¿Alguien se sorprendió por
enterarse que el primer cuatrimestre de este año es el más violento en la
historia de los registros de incidencia delictiva desde que se iniciaron en
1997? Todo se fue al alza, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se han convertido en una de las
estadísticas que se esperan mensualmente con mayor ansiedad, al haberse
convertido en pulso de la gobernabilidad y balanza sobre el éxito o fracaso del
gobierno. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con una
inercia trágica de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que
destrozó los sistemas policiales por ignorancia e incapacidad, pero que tampoco
ha mostrado más allá de la retórica, una idea clara de cómo enfrentar el
fenómeno.
Los datos del Secretariado
ratifican tendencias delictivas. Colima, donde se dieron 7.3 asesinatos por
cada 100 mil habitantes -la tasa más alta del país-, no ha logrado restablecer
la calma después de que hace poco más de dos años, por el descuido en el puerto
de Manzanillo -responsabilidad de la Marina, por cierto-, empezaron a entrar
cargamentos chino de fentanilo, que recorrieron las viejas rutas de las metanfetaminas
por el noroeste de Michoacán -las zonas protegidas por los paramilitares
patrocinados por el gobierno peñista que incorporaron a miembros del Cártel
Jalisco Nueva Generación-, y entraron a Jalisco para que desde ahí se exportara
al ávido mercado de consumidores estadounidenses.
Colima viene en espiral
descendiente desde el peñismo, como el caso de Chihuahua, donde el ex
gobernador César Duarte relajó el esquema de seguridad que se había instalado,
particularmente en Ciudad Juárez, y que el gobernador Javier Corral, ha sido
incapaz de restablecer. Corral ha estado enfocado en encarcelar a priistas y no
ha prestado la atención debida al tema de la seguridad, que se agravó por un
factor externo: los acuerdos de paz en Colombia incluyeron la petición de las
FARC que se suspendiera la erradicación, por lo que la producción de cocaína
volvió a florecer y se reanudaron las exportaciones hacia Estados Unidos, que
en más del 50% pasan por el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez.
Chihuahua tiene una tasa de
homicidios dolosos de 4.8 por cada 100 mil habitantes, superior en ocho décimas
a la de Guanajuato, que desde el gobierno de Miguel Márquez se vio involucrado
en la lucha de organizaciones criminales por el control del robo de
combustible, que llegó a ser más redituable que la cocaína. La zona era
controlada por Los Zetas, cuya subsidiaria es el Cártel de Santa Rosa de Lima,
pero la estabilidad se rompió con el intento del Cártel Jalisco Nueva
Generación de quedarse con el negocio. Van avanzando, en concordancia con la
estrategia del gobierno de López Obrador de acabar con la organización de Santa
Rosa, dejando de lado a los jaliscienses. Sin embargo, nada es claro con la
estrategia actual. Desde hace casi tres meses la Marina tiene interceptadas las
llamadas telefónicas de todo el entorno de su líder en fuga, José Antonio
Yépez, apodado El Marro, pero no lo han detenido. Varias veces lo han tenido
ubicado por zona, según funcionarios federales, pero se les ha escapado.
Las dinámicas en esas
entidades no son levanta cejas, como sí lo son los datos que arrojan las
estadísticas en tres nuevos gobiernos, todos de Morena, que encabezan el
incremento delictivo en el país en términos porcentuales. A la cabeza se
encuentra la Ciudad de México, donde la incidencia delictiva subió 237.5% en el
primer cuatrimestre de este año, seguida de Morelos, que se incrementó 210%, y
Veracruz, que vivía un desastre en materia de seguridad, y que aún así
incrementó su tasa 168.51%. En los tres casos han echado la culpa a gobiernos
anteriores, pero en los tres casos sus gobiernos han sido incapaces de
restablecer el orden. Problemas de aptitud de los responsables de la seguridad
y ausencia total de estrategia, o acciones equivocadas, han producido que las
peores entidades en la materia estén asociadas a Morena, aunque en el caso de
Morelos, es por alianza, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco está en choque
incluso con el partido que respaldó su candidatura.
Las estadísticas de la
violencia no son suficientes para entender el fenómeno que se vive. Hay
características locales y regionales, así como dinámicas diferenciadas. Sin
embargo, existe un común denominador que se trata de cubrir con la retórica y
la expectativa que con la llegada de la Guardia Nacional, habrá un antes y un después.
Se trata de la falta de recursos presupuestarios, de la debilidad institucional
que muestra su cara más vulnerable en los municipios, del quiebre de los
equilibrios en varias partes del país que muchas veces está asociada con
corrupción de autoridades. Igualmente de la negligencia del sexenio anterior al
desmantelar las plataformas de inteligencia criminal, de inteligencia para la
seguridad nacional, y del sistema federal de penales.
Todos estos factores no
fueron culpa ni responsabilidad del gobierno de López Obrador. Tampoco serán su
culpa ahora, pero sí su responsabilidad. Puede seguir achacando al pasado todos
los males que afectan su gobierno, pero los muertos de hoy, se le
contabilizarán a él, no a Peña Nieto. Por lo mismo, si continúa con la misma
línea estratégica del arranque al gobierno anterior, de dejar hacer dejar
pasar, terminará peor que él en materia de violencia y la inseguridad irá
erosionando su popularidad y aprobación. Peor aún, es que el país aumentará su
teñido de rojo ante la falta de visión, de objetivos claros y de estrategias
confusas como las presentadas hasta ahora, sin señales que vendrá una
rectificación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 14 DE JUNIO DE 2019)
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