales de varias dependencias de
Gobierno, ante la amenaza de huelga -que nunca estalló- de parte de los
concesionarios del transporte público, afirma el abogado constitucionalista a
Dossier Político…
César Fraijo / Dossier Politico
Hermosillo, Sonora
(DP).- Lorenzo Ramos Félix abogado constitucionalista cita que el Artículo 186
de Código Penal del Estado de Sonora se incurre en el delito de peculado
"cuando los funcionarios públicos distraen de su objeto dinero, valores
fincas o cualquier otra cosa perteneciente a la administración pública estatal
o municipal".
El litigante agrega
que además de incurrir en un delito se hacen gastos extraordinarios que no
están contemplados en el presupuesto egresos de este año y agrega que el
"plan emergente" -como la han calificado- antes de ponerse en marcha
debió se ser consultada y consensuada con el Poder Legislativo.
Agregó que en
observancia a la Ley de Bienes del Estado y del Código Penal no se pueden
distraer los bienes del Estado en este caso el parque vehicular de las
diferentes áreas de gobierno, aunque sea con un motivo noble; son bienes
públicos, que tiene una determinada función pública.
La responsabilidad
del Gobierno del Estado no sólo es brindar el servicio del transporte sino el
de vigilar que el cumplimiento de las concesiones sea correcta, pues dijo,
"no se vale que rompa el equilibrio legal entre concesionarios y Gobierno
del Estado y se tenga que echar mano de bienes públicos para solucionar el
problema" del transporte.
Ramos Félix califica
la medida del Gobierno como un "esquirolaje" porque está realizando
funciones de quien se haya declarado en huelga , improvisando personas que no
están capacitadas cubrir el transporte público porque desconocen sus
especificidades, rutas, paradas; y las unidades móviles de raite no cumplen con
los requisitos que exige la Ley del Transporte.
Al haber tomado esa
medida alterna de transporte el Gobierno de Padrés está obligada a un ejercicio
de transparencia para saber cuánto está costando el servicio de transportación
de ciudadanos con vehículos oficiales en gastos a gasolina y horas hombre.
Por su parte, el
presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado, José Carlos
Serrato Castell, al cuestionarle que si no se transgredía alguna Ley al usar
vehículos oficiales para otros fines, dijo que quienes consideren que se
transgrede la ley, puede interponer una demanda y añade que el servicio del
transporte está en manos del Gobierno, aunque esté concesionado y lo puede
prestar de diferentes formas y programas.
“Yo creo que los
recursos públicos son para la gente. Alguien que vea que se está transgrediendo
la Ley que presente una demanda, si se usan vehículos oficiales para atender a
las personas, pues ¡qué bueno! Porque para eso son los recursos públicos para
que se destinen a la gente, reconoce el legislador panista en la reunión de la
comisión que preside este viernes donde no logró el quórum legal, ante la
ausencia de los legisladores del PRI.
La reunión de la
Comisión del Transporte se tornó informativa y se recibieron propuestas de
organizaciones como Vigilantes del Transporte, La Unión de Usuarios de
Hermosillo, la Asociación Estatal de Padres de Familia, estudiantes, padres y
madres de familia.
(DOSSIER POLITICO/ César Fraijo / 2013-04-15)
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